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Katherine Venegas (29) se encontraba junto a sus colegas profesores en un bar en Gran Avenida, cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Se trataba de una amiga, quien hacía una semana le había pedido ayuda por una hija en riesgo de repetir el año. “Cuando salga le hablo”, pensó. Pero las llamadas continuaron. Kathy salió del local y un mensaje de texto ingresó a su celular. “Están allanando tu casa”.
Kathy tomó un taxi que en minutos la dejó en Santa Rosa con Jorge Cunning, una de las entradas de La Legua. “Hasta aquí nomás llego, para allá no me meto”, le dijo el chofer, por lo que Venegas tuvo que correr las tres cuadras que la separaban de su casa, ubicada en el pasaje Sánchez Pinzón. En el camino, pasó por varios de los vehículos blindados que Carabineros mantiene instalados 24/7 en la población, en el marco del “Plan de Intervención de La Legua” que en octubre cumplirá 15 años de actividad en la población.
En la esquina, frente a la sede del club Juventud Norambuena (donde brillaron los futbolistas Luis Núñez y Francisco Huaiquipán), observó a varios de sus vecinos agrupados fuera de su casa. En la mitad del pasaje se encontró con su mamá. “Kathy, están adentro con tu papá y la guagua”. En ese entonces, el hijo de Kathy tenía menos de un año.
La puerta de su casa estaba cerrada, al igual que las ventanas y cortinas. Desde dentro, nadie respondía a sus llamados. En la desesperación, y alentada por el grito de sus vecinos, comenzó a patear su puerta. Otros hombres comenzaron a imitarla, hasta que lograron ingresar. Dentro de su casa, todo era caos y desorden.
Plan de intervención
Sobre los orígenes del Plan de Intervención, muchos legüinos coinciden en que uno de los mayores hitos lo marcó la “Tía Nena”, la autoproclamada “Reina de la Pasta Base”, que en septiembre de 2001 jurara públicamente “venganza” tras el asesinato de uno de sus sobrinos.
En ese entonces, el subsecretario del Interior, Jorge Correa, calificó los hechos como de “suma gravedad para la seguridad pública”. El gobierno decidió tomar cartas en el asunto.
Pocas semanas después se anunció la creación del Plan de Intervención, “que en términos concretos se tradujo en una ocupación policial a través de carros blindados, furgones, policías con rifles y subametralladoras y chalecos anti balas”, sostiene Pascual Cortés, abogado de la Universidad de Chile y uno de los miembros del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, organización creada el año 2010.
Al poco tiempo, comenzaron los primeros roces entre policías y pobladores. Controles de identidad periódicos, detenciones arbitrarias y violencia policial explícita, que incluían desde desnudamientos en la vía pública hasta golpizas, maltrato verbal y físico, y allanamientos sin órdenes judiciales.
Todos estos casos fueron recopilados por Paulo Álvarez, historiador y poblador de La Legua. El 2009, a ocho años del inicio de la ocupación, el mismo Álvarez solicitó a través de la Ley de Transparencia los detalles de este plan. La idea era conocer qué estipulaba, cuáles eran sus objetivos, métodos y cuáles eran los presupuestos asignados para ellos. La respuesta que obtuvo fue insólita. Tras varios requerimientos, el ministerio del Interior declaró que el “Plan de Intervención” era un nombre de fantasía, que solamente designaba un conjunto de políticas estatales que se llevaban a cabo en la población La Legua.
No satisfechos, en 2013 el Comité presentó otro requerimiento para ahondar en sus objetivos. La respuesta, nuevamente, fue muy pobre. Luego de otro recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carabineros de Chile aseguró que ellos no hacían nada distinto a lo que actualmente hacen en todo el país.
Según Pascual Cortés, el “plan” ha cambiado de nombre al menos cinco veces, siendo el último de ellos “Iniciativa Legua”. Un proyecto que se ha especulado con que podría replicarse en otras poblaciones problemáticas, como La Parinacota o El Castillo.
“La última información que tenemos provino de un seminario realizado en la Universidad de Chile”, afirma Pascual. Allí, un poblador le consultó al actual subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, por el “Plan de Intervención”. “Nunca ha habido tal cosa como un plan”, fue su respuesta, y agregó que la Intendencia está por realizar una evaluación de qué es lo que se ha hecho y en qué se han gastado los recursos. “Es decir, recién ahora, después de casi 15 años de intervención policial, se hará un balance de lo realizado”, sostiene Cortés.

La denunciaCorte-Suprema-acreditó-allanamiento-ilegal-por-falsa-denuncia-de-drogas-foto2-alejandro-olivares
En el recurso de amparo presentado por abogados del Comité ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, consta que luego de botar su propia puerta, Kathy ingresó a su casa junto a una vecina, quien grababa la escena. Avanzando por el estrecho pasillo se encontró con su padre, sentado en el living. “Entraron sin decir por qué”, le dijo a su hija. Katherine pidió explicaciones en voz alta, pero a su alrededor los carabineros hurgaban y revolvían sin decir nada. Ninguno llevaba identificación. Mientras uno registraba debajo de la escalera, Kathy lo increpó con rabia “¿Estai mirando los juguetes de mi hijo? ¡Mira, mira nomás!” y volteó una caja de juguetes sobre el suelo. El carabinero le respondió con un golpe en el pecho. Cuando su padre quiso intervenir, Katherine escuchó cómo otro policía lo empujó contra la pared. “Ahora te hacís el choro, viejo conchetumadre”, le habría dicho.
A los pocos minutos, comenzaron la retirada. Antes de subir al vehículo, el último policía cargó su arma, y apuntó a la concentración de pobladores, en señal de amedrentamiento. “¡Tira el balazo po, paco culeado!”, fue lo más suavecito que le gritaron.
Cuando estuvo sola, Katherine se percató de que faltaban 200 mil pesos que ahorraba en una mamadera para los regalos de navidad. Al comentarlo, su madre le dijo que tampoco encontraba la plata que juntaron con los vecinos para la navidad de los niños del pasaje. Decidieron denunciar el allanamiento en la 50 comisaría de San Joaquín. La primera respuesta que le dieron fue que dicho procedimiento nunca se realizó.
Ante la negativa, Katherine decidió llamar a Pascual, a quien conocía del Comité. Hacía dos meses, la mujer había firmado como testigo en el recurso de amparo presentado por otro allanamiento ilegal, a pocos metros de su casa. “Sólo cuando llegamos, los funcionarios accedieron a ver a Kathy”, sostiene Pascual.
Las explicaciones fueron confusas. El mayor de Carabineros que luego los atendió, sí reconoció la existencia del allanamiento, pero justificándolo en que un sujeto detenido anteriormente habría señalado que en la casa de Katherine vendían droga.
Por la noche, ya de vuelta en su hogar, los Venegas encontrarían en su living dos bombas lacrimógenas que no alcanzaron a detonar.
Los excluidos
En la esquina de Karl Brunner con Jorge Cunning, un taxista que limpia su vehículo saluda a Paulo Álvarez. Le cuenta sobre su último encontrón con uno de los “pacos brígidos” de la población. “Si te llega a pillar cargado, te pide la droga y la plata que andai trayendo”, dice. Luego complementa, “la gente no es hueona, prefiere irse con menos lucas que presa”. Se refiere a “El Cantinflas”, uno de los primeros policías en llegar con la intervención.
Más adelante, en la calle Zárate, un grupo de mujeres comenta la balacera ocurrida anoche en el pasaje. Entre ellas está Pamela del Carmen Peña, una madre de 47 años. Hace dos semanas, un grupo de carabineros rompió con un mazo la puerta de su casa, encañonó a su familia, y, según cuenta, “cargaron” a su esposo con 137 gramos de clorhidrato de cocaína. Actualmente, él está en prisión preventiva mientras se investiga el caso. “El sábado fui a verlo con mi hijo. Está deshecho, llora todos los días, no sabe por qué le hicieron esto”, sostiene Pamela.
En su casa, distintos adornos y fotografías, entre ellos un cuadro de Felipe Camiroaga, recuerdan a familiares fallecidos. Uno de ellos corresponde al de su padre, uno de los primeros “colonos” del sector Emergencia, y de quien Pamela heredó esta casa. El resto corresponde a rostros jóvenes.
“Yo qué daría por irme de aquí”, dice. “¿Pero cómo? Si no tengo los recursos, trabajo con mi máquina de coser. Ganaría más trabajando afuera, pero temo que si me voy mi hijo caiga en todo esto”.
Para Paulo esto no es una historia nueva. En su libro, “Legua Emergencia: Una historia de dignidad y lucha”, publicado por ediciones UDP el año 2014, Álvarez da cuenta de las vicisitudes que han acercado a un número importante de la población hacia el narcotráfico. “Somos parte de un problema mayor. En Chile existen ejércitos de excluidos. Cientos de personas en situación de calle o extrema pobreza; que son atraídas por esta forma de vida y que terminan de soldados o pistoleros de los grandes narcos de las poblaciones”.
Afuera, la voz de Germaín de la Fuente resuena por el pasaje desde un kiosko ubicado en la calle principal. Los gatos comenzaron su movimiento matinal, y algunos niños aprovechan la calma para jugar mientras sus madres, tías y abuelas preparan el almuerzo.
Aquí, se habla de tal o cual “pistolero” como si nada, y del último lío de “calzones” de los grupos de traficantes más fuertes de la población. Antes de que dejemos su casa, Paulo le pregunta a Pamela por el abogado que sus vecinos le recomendaron. “¿No estará vinculado al mundo de los narcos, cierto?”. Ella lo medita un segundo y responde, “¿sabís qué Paulito? No tengo idea. Sólo sé que se veía buena gente y que quería sacar luego al Julio”.
Una vez afuera, Paulo confiesa levantando los hombros “Si es que fuera abogado de narcos, seguro sabría más triquiñuelas que nosotros”.
“Balacho, ¡pam pam!”
En la audiencia por el caso de Katherine, la Corte de Apelaciones de San Miguel falló a favor de Carabineros, argumentando que ante una denuncia de violencia policial, toda la responsabilidad de probar los hechos recae en el ciudadano.
Los abogados del Comité, tomando en cuenta ese argumento, decidieron llevar su caso ante la Corte Suprema. “Queríamos relevar el desequilibrio brutal que existe entre un ciudadano común, especialmente si vive en La Legua, respecto a la institución policial”.
Para sorpresa de todos, la justicia les dio la razón. En su fallo del 13 de enero, la Corte Suprema destacó que Carabineros jamás le informó al Ministerio Público del allanamiento, y que la institución no tenía registro de la persona que supuestamente había denunciado la casa de Katherine. El fallo señala que la “actuación intrusiva afectó, con violencia, la libertad personal y seguridad individual, sin que hasta la fecha Carabineros de Chile haya dado una explicación satisfactoria y coherente acerca de sus motivaciones para entrar al inmueble”.
Además, explicitó la existencia de “una actuación ilícita por parte del ente policial” y aclaró que, en lo sucesivo, “Carabineros de Chile, deberá abstenerse de realizar actuaciones como la que dan cuenta estos antecedentes”.
Para Pascual, esto constituye un hecho histórico. “Nosotros apuntábamos a conseguir algo que nunca se había logrado: que un tribunal de Chile declarara que esta forma de comportarse, de llevar a cabo allanamientos sin orden judicial, sin dar explicaciones, dejando a las víctimas en la total indefensión, no era justo. Esto sienta un estándar que en el futuro podrá ser invocado en casos similares, y eso es muy relevante”, sostiene.
Con este antecedente, el Comité espera conseguir una reparación para las víctimas mediante una demanda al fisco, la que se concretará durante este mes. “Ahora se abre otra arista interesante, un nuevo juicio en el que habrá que probar que hubo una actuación negligente por parte de funcionarios estatales, y que eso amerita una reparación patrimonial a las víctimas de este caso”, finaliza Pascual.
Katherine, por su parte, espera dejar la población en marzo. Luego del allanamiento, negoció su salida del Colegio Manuel Vicuña. Con el finiquito pudo pagar el pie de una casa en el sector de San Nicolás, no tan lejos de su actual domicilio. “Necesitaba una casa lejos de todo esto, pero cerca de la población. Ya que mi mamá es quien cuida a mi hijo. Así estaré a sólo 10 minutos en auto”.
Sobre sus expectativas por la demanda al fisco, Kathy sostiene que “más allá del tema de la plata, espero que cambie el trato de Carabineros. Sé que es algo súper difícil, pero también lo es para los niños y adolescentes del sector que están viviendo con una violencia constante. ¿Qué respeto tendrán de Carabineros o cualquier autoridad si crecieron toda su vida viendo cómo ellos trataban mal a sus familias y vecinos?”, se pregunta.
“Mi hijo es chiquitito, no habla. Pero yo lo noto un poco más acelerado después del allanamiento. Dentro de las pocas cosas que dice, repite con frecuencia ‘balacho, ¡pam pam!’. Con eso a mí me dan ganas de llorar”, finaliza.