MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE 2018
Señor
Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de la República
Presente.
De Nuestra Consideración.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, se dirige a Usted, como gobierno Chile, que cese la vulneración de derechos humanos de la comunidad migrante que ha llevado. Desde mes de abril la nueva política migratoria. Esta política no solo plantea una ley selectiva y restrictiva que limita el derecho a migrar y vulnera los derechos de los y las inmigrantes exponiéndolos a abusos laborales y a falta de acceso a la salud; sino que además plantea una práctica racista y discriminatoria al imponer visado especial solo a dos nacionalidades, a saber, Venezuela y Haití.
El actuar de su gobierno ha creado en un sector de la sociedad chilena un sentimiento de racismo y xenofobia, lo que queda en evidencia con las declaraciones de políticos y movimientos ultranacionalistas que claman por la expulsión de dirigentes y activistas del movimiento migrante, poniendo en riesgo el principio de No devolución; y peor aún, con la reciente muerte del ciudadano haitiano Joseph Henry, quien falleció después de esperar dos días en el aeropuerto, luego de que no le permitieran abordar el avión por encontrarse enfermo y no recibiera atención alguna dentro de las instalaciones del aeropuerto. Asimismo el gobierno busca estigmatizar a la población migrante con temas asociados a la seguridad, haciendo un acontecimiento mediático las detenciones, los procedimientos de extradición o expulsión, y bajo una supuesta “tolerancia cero”, se ha llegado a expulsar a solicitantes de refugio, lo que constituye una flagrante violación a los tratados internacionales vigentes.
Denunciamos el ineficiente proceso de regularización, que después de seis meses ha dejado en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno, que es generar en la población migrante un estado de frustración producto de los meses que han debido esperar por una respuesta y que aún no se sabe cuando llegará; por que mientras esperan no pueden laboral, dejándolos en estado de vulnerabilidad y violación de derechos humanos; por la expulsiones realizadas a personas que realizaron el trámite de regularización; y ahora a pesar de que el proceso extraordinario de regularización ha sido un fracaso, el gobierno ha anunciado la persecución y expulsión a los inmigrantes que no hicieron el trámite, destinando recursos que pudieron haber sido designados a concluir el trámite de regularización realizado por miles de personas; este nuevo anuncio, se suma al “plan humanitario de regreso ordenado a Haití”, una medida que busca poner un avión a disposición de la colonia haitiana en Chile, para facilitar la deportación, forzada y no voluntaria, y que no termina ahí, ya que la persona que se acoja a este plan deberá hacerlo con su núcleo familiar (¿que pasa con los hijos nacidos en Chile?), y obligados a firmar declaración notarial de “decisión de retorno” y “compromiso de No Volver”, lo que constituye en la práctica a la expulsión y al “retorno” en una medida de EXPULSIÓN ENCUBIERTA.
De igual forma, expresamos nuestra preocupación por la situación que viven los refugiados y solicitantes de refugio en Chile, particularmente en estos momentos en que además que seguir postergando las obligaciones del Estado, también ocurren situaciones que generan inseguridad a las personas que buscan asilo en este país.
Observamos una falta de preocupación por parte del Estado de su compromiso con los refugiados, con su deber de la Protección y Tutela, de respetar en toda circunstancia el principio de “No Devolución” y de procurar garantizar el acceso a los derechos fundamentales que ello implica. El drama de las personas solicitantes de reconocimiento es otro cuestionamiento, desde los rechazos en frontera, que se han reeditado en estos últimos meses, a quienes simplemente no se les admite el ingreso o si logran sortear ello no se les permite presentar sus solicitudes de reconocimiento; al hostigamiento por cansancio a los solicitantes de refugio que lograron formalizar su situación, a quienes someten a una tortuosa tramitación que dura entre 4 a 6 años, generándoles inseguridad e inestabilidad. Asimismo, se impone a los solicitantes de reconocimiento la obligatoriedad de documentar sus solicitudes, sin tener un mínimo de criterio respecto a las precarias condiciones en que uno llega al país. El trámite de reconocimiento son excesivamente prolongados, existiendo prejuicios, como la persistente insistencia de los funcionarios para desalentar a los solicitantes o procurar que desistan de su solicitud.
Por todo lo anterior consideramos pertinente se garantice en forma plena los principios y normas de la institución del refugio, partiendo por el principio de No devolución, la confidencialidad, así como otros derechos esenciales tales como el debido proceso, en particular respetando las garantías mínimas de protección de la integridad física y psicológica del solicitante, lo que importa revisar el procedimiento de solicitud de reconocimiento, reconociendo plenamente el derecho a solicitarlo, erradicando los rechazos en frontera por funcionarios de extranjería y policía, así como todo rechazo y tratamiento arbitrario.
Señor Presidente, para las organizaciones de derechos humanos es esencial que en nuestro país se respeten, protejan y promuevan los derechos humanos de todos los seres humanos que habitan o se encuentren en nuestro país de acuerdo a los principios internacionales. Esto debiera ser parte de una cultura de los derechos humanos que aún estamos lejos de lograr que ha quedado demostrado con múltiples acciones en favor de la impunidad que se han desarrollado este último tiempo.
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