Imagen: Sandro Baeza/The Clinic.
El ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Santiago, acaba de ser allanado en su oficina y domicilio. La fiscalía se hizo con su celular y aparatos electrónicos, incluido su computador y el acceso a sus correos electrónicos. Es uno de los actuales protagonistas del caso Hermosilla, donde se investiga la red que formó el penalista y gestor Luis Hermosilla al interior del Poder Judicial. Desde hace cuatro meses el Ministerio Público intenta obtener el expediente de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que tiene antecedentes sobre Ulloa, pero los ministros se oponen. En febrero la fiscalía obtuvo el permiso para allanar el máximo tribunal, pero hasta ahora esa diligencia no se materializa.
Por Nicolás SepúlvedaCOMPARTIR
Antonio Ulloa es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 19 de abril de 2021. Llegó a ese cargo con la ayuda del abogado Luis Hermosilla y desde ahí en adelante ha formado parte de la red de jueces sobre la que el abogado incide. Ulloa es un juez que no pasa desapercibido. Sociable y fiestero, ha construido vínculos firmes al interior de las cortes.
Prueba de eso es que continúa en su cargo, a pesar de que durante la mañana del lunes 24 de marzo sus oficinas y su domicilio fueron allanados por la fiscalía y la Policía de Investigaciones, en el marco de una indagatoria por tráfico de influencias, soborno, cohecho y prevaricación. No solo eso, tiene un sumario abierto en la misma Corte de Santiago, y sobre él existe un cuaderno secreto que se resguarda bajo siete llaves en las oficinas de la Corte Suprema.
Ahí están los testimonios y las pistas que podrían escalar la gravedad de la investigación judicial sobre Ulloa. Y en la Fiscalía Regional de O´Higgins —a cargo de la causa contra Ulloa— lo saben. Por eso desde el 20 de noviembre del año pasado intentan acceder a ese cuaderno secreto, el que elaboró la Comisión de Ética de la Suprema cuando empezó el caso Hermosilla y se reveló que el abogado tenía una red al interior de los tribunales.
En la Comisión de Ética se investigó a varios ministros. Entre ellos a Ángela Vivanco, que fue destituida del máximo tribunal luego de que en Ciper se dieran a conocer sus chats con Hermosilla. También el supremo Jean Pierre Matus estuvo investigado, y Sergio Muñoz, el otrora poderoso supremo que también terminó fuera del Poder Judicial, aunque él no formaba parte de la red de Hermosilla.
Los antecedentes sobre Ulloa que están en el cuaderno secreto de la Suprema son explosivos. Y los ministros del máximo tribunal están empeñados en que se mantengan bajo resguardo. Podría no tratarse de una protección especial. El máximo tribunal ha sido consistente en evitar la divulgación de esas investigaciones.
Actualmente en el Tribunal Constitucional se debate un recurso interpuesto por el exsupremo Muñoz que busca acceder a los antecedentes que recabó sobre él la Comisión de Ética. Y la Suprema ha recurrido a ese ejemplo para decir que no es posible entregarle a la fiscalía el cuaderno de Ulloa.
Han sido varios los recursos que ha presentado el Ministerio Público. Todos infructuosos, hasta el 19 de febrero pasado, cuando la jueza Cecilia Villanueva, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, autorizó al fiscal Javier von Bischoffshausen —que lidera las pesquisas—, a allanar el edificio de la Corte Suprema.
“Se autoriza la incautación de la totalidad de los documentos, imágenes, antecedentes, gestiones, testimonios y cualquier otro elemento que hubiere sido conocido por la Comisión de Ética de la Excelentísima Corte Suprema, en relación al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Ministro Antonio Ulloa Márquez”, indica la resolución firmada por la jueza Villanueva.
Debido a lo especial de la diligencia, el allanamiento por parte de la fiscalía del edificio del máximo tribunal del país, la jueza ordenó que se tuvieran algunas precauciones.
“Que la diligencia precedentemente decretada deberá ser diligenciada de manera personal por el fiscal a cargo Javier von Bischoffshausen, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, dentro de un plazo de 5 días, quien deberá mantener los antecedentes recabados en la más estricta custodia y reserva”, se lee en el documento que The Clinic tuvo a la vista.
Ha pasado más de un mes desde esa autorización, y el allanamiento no se ha concretado. Los antecedentes secretos sobre Antonio Ulloa siguen bajo resguardo.
Un ministro particular
Antes de que el 19 de abril de 2021 Antonio Ulloa jurara como ministro de la Corte de Santiago, ejercía esa labor en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Allí compartió asiento con Juan Poblete, el exjuez que está imputado por autorizar interceptaciones ilegales del Ejército a periodistas y denunciantes de corrupción.
Ayer, antes de que la fiscalía y la PDI irrumpieran en la Corte de Santiago para allanar la oficina de Ulloa, el ministro estaba integrando la Sexta Sala para revisar la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra, justamente, el exjuez Poblete, para poder llevarlo a juicio oral.
La fiscalía lo recusó debido a la amistad que Ulloa mantenía con Poblete. Estaban en ese debate cuando la policía irrumpió en la corte para allanar al ministro.
Ulloa participó de un plan de ayuda a Poblete cuando el exjuez cayó en desgracia al revelarse el caso de interceptación telefónica ilegal (vea aquí reportaje “Crisis judicial: notario Leiva reveló que ministros Mario Carroza y Antonio Ulloa participaron en plan de ayuda a juez que autorizó espionaje ilegal”).
A pesar de los escándalos, no ha sido suspendido de su cargo. Hoy está con un permiso especial, pero sigue en funciones. La situación contrasta con la de la ministra Verónica Sabaj, a quien la Corte Suprema le abrió un cuaderno de remoción y la suspendió a su cargo menos de 24 horas después de que The Clinic publicara sus chats con Hermosilla.
Fuera de micrófono, dos ministros de la Corte de Santiago explican así que Ulloa se mantenga en su cargo: sabe demasiado.
Actualmente el ministro Ulloa vive en un departamento fiscal que el Poder Judicial tiene en la Avenida Américo Vespucio, en Vitacura. Está allí desde que llegó a Santiago desde Copiapó en 2021. A pesar de que esas residencias debieran ser temporales —tienen el objetivo de permitir que los jueces puedan instalarse en una nueva ciudad—, Ulloa tiene los plazos vencidos.
Lo que puede explicar que el ministro no se haya cambiado a una residencia propia, es su delicada situación financiera. Según su última declaración de patrimonio, registra deudas por casi $100 millones. Destaca un crédito de consumo con el Banco Santander por $81,6 millones.
La deuda total se ha triplicado desde que llegó a Santiago. En 2020, cuando era ministro de Corte en Copiapó, su deuda ascendía a $30,7 millones —-siempre según sus declaraciones de patrimonio—, y en 2024 era de $96,3 millones.
Motor de la influencia
Que Antonio Ulloa Márquez sea un hombre influyente en los pasillos de los tribunales no es un secreto para nadie. Distintos jueces y ministros que conversaron con The Clinic coinciden en que es habitual que él tenga candidatos en las distintas ternas y quinas que elabora el Poder Judicial para llenar cupos en las cortes, pero también en las notarías y los conservadores de bienes raíces.
En los tribunales es conocida su amistad con el poderoso notario Francisco Leiva. Y también con penalistas como el abogado Mario Vargas. Junto a él aparece en un video celebrando el cumpleaños de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en marzo de 2024 (vea aquí el registro revelado por Ciper).
Los chats que han aparecido en distintas investigaciones, como las del caso Hermosilla y la que indaga al exjuez Poblete, también dan cuenta de la influencia y los favores que pide el ministro Ulloa para favorecer ciertos nombramientos en las cortes.
Según conversaciones reveladas por El Mercurio, Ulloa le agradeció a Hermosilla su nombramiento: “Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento”, le dijo Ulloa al abogado penalista el 12 de abril de 2021.
Ese mismo registro de chats da cuenta de que Ulloa intercedió con Hermosilla para apoyar las nominaciones de Ana María Hernández como fiscal judicial (“Misión cumplida. Ya lo hice”, le responde Hermosilla); y luego los de la misma Hernández y el ministro Alejandro Aguilar en ternas para integrar la Corte de Santiago. El 13 de diciembre de 2021 Ulloa le dijo a Hermosilla que era importante interceder por esos nombres: “Quedaron en ambas los candidatos leales y de nuestro sector (…) van en sus respectivas ternas con candidatos de izquierda. Estas serán las últimas ternas que nombrará el Pdte. Piñera”, escribió Ulloa.
Ambos nombramientos fueron finalmente designados por el entonces gobierno de Sebastián Piñera. En esa época, Luis Hermosilla ejercía como asesor en el Ministerio del Interior.
Allanamiento frustrado (hasta ahora)
La investigación de la Fiscalía de O’Higgins que tiene a Ulloa en calidad de imputado, también investiga a Hermosilla y a exasesores de La Moneda que habrían participado en los nombramientos. Por eso los allanamientos que el lunes 24 de marzo planeó el Ministerio Público incluyeron a personeros como Andrés Sotomayor y Pablo Urquizar (vea nota de The Clinic).
La investigación de la fiscalía ya tiene en su poder los celulares, computadores, y el acceso a los correos electrónicos de Antonio Ulloa, y también de Héctor Mery, exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Piñera y actual ministro del Tribunal Constitucional. Esos equipos serán periciados en busca de pistas y pruebas de delitos como tráfico de influencias, soborno, cohecho y prevaricación.
Fuentes de la fiscalía le dijeron a The Clinic que los persecutores también están analizando los fallos que ha firmado Ulloa desde que arribó a la Corte de Santiago.
En suspenso se mantiene la diligencia sobre la Corte Suprema para incautar el cuaderno secreto que contiene antecedentes sobre el ministro Ulloa.
El 21 de febrero pasado el Fiscal Regional de O´Higgins, Aquiles Cubillos, le escribió un oficio al pleno de la Suprema para coordinar la incautación de los documentos, pero no tuvo eco. Tres días después los supremos le respondieron que no podían acceder a lo solicitado: “Esta Corte no está en condiciones de que se materialice la medida”.
El argumento fue que el debate sobre el secreto de los cuadernos elaborados por la Comisión de Ética, es un asunto que se está debatiendo en la Corte de Santiago y también en el Tribunal constitucional.
Consultados en la Fiscalía de O´Higgins, optaron por no responder preguntas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario