Tras el revés judicial sufrido por el gobernador del Biobío, el tribunal remitió antecedentes al Ministerio Público para investigar a sus representantes legales por eventual prevaricación, mientras Fernando Saenger aparece en archivos de prensa vinculados a causas de la ex Colonia Dignidad, Roberto Coloma fue seremi de Justicia y coordinador de la Macrozona Sur durante el gobierno de Piñera
EL CIUDADANO
El revés judicial que sufrió el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, no solo terminó con el sobreseimiento de la querella que impulsó contra El Ciudadano, sino que derivó en una condena en costas y, lo más grave, en la remisión de antecedentes al Ministerio Público para investigar a sus propios representantes legales, los abogados Fernando Saenger Gianoni y Roberto Coloma Del Valle.
Lo que parecía una acción penal por injurias dirigida en contra de la exdirectora de este medio Josefa Barraza, y su actual director, Javier Pineda, a raíz de una publicación en redes sociales que, según la querella atentaba contra la honra de la autoridad regional se transformó en un boomerang judicial que expuso presuntas maniobras fraudulentas y puso bajo la lupa penal el pasado y los vínculos de estos dos litigantes.
El boomerang judicial y la investigación por presunta prevaricación
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Barraza y Pineda, sobreseyendo definitivamente la causa y condenó a Giacaman al pago íntegro de las costas del juicio en favor de los querellados y despachó los antecedentes al Ministerio Público para investigar la eventual comisión de delitos —como la prevaricación— por parte de los representantes legales del gobernador, los conocidos abogados penquistas Fernando Saenger Gianoni y Roberto A. Coloma Del Valle
Ambos profesionales presentaron una querella idéntica ante otro tribunal después de que la primera fuera declarada inadmisible, ocultando ese antecedente. Ante esta conducta, el juzgado despachó los oficios a la Fiscalía para que se lleve a cabo la indagatoria.
Fernando Saenger y sus vínculos con Colonia Dignidad, la dictadura y la Iglesia
El nombre de Fernando Saenger no es nuevo en los anales de la justicia chilena, el abogado, que suele ofrecer sus servicios en causas de alto voltaje, arrastra un historial de representación jurídica directamente vinculado a la ex Colonia Dignidad.
Durante décadas, actuó como uno de los principales defensores de los intereses del enclave alemán fundado en 1961 por el líder nazi Paul Schäfer y posteriormente convertido en un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico militar de Pinochet.
Saenger asesoró sus miembros y participó en estrategias legales que buscaron proteger los bienes y la impunidad de sus líderes, incluido el médico Hartmut Hopp, brazo derecho de Schäfer.
De hecho defendió a Lionel Beraud, el mismo juez que en 1997 acogió un amparo y anuló una orden de detención contra el supuesto doctor y además presentó una demanda laboral por supuestos sueldos impagos a los mismos colonos, que hizo posible que los bienes quedaran en manos de sus dueños originales., consignó El Mostrador.
Su red incluye al régimen castrense de la dictadura y apoyó a la Junta durante la transición a la democracia. Tampoco dudó en ofrecerse para defender a los magistrados de la Corte Suprema nombrados por Augusto Pinochet como es el caso de Hernán Cereceda, quien se desempeño como ministro del máximo tribunal entre 1985 y 1993, año en que fue destituido en un proceso de acusación constitucional por abandono de sus deberes en una causa de derechos humanos.
Otra faceta de su influencia se vincula con los sectores más tradicionales de la Iglesia y llegó a brindar asesoría gratuita en la investigación contra el sacerdote de Negrete, Enrique Valdebenito, quien enfrentó cargos por supuestos abusos sexuales que le imputaban dos monaguillos, de 10 y 12 años y fue absuelto por la Suprema.
Esta conexión con el régimen de Pinochet y el enclave de tortura y abuso sexual no es un dato menor: la misma destreza jurídica que usó para blindar a los colonos es la que hoy la justicia investiga por presuntamente engañar a los tribunales en favor de una autoridad regional.
El cuestionado paso de Roberto Coloma por el poder y la Macrozona Sur
Por su parte, Roberto Coloma aporta a la dupla un perfil marcadamente político. Lejos de ser un litigante anónimo, Coloma se desempeñó como seremi de Justicia y, más tarde, como coordinador de la Macrozona Sur en la regioón del Bioobío durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En ese rol, fue pieza clave en la gestión de la crisis de violencia en el territorio, manejando desde el poder las aristas legales y políticas del conflicto mapuche.
Coloma llegó al cargo en noviembre de 2020 y en diciembre de 2021 presentó su renuncia luego de emitir unas polémicas declaraciones en las que responsabilizó a la “extrema izquierda” de los hechos de violencia en la región.
Tras su salto desde las altas esferas del poder ejecutivo a la defensa privada de un gobernador del mismo sector político, su actuación en el caso contra El Ciudadano será investigada por la Fiscalía, para determinar si traspasó los límites de la ética profesional e incurrió en prevaricación.
Mientras Giacaman enfrenta el revés judicial y las costas económicas, la verdadera secuela de este episodio apunta directamente a sus abogados, ya que la justicia deberá determinar si existió un plan para burlar la competencia de los tribunales. Lo que comenzó como un intento por silenciar y penalizar a un medio de comunicación se ha convertido en una indagatoria penal que amenaza con desnudar las peores prácticas del sector judicial.
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