Vivir y morir en el estrado: el calvario de jueza que falleció denunciando al Poder Judicial
Sábado 29 marzo de 2025 | 06:10
50.263 visitas
VER RESUMEN
Al borde de la muerte, la jueza María Patricia Rodríguez Aspillaga decidió demandar al fisco por el maltrato sufrido en el Poder Judicial. Tras denunciar a su superior, el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, cercanos aseguran que fue víctima de represalias al interior de la institución a la que sirvió durante más de tres décadas. Y aunque el ministro fue sancionado de manera unánime en primera instancia, la Corte Suprema ―donde trabajó y mantiene contactos― terminó por absolverlo. "Le jodieron los dos últimos años de su vida", comenta el exmarido de la magistrada, quien falleció en febrero. La historia en el reportaje de BBCL Investiga.
―¿Cuál fue mi calificación?
La jueza Patricia Rodríguez cargaba una sentencia de muerte, pero seguía atenta a su maltratada carrera.
Ese día de diciembre pasado, cuando dos de sus amigas magistradas la visitaron mientras guardaba reposo en cama, cuando su diagnóstico de cáncer con metástasis en el cerebro ya estaba claro, cuando ya sabía que nunca volvería al estrado, no dejó de preguntar por sus notas.
―Se retrasaron, aún no han salido ―contestó una de sus colegas del Juzgado de Familia de La Serena. Y mintió.
La verdad era que a pesar de que en la Corte de Apelaciones local estaban al tanto de su estado de salud y de que pronto dejaría el Poder Judicial para siempre, tan sólo uno de los evaluadores le otorgó un 6,7, una nota digna de las que Rodríguez obtenía antes, en los tiempos en que aún no había denunciado junto con sus dos compañeras al ministro Felipe Pulgar por maltrato laboral.
De las tres, Rodríguez fue la que resultó más afectada por el conflicto iniciado en 2023 y las posteriores consecuencias de la denuncia. Según determinó la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), sufría una enfermedad profesional de salud mental ―en concreto, depresión y estrés―, producto de una sobrecarga laboral y por ser objeto de “liderazgo disfuncional”.
Si bien se le otorgaron licencias que se prolongaron por más de un año, al retomar sus actividades sólo se cumplió por tres meses con la rebaja de carga prescrita por la ACHS y luego, sin explicación alguna, volvió el ritmo desenfrenado.
Pero, por lejos, lo que más le dolió fue que su querido Poder Judicial la sancionara con una amonestación privada por la demora en una causa de 2016 ―validando las críticas de Pulgar a su trabajo― y que después la calificara con apenas un 5,36 en 2023, dejándola por primera vez en lista regular.
Había dedicado más de 30 años de su vida al Poder Judicial y no quería irse así, por lo que esperaba con ansias repuntar en sus calificaciones de 2024. Sin embargo, sus amigas sabían que tres de los evaluadores le habían mantenido las notas del año pasado y sólo había obtenido un 5,69 de promedio.
―Las notas ya no importan, Paty, deja de preocuparte ―comentó una de ellas, intentando que se olvidara del asunto.
―Sí importa ―le respondió tajante la magistrada Rodríguez―. Importa, claro que importa.
UNA VIDA DEDICADA AL DERECHO
María Patricia Rodríguez Aspillaga adquirió el derecho como herencia. Su padre, Sergio Rodríguez Garcés, primo del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, fue un destacado procesalista chileno.
A don Sergio, quien ejercía de notario en Santiago, le gustaba tomar apuntes y juntar recortes y más recortes. De sus ocho hijos, sólo uno, Patricia, una chica delgada, de rulos castaño claro, sonrisa amplia y ojos rasgados, siguió su camino.
Patricia se recibió con honores en la Universidad Central, organizó los papeles de su padre y le ayudó a escribir cuatro tomos de manuales de derecho, repartidos en dos obras en las que compartieron la autoría: Derecho Procesal Funcional y Tratado de las tercerías.
En 1991, con 26 años, asumió como oficial 4º del 2º Juzgado Civil de Santiago y siete años después obtuvo su primer cargo de jueza titular en el 2º Juzgado de Letras de Ovalle. Tras pasos por Coquimbo e Iquique, en 2005 fue una de las fundadoras del Juzgado de Familia de La Serena, con la reforma procesal de la materia.
Los abogados que litigaron en su sala la recuerdan como una magistrada excéntrica, a la que le gustaba usar sombreros raros, y de voz firme. “Te podía hablar, en buen chileno, como patrón de fundo, aunque con todos los abogados era igual”, recuerda el legista José Contreras, de la Oficina Local de Niñez de La Serena.
“Era exigente y muy perfeccionista”, comenta Sandra Rivera, abogada especialista en delitos sexuales y magíster en Criminología, quien trabajó con ella como funcionaria suplente de acta en audiencia durante la década pasada.
“Para los flojos mediocres, acostumbrados a marcar el paso, era pesada o maltratadora por su estilo serio y directivo, pero estaba dentro del rol y exigía el cumplimiento de sus funciones. Con ella nunca tuve un drama; las veces que me llamó la atención, siempre me enseñó”, añade Rivera.
Esa voluntad de enseñar, que también resalta Contreras, conformaba parte de su segunda vocación, pues además de jueza era profesora de Derecho Procesal en su alma máter, sede La Serena, desde 2006. Su entusiasmo por la pedagogía la llevó a obtener un magíster en Educación con mención en Docencia en 2017.
En las audiencias, se preocupaba en transmitir las implicancias de sus determinaciones, según recuerda un abogado que litigó frente a ella. “Poseía una muy buena comprensión del interés superior del niño”, asegura el jurista.
Tras las sesiones, se solía quedar conversando con los litigantes, charlas amistosas en las que les recomendaba un libro u otro los abogados. Disfrutaba de su trabajo, hasta que llegó la pandemia.
MÁS DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES
Con sólo cinco jueces titulares, el Juzgado de Familia de La Serena es un tribunal pequeño para estar en una ciudad con asiento de corte. Únicamente Punta Arenas y Coyhaique, con mucha menos población bajo su jurisdicción, cuentan con menos jueces, con cuatro y dos magistrados respectivamente. Mientras, Copiapó y Osorno también tienen cinco sentenciadores, pero igualmente poseen menos habitantes que La Serena.
A lo largo de los años, esto significó siempre un nivel de sobrecarga para las juezas de La Serena. Sin embargo, la situación empeoró considerablemente con la pandemia, al frenarse las audiencias hasta la puesta en marcha del teletrabajo, y luego con la ley que obligó a los tribunales de familia a retener el dinero de los retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para los deudores de pensión de alimentos.
De pronto, el Juzgado de Familia de La Serena aumentó en casi 300% su carga de trabajo, provocando que las magistradas realizaran jornadas maratónicas, de más de 12 horas de lunes a viernes.
La hija de Rodríguez, Catalina Reyes, recuerda que, cuando se despertaba en medio de la noche, solía encontrar a su madre en la oficina de su hogar. “Tú podías asomarte a la una, dos de la mañana, y seguía ahí, en su escritorio, trabajando”, cuenta Reyes.
En julio de 2022, tras hacer una revisión de causas pendientes de resolución, la Corte de Apelaciones de La Serena abrió un procedimiento disciplinario contra Rodríguez por la causa iniciada en 2016, en una decisión de los ministros que incluyó al recién llegado Felipe Pulgar.
LAS PRIMERAS CRÍTICAS
Durante sus años como juez de familia de Viña del Mar, Felipe Andrés Pulgar Bravo se había granjeado fama de experto en la materia. “Es un cabrón, le gusta enrostrar que sabe de familia”, comenta un abogado de la zona.
El magistrado, de actuales 46 años, tez morena, cara y gafas cuadradas y nariz recta, tenía tendencia a “agarrarle mala” a algunos legistas según el mismo abogado, por lo que tenía detractores entre los representantes de la región de Valparaíso, aunque también otros lo admiraban.
Al momento de su nombramiento en la Corte de Apelaciones de la Serena en enero de 2022, ostentaba el cargo de vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces, Operadores Jurídicos de Infancia, Niñez y Adolescencia y contaba con tres magísters en su currículum, entre ellos uno en Infancia, Género y Defensa de Derechos Fundamentales.
Por eso, no era de extrañar que tras su paso como relator de la sala civil de la Corte Suprema volviera a dedicar su atención al área sobre la que más sabía: los tribunales de familia.
Durante su primer año como ministro, además de participar de la resolución que ordenó la investigación administrativa contra Rodríguez, Pulgar fue quien la evaluó con la nota más baja, un 6,30.
En su justificación, argumentó que la jueza se debía preocupar de “brindar una atención más oportuna a los usuarios, sin dilatar la dictación de la sentencia”. Fue tan sólo el preludio, porque a partir de 2023 fue nombrado como ministro visitador del tribunal de familia.
UN LEGAJO DE CAUSAS ATRASADAS
A Patricia Rodríguez, cuando le comentaron que el nuevo ministro visitador iría al tribunal a presentarse a los funcionarios, le pareció interesante. Nunca los anteriores lo habían hecho, por lo que acudió con curiosidad a la reunión fijada para el 9 de enero a las 16:00 horas.
La sala estaba llena, con consejeros técnicos, jueces y personal de administración. Según Rodríguez recordó durante la investigación administrativa contra Pulgar, el ministro comenzó esa tarde con un diagnóstico de la situación del tribunal. A las consejeras técnicas, les comentó que el sistema estaba colapsado por culpa de ellas, porque mandaban muchas cosas que no eran necesarias.
Pese a que a ellas respondieron que no eran responsables de la admisibilidad, el ministro les dio instrucciones de terminar las causas de violencia cuando la persona afectada había expresado que no quería denunciar.
De repente, Pulgar empezó a despotricar sobre la causa atrasada de 2016. “Estaba indignado con esa causa”, comentó Rodríguez en la indagatoria disciplinaria. “Fue humillante. A esa altura el sumario era reservado, por lo que la mayoría de los funcionarios del tribunal no sabían. Al otro día, todos preguntaron, todos sabían de qué se trataba”, expresó la jueza.
No fue la única a la que Pulgar criticó. De acuerdo con Rodríguez, Pulgar también apuntó a su colega Leticia Quezada, que estaba con feriado post-licencia médica, cuestionando que saliera de vacaciones cuando tenía causas atrasadas.
“Mostró un legajo (de causas) y quedé en shock, porque no podía creer que tuviéramos tantas atrasadas, si todo el año habíamos trabajado de sol a sol a sol”, relató más tarde Rodríguez.
El legajo era engañoso pues, en realidad, sólo había una causa pendiente de fallo de la jueza Rodríguez, dos de la magistrada Pamela Pérez y tres de la jueza Quezada. Según denunciaron posteriormente las tres, fue en esa reunión que Pulgar criticó su dirección de audiencias y dijo que no sabían filtrar pruebas.
La magistrada Ana Verónica Naranjo, presente ese día, declaró en el sumario que, tras la cita “ampliada”, Pulgar realizó un encuentro sólo con las juezas, en la que vio bastante afectada a Rodríguez por la información sobre el atraso del tribunal.
“La magistrado Rodríguez se quebró, no la vi llorar, pero dijo: ‘Tengo ganas de llorar"”, contó Naranjo. Según ella, Pulgar la intentó calmar y pasó a otro tema.
EL POLÉMICO INSTRUCTIVO DE AGENDAMIENTO
Pulgar estaba determinado a acelerar el trabajo del tribunal. A su juicio, la clave estaba en limitar el número de pruebas a considerar y el tiempo de las audiencias. Sin embargo, sus ideas no fueron acogidas.
El 22 de marzo, cuando el ministro ya había asumido como presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena por el término de un año, el Pleno del Comité de Jueces del Tribunal de Familia determinó por unanimidad no establecer criterios de radicación de causas en ese sentido.
Es decir, decidió no establecer reglas que comprometieran a un juez con una causa en caso de aceptar una cierta cantidad de evidencia, porque según el tribunal dichas directrices afectaban la independencia judicial para resolver de la mejor forma en distintos casos.
El ministro no aceptó el rechazo y el 20 de abril envió unas “instrucciones de agendamiento”. En ellas, ordenaba continuar las audiencias en la jornada de la tarde si se alargaban y limitaba las pruebas a ser consideradas en la etapa de preparación de juicio. En caso de exceder el número fijado, los magistrados quedaban obligados a continuar la causa en la fase de juicio.
No sólo eso, Pulgar también instruyó al administrador que remitiera semanalmente un consolidado sobre el cumplimiento de las instrucciones y que, en caso de que existiera un incumplimiento, informara el mismo día.
La presión era más que nunca, ya que el 4 de abril el ministro había añadido requisitos para otorgar permisos administrativos en que exigía, al momento de solicitar la autorización, señalar la forma en que se asumiría el trabajo del ausente y si tenía o no fallos en condición de “atrasados”.
El 5 de mayo, Pulgar citó a una audiencia para tratar las instrucciones, en la que las juezas le hicieron ver que él no las había considerado en su creación, que ya estaban sobrepasadas y que se estaba afectando su independencia judicial.
El ministro dijo que el objetivo no era la radicación ni que trabajaran hasta más tarde, sino acortar los tiempos de tramitación, pero no hizo ninguna alusión a retirar las reglas.
Las magistradas Rodríguez, Pérez y Quezada debían tomar una decisión al respecto. Eran las juezas de más antigüedad en el tribunal; sabían que las presiones de Pulgar no correspondían y que el instructivo era ilegal, ya que los criterios de radicación son facultad privativa del mismo juzgado, pero denunciar a un superior eran palabras mayores.
HIJA DE LA JUEZA: “ME PREOCUPABA SU PAZ MENTAL”
Patricia Rodríguez les contó desde el principio a sus tres hijos de los problemas con Pulgar. Cuando les dijo que junto con Pérez y Quezada estaban pensando en denunciarlo por acoso laboral, los dos más jóvenes opinaron que no era tan buena idea.
“Ella sabía que esto iba a ser un tema difícil, un tema largo, complicado. Me preocupaba su paz mental, creía que se tenía que retirar”, comenta Catalina, de 27 años.
Ella se daba cuenta de cómo el estrés laboral y la depresión habían cambiado a su mamá. Siempre había sido una mujer relativamente delgada, pero en los últimos tiempos la ansiedad le ganaba y consumía cada vez más dulces. Además, el exceso de trabajo y la falta de tiempo y ganas la habían llevado a abandonar su hobby de danza árabe.
Aparte, Catalina dice que su madre sabía que si denunciaba le iban a “fregar” la carrera. Rodríguez había ejercido como ministra suplente de la Corte de Apelaciones de La Serena, y acusar a Pulgar implicaba que probablemente no la volverían a considerar para ese rol.
Del lado contrario, el hijo mayor de Rodríguez, Felipe, le decía que peleara: “Estaba súper asustada de tirarse contra un superior, pero si ellas se dejaban pasar por encima, que eran jueces, qué puede esperar el resto del mundo“, explica él.
Finalmente, presentaron la denuncia interna por maltrato laboral y el 8 de mayo la Corte de Apelaciones de La Serena instruyó la investigación.
Las primeras consecuencias fueron que Pulgar dejó su rol como ministro visitador en junio y que, en menos de un mes y medio, la corte de La Serena abrió tres sumarios a la jueza Pérez y uno a la magistrada Quezada. Las tres salieron con licencia médica.
Dos semanas después de presentada la denuncia, el 25 de mayo, la corte sancionó a Rodríguez con una amonestación privada por el retraso de la causa de 2016.
“¿QUÉ DEBÍA HACER?”
Rodríguez siempre argumentó que el retraso se debía a las particularidades de la causa. Se trataba de un caso de pensión de alimentos con una demanda reconvencional de relación directa y regular ―es decir, el demandado pedía el derecho de visitas―.
La jueza detalló que una de las partes había cambiado tres veces de abogado, que cambiaron cuatro veces los curadores ad litem ―representantes del menor―, que había más de 30 causas relacionadas sólo en el Juzgado de Familia de La Serena y, por si fuera poco, se había interpuesto la pandemia.
Sin embargo, según los ministros de la Corte de Apelaciones de La Serena ―entre los que no se encontraba Pulgar, tras haberse inhabilitado―, la tardanza “se debió en parte importante a la negligencia, desidia o falta de diligencia” de Rodríguez.
En el fallo, apuntaron a una serie de reprogramaciones, entre ellas una de diciembre de 2018, cuando Rodríguez pidió un permiso legal; otra de abril de 2019, cuando estaba destinada a labores de redacción de fallos; una tercera de agosto de 2020, que el tribunal reprogramó por la pandemia; y una de octubre de 2021, que la jueza Pérez reprogramó un mes antes porque el tribunal había destinado a la magistrada Rodríguez a labores administrativas.
En su apelación ante la Corte Suprema, Rodríguez intentó hacer ver que gran parte de esas reprogramaciones no pasaron por ella, sino por determinaciones del tribunal.
“Respecto de la audiencia de agosto de 2020 (…), cabe preguntarse, ¿qué debía hacer? ¿Pasar por encima de las atribuciones legales del administrador del Tribunal e intervenir la agenda?“, cuestionó.
Incluso la magistrada apuntó a la misma corte de La Serena por desligarse de su responsabilidad, ya que los permisos legales ―como el de diciembre de 2018 por el que se suspendió la audiencia― deben ser autorizados por el presidente de aquel tribunal, el que también debía estar al tanto del estado de las causas.
Sin embargo, el 28 de agosto el Pleno de la Corte Suprema confirmó la sanción.
CORTE DE VALPARAÍSO CONDENA A PULGAR POR UNANIMIDAD
“Una de las cosas que más la destruyó fue que su amado Poder Judicial la sancionara”, asegura Pedro Reyes De La Maza, exesposo de la jueza. Se conocían desde el colegio, hacía más de 40 años, y, pese a que estaban divorciados, seguían conversando seguido.
Su dolor no sólo se debía a que la institución a la que había dedicado 30 años de su vida la había amonestado, también era porque detrás del fallo resonaban las mismas críticas de Felipe Pulgar a su trabajo.
Para colmo, en diciembre la corte la calificó con apenas un 5,36 de promedio, quedando en lista regular. En sus breves argumentaciones, los cinco ministros calificadores, entre los que no estaba Pulgar, hicieron alusión a la medida disciplinaria.
Hasta ese momento, las juezas sólo habían recibido el respaldo de la Asociación de Magistrados, que en julio de 2023 había acogido un amparo gremial en su favor, confirmando que el instructivo de Pulgar afectaba su independencia.
Aunque Rodríguez estaba decepcionada del Poder Judicial, el 14 de marzo de 2024 recibió una inyección de fe cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había recibido la causa disciplinaria tras inhabilitarse la de La Serena, determinó sancionar al ministro por acoso laboral.
La sentencia fue un mazazo contra Felipe Pulgar. En ella, los nueve ministros del Pleno porteño acusaron que las acciones de su par de La Serena constituían “una hostil extralimitación en su función como ministro visitador hacia las denunciantes, causándoles una afectación emocional”.
Así, en un fallo unánime, la corte dictaminó la medida de amonestación privada para Pulgar, prohibiéndole participar de todos los actos administrativos relacionados a las denunciantes o en que se adoptaran decisiones respecto a ellas.
“Él había trabajado en Valparaíso, entonces que le hubieran dado una sanción era extraordinario”, comenta Reyes De La Maza sobre la sentencia. “Ella estaba contenta… hasta que la dieron vuelta”.
PULGAR, SÍMBOLO DEL PODER JUDICIAL EN FAMILIA
Que un juez de familia ascienda a ministro de corte es raro, según fuentes consultadas por BBCL Investiga. En general, quienes lo hacen vienen de juzgados de garantía o tribunales orales.
En el caso de Pulgar, fue clave su paso por la Corte Suprema como relator de la sala civil. Cuando postuló al cargo de La Serena, obtuvo los votos de ocho supremos en la elaboración de la terna a proponer al presidente de la República, la mayor cantidad de preferencias entre los candidatos.
Al denunciar, las juezas sabían que Pulgar tenía contactos en las más altas esferas del Poder Judicial.
Incluso, durante la tramitación de la causa disciplinaria él mismo sacó a relucir que había sido designado como asesor de los ministros encargados de asuntos de familia Rosa María Maggi, Jean Pierre Matus y Mario Carroza, y que se encontraba liderando dos mesas de trabajo a nivel nacional “por designación del ministro Sr. Diego Simpértigue”.
En este último rol Pulgar se ha convertido, básicamente, en una de las figuras más importantes dentro del Poder Judicial en cuanto al área de familia, por el que dicta charlas a funcionarios y coordina acciones con otros organismos del Estado.
Antes de que saliera el fallo de la Suprema, llegaron comentarios a la jueza Rodríguez sobre que Pulgar había estado visitando a los ministros del máximo tribunal.
SUPREMA: “SÓLO SE PUEDE REPROCHAR AL ACUSADO SU PROACTIVIDAD”
La contundencia del fallo unánime de la Corte de Valparaíso no bastó y finalmente la Suprema decidió absolver a su exrelator por 10 contra dos, con la oposición de Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz Sánchez.
En la sentencia, los supremos comentaron que para que se configure el maltrato o acoso se “requiere un cierto ánimo de hostigamiento”, que no se presentaba en el caso.
“Sólo se podría reprochar al investigado un excesivo celo o proactividad”, concluyeron.
Curiosamente, pese a absolverlo, la Suprema determinó dejar un “llamado de atención” en su hoja de vida por su “falta de prudencia al enviar el instructivo de agendamiento, sin previamente efectuar mayores gestiones que permitieran un entendimiento y acuerdo con las magistradas”.
Entre quienes votaron a favor de la resolución estuvieron los ministros Carroza, Matus y Simpértigue, a los que el mismo Pulgar admitió asesorar. También lo apoyaron las ministras Adelita Ravanales, Ángela Vivanco, Eduardo Fuentes Belmar y María Angélica Repetto, que tres años antes lo habían elegido para la terna de ministro de La Serena.
Dentro de los elementos que el fallo despreció, estuvo el diagnóstico de enfermedad profesional de las tres juezas realizado por la Asociación Chilena de Seguridad.
SUPREMA APUNTA A “OTROS FACTORES CAUSANTES” DE ENFERMEDAD DE RODRÍGUEZ
“Para que la ACHS califique de enfermedad profesional tiene que haber antecedentes muy serios”, comenta un abogado experto en derecho laboral de un prestigioso estudio santiaguino.
Según el jurista, la asociación es “extraordinariamente celosa y restrictiva cuando conoce alguna denuncia por enfermedad profesional, porque se debe a sus socios, que al final son los empleadores”.
En el caso de las tres juezas, la ACHS consideró que uno de los motivos de su padecimiento era que sufrían de sobrecarga laboral, pero en específico sobre Rodríguez añadió que era víctima de “liderazgo disfuncional por hostilidad de la jefatura”, que comprende una serie de acciones llevadas por el superior que son dañinas para el empleado.
Mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso valoró este elemento para acreditar la causa de su padecimiento, la Corte Suprema lo descartó, arguyendo que su dolencia no se le podía achacar a Pulgar porque había también “otros factores causantes”. Aunque, si realmente existían, la Suprema no mencionó ninguno en su fallo.
Pero la Suprema no sólo cuestionó en su sentencia los argumentos de la ACHS. En noviembre de 2023, la asociación había dictaminado medidas de mitigación a favor de las juezas, entre las que se encontraba reducir la carga laboral de las tres.
En el caso de Rodríguez también se mandataba ver la posibilidad de “trasladar al victimario” o que ella realizara teletrabajo mientras se modificaban “las condiciones de riesgo”.
PODER JUDICIAL APELA A MEDIDAS DE LA ACHS
“A ella nunca el Poder Judicial le dijo que la ACHS había decretado estas medidas”, asegura el abogado Israel Pérez Letelier, quien interpuso en diciembre una demanda laboral a nombre de la jueza y que hoy representa a su sucesión.
El único motivo por el que Rodríguez se enteró fue que, a propósito de las acciones legales presentadas contra Pulgar y el Poder Judicial, una de las otras juezas buscó jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) sobre enfermedades profesionales.
En su revisión, halló un dictamen sobre el caso de Rodríguez tras una apelación de la calificación por parte de la ministra Ángela Vivanco, presidenta del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales del Poder Judicial.
La ministra había argumentado ante el organismo que para el Poder Judicial resultaba “en muchos casos complejo o inaplicable las medidas de readecuación o cambio del puesto de trabajo”, ya que los jueces son nombrados por mandato legal.
La ministra también esgrimió que la asociación no mencionaba al “agente de riesgo” con nombre y apellido, por lo que no había nadie realmente a quien trasladar, a pesar de que ella estaba al tanto de la denuncia de Rodríguez contra Pulgar.
En su respuesta, la superintendencia le hizo ver que para cumplir también podían definir con la ACHS “la adopción de medidas de readecuación, tales como ajustes en la distribución de la jornada laboral, separación de espacios u otras”. Más allá de eso, el organismo enfatizó que el Poder Judicial debía acatar.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas, cuando Patricia Rodríguez volvió de su licencia médica, en julio de 2024, no se le dio la posibilidad de teletrabajar ni se cambió de puesto de trabajo a Pulgar. Únicamente se bajó su carga laboral a la mitad, lo que sólo duró tres meses.
A esas alturas, el Poder Judicial incluso había medido el nivel de sobrecarga de los jueces de familia de La Serena y había constatado un exceso de 73% en su trabajo en diciembre de 2023.
Mediante un simple cálculo se puede demostrar que si el 100% corresponde a las 45 horas semanales por contrato, las ministras debían trabajar el equivalente a 77 horas semanales, lo que es igual a más de 15 horas diarias de lunes a viernes.Esto concuerda con lo denunciado por las juezas y los hijos de la magistrada Rodríguez, que la vieron trabajar hasta altas horas de la madrugada.
Tras conocer el informe, el Poder Judicial destinó dos magistrados más al tribunal, pese a que el mismo estudio informaba que se necesitaban cuatro adicionales para evitar la sobrecarga.
Con siete magistrados, el exceso se estimó en 24%, lo que equivale a más de 55 horas semanales, 11 horas de lunes a viernes.
Así, en octubre Patricia Rodríguez volvió a la vorágine y al mes siguiente se desmayó mientras daba clases.
CÁNCER TERMINAL
En los últimos meses, Patricia Rodríguez se había quejado varias veces de que le dolía la cabeza, pero ni ella ni sus amigas le dieron mayor importancia. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada y estaba con medicamentos por el estrés y la depresión, por lo que no eran de extrañar algunos síntomas.
Esa tarde del 13 de noviembre, sus alumnos la notaron mareada. Uno de sus hijos había quedado de ir a buscarla y estaba llegando cuando lo llamaron.
“La llevamos a la clínica Elqui”, cuenta su hija Catalina. “Mi mamá siempre había sido una persona sana, que se hacía chequeos preventivos una vez al año. Nunca pensamos lo que se nos venía”, rememora.
En el recinto asistencial sus hijos la notaron extraña, errática; tras una hora comenzó a convulsionar y la trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos.
Si bien recuperó la conciencia pronto, estuvo una semana hospitalizada mientras le realizaban exámenes. Desde el primer día supieron que tenía tumores en el cerebro, pero el diagnóstico demoró.
Finalmente, el 20 de noviembre le realizaron una biopsia de pulmón y el 4 de diciembre le entregaron la evaluación: cáncer con metástasis en el cerebro.
“Ella nunca supo que le quedaba tan poco tiempo. Nunca fue margen, sólo nos dijeron que en el mejor de los casos eran cinco años. Pero nunca nos dijeron: ‘Oye, puede ser mañana o en un mes más"”, asevera su hijo Felipe.
Al enterarse de su desmayo, el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena en ese momento, Iván Corona, acudió a la Clínica Elqui para conocer sobre el estado de la jueza, pero no pudo hablar con ningún familiar, según aseguró en un escrito de la causa laboral el Consejo de Defensa del Estado. Fue el único ministro que visitó la clínica.
LA RENUNCIA
Según Israel Pérez, representante de Rodríguez y ahora de sus hijos, al momento de su diagnóstico la jueza Rodríguez ya había decidido presentar la demanda de tutela laboral contra el fisco. A pesar de que su tiempo de vida era bastante limitado, no quería renunciar al Poder Judicial.
“Dentro de las medidas que queríamos solicitar en la demanda estaba precisamente que se volviera a reducir la carga de trabajo, porque podía ocurrir el milagro de que Patricia se recuperara. Aunque, sí, era un milagro”, afirma Israel Pérez.
De manera paralela, las tres juezas habían recurrido en noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la ayuda de la abogada experta en la materia Karinna Fernández. En su presentación ante la CIDH, habían solicitado medidas cautelares para proteger su integridad. En específico, pedían el traslado de Pulgar.
Sin embargo, la batalla desde dentro del Poder Judicial había acabado para Rodríguez. El 10 de diciembre, Catalina la encontró convulsionando en su cama.
En la clínica, los doctores le dijeron a sus hijos que tenía síntomas de muerte cerebral, pero no falleció y tras una semana volvió a su departamento. Dos días después presentó su dimisión.
LA ÚLTIMA MENTIRA
“Los ministros sabían que ella se iba a retirar, que se iba a morir, y aun así de los cuatro evaluadores sólo el presidente de la corte [Iván Corona] la calificó con un sobresaliente en 2024, el resto la dejaron en regular“, comenta una fuente del Poder Judicial en conversación con BBCL Investiga.
Pérez y Quezada conocían la calificación porque una de ellas había ingresado a buscar antecedentes al mail de Rodríguez para la presentación de las acciones judiciales.
Cuando la fueron a ver tras su diagnóstico, le mintieron diciéndole que las notas se habían atrasado. En esa ocasión, les impactó que siguiera preocupada por eso en su estado.
Tras su episodio convulsivo, la jueza Rodríguez las volvió a recibir en su habitación, y volvió a preguntar. Tenían que decir algo.
―Quedaste en lista sobresaliente ―dijo una.
Ella se sentó en su cama y no hablaron más del tema.
Mientras tomaban té, comentó cómo le gustaría que fuera su funeral. Dijo que quería que arrojaran sus cenizas al río y mencionó otras cosas que debía dejar listas antes de irse. Se veía en paz.
Poco después, viajó para someterse a radioterapia en Santiago. Las juezas intentaron verla cuando volvió, pero estaba demasiado débil.
Patricia Rodríguez murió en su departamento la mañana del 6 de febrero. De todos los ministros, sólo Iván Corona asistió al funeral.
RODRÍGUEZ APUNTA AL PODER JUDICIAL POR SU CÁNCER
En su demanda de tutela laboral, presentada 41 días antes de morir, la jueza atribuía directamente el cáncer a la situación que había vivido en el Poder Judicial.
“Los profesionales médicos han señalado que el tumor y cáncer avanzaron muy
rápido y por eso no se pudo detectar a tiempo. Es sabido y constatados por diversos estudios médicos que el cáncer es una enfermedad multicausal y dentro de sus causas está el estrés y angustia a la que ha estado sometido el paciente, lo que gatilla el cáncer o produce su rápido avance”, señala el escrito.
Aunque no hay consenso científico, la Sociedad Canadiense del Cáncer señala que “algunos estudios sugieren una relación entre varios factores psicológicos y un aumento del riesgo de desarrollar cáncer”.
Tras su fallecimiento, ahora son los hijos de la jueza quienes mantienen el juicio contra el fisco. “En estos momentos, yo creo que los tres queremos seguir hasta el final”, comenta Felipe Reyes. “El daño ya está. Yo siempre le decía a mi mamá que quizás ellas serían las que cambiarían un poco las cosas en el Poder Judicial”, añade.
“A ella le jodieron los dos últimos años de su vida”, fustiga por su parte Pedro Reyes De La Maza. “Ella siempre fue una defensora del Poder Judicial, y la destruyó descubrir todas las cosas tránsfugas”.
En la demanda de tutela, se requiere que el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago declare que el fisco vulneró la integridad física y psíquica de Patricia Rodríguez, y pague $80 millones por el daño moral causado al incumplir las medidas de mitigación de la ACHS.
Mediante su respuesta, el Consejo de Defensa del Estado aseguró que el Poder Judicial sí había tomado acciones y que la ACHS tampoco había ordenado mover a Pulgar.
“Conforme consta de su tenor literal, (…) en sus prescripciones tampoco impone ni el traslado ni el teletrabajo, sino ‘ver’ la factibilidad de una u otra medida”, arguye el CDE.
El organismo argumenta además que en octubre de 2023, considerando las sugerencias de la ACHS, el Poder Judicial intentó trasladar a Rodríguez al Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena y le permitió el teletrabajo, lo que finalmente nunca se concretó porque la magistrada en ese periodo siguió presentando licencias periódicamente.
Tras el fallecimiento de Rodríguez, Karinna Fernández presentó una petición internacional contra el Estado, también ante la CIDH. En ella, denuncia a nombre de las juezas que se han transgredido sus derechos fundamentales de integridad personal, libertad de expresión, acceso a la justicia, inamovilidad del cargo e independencia judicial.
En su requerimiento, Fernández solicitó medidas para proteger a las juezas Pérez y Quezada, ante el riesgo que corren de “sufrir nuevos hostigamientos y la ausencia de medidas internas adoptadas para salvaguardar sus derechos”.
“EL MINISTRO PULGAR NO TIENE OTRA RELACIÓN CON LA JEFATURA QUE LA ESTRICTAMENTE LABORAL”
La Unidad de Investigación envió seis preguntas al ministro Felipe Pulgar, tras lo cual se recibió como respuesta un escrito de su abogada, Rosa Álvarez.
BBCL Investiga había consultado al ministro si había hablado con ministros de la Corte Suprema tras el fallo en su contra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ante ello, Álvarez se limitó a contestar que Pulgar “no tiene otra [relación con la jefatura] que no sea la estrictamente laboral, que posee cualquier ministro de corte cuando ejerce labores de presidente o que participa en comisiones de trabajo en beneficio de la comunidad y de la institución”.
La abogada recalcó que “el Poder Judicial cuenta con un Protocolo de acoso y maltrato laboral, el que en su art. 2 señala expresamente que NO constituirá maltrato laboral ‘solicitar el cumplimiento de las labores propias del cargo y que pudiesen corresponder al nivel de responsabilidad y grado con el que la persona es remunerada"”.
BBCL Investiga también consultó a Pulgar qué había aprendido en las sesiones de coaching realizado a los ministros de la Corte de Apelaciones de La Serena, una de las medidas acordadas con la ACHS.
Al respecto, Álvarez simplemente escribió que el proceso de formación “le permitió al ministro Pulgar adicionar herramientas a las que ya detentaba”. Por otro lado, no contestó si el ministro estaba al tanto de que Rodríguez trabajaba constantemente hasta altas horas de la madrugada.
En tanto, la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Marcela Sandoval, aseveró en un comunicado enviado a BBCL Investiga que la indagatoria interna “se sujetó estrictamente a los principios del debido proceso, en donde cada parte pudo ser oída, presentar su prueba y deducir los recursos pertinentes”.
Desde la Corte Suprema dijeron que no se referirían al tema.
Por su parte, la Asociación de Magistrados destacó su “rol activo en la contención y apoyo a las magistradas” y la decisión de “otorgar un amparo gremial a las juezas, y así cumplir con el mandato de representar y proteger los intereses” de sus asociados.
El pasado 8 de marzo, Patricia Rodríguez fue reconocida póstumamente por la asociación regional de magistrados en el Día de la Mujer, actividad a la que asistieron dos de sus hijos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario