Otra dura evaluación de The Economist por el COVID-19 en Chile: "El manejo ha sido una decepción, el Gobierno no entendió esto a tiempo”

por El Mostrador 29 julio, 2020

Crédito: Agencia UNO

El editor senior de The Economist, Michael Reid, consideró que Chile "ha terminado más o menos igual que muchos otros países de América Latina", dejando en evidencia que "el virus ha encontrado un país que es todavía mucho más latinoamericano que OCDE". Además, si bien criticó la reforma que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, asegura que el alto apoyo popular de la ley deja en evidencia “el grado de necesidad que siente mucha gente, y muestra que el Gobierno no entendió esto a tiempo y quedó corto en sus paquetes de ayuda". Con todo, augura que el país tiene la posibilidad de una recuperación "relativamente rápida".

Michael Reid, editor senior y columnista de The Economist para América Latina, dijo que el manejo del Gobierno de la pandemia del COVID-19 "ha sido una decepción, sobre todo para los chilenos".

El experto consideró que Chile "ha terminado más o menos igual que muchos otros países de América Latina", dejando en evidencia que "el virus ha encontrado un país que es todavía mucho más latinoamericano que OCDE".

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Sin embargo, Reid consideró que las medidas económicas tomadas por el Gobierno han sido "importantes", lo que abre la posibilidad a una recuperación "relativamente rápida", aunque también criticó la reforma que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

"Uno puede pensar, como yo pienso, que es un error retirar anticipadamente el 10% de los fondos de pensión, y sobre todo que eso sienta un precedente populista", dijo, según consigna T13.

El editor de The Economist llamó la atención respecto a que el 86% de los ciudadanos esté de acuerdo con el retiro de los fondos, algo que –a su juicio– "debe llevar a una reflexión", pues "muestra el grado de necesidad que siente mucha gente, y muestra que el Gobierno no entendió esto a tiempo y quedó corto en sus paquetes de ayuda".

Por otra parte, Reid sostuvo que "Chile es un país que ya estaba iracundo y ahora se encuentra más pobre", en referencia al estallido social de octubre. "Había una percepción sobre muchos chilenos de que el trato no es igual para todos, y las oportunidades no son iguales para todos. Que las élites se han desconectado de las realidades que vive la gran mayoría de la población y esa mayoría lo siente", indicó.

En ese sentido, consideró que "Chile tiene que agradecer al doctor Jaime Mañalich por su honestidad, cuando dijo que hay un nivel de pobreza y de hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud".

Finalmente, Michael Reid llamó a las empresas a participar de la recuperación económica, ya que –dijo– no solo se necesitan fondos públicos, sino también privados.

Democracia en riesgo

Por otra parte, el editor de The Economist sostuvo que antes de la pandemia, la región vivía un "descontento generalizado" en manifestaciones callejeras y de las cuales Chile fue uno de los principales protagonistas.

Al respecto, es importante recordar el análisis de The Economist en marzo, cinco meses después del estallido social, sobre la conducción del Mandatario Sebastián Piñera, acusándolo de ceder muy marginalmente, "como si estuviera regateando", y refiriéndose a él como "un Presidente asediado".

En ese sentido, Reid dijo que "no sabemos cómo va a ser la evolución de la pandemia ni cuánto tiempo va a durar. Lo que sí sabemos es que en un año, muchos latinoamericanos van a estar preocupados por el empleo, el ingreso y la seguridad, puesto que la delincuencia probablemente se va a incrementar".

"La sobrevivencia de la democracia en la región no está garantizada, y hay riesgos de autoritarismos en este momento tan difícil", culminó.

Protocolo para viajes

El análisis se produce luego que alrededor de 1,3 millones de personas salieron este martes de la cuarentena en siete comunas de la zona metropolitana y dos comunas de la Región de Valparaíso, como parte del plan de desconfinamiento en cinco fases puesto en marcha por el Gobierno .

Se trata de una fase de transición que es defendida por el Gobierno. De hecho, esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, descartó que se trate de "una medida apresurada".

"Si nosotros tenemos que volver atrás, volveremos atrás. Los rebrotes han ocurrido en todo el mundo, y estamos atentos a volver atrás. Por eso es que el número de camas no se va a disminuir, se va a mantener muy alta", indicó la autoridad.

En esta etapa de transición “no se puede viajar a la segunda vivienda”, recalcó el ministro, y los centros de esquí deben permanecer cerrados.

Asimismo, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirmó que están trabajando en un protocolo para regular los viajes dentro del país y ya hay propuesta de protocolo para los viajes interurbanos

Respecto a la salida del país, el Gobierno también está trabajando un protocolo ad hoc, aun cuando hasta ahora todo está en un terreno de incertidumbre. “Las autoridades se han negado a hablar sobre el tema, y discutir si el plan 'Paso a Paso', en algún momento, también incluirá el libre transporte aéreo”, aseguró un ejecutivo de una aerolínea a T13.cl

Chile Covid: distorsión de datos

Junto con mostrar las debilidades de los sistemas sanitarios de muchos países, el Covid ha puesto en evidencia la mediocridad de los productores tarifados de estadísticas a pedido. Una humanidad habituada a ser tratada como la tercera cifra después de la coma, ha tenido que tragarse porcentajes truchos, cifras inverosímiles, conceptos antojadizos como los "muertos recuperados", remedios milagrosos como beber cloro (Trump), ministros cretinos y presidentes piraos. Una nota de Felipe Portales...

Chile Covid: distorsión de datos Escribe Felipe Portales Las denuncias hechas por CIPER-Chile y Alejandra Matus en torno a las graves distorsiones de las informaciones oficiales sobre los fallecidos por Covid en nuestro país se han ido comprobando en la realidad. Unas se referían a que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del propio Ministerio de Salud estaba entregándole a la OMS las cifras sobre el conjunto de personas comprobada o sospechosamente fallecidas; a diferencia de las cifras reconocidas del Ministerio a la sociedad chilena que se limitaban a los primeros. Y otras a las significativas diferencias históricas constatadas en las personas fallecidas en el Registro Civil por “enfermedades respiratorias” de marzo en adelante, respecto de las cifras oficiales sobre los muertos por Covid entregadas por el Gobierno. Otro elemento que permite dudar fundadamente de las cifras oficiales ha sido la constatación de las notables diferencias históricas entre las muertes registradas en 2020, desde marzo en adelante, respecto de años anteriores. El Gobierno, luego de proceder a descalificar duramente –a través del inefable ministro Mañalich– las denuncias de Alejandra Matus, procedió a reconocerlas –al menos parcialmente– al aumentar las cifras de fallecidos oficialmente durante el mes de junio. Sin embargo, persisten serias dudas respecto de la continuada negativa a incorporar los datos de “presuntos” o “sospechosos” fallecidos por Covid en las estadísticas oficiales de personas fallecidas en Chile. Más todavía cuando el análisis comparativo de los fallecimientos a nivel mundial ubica a nuestro país en una insólita relación entre el número informado de enfermos y el de fallecidos. Así, el número mundial de personas que se han enfermado con la pandemia llega –de acuerdo al Worldometers de ayer (martes 28)– a 16.883.644; y el número de fallecidas a 662.472. La división es de 25,48. En cambio, Chile ha llegado a tener 349.800 enfermos registrados, con un número oficial de fallecidos de 9.240; cuya división da un resultado de 37,85. Con esto nuestro país muestra una altísima varianza del 48,53%. Lo revelador es que si al número de fallecidos oficial le agregamos el número de “sospechosos fallecidos por Covid” contabilizados por el mismo Ministerio de Salud en su último informe epidemiológico (del 24 de julio), esto es, 4.183 personas; nos da un total de 13.423 fallecidos. Este nuevo total contrastado con el número de enfermos nos da, a su vez, el revelador resultado de ¡26,06!; esto es, mostrando una mínima varianza de 0,5739 con la cifra mundial, lo que corresponde al 2,25%... Es decir, al aceptar la cifra de “sospechosos fallecidos” dentro del número oficial de aquellos, Chile estaría, además, corrigiendo casi completamente la “desviación” de casi un 50% respecto del total mundial. Y esto se condice plenamente con las investigaciones efectuadas por CIPER y Alejandra Matus. Hay dos razones complementarias que permitirían “comprender” la tozuda actitud del Gobierno. Una es de “imagen”; ya que al reconocer como cifra oficial la de 13.423, querría decir que las personas fallecidas por Covid en Chile son ¡más de un 45% que las que se reconocen actualmente!, con el fuertísimo impacto nacional e internacional que ello tendría en desmedro de la gestión gubernativa de la pandemia. Además, con dicha cifra, Chile se colocaría ¡en segundo lugar en el número mundial de fallecidos! con 701 por millón, siendo sólo “superado” por Bélgica, con 847. La otra razón, es que como lo han reconocido numerosos médicos especializados y periodistas que han cubierto el tema, la tesis gubernamental subyacente es la idea de generar una “inmunidad de rebaño”, haciendo que la ciudadanía se vaya poco a poco enfermando, sin hacerlo de golpe para no colapsar el sistema de salud. De allí la obsesión inicial (¡desde enero!) de “poner todas las fichas” en proveerse de ventiladores mecánicos; y el inédito establecimiento (a nivel mundial) de las “cuarentenas dinámicas”. Y complementado con lo anterior, la inflexible actitud gubernamental de no efectuar un significativo y rápido apoyo financiero a los sectores populares para que ellos hubiesen podido sustentar económicamente su cuarentena. La oposición in extremis a apoyar el retiro del 10% de los fondos previsionales de los sectores más pobres, constituye la más elocuente demostración de lo anterior. Como muy bien se ha dicho no existen cabales razones puramente económicas para lo referido. Es obvio que una cuarentena efectiva de un mes, seguida de un efectivo plan de trazabilidad posterior, es muy bueno tanto para la salud de la población como para la economía del país, como lo ha demostrado de manera rotunda Nueva Zelanda, país del hemisferio sur que recibió el virus al mismo tiempo que nosotros. Querer contraponer la salud y la economía, además de antihumanista, es también estúpido, por decir lo menos.

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Víctor Pérez anuncia mano dura: Ya tiene su primera tarea a resolver

 

por Editor Principal

 

29 julio, 2020

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El delfín de Augusto Pinochet cumplió uno de sus sueños, llegar al ministerio del Interior. Y al parecer, las expectativas las va a cumplir.

Con la misión de colocar mano dura a las movilizaciones llegó Víctor Pérez a presidir el ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se espera que tras el término de la Pandemia, surja un nuevo estallido social tras las decisiones que ha tomado el gobierno durante la presente crisis.

Su primera tarea eso sí, será reprimir aún más al pueblo mapuche en la región de la Araucanía. Así lo confirmó con una declaración bastante ácida.

“Tendré una especial preocupación por La Araucanía, merecen paz y vivir en tranquilidad. Hay que alejar a los violentos para resolver los problemas, tendremos esa principal preocupación. Yo no veo posible que todos los habitantes de esa región, que la gran mayoría, por no decir la inmensa mayoría, quiere vivir en paz y tranquilidad, no puedan a través del diálogo y la conversación, aislar a los violentistas”, sostuvo.

La autoridad también se refirió a la posibilidad de aumentar la cantidad de efectivos policiales en la localidad. “No solamente es un tema policial. La violencia no solamente se aísla y se derrota con acción policial, se aísla y se derrota también con una acción política. Eso significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber de que esa región va a tener respuestas que necesariamente tenemos que tener”, expresó.

En relación a la violencia de Carabineros en las protestas, Pérez fue categórico. “Es muy importante respaldar a las policías. Ellas actúan para darle seguridad a los chilenos, ellas son parte de la solución y no del problema. Hay que convencer a la ciudadanía que el cumplimiento de la legalidad es vital. Quien no rechace la violencia está generando una dificultad real y este gabinete está para resolver los problemas de nuestros conciudadanos”, sintetizó.

Para concluir tuvo palabras para el próximo Plebiscito Constitucional del 25 de octubre. “Esperemos que se realice de la manera más segura y participativa posible; y que sean los chilenos y chilenas quienes concurran a expresar su opinión. Ese es el rol que tenemos como ministros y como ministros de Estado respondemos a las directrices del Presidente”, cerró.

Filtraron el costo de la vacuna contra el coronavirus

 Por Mauro

 julio 29, 2020

 

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La compañía farmacéutica Moderna, que comenzará sus pruebas de Fase 3 a fin de mes, dio a conocer el precio de la vacuna contra el coronavirus. Siendo así, ellos mismos avisaron que cobrarán entre USD 50 y 60, de acuerdo a fuentes citadas por el Financial Times. Se trata de un precio más elevado de lo que otros laboratorios anunciaron que le cobrarán a los gobiernos en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

El precio regiría para Estados Unidos y otros países de altos ingresos que la compañía dijo que pretendía priorizar. Las acciones de la empresa de biotecnología con sede en Boston se dispararon casi un 325% este año, ya que su vacuna mostró signos tempranos de efectividad y se convirtió en la primera en los EEUU en participar en ensayos clínicos.

Esta semana, la misma amplió su acuerdo de financiación con el gobierno de Estados Unidos, que ahora ha invertido cerca de USD mil millones en el desarrollo de la vacuna. En un rango de aproximadamente 50 a 60 dólares, es decir, entre 25 y 30 dolares por dosis, es más alto que lo acordado por Pfizer y BioNTech. Esto, la semana pasada en un acuerdo de pre-pedido con el gobierno de los norteamericano. Siendo así, cada dosis podría valor USD 19,50.

Ya habían avisado con antelación

AstraZeneca, que trabaja en colaboración con la Universidad de Oxford, mientras tanto, firmó un acuerdo para su posible vacuna contra el coronavirus con los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia. Esta misma podría costar entre USD 3 y 4 por dosis, según los cálculos de Geoffrey Porges, un analista farmacéutico y biotecnológico de SVB Leerink.

Moderna inicialmente había informado a sus potenciales compradores, incluída la Unión Europea, de un posible valor que sería aún más alto. El precio causaba “considerable preocupación y dificultades en las negociaciones, en vista del hecho de que otras compañías habían prometido precios mucho más bajos”, resaltó una de las fuentes citadas por el FT.

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Opinión

Una Constitución sin legitimidad de origen ni afecto ciudadano

por Oscar Torres Zagal 29 julio, 2020

La Constitución de 1980 fue escrita en un mundo de Guerra Fría, entre cuatro paredes en un régimen de dictadura militar que adhería a la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno.

Redactada por la denominada Comisión Ortúzar desde 1974 a 1978, careciendo de legitimidad de origen, sin un órgano constituyente democrático, revisada en su texto final por la Junta Militar y aprobada en un plebiscito convocado mediante decreto ley N° 3.465, de 1980, sin ninguna garantía democrática que pudiera validarla, en el que la opción Sí obtuvo un 67,03% y la opción No obtuvo un 30,19%.

A esta altura del debate, nadie puede sostener con argumentos serios y objetivos que la cuestionada Constitución del 80 tenga un origen democrático, ni en su redacción ni en su plebiscito de salida.

En efecto, su redacción, que obedece a los textos que la Junta de Gobierno Militar denominó Actas Constitucionales y a la que adicionó el trabajo de la denominada Comisión Ortúzar, desestimó de paso la revisión final efectuada por el Consejo de Estado que presidió Jorge Alessandri Rodríguez. Incuestionablemente dicha génesis no tuvo ningún estándar de legitimación democrática de origen, ya que sus redactores ad hoc  fueron convocados “a dedo” por el Régimen Cívico Militar instaurado en 1973 y que solo entrega el poder en 1989, luego de triunfar en el plebiscito de 1988 la opción No –gesta sin precedentes en los sistemas dictatoriales– y que permitió iniciar el camino hacia la transición democrática en Chile en 1990 con la elección de don Patricio Aylwin Azócar.

De hecho, los redactores del texto constitucional del 80 fueron electos “a dedo” por el Régimen Cívico Militar de entre un grupo de personas absolutamente afines al mismo, sin aceptar ni incluir ninguna participación disidente al régimen, ya que se trataba de hacer una Constitución impuesta como un “traje de sastre”, bajo un modelo ideológico en lo político, económico y jurídico ultraliberal y de sello “autoritario”, que invocaba los ideales del “Estado Portaliano” como fundamento e itinerario político, que ha sido calificado como un proceso de contrarreforma “fundacional” de un Estado lejano a una lectura genuinamente democrática y social, con desconfianza en los ciudadanos y los partidos políticos.

Dicho aquello, las quince reformas constitucionales de que ha sido objeto el texto del 80, por su contenido sustantivo no han logrado borrar su origen ilegítimo y de complejo ejercicio para los poderes del Estado, por su alto contenido ideológico en la distribución del poder, que sufre ahora los efectos de la falta de afecto y adhesión ciudadana.

Por ello, desde la transición democrática de 1990 hasta nuestros días, hemos visto seis gobiernos electos democráticamente, pero que han tenido que ejercer el poder soberano en un molde constitucional no democrático, en que los presidentes han tenido que ceñirse a un modelo constitucional y de Estado a contrapelo incluso con sus programas de gobierno, en materias relevantes como la salud, educación y seguridad social, entre otras, sacrificando así a grandes mayorías de ciudadanos, a quienes no les ha llegado el desarrollo económico del modelo neoliberal.

Por lo señalado, el plebiscito de cambio constitucional a que estamos convocados el 25 de octubre, marcará un hito sin precedentes en nuestra historia republicana, ya que la opción Apruebo da origen y abre la puerta a un proceso inédito de redacción de una nueva Constitución, que será escrita por un órgano constituyente democrático y sujeta en su aprobación a un plebiscito de salida.

En cambio, la opción Rechazo significa que se está de acuerdo con mantener el modelo de Constitución del 80 con su carga de falta de legitimidad de origen e ideologismos, para una sociedad que demanda una nuevo pacto social y político para el Chile de las próximas décadas, o sea, la opción rechazo nos propone como ideario país el mantener un statu quo conocido por su praxis de 40 años.

La opción Rechazo significa volver a poner un freno a los cambios sociales y a mantener el estado actual de nuestra sociedad política anclada a un modelo no inclusivo y que en lo económico solo incentiva la iniciativa individual y nos propone continuar gobernados por un texto que no conversa con una sociedad participativa y compleja, que reclama un nuevo pacto social para los próximos cincuenta años, en que el Estado debe garantizar un modelo de sociedad política, económica, social y cultural sustentable, justa y cuidadosa con el medio ambiente y los recursos naturales, cuyo centro de protección son las personas.

En suma, la opción Apruebo abre el camino a una Constitución que proyecte el país hacia el futuro y que nos represente simbólicamente a todos, que nos permita un desarrollo sustentable a escala humana respetuoso de nuestra naturaleza, recursos y bienes públicos, de nuestros pueblos originarios, que asigne el poder democráticamente y nos vincule con nuestras mejores tradiciones republicanas, sin mayores ideologismos que establecer un Estado social democrático, que garantice el bien común de todos, poniendo en el centro de la protección a las personas en su dimensión política, económica, social, cultural y la protección de nuestras dañadas reservas naturales.

La opción Apruebo propone una sociedad más justa, con cohesión social que nos incluya a todos y nos invita a redactar una Constitución democrática para las próximas generaciones.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.