PETICIONES EXIGIDAS
1.- Fin a los 50 años de Silencio impuestos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política. No es posible que durante nuestro actual período democrático, donde además se ha aprobado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 20.285, se apliquen las disposiciones contradictorias del Art. 15° de la Ley N° 19.992 del 17 de diciembre de 2004, que impiden hasta el año 2054 el acceso a cualquier persona, autoridad o magistratura a los documentos, testimonios y antecedentes que fueron aportados por miles de Víctimas de DDHH, lo que se traduce no sólo en una falta de Transparencia sino una protección hacia quienes actuaron como criminales, cómplices y encubridores de todos ellos durante la Dictadura Cívico-Militar.
2.- Reapertura, de manera permanente, de una Comisión Calificadora de ex Prisioneros Políticos y Torturados, o bien que dicha tarea sea realizada -de modo permanente- por la Subsecretaría de DDHH, del Ministerio de Justicia; por lo que exigimos su inmediata puesta en marcha. La razón por la cual muchos compañeros, Víctimas de DDHH, quedaron sin acceso a beneficios y no pudieron declarar sobre sus traumáticas experiencias vividas se debe al cierre de las Comisiones Calificadoras; por lo cual es un imperativo –y así lo exigimos- el funcionamiento de una Comisión Calificadora Permanente.
3.- Reparación integral a las Víctimas de la Dictadura (tanto a aquellas que actualmente se señalan como a las que futuramente serán incorporadas, descritas en el punto anterior, pero no según las estipulaciones y protocolos actualmente establecidos por los Gobiernos de turno, sino siguiendo las normativas internacionales suscritas por el Estado de Chile con base en la Resolución 60/147 de la Organización de Naciones Unidas aprobadas por su Asamblea General del 16 de diciembre de 2005.
4.- Exigimos el reconocimiento del compañero José Miguel Sánchez Jiménez, Rut 8.773.096-4, quien -por negligencia administrativas y teniendo su documentación debidamente presentada- no ha sido reconocido hasta hoy, marginándolo de cualquier beneficio.
5.- Exigimos un inmueble para que sea destinado como Centro de Salud ( PRAIS ) y Cultural, con el objetivo de centralizar la atención con todos los medios tecnológicos de última generacón para todos los beneficiarios de la Región Metropolitana; con una adminitración mixta conformada por Víctimas de DDHH y el Estado, y éste será utilizado para todo tipo de actividades artísticas, audivisuales que consideremos pertinentes. De igual forma, en cada capital regional se dispondrá de un centro de atención con las mismas características antes descritas.
6.- Exigimos una pensión nivelada con aquella que percibe un Suboficial de Ejército. Esta moción fue planteada en su oportunidad por los senadores Lily Pérez San Martín y Manuel José Ossandón, quienes han sido parte de la Comisión de DDHH, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
7.- En materia de vivienda exigimos que se aplique la moción expuesta por Monseñor Sergio Valech, que consistía en un monto -a valor de hoy- de 2.000 UF.
8.- En materia de salud exigimos la reformulación del Programa PRAIS, para lograr así un funcionamiento óptimo, y en el cual los ex PP tengamos derecho a voz y voto en las respectivas decisiones.
9.- En materia de Eduación, y con la finalidad de evitar lamentables situaciones como la vivida con respecto a la UNIAC, es que exigimos poder acceder directamente a los beneficios educacionales -tanto para el ex PP como a su pareja, cónyuge, hijos y descendientes hasta la tercera generación-, pudiendo acceder todos ellos a la totalidad de las becas (tanto en universidad, institutos profesionales o centros de formación técnica).
10.- En materia de indemnización, y habida consideración del precedente judicial -emitido en septiembre de 2015 en Rol Ingreso Corte N° 1092-15- en que la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema, integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante don Jaime Rodríguez Espoz, determinaron una indemnización cercana a las 6.000 UF para los 31 compañeros detenidos y torturados en la Isla Dawson, razón por la cual exigimos la misma indemnización para cada uno de las Víctimas de Prisión Política y Tortura. Esta exigencia de poder recibir nosotros una indemnización justa y adecuada, incluyendo los medios para la rehabilitación más completa posible, es concordante con lo que establece el Punto 23 de la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, de fecha 18 de diciembre de 2013, sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; y concordante con lo indicado en el Art. 14° de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, ratificado y promulgado por Chile en el año 1988.
11.- Exigimos el reconocimiento inmediato de todas aquellas Víctimas de DDHH que -hasta la fecha- han sido ignoradas y no reconocidas por los Gobiernos Democráticos, con los consiguientes beneficios que les corresponden en derecho, dejando claramente establecido que los Beneficios Reparatorios no deben estar condicionados a que la Víctima directa siga con vida.
Firman, en señal de compromiso
José Miguel Sánchez
René Ulloa
Orlando Vázquez
Carlos Valero Vargas
En Santiago, Julio de 2016
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