Los dilemas del estado en la Araucanía
*Por José Aylwin
Los medios de comunicación dan cuenta de una serie de hechos de
violencia -incluyendo la quema de bosques, el ataque a helicópteros que
combaten los incendios forestales, el incendio a la propiedad de un
agricultor en un sector urbano de Temuco, entre otros-, ocurridos en la
Araucanía en días pasados.
Tales hechos se verifican en momentos en que se conmemoran otros
hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en años anteriores, como
el homicidio de Matías Catrileo a manos de carabineros hace seis años
atrás, y el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, cuya autoría aún
es investigada, ocurrido el año pasado en esta misma fecha. Se trata
de hechos lamentables que deben ser condenados con la mayor energía.
Por lo mismo deben ser investigados, y sancionados quienes resulten ser
responsables de su autoría. Como lo hemos señalado en el pasado
reiteradamente, la violencia -provenga ésta de agentes del estado, de
integrantes del pueblo mapuche, de agricultores, o de cualquier otro
sector de la sociedad- no es el camino adecuado para enfrentar los
problemas de relaciones interétnicas pasados y presentes que persisten
en esta parte del país, y solo contribuye
n a dificultar la superación de las situaciones de injusticia,
postergación y discriminación que siguen afectando al pueblo mapuche.
Su ocurrencia en las fechas conmemorativas de los hechos antes
señalados, así como las reivindicaciones que grupos mapuche habrían
realizado de algunos de estos hechos -otros habrían sido reivindicadas
por grupos anarquistas- han llevado nuevamente a algunas autoridades,
así como a medios de comunicación, a presumir la responsabilidad de los
mapuche. Cabe rechazar categóricamente esas presunciones de
responsabilidad realizadas antes de que la justicia investigue y
determine quiénes están detrás de estos hechos, las que por lo mismo
deben ser consideradas arbitrarias y discriminatorias.
Junto a ello, las autoridades han vuelto a proponer la aplicación de
la ley antiterrorista para la investigación de estos delitos. Al
respecto cabe observar el doble estándar de dichas autoridades, las que
tratándose de delitos cuya autoría presumen corresponde a los mapuche,
proponen la aplicación de la ley antiterrorista, en contraste con
aquellos delitos en cuya autoría existen antecedentes del
involucramiento de agentes policiales del estado, casos en los que ellas
parecen seguir tolerando la competencia de la justicia militar para
conocerlos. Sin instar además por la realización de las modificaciones
legales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su
sentencia en el caso Palamara (2005), para poner término a la
competencia de dichos tribunales para conocer casos que involucren a
civiles.
Cabe recordar que la justicia militar ha dejado sistemáticamente en
la impunidad los delitos cometidos en los últimos años por agentes
policiales en contra de mapuche en el marco de los conflictos por
tierras. El caso del homicidio de Matías Catrileo, ocurrido el 3 de
enero del 2008, es ilustrativo en este sentido. La justicia militar que
conoció el caso condenó al cabo de carabineros Walter Ramírez a la
pena de tres años y un día de libertad vigilada por el delito de
“violencia innecesaria con resultado de muerte”, pena que cumple en
libertad. Ello a pesar de que la pena que tiene asignada el delito por
el Código de Justicia Militar es de entre 5 años y un día a 15 años de
presidio. Es más, el cabo Ramírez permaneció en las filas de la
institución hasta inicios de 2013, cuando las autoridades -frente al
recl
amo de la familia y de organismos de derechos humanos nacionales e
internacionales- decidieron exigir a Carabineros lo diera de baja. En
la misma impunidad que este crimen han quedado los homicidios, también a
manos de efectivos de carabineros, de Alex Lemún y Jaime Mendoza
Collio, procesos que igualmente fueron sustanciados por la justicia
militar.
El doble estándar de la autoridad vuelve a quedar en evidencia estos
días con los dichos del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando
manifestó su preocupación por los elevados estándares de pruebas
exigidos por la justicia, lo que dificulta desarrollar acciones que
permitan terminar con la “cadena de impunidad”, refiriéndose
evidentemente a la impunidad en que hasta ahora han quedado los delitos
que han afectado a propietarios agrícolas, pero no a aquellos que han
afectado a los mapuche.
Parece pertinente a este respecto recordar las palabras del Relator
Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el
Terrorismo, Ben Emmerson, al concluir su visita a Chile el 2013, donde
sostuvo que la ley antiterrorista “se ha aplicado en forma
desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin
una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que
cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los
que no.” En su informe de visita al país dicho Relator concluyó que la
aplicación de esta ley en el marco de las protestas por tierras “se ha
convertido en parte del problema y no parte de la solución”,
recomendando por ello poner término a su aplicación frente a estas
situaciones.
Llama la atención también el que las autoridades de gobierno
propongan como alternativa para abordar esta espiral de violencia, la
del reforzamiento de las fuerzas policiales en la región. La
militarización de la Araucanía que algunos proponen y a la que las
autoridades parecen apostar en el contexto actual, no solo resulta una
opción riesgosa, puesto a que en última instancia se trata de una
propuesta de violencia represiva para enfrentar la violencia que se
imputa al mundo mapuche, sino que además, es inconducente para dar
respuesta a los problemas de fondo que están detrás del complejo
escenario que hoy se vive en la Araucanía y regiones aledañas.
Como las autoridades bien saben, dichos problemas no solo son
históricos y tienen su origen en la forma -a sangre y fuego- como el
estado y la propiedad se establecieron en esta parte del país, sino que
son también presentes, y están relacionados con el insuficiente y
errático actuar que el estado ha tenido en las últimas décadas frente a
los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular. En
efecto, a pesar de toda la retórica y promesas de un nuevo trato para
con ellos, dichos pueblos no solo siguen sin contar con un
reconocimiento de su existencia y derechos en la Constitución Política,
sino que además no cuentan con mecanismos -cuotas de representación
especial, legislación sobre partidos políticos, entre otros- que
posibiliten su participación política en instancias de toma de decisión
al interior del estado, como el Congr
eso Nacional, los gobiernos regionales y comunales. Tampoco la
institucionalidad chilena considera mecanismos que posibiliten formas de
autonomía indígena en aquellos espacios territoriales -regionales,
comunales u otros- en donde estos pueblos constituyen una mayoría
demográfica. Más aún, la institucionalidad del estado para los pueblos
indígenas -la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI,
creada por ley en 1993- es una instancia reconocidamente sobrepasada y
carente de representatividad y de poder para abordar los problemas que
hoy afectan a estos pueblos. Sigue pendiente a su vez en el Congreso
Nacional la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un
Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como instancia pública de
representación indígena ante el estado.
Por otro lado, el Convenio 169 que el estado chileno demoró 17 años
en ratificar, no ha sido, en lo sustancial, puesto en práctica. Uno de
los derechos centrales en el establecido, la consulta frente a las
medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a estos
pueblos directamente, solo fue regulada el 2013. Ello a través de un
proceso que no ha generado consenso en los pueblos indígenas, y que
estableció un procedimiento de consulta que está por debajo de los
estándares del propio Convenio, dificultando el ejercicio de este
derecho fundamental.
En materia política, las legítimas reclamaciones de tierras de los
mapuche, siguen sin ser acogidas por el estado. La política del Fondo
de Tierras de CONADI ha demostrado su ineficacia para abordar la demanda
por la restitución de las tierras que les fueran reconocidas por el
estado a los mapuche. Los escasos fondos destinados por el estado a
estos efectos en los últimos años, unidos a los elevados precios de
mercado que CONADI paga por su compra a sus propietarios legales
-generalmente quienes les usurparon las tierras reconocidas por el
estado- han impedido avances significativos en esta materia, prolongando
innecesariamente conflictos por tierras. El estado sigue haciendo
oídos sordos a las recomendaciones hechas por la Comisión de Verdad
Histórica y Nuevo Trato creada desde el estado, la que hace una década
atrás propuso la utilización de un mecanismo constituci
onal-la expropiación por causa de utilidad pública o de interés
nacional- para dar solución efectiva y a precios justos, a un problema
histórico provocado por el mismo estado.
Por otro lado, muchas comunidades mapuche siguen siendo violentadas
cotidianamente al no poder decidir sus prioridades en materia de
desarrollo, derecho que les es reconocido a los pueblos indígenas por el
Convenio 169. Ello toda vez que el estado sigue empecinado en imponer
su propuesta de desarrollo en los territorios indígenas. Lo que se
manifiesta en esta parte del país en la expansión de las plantaciones
exóticas sobre tierras de propiedad legal y ancestral mapuche,
plantaciones que hoy ocupan al menos 1.5 millones de hectáreas al sur
del Bio Bio, así como en la imposición de centrales hidroeléctricas, de
pisciculturas sobre los ríos y playas de ocupación y uso tradicional,
sin procesos de consulta y sin considerar su participación en los
beneficios económicos que estas generan.
No es casual entonces que un porcentaje de la población bajo la línea
de pobreza en la Araucanía, región con casi un tercio de población
mapuche, alcance al 27%, siendo la más pobre del país; y que en las
comunas de mayor expansión de la forestación exótica -como Lumaco,
Ercilla, Chol Chol, Galvarino, donde la demografía mapuche es superior
al 50%-, se encuentren todas entre las comunas más pobres del país,
siendo a su vez las comunas donde los hechos de violencia interétnica es
más álgida.
Se trata de una situación que deberá abordar el futuro gobierno de
Bachelet. El desafío no será menor, puesto a que el tratamiento que
ella dio a los mapuche como presidenta frente a los conflictos por
tierras verificados durante su administración -al menos en el plano
policial y persecutorio-, no difirieron en lo sustancial al que fue
otorgado frente a la misma realidad bajo la presidencia de Piñera.
Los dilemas que se presentan para el estado en el futuro próximo en
su relación con el pueblo mapuche son significativos: o se sigue en la
lógica del abordaje policial y la criminalización de su protesta, o
entiende que, tratándose de un problema esencialmente político, se
requiere de un abordaje mucho más integral, que debe tener al diálogo,
el entendimiento y la negociación -y no la represión- como elementos
centrales.
Aquí también resulta pertinente tener presente las recomendaciones
que sobre esta materia realizó el Relator Especial Ben Emmerson al
concluir su misión a Chile, subrayando la urgencia de impulsar la que
denominó una “estrategia nacional” para abordar no solamente el tema de
las tierras mapuche, sino además los temas más amplios relativos al
“reconocimiento constitucional del derecho Mapuche de existir como
pueblo indígena dentro del Estado de Chile” y “el fin de la
discriminación institucional y judicial.” Ello, junto con recomendar el
establecimiento de una institucionalidad adecuada -que el identificó
como un Ministerio de Asuntos Indígenas, dotado adecuadamente de
personal y financiamiento- para coordinar la política estatal hacia
estos pueblos.
Para el diseño e implementación de esta estrategia nacional el
Relator Emmerson propuso a su vez la conformación de una Comisión
Consultiva Nacional, con representación de los propios pueblos
indígenas, de los partidos políticos, de pequeños y grandes propietarios
rurales, víctimas de la violencia rural, además del Instituto Nacional
de Derechos Humanos, expertos nacionales e internacionales. Comisión
cuyo objetivo sería la construcción de un consenso sobre los principales
desafíos y posibles soluciones a los problemas que afectan a los
pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche.
Todo parece indicar que ha llegado la hora de un diálogo de esta
naturaleza para abordar un tema histórico nunca resuelto; el de la
justicia para el pueblo mapuche como base para una convivencia
interétnica armónica en la Araucanía. Sino lo hacemos ahora, es muy
posible que sigamos lamentándonos, quizás por muchos años, por
escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concita el
interés de los medios.
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