por EFE 24 febrero 2016
Amnistía Internacional (AI) denuncia que los casos de violaciones de derechos humanos que implican a miembros de las fuerzas de seguridad siguen siendo juzgados por tribunales militares en Chile, a pesar del compromiso público de las autoridades de reformar la legislación.
La organización destaca, por otro lado, que la Corte Suprema, en algunos casos específicos, confirmó el derecho al proceso debido y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al remitir dichos casos a la jurisdicción de tribunales ordinarios.
La ONG también celebra en su informe de 2015 que se sigan adoptando medidas para poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos en el pasado.
De las 122 personas que entre 2014 y septiembre de 2015 habían sido declaradas culpables de violar derechos humanos, 72 estaban cumpliendo penas de prisión, según datos oficiales del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
No obstante, Amnistía recuerda que hay organizaciones de víctimas que condenan la lentitud del proceso para establecer la "verdad" sobre los miles de víctimas de desaparición forzada.
La información y documentación recopiladas por la Comisión Valech sobre la tortura y el encarcelamiento por motivos políticos durante el régimen de Pinochet sigue clasificada como confidencial, por lo que no está todavía a disposición de quienes reclaman justicia para las víctimas, según AI.
La entrada en vigor en Chile de la legislación sobre el Acuerdo de Vida en Pareja, que incluye a las parejas del mismo sexo, se destaca también en el informe.
Amnistía recoge que, aunque el aborto sigue estando tipificado como delito en todas las circunstancias, al finalizar el año estaba pendiente ante el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer, cuando fuera consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal severa.
AI recibió nuevas denuncias en 2015 sobre el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades mapuche, explica el informe.
La ONG recuerda que en julio del pasado año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a Chile a garantizar el reconocimiento institucional de los derechos de los pueblos indígenas, con el fin de asegurar su derecho al consentimiento libre, previo e informado en la relación con las decisiones que pudieran afectar directamente a sus derechos.
(Foto: Alejandro Hoppe, 1987)
No hay comentarios:
Publicar un comentario