Condenado por una decena de desapariciones, dos homicidios y torturas a más de 30 prisioneros de Villa Grimaldi, Francisco Maximiliano Ferrer Lima había acudido a la Corte de Apelaciones tras considerar que se vulneraban sus derechos al negársele el beneficio de la salida dominical, pero esta le negó el permiso ya que no ha presentado señales de arrepentimiento ni colaboración.
Por eldesconcierto.cl@eldesconcierto
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por el interno del penal Punta Peuco Maximiliano Ferrer Lima, a quien se le denegó el beneficio intrapenitenciario de salida dominical. En un fallo unánime de los ministros de la Corte Leopoldo Llanos, Gloria Solís y Elsa Barriento, se señaló que no se había vulnerado ningún derecho de Ferrer, ya que “el cumplimiento de los requisitos formales solo otorga el derecho a postular a un permiso, pero no concede un derecho adquirido sobre el mismo, sino solo una mera expectativa a obtenerlos, por lo que se estima no se han vulnerado las garantías”.
En el fallo también se señala que el Consejo Técnico de Punta Peuco, compuesto por profesionales que evalúan las solicitudes de los condenados, señaló a la Corte que en el caso de Ferrer no ha existido arrepentimiento ni colaboración.
Francisco Maximiliano Ferrer Lima, miembro de la Brigada Caupolicán de la Dirección de Inteligencia Nacional en dictadura, ha sido procesado por su rol en la detención, asesinato y desaparición forzada de una decena de presos políticos. En 1976 fue enviado a Brasil para asistir a un curso especializado de inteligencia. Después viajó a Ginebra para asumir la defensa del gobierno de Chile. Conocido por los agentes represivos como “Max Lenou”, Ferrer fue nombrado director de la ENI (Escuela Nacional de Inteligencia) y hasta 1991 trabajaba como agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) con el rango de coronel.
Ha sido procesado y condenado por crímenes como la ejecución del dirigente sindical Tucapel Jiménez y la militante del MIR Lumi Videla, quien ya muerta fue arrojada a la embajada de Italia. Además, está condenado por la detención y posterior desaparición de Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún, Sergio Lagos, Julio Fidel Flores Pérez, Jorge Humberto D’Orival Briceño, Hérbit Guillermo Ríos Soto y la aplicación de torturas a 37 presos políticos en el centro de detención Villa Grimaldi.
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