La corrupción no comenzó ahora

 

escribe Luis Mesina - 29 de agosto 2024

Durante mucho tiempo los representantes de las diferentes instituciones del país, en especial la “clase política”, alardeaban respecto de que Chile, a diferencia de los países de la región, no era un país corrupto. Existía una obsesión permanente por denostar a los demás países, en particular a los países vecinos, del que nos comparábamos frecuentemente haciendo alusión a que nosotros y no ellos, éramos un país con políticos e instituciones serias, impolutas, irreprochables.

Una arrogancia que nos granjeó muchas veces la antipatía de países latinoamericanos. El discurso de que éramos distintos formó parte de la estrategia comunicacional con que la Concertación de Partidos por la Democracia asumió la dirección del Estado en 1990.

Para ello, había que desprenderse lo más rápido posible del legado que le antecedía, lo no era fácil: 17 años de dictadura en la que la corrupción de las instituciones del Estado fue una constante, requería cirugía mayor.

La Concertación en su programa y antes de asumir la dirección del gobierno, había prometido recuperar para el Estado ciertos bienes públicos; empresas estratégicas privatizadas de manera oscura; medios de comunicación; derechos sociales convertidos en negocios, etc. Al finalizar el gobierno de Patricio Aylwin nada de ello se cumplió, y se optó, en esos cuatro años, por dar completa continuidad a lo impuesto bajo la dictadura, en especial al modelo económico.

La transgresión al programa prometido fue el primer acto de quebrantamiento de la confianza que el pueblo había depositado en los nuevos gobernantes. De ahí en adelante, un periodo largo denominado de transición, se optó por el consenso, ahogando con ello la verdadera democracia, y de paso, se validaron las formas espurias con las que gobernó la dictadura, al dejar completamente en la impunidad muchos actos contravenientes de la función pública, entre ellas, el saqueo que se hizo al Estado.

Fue quizá, el primer acto de corrupción en que toda la “clase política” estuvo de acuerdo.

A la derecha le convenía: no se investigaría el pasado, tampoco el patrimonio que habían adquirido de manera ilegítima muchos empresarios afines a ella. La izquierda, esa “renovada”, comenzaría así, su proceso de conversión en la que muchos de sus insignes dirigentes terminaron renegando de su pasado, para abrazar completamente la filosofía neoliberal que sustenta hasta hoy el modelo económico y político.

En Chile, se vienen sostenidamente corroyendo las instituciones del país. En realidad, no es el país, sino su clase dirigencial, es la oligarquía, es el sector más grande del empresariado, que elude y evade impuestos, que se colude para estafar, que soborna a políticos, jueces, fiscales y, que a pesar de lo impactante que pueden significar esas prácticas espurias, en la mayoría de los casos, permanecen en la impunidad o pagan penas que resultan irrisorias para la ciudadanía.

La corrupción comenzó hace bastante tiempo, el caso de MOP-Gate bajo el gobierno de Ricardo Lagos develó los vínculos de la empresa Gate con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para financiar campañas políticas. Luego se descubrió que había empresas que se adjudicaban contratos y a cambio, se pagaban sobresueldos.

El tema se selló en un acuerdo entre Lagos y Longueira, -en ese entonces presidente de la UDI-, que impidió un derrotero más grave para el gobierno. La corrupción se tapaba con un acuerdo. Se imponía así, un estilo, una práctica de resolver controversias reñidas y contrarias a la probidad publica a “puertas cerradas”, por fuera de la “justicia”, práctica que, por supuesto no se corresponde con el ordenamiento jurídico, toda vez que los políticos no tienen facultades ni competencias para resolver materias propias del poder judicial.

Dejar que las “instituciones funciones”, como señaló Ricardo Lagos, no pasó de ser un slogan, pues en realidad, cuando de salvar el “pellejo” se trata, los contubernios operaron saltándose las instituciones.

Le seguirían otros hechos emblemáticos, el “caso coimas” más conocido por el nombre del subsecretario de transporte de la época Patricio Tombolini.

Luego el caso Inverlink a comienzos de 2003, que involucró a la secretaria del presidente del Banco Central, Carlos Massad.

Luego el caso de EFE que reveló irregularidades en los planes trienales de la empresa, donde se comprobaron millones de pesos de fraude al fisco.

En 2014 -bajo el gobierno de Piñera- el caso Penta remeció a la opinión pública. Se conoció un plan coordinado para defraudar al fisco, financiar ilegalmente a la política y corromper a funcionarios públicos, llevada adelante por los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín y el subsecretario Pablo Wagner. Las mínimas condenas que debieron pagar por esos delitos aún provocan indignación. La intervención del Fiscal Nacional de la época fue determinante, “hay que evitar que los efectos de este caso no terminen produciendo desequilibrios en las fuerzas políticas del congreso”, en una clara e impúdica intervención a favor de los querellados.

Más tarde, en el gobierno de Bachelet el caso Caval generó mucho ruido y develó los vínculos que el gran empresariado establece con la política para someterla a sus intereses.

Este caso, sería apagado por otro de mayor connotación pública que involucraba al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou en el financiamiento ilegal a la política a través de SQM, en la que aparecían políticos vinculados al Partido Socialista y al Demócrata Cristiano. El poder hizo todo para que esta investigación no continuara, movieron todos los hilos de la política y finalmente el manto de impunidad, una vez más terminó imponiéndose.

Todos estos casos han tenido un efecto concreto contra la población. En todos ellos, se ha burlado la justicia, se ha afectado el erario nacional con la evasión de impuestos y, lo más grave, se ha dañado la fe pública.

Como se verá, la corrupción avanza en aquellas sociedades donde existe impunidad para el delito, avanza donde los corruptos evalúan que la pena por cometer actos reñidos con la ley, son proporcionalmente menores que los beneficios que esos actos les reportan. Al final, la corrupción como siempre está vinculada a los negocios.

Esta semana estamos siendo testigos del proceso que se sigue contra el abogado Luis Hermosilla. Son cientos de millones de pesos los que están involucrados, incluso miles de millones. Demuestran lo impúdico que puede llegar a ser la conducta de algunos sujetos cuando son víctimas del dinero fácil.

Este caso, está poniendo en el centro del debate la connivencia que existe entre la política y el dinero sucio.

Al mismo tiempo, está develando el peligro por el que atraviesa actualmente la sociedad chilena. No es una, sino todas las instituciones del Estado las que se han visto involucradas en actos flagrantes de corrupción. Y son el caldo de cultivo para que los delincuentes de “poca monta” puedan encontrar argumentos para continuar delinquiendo, pues si los de arriba lo hacen y reciben penas irrisorias, ¿porqué los de abajo no pueden masificar esa forma ilegítima de saltarse las reglas?

Delinquir y obtener dinero sucio sin consecuencias que pagar se está convirtiendo en una práctica que se extiende peligrosamente en nuestro país.

Si bien la corrupción no comenzó ahora, el caso “Hermosilla” puede ser la gota que rebasa el vaso y, puede ser al mismo tiempo la oportunidad para que nuestro país detenga la vorágine de corrupción en que ha caído. Para ello será necesario conocer toda la verdad, saber quiénes pidieron favores, quienes actualmente son ministros y fiscales por gestiones de Hermosilla y, por sobre todo, será necesario que caigan todos, en especial que caigan los más poderosos, de lo contrario, si triunfa la impunidad, Chile, definitivamente habrá caído en la total pudrición, y ya no habrá motivos para continuar pavoneándose ante nuestros vecinos de que somos distintos, pues la descomposición moral de nuestra sociedad nos habrá arrojado a la misma cloaca en que se hallan los países corruptos.