07/02/2016 |
Aunque se ha señalado que faltan aún uno o dos meses para el nombramiento, ya se conocen 4 de los nombres de los eventuales subsecretarios de DDHH. La decisión será comunicada por la Presidenta Michelle Bachelet entre marzo y abril del presente año. Entre otras tareas, la nueva autoridad deberá resolver, junto al Ministerio de Defensa, quitar el grado a militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre otras materias.
El 16 de septiembre de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet, en compañía de la ministra de Justicia Javiera Blanco, destapó la placa que ampliaba el nombre del Ministerio de Justicia, agregando “y de Derechos Humanos”. Ello, luego que en agosto del mismo año la Cámara aprobara por unanimidad la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Dentro de las tareas de la nueva cartera está prestar la asistencia social y legal que requieran a los familiares de las víctimas de violaciones a DD.HH; conservar y custodiar la documentación y archivos generados por la ex Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; formular proposiciones para la consolidación de una cultura de respeto de los derechos humanos; y ejercer todas las acciones legales correspondientes en caso que se transgredan.
Sin embargo, aún falta un encargado para la nueva repartición. Es por ello que en La Moneda ya se barajan los candidatos para ocupar el cargo, el que debería ser otorgado entre abril y mayo.
Según fuentes de gobierno, son cuatro las opciones que se evalúan y que se han conversado entre Justicia y la Presidencia (es la Mandataria la que tiene que dar a conocer quién será el subsecretario). Se trata de Patricio Bustos; director del Servicio Médico Legal (SML) y quien fuera, junto a su cónyuge, víctima de torturas; Carmen Hertz, abogada y ex directora de derechos humanos de la Cancillería, además de embajadora. Ella es la cónyuge del ejecutado político y quien permaneciera detenido desaparecido por años, el abogado y periodista, Carlos Berger; Lorena Fries, directora del Instituto de Derechos Humanos; y María Luisa Sepúlveda, asistente social y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
Aunque aún no se tendría tomada una decisión por parte del Ejecutivo para ocupar el cargo, la persona que más consenso generaría, tanto en Palacio como en el Justicia, es el de Patricio Bustos, quien en abril termina de ejercer su cargo como director del SML.
El ministro de Justicia (s), Ignacio Suárez, sin referirse a los eventuales nombres, reseñó los principales desafíos que el cargo implica. “Esta nueva concepción requiere de un cambio cultural que va a implicar a diversos actores y diversos ministerios, no sólo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que será el coordinador y promotor. Para ello se creará el Comité Interministerial de Derechos Humanos”, dijo.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Raúl Saldívar (PS), consideró que los cuatro eran buenos aspirantes para la nueva repartición y agregó “que es la Presidenta la que debe decidir”.
Quitar grado militar
Al asumir el nuevo subsecretario deberá tener varias tareas, entre ellas estudiar junto al Ministerio de Defensa la posibilidad de quitarle el grado a los militares (r) condenados por causas de Derechos Humanos.
Fuentes de Justicia y Defensa señalaron que ambas carteras están abiertas a esa posibilidad y que el objetivo es castigar civilmente a militares condenadas por este tipo de delitos. De esta forma el Ejecutivo respaldaría así un proyecto de ley impulsado en agosto por la senadora PS Isabel Allende, que va en esa misma línea, y que está en el primer trámite del Senado.
Saldívar destacó la medida y señaló que “resulta injusto que las personas del mundo civil pierdan todos sus privilegios cuando son sometidos a un proceso penal, y en el caso de los militares siguen obteniendo la remuneración que corresponde al grado”.
En tanto, el abogado de militares (r) condenados por estos casos, Raúl Meza, señaló que esta posibilidad “es una decisión abiertamente inconstitucional en atención a que son derechos adquiridos por los militares durante su calidad de miembros activos del Ejército. Sólo es procedente degradar a los funcionarios en servicio activo”.
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