Durante 50 años
permanecerán en secreto los testimonios de las personas que fueron
prisioneras y torturadas durante la dictadura del general Augusto
Pinochet. Así quedó establecido en la ley de reparación posterior a la
Comisión Valech, creada por el Estado chileno para investigar la prisión
política y la tortura durante el régimen militar.
Restricciones similares
de acceso tienen las millares de declaraciones prestadas ante la
Comisión Rettig, que investigó los crímenes de lesa humanidad de la
dictadura, como las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de
personas.
También
bajo secreto, pero judicial, permanecen las más de 40 mil fichas y
documentos que hace ocho años fueron incautadas en la ex Colonia
Dignidad, un predio de colonos alemanes al sur de Santiago que fue usado
por la DINA para mantener presos políticos, torturarlos y hacerlos
desaparecer. En el lugar además, durante décadas, se produjeron abusos
sexuales contra niños, por los cuales han sido llevados a la justicia
los principales dirigentes del enclave. Las fichas incautadas, que
contienen información relevante para las causas de violaciones a los
derechos humanos, están bajo el secreto dictado por el juez Jorge
Zepeda.
Son
estos tres conjuntos de archivos –Comisiones Rettig y Valech, y fichas
de la ex Colonia Dignidad- los que Londres 38, espacio de memorias, se
ha propuesto conseguir su apertura, así como avanzar en la búsqueda de
los archivos de los organismos represivos como la DINA-CNI y de otros
organismos policiales y militares que permanecen ocultos.
El
acceso vedado a estos registros e informaciones es un obstáculo para
seguir avanzando en más verdad y justicia en los crímenes de la
dictadura, dice Erika Hennings, directora del sitio de memorias que este
mes ha iniciado una campaña para desclasificar estos archivos. Es más,
agrega, se trata también de una vulneración a los derechos ciudadanos de
libre acceso a la información pública.
“No tiene ningún
sentido, es inaceptable, que se mantengan en secreto las fichas de la ex
Colonia Dignidad, como también los documentos de las comisiones Rettig y
Valech, ¿a quién le sirve eso?”, pregunta el abogado Nelson Caucoto,
especializado en causas de violaciones a los derechos humanos.
La petición de apertura
de los archivos ya ha sido firmada por más 1.500 personas, entre las
que se incluyen destacados intelectuales, dirigentes sociales y
personalidades del mundo de la cultura y las artes, entre muchas otras.
La lista con la demanda de desclasificación de los documentos será
entregada al Presidente de la República el próximo miércoles 15 de enero
a las 11:30 horas en el Palacio de La Moneda. Ello, porque la apertura
de los archivos de declaraciones ante las Comisiones Rettig y Valech
requiere de una ley visada en el Congreso. En tanto, el levantamiento de
reserva de los documentos de la ex Colonia Dignidad necesita solo de la
decisión del juez que lleva la causa, por lo que una petición en ese
sentido será próximamente presentada ante la presidencia de la Corte
Suprema.
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