incendio
Eduardo Brito Martínez, 19 años, condenado a 5 años y un día por robo con intimidación, estaba preso en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel de San Miguel. Fue una de las víctimas fatales de la tragedia. En julio del 2010, un incendio previo en la torre ya había dejado varios heridos. Las riñas entre bandas rivales eran permanentes. Brito tenía miedo. Por eso, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para ser trasladado a la cárcel de Colina. La Corte acogió su recurso. La orden de traslado llegó a San Miguel 10 días antes del fatal incendio, pero no se ejecutó. La madrugada del 8 de diciembre, seguía hacinado en la Torre 5. Esa noche murió calcinado junto a otros 80 reos, en la peor tragedia que recuerde el sistema penitenciario chileno. En 2014, la justicia absolvió a todos los imputados.
La historia es parte de la investigación realizada durante dos años por la periodista y académica de la Universidad de Chile, Tania Tamayo Grez, publicada por Ediciones B, bajo el título: “Incendio en la Torre 5, las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar”.
En un café de barrio Lastarrias, conversamos con la autora. Tamayo cuenta que la investigación comenzó como “una aproximación casi voyerista de aquella tragedia”, pero que luego se dio cuenta que ahí había una especie de metáfora del sistema penitenciario en Chile y que su trabajo se extendería mucho más allá de las llamas que consumieron la Torre 5 e iría hacia las estructuras del sistema penal en que habitan los privados de libertad a lo largo del país.
El listado de problemáticas es largo, dice: “Gendarmería, una institución llena de vicios con el cuoteo político como emblema; hacinamiento y condiciones insalubres; el negocio de las cárceles concesionadas; la inexistencia de políticas públicas a largo plazo destinadas a la reinserción y rehabilitación de los condenados; el desinterés transversal de la clase política; y la obsesión por la seguridad pública, que presiona a encerrar a la mayor cantidad de gente posible y que tiene al país con los indices de población penal más altos de la región”.
LA NOCHE DE LA TRAGEDIA
El 8 de diciembre, cerca de las 6 de la mañana, la hora exacta del inicio del fuego no está clara, aunque la primera llamada a Bomberos se registró a las 5:48 hrs. desde un celular de un reo, una disputa entre banda rivales para “bajar del piso” a unos internos, es decir, sacarlos del lugar, provocó un incendio de proporciones.
Tamayo cuenta que el fuego se inició con un balón de gas, que fue comprado en el sistema Economato, a través del cual Gendarmería provee insumos a los reos. “Todo el mundo sabía que los balones de gas se usaban como armas, se les anexaba un tubo y se usaban como lanzallamas para prender colcoches y sábanas, altamente inflamables”.
-En un trabajo como este se viene a desmitificar lo que ha salido en la prensa. Lo cierto es que pudo haber una especie de venganza entre bandas, pero en el contexto de permanentes venganzas. Hace un mes atrás, el Chocolo y su banda había expulsado a otro grupo llamado Los Carranzas- y agrega- pelear por espacios, territorios y rencillas de poder, no es algo que pasara solo es vez. La diferencia es que esta vez se les fue de las manos.
Pese a que era una situación recurrente, según los datos que recabó Tamayo, desde 1994 al 2010 murieron 54 reos por incendios, el paradigma en Gendarmería era priorizar la seguridad del penal, es decir, mantener a los presos encerrados para evitar fugas antes que liberarlos para controlar el fuego. “En este caso, no se abrieron a tiempo los candados”, dice la periodista y cuenta que posterior a las muertes de San Miguel, “el paradigma cambió y se dieron cuenta que la vida humana era más importante”. Tal como sucedió en el terromoto de Iquique del 2014, en que Gendarmería evacuó a las internas por la alerta de tsunami.
Una las graves negligencias que detectó Tamayo, es que oficialmente, según Gendarmería, en la Torre 5 solo dormían reos primerizos, pero en la práctica no era así.“Existía una falta de criterio en término de la distribución de los presos y que no tenía que ver en ningún caso con sus niveles de peligrosidad. En San Miguel había un desorden garrafal, todo condenado iba a la torre 5”, explica.
-Al poner a alguien que tiene un nivel de peligrosidad baja, como el caso de Bastián Arriagada que vendía cd´s piratas, con violadores y asesinos, lo único que provoca es que salgan a la calle a cometer delitos más graves. El nivel de hacinamiento es tal que los reos de 9 a 17 están en los patios y de ahí en adelante encerrados y hacinados, todos mezclados-, relata.
A la dinámica de violencia permanente al interior del penal, se agregan varias otras negligencias. Como ejemplo, Tamayo constató que en 2008 se hicieron arreglos a las redes secas y húmeda.La comisión técnica de Gendarmería dijo que los trabajos solo debían aceptarse si Bomberos los aprobaba, pero fueron rechazados por éstos. Pese a aquello, la administración de Alejandro Jiménez, el exdirector nacional de Gendarmería, en el primer mandato de Michelle Bachelet, aceptó las obras conforme. “Por eso fue tan importante y causa de sumario, ya que en medio del incendio, no se ocuparon las redes secas porque estaban en malas condiciones. Eso podría haber permitido controlar mejorar el incendio y evitar las muertes”, asegura Tamayo.
Otro problema fue que los Gendarmes no estaban debidamente capacitados, trabajaban extensas jornadas y había escasa dotación de personal.
-En el penal tenían una oficina de brigada antincendios, que estaba compuesta por dos gendarmes para una población de 1.956 personas. En la guardia interna había 4 personas de turno para toda esa cantidad de internos. Era imposible evitar un incendio de tamaña magnitud. Además había un protocolo de acción que no estaba actualizado. Este es el ejemplo de las cientos de negligencias en que incurrieron los cargos públicos-, detalla.  
“Muertes que no importan”
¿Por qué finalmente no se condenó a nadie?
Entrevisté al juez Huberman, me planteó la siguiente postura: él entiende que la investigación realizada por Fiscalía, sobre todo en su primera parte a cargo del fiscal Alejandro Peña, no fue pulcra. Las indagatorias que se hicieron no fueron las suficientes ni en buenas condiciones. El juez comprueba, en plena audiencia, que Fiscalía da la orden de llegar solamente a la dirección regional, según testifica el detective Oscar Maureira. Por lo tanto, los jueces entienden que hubo una mirada sesgada de parte de Fiscalía, temerosa, con un criterio político de no tocar probablemente a quienes estaban a cargo de la administración de la época. Por su parte, Tribunales también aplicó una justicia de clase, porque los únicos que pasaron por prisión preventiva fueron los gendarmes de más bajo rango, que eran tres centinelas. Ellos por protocolos no pueden bajar de las garitas de vigilancia. La investigación la llevó en un principio el fiscal Peña, pero algo tan importante también dependió de Sabás Chahuan, habría que preguntarle por qué se decide investigar sólo hasta la dirección regional. Por estos nuevos antecedentes, los familiares están evaluando pedir la reapertura de la causa.
Mucha impunidad
La pregunta es si hubieran muerto 81 personas en el Anexo Capuchino o en el Penal Cordillera, ¿habría ese nivel de impunidad? Realmente no lo habría, porque son 81 personas que para parte de la sociedad y quienes ostentan el poder, no son importantes. El Estado es responsable y debiese hacerse cargo de las indemnizaciones de las familias. Lo más grave en que muchas de las personas que estuvieron involucradas de una u otra manera en el incendio, hoy tienen cargos públicos importantes. 
¿A quiénes te refieres?
No todos, hay varios que no participaron más, pero hay algunos nombres como Alejandro Jiménez, quien hoy ocupa el cargo de director de la Corporación de Asistencia Judicial, si bien es cierto no está involucrado directamente, si es mencionado en la investigación por su gestión y responsabilidad en los hechos posteriores. Patricio Campos, jefe interno de San Miguel, se reinsertó en Gendarmería y comenzó a trabajar en Santiago I. Luego fue jefe de Gabinete del director nacional, Juan Letelier. Fue asesor de la Ministra Blanco desde el 1 enero de 2016 hasta la reciente renuncia de la ministra. Cristián Alveal, antiguo jefe operativo titular de San Miguel, quién no fue imputado ni inculpado en el sumario interno por su rol de testigo en la causa, asumió como jefe de gabinete del director nacional, Marcos Fuentes. Con el cambio de Gobierno a Bachelet fue nombrado director de la Escuela de Gendarmería. Actualmente es Director Regional de Gendarmería en la Región del Bío Bíoo. Es decir, no solo hay una suerte de impunidad, sino que además en algunos casos casi como un premio, a quienes si bien fueron absueltos, tienen una condición ética y moral de la que son responsables. Además hubo muchas promesas incumplidas.
¿Cómo cuáles?
Piñera al momento del incendio, dijo que se crearían cárceles concensionadas modulares de mejores condiciones. El Ministro Teodoro Ribera anunció estas cárceles en un programa de radio, pero en realidad no se hizo estudios ni nada que llegara a Gendarmería. Se engañó a la población, fue un anuncio al voleo. Por cierto, las cárceles concesionadas son gran negocio para los privados. No es solo la construcción del penal, sino que toda la operativa, como lavandería, cocina y etcétera. Al final, excede los costos que habría salido al Estado hacerlo con sus propios recursos. Incluso debido las multas por sobrepoblación que debe pagar el Estado, se armaban comisiones para derivar a los reos a las cárceles públicas y aumentaba más aun el hacinamiento. Las plazas de San Miguel eran 800 y para el incendio había casi el triple.