"¿De qué otros privilegios nos vamos a enterar en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas, qué otros tratos especiales quieren volver a tener con los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar?", cuestionó el exministro de Justicia
El exministro de Justicia Jaime Gajardo lanzó una dura advertencia a José Antonio Kast, al señalar que si el mandatario decide devolver el ex Penal Punta Peuco a su condición de cárcel especial para exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, esta acción representaría un retroceso en materia de garantías fundamentales.
“¿Qué otros privilegios quieren restablecer para los criminales de Punta Peuco?”, indicó el ex secretario de Estado en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, luego de que Gendarmería dispusiera el traslado de reos comunes desde el Centro Penitenciario de Til Til hacia otras cárceles del país. La medida, que el organismo penitenciario justificó como una gestión técnica basada en solicitudes voluntarias de los internos, encendió las alarmas sobre el posible retorno de condiciones privilegiadas para criminales de lesa humanidad.
El académico de la UDP cuestionó el traslado, argumentando que bajo el gobierno anterior del expresidente Gabriel Bse había avanzado hacia la eliminación de privilegios carcelarios. “Esta es una decisión que revierte el hecho de que existan penales comunes para todas las personas que han cometido delito y que no existan privilegios para ciertos criminales que, además, han cometido los delitos más graves que establece la legislación nacional e internacional”, planteó.
El exsecretario de Estado no solo criticó el actuar del actual gobierno de ultraderecha, sino que también recordó que incluso la administración de Sebastián Piñera había cerrado el Penal Cordillera en 2013, un antecedente que contrasta con la línea que hoy impulsa Kast.
“Lo que es desconcertante y preocupante es qué otros privilegios quieren restablecer para los criminales de Punta Peuco”, preguntó Gajardo, abriendo una interrogante sobre eventuales nuevas medidas que busquen favorecer a los exuniformados encarcelados por delitos de lesa humanidad.
«¿De qué otros privilegios nos vamos a enterar en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas. Qué otros tratos especiales quieren volver a tener con los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar'», enfatizó.
El abogado señaló que en el discurso presidencial del 1 de junio se podrían anunciar más concesiones, y llamó a la ciudadanía a estar atenta a lo que calificó como “una señal de franco retroceso para la protección de los derechos humanos”.
»Ojalá que en el discurso presidencial del primero de junio no nos enteremos de más”, apuntó en declaraciones al medio citado.
Mientras tanto, desde el gobierno de Kast, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, han sostenido que los traslados de reclusos responden a criterios técnicos de Gendarmería y no a una instrucción política.
Sin embargo, Gajardo puso en duda esa versión y aseguró que el actual mandatario sí está revirtiendo lo hecho por administración de Boric.
El exministro también respondió a su sucesor, Fernando Rabat, quien calificó la política del gobierno anterior como “ideológica” y dejó en claro que la existencia de cárceles comunes no tiene nada de ideológico, sino que “honra y fortalece nuestro estado de derecho”, ya que la Constitución prohíbe grupos o personas privilegiadas.
Reforma a la Constitución para excluir crímenes de lesa humanidad de indultos
El debate se ha extendido hacia la posibilidad de que el mandatario de ultraderecha indulte a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Frente a ello, Gajardo propuso reformar la Constitución para excluir los crímenes de lesa humanidad de cualquier facultad indultaria, tal como ya se hizo con el terrorismo en 1991.
“Perdonar el delito de lesa humanidad por parte del jefe de Estado es una muy mala señal”, insistió, y reveló que en una reciente reunión con el ministro Rabat le advirtió que el gobierno está rompiendo las confianzas con los familiares de víctimas.
“Lamentablemente, por las distintas acciones que se han tomado, creo que no va a ser posible” mantener un compromiso profundo con los derechos humanos, concluyó el exministro, dejando en el aire la pregunta que él mismo formuló: ¿qué otros privilegios vendrán?
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