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martes, 3 de junio de 2014

Juez Carroza procesa a ex uniformados por violaciones a los DD.HH.

Escrito por Radio U. de Chile 

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento en tres causas por violación a los derechos humanos, perpetradas entre 1973 y 1975, en la Región Metropolitana, y que incluye a agentes de Estado.
En la primera resolución, el magistrado procesó a los miembros en retiro de Carabineros Alan González Morán, Luis Solís Lillo, Hugo Pizarro Wittemberg y José González Inostroza, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Sergio Alcapia Cienfuegos y Juan Carlos Valle Cortés y el secuestro calificado de Juan Ortiz Moraga, ocurridos el 21 de octubre de 1973.

 
De acuerdo a la investigación, el magistrado logró determinar los siguientes hechos: “El día 21 de octubre de 1973, a las 12:15 horas, Juan Ortiz Moraga, Juan Carlos Valle Cortés y Sergio Alejandro Alcapia Cienfuegos son detenidos en la vía pública por personal de la subcomisaría Recoleta, Carabineros Juan Aros Ojeda y Luis Solís Lillo, luego trasladados hasta la mencionada unidad policial y entregados al suboficial de guardia Alan González Morán, encontrándose en ese turno de cuartelero el carabinero Hugo Pizarro Wittemberg, y como subcomisario el entonces capitán José Alejandro González Inostroza. Sus familiares al ver que no llegaban a sus hogares, emprendieron búsquedas en distintos lugares, encontrando finalmente los cuerpos de Sergio Alejandro Alcapia Cienfuegos y de Juan Carlos Valle Cortés en el Instituto Médico Legal. Los informes de autopsia  Nº 3447 de Sergio Alejandro Alcapia Cienfuegos y Nº3448 de Juan Carlos Valle Cortes, consignan que sus restos fueron hallados en el kilómetro 12 de la carretera General San Martín el 21 de octubre de 197; el primero, señala como hora de accidente a las 15:30 horas  y el segundo a las 11:45 horas falleciendo ambos a las 23:00 horas, a consecuencia de heridas de bala craneoencefálicas con salida de proyectil. A su vez, respecto del tercer detenido, Juan Ortiz Moraga, este es visto por última vez con vida al interior de la subcomisaría de Recoleta, ignorándose desde entonces su paradero”.
En la segunda resolución, el ministro Carroza procesó al ex director la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, por su responsabilidad en el secuestro calificado de Mónica Llanca Iturra, ocurrido a partir del 6 de septiembre de 1974.
De acuerdo a los antecedentes de la causa: “El día 6 de septiembre de 1974, en presencia de su cónyuge y cuñada, es detenida ilegalmente Mónica Llanca Iturra, en su domicilio, por orden del jefe de la agrupación Caupolicán, Marcelo Moren Brito, mandato cumplido por cuatro agentes de la DINA pertenecientes a la agrupación Halcón, que era comandada por Miguel Krassnoff Martchenko, e integrada por los agentes Osvaldo Romo Mena, Basclay Zapata Reyes y un cuarto no identificado; Llanca Iturra es trasladada a distintos recintos clandestinos de detención, en el último de estos, denominado Cuatro Álamos, a cargo de Orlando Manzo Durán, es conminada a salir de su celda bajo la frase “Puerto Montt”, expresión que en la investigaciones de los distintos procesos sobre Derechos Humanos, se ha llegado a la conclusión que significa que el detenido (a) sale a ser ejecutado, siendo estas las últimas noticias que se tienen de la víctima”.
En la tercera resolución, el magistrado encausó a los oficiales de Carabineros en retiro Sergio Ávila Quiroga e Ismael González Vega por su responsabilidad en el homicidio de José Quiroz Opazo, ocurrido el 27 de octubre de 1975, en la Región Metropolitana.
De acuerdo a los antecedentes de esta causa: “José Domingo Quiroz Opazo, apodado “El Chino Quiroz”, partícipe de una fracción del Ejército de Liberación Nacional llamada “Elenos”, era intensamente buscado por los servicios de seguridad, toda vez que se le vinculaba desde octubre de 1974 a un asalto al Banco de Chile sucursal Huelén y a otro asalto perpetrado en el mes de agosto de 1975, a un pagador de la Universidad Técnica del Estado. En esa investigación, personal del Servicio de Inteligencia de Carabineros SICAR, dio con su paradero el día 27 de octubre de 1975, cerca del mediodía, en el interior de un taller de cromados ubicado en Avda. San Pablo, oportunidad en que ingresan al lugar el capitán Sergio Ávila Quiroga y el teniente Ismael Eduardo González Vega y consultan por un sujeto apodado “El Chino”, una vez que le señalan cuál de ellos  era, proceden a abrir fuego contra la víctima y darle muerte en el lugar. Quiroz Opazo fallece a raíz de una herida de bala craneoencefálica, cuya trayectoria en cráneo es de delante a atrás, abajo arriba y de izquierda a derecha, y otra herida cuya trayectoria es delante atrás, de arriba abajo y ligeramente de derecha a izquierda, ambas complicadas con salida de proyectil”.

La Ley Antiterrorista y la criminalización de la causa mapuche

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Preso mapuche
 
La actual ley antiterrorista, Ley N° 18.314, es una herencia de la dictadura militar. Fue en el año 1984 que la Junta Militar decretó su existencia con el objeto de perseguir y aniquilar a los opositores. Ella señalaba como acciones terroristas el secuestro, la destrucción de aeronaves, intentos de magnicidio, atentados con explosivos y envenenamiento de aguas, entre otras. Posteriormente, en 1991, en plena “democracia”, se incluye el delito de incendio.
Como ya ha quedado ampliamente registrado, esta ley provocó un sinnúmero de actos de violación a los derechos humanos durante todo el periodo dictatorial. A su vez, ella fue nuevamente utilizada en los primeros años de la Concertación, que buscó afanosamente perseguir y aniquilar a los grupos subversivos que mantenían estrategias político militares y, posteriormente, para ser aplicada en contra del movimiento mapuche autónomo.
Sin embargo, debemos precisar que, una vez que irrumpe con fuerza el movimiento mapuche, las primeras medidas represivas fueron otras leyes y jurisprudencias, como la Ley de Seguridad del Estado (Ley N° 12.927), creada en los años 50 y reformada y perfeccionada durante la dictadura como mecanismo represivo para el control político. Será con la instauración de la reforma procesal penal y la presión de los grupos económicos, que se fortalecieron los argumentos jurídicos para el uso de la Ley Antiterrorista contra la causa mapuche, pues ella tiene un carácter punitivo más fuerte y de mayor alcance represivo que la ley común.
Su estreno se produjo el año 2002, cuando se presentaron las primeras querellas por parte del gobierno de Ricardo Lagos, las que derivaron en dos sendos procesos investigativos de persecución en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno, que tuvo más resonancia publicitaria, en la lX Región, conocido como Asociación Ilícita Terrorista y cuya consecuencia inmediata fue la detención y prisión de una veintena de militantes y dirigentes mapuches como la Chepa, Llaitul, Norín, Huenchunao, Pichún, entre otros. Paralelamente y como resultado de querellas invocando la Ley Antiterrorista presentadas por autoridades locales, entre ellas Rodrigo Peñailillo, cuando era gobernador de Arauco, se abrió otra investigación en el Tribunal de Cañete, que derivó en la misma figura de Asociación Ilícita Terrorista en contra de la CAM, pero esta vez en la VIII Región.
Ambas causas siguieron sus propios cursos, pero finalmente no prosperaron, ya que los comuneros detenidos fueron sobreseídos, y los imputados absueltos después de pasar más de un año presos.

Los casos donde sí hubo condena en base a la Ley Antiterrorista son los conocidos como: el caso de los loncos (Pichún y Norin), el caso Ancalaf y el caso Poluco-Pidenco, en los cuales todos los procesos tuvieron condenas entre 5 y 10 años.
Durante el último período de Ricardo Lagos y durante todo el gobierno de Michelle Bachelet hubo innumerables presentaciones de querellas que derivaron en procedimientos con resultado de cárcel para decenas de mapuches, pero con el tiempo, producto de las movilizaciones del pueblo mapuche, denuncias internacionales, acuerdos y negociaciones, muchos de estos procesamientos fueron retirados o se vieron abortados y no hubo condenas por la Ley Antiterrorista. Pese a que entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de Bachelet invocó la Ley Antiterrorista en siete causas, con un total de 54 comuneros mapuche imputados por delitos terroristas.
La última ocasión donde se utilizó la Ley Antiterrorista y se condenó a dirigentes mapuche de acuerdo a su normativa fue la causa conocida como “la emboscada al fiscal Elgueta”. En las distintas fases de este proceso, se utilizaron todos los mecanismos que permite esa ley, desde la querella hasta los procedimientos jurídicos-policiales, de investigación, de prisión preventiva y el uso de la figura del testigo protegido. Con ello se produjo un cúmulo de documentación judicial frente a la cual al tribunal no le queda otra cosa que estimar los estándares de prueba que presenta el Ministerio Público, principalmente las declaraciones del testigo protegido, lo que rompe todo principio de debido proceso.
Sobre la utilización del testigo protegido, no entraremos en mayores detalles, salvo reafirmar que su uso contraviene tratados internacionales ratificados por Chile y que actualmente están vigentes, como son el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros organismos de la ONU. El uso de testigos protegidos ha sido fuertemente cuestionado porque representa una limitación inaceptable del derecho a la defensa. Y es particularmente grave si las pruebas o testimonios que presentan son cruciales para la acusación y una condena que puede depender de ellas.
Resulta indiscutible que el anonimato de los testigos amplíe el margen de falso testimonio, inducido por posibles sobornos, extorsión o manipulaciones, incluso derechamente la compra de testigos.
Se requiere de un análisis exhaustivo por parte de especialistas en materia de los derechos humanos acerca de cómo ha operado la Ley Antiterrorista en las distintas causas contra comuneros mapuches, especialmente de la figura del testigo protegido, para entender su impacto negativo. Ello es necesario para captar por qué este instrumento jurídico-político, de corte absolutamente ilegítimo e inmoral, es nuevamente utilizado para hacer frente a un pueblo que demanda sus derechos fundamentales.

Cómo opera la injusticia

Todo comienza cuando ocurre un hecho que tiene componentes de fuerza política por parte de un sector organizado del pueblo mapuche, que en determinadas condiciones genera violencia, independientemente de si se trata de una protesta, reivindicación o es parte de un quehacer más político estratégico. Siempre es el Estado el que define, por presión de los poderes económicos o políticos dominantes, la forma de criminalización de esa acción. Ello se acompaña siempre con una fuerte campaña mediática que presiona por una calificación de terrorismo y que termina cuando el Gobierno se querella ante los tribunales. Entonces ya han construido la “realidad terrorista”.
Una vez presentada la querella, los tribunales otorgan poder a los fiscales y policías para que apliquen todas las medidas y procedimientos que les garanticen el uso de esa Ley, con prerrogativas para acciones que rayan en la ilegalidad y la absoluta impunidad o falta de responsabilidad. Siempre con grandes recursos, que les permiten incluso tener informantes pagados y agentes infiltrados.
Una vez que se determina la prisión preventiva, estamos frente a la “realidad terrorista perfeccionada”, con las más diversas acusaciones producto de las mentes de los fiscales y querellantes, instalando un discurso oficial de condena previa. Se trata de una larga prisión preventiva que supera con creces el tiempo determinado para la investigación.
Durante dicho periodo se establece también el “secreto de la investigación” que permite la manipulación y confección de pruebas, a través del reclutamiento de “testigos secretos”, obtención de muestras de sangre o saliva, muchas veces a la fuerza, reconstituciones de escena, etc. Siempre desconocidas por la defensa de los imputados.
La utilización de testigos secretos requiere de un trabajo de reclutamiento, a través de la tortura, extorsión o pago. Estos jamás se presentan de manera espontánea como los testigos comunes, más bien son llevados ante el tribunal a la fuerza.
Rrespecto del “Testigo 26” en el caso Elgueta y Jorquera, el comunero Elcides Pilquiman, se trata de un ex reservista del Ejército, que trabajó como guardia privado y presenta antecedentes penales. Antecedentes desconocidos por el Tribunal en el momento del juicio, debido a su calidad de “testigo secreto”. No obstante, dos de los jueces del Tribunal Oral de Cañete y posteriormente la propia Corte Suprema, validaron dicho testimonio como única prueba para condenar. El testimonio del “Testigo 26” tiene la exclusividad como prueba para la condena que hoy cumplimos Ramón Llanquileo y yo.
El Juicio Oral con Ley Antiterrorista de por medio tiene los mismos vicios. Es el resultado de todas las violaciones cometidas en contra del debido proceso en la fase previa, concediendo legitimidad a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sobre todo en el caso en que el Tribunal valida dichas pruebas a la hora de determinar la condena. En el caso Llanquileo/Llaitul el testimonio del “Testigo 26” fue considerado en todas las instancias del proceso, llegando hasta la Corte Suprema, cuyos expertos jueces rechazan la veracidad de dicho testimonio en el “Caso Elgueta”, rebajando a 10 años la condena de los dirigentes de la CAM, pero, extrañamente, validan su testimonio en el “Caso Jorquera”, ratificando la condena del tribunal de Cañete.
Cabe mencionar que debido a que el Tribunal Militar no consideró el testimonio del “Testigo 26”, los dirigentes de la CAM fueron absueltos, lo que demuestra que no existían otras pruebas. Con esto se podría concluir que los Tribunales Militares son más garantistas que los civiles.
Es por ello que el último relator de las Naciones Unidas que visitó a los presos políticos mapuche insistió y recomendó:
“A quienes hayan sido condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos se debe dar el derecho a que sus condenas sean revisadas y, en su caso, sea ordenado un nuevo juicio que tendría lugar bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurrir a testimonios anónimos”.
La existencia de una Ley Antiterrorista nace, existe y se moderniza con el objetivo de perseguir y reprimir a un supuesto enemigo interno, cuya existencia es construida a la fuerza por quienes ven sus intereses amenazados. Es decir, nace en contra de los movimientos anticapitalistas y, en nuestro caso particular, del Pueblo Nación Mapuche.
Frente a ella, nuestra posición es una sola: estamos en contra de la existencia de esta Ley Antiterrorista y no vamos a participar en los debates sobre su modificación, modernización o ajuste. Dicha ley existe para perseguir a los movimientos sociales, y criminalizar sus justas demandas. En Chile no existe terrorismo y menos en la causa mapuche. El despojo, el abuso y la discriminación es lo que ha vuelto a gatillar una resistencia contra el modelo económico-social imperante.

Tras reunión de la Confech con la denominada "bancada estudiantil"

Melissa Sepúlveda: al no tocar los colegios particulares pagados “se mantiene la lógica del apartheid educativo”

La presidenta de la FECh manifestó que "si el gobierno no quiere abordar el problema de una manera tansversal, de una mirada amplia donde el eje central apunta a acabar con la segregación, que es el mejoramiento de la educacicón pública, entonces creemos que es una reforma que en ningún caso es la gran reforma de los últimos 50 años y que en ningún caso hoy día va a a atacar los pilares de la educación de mercado".
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Luego de reunirse la tarde de este lunes, los diputados que forman parte de la denominada “bancada estudiantil” dieron su respaldo a la demanda de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) de contar con una mayor participación en la discusión de los proyectos de la reforma educacional que fueron enviados al Parlamento.
“Sabemos que (la reforma) apunta en una buena dirección, sin embargo falta la participación de los actores”, dijo Camila Vallejo (PC) durante una conferencia de prensa conjunta con las presidentas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Melissa Sepúlveda, y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Naschla Aburman.
Esta última reiteró que no basta con las reuniones que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, ha sostenido con los estudiantes, ya que a su juicio hacen falta “espacios participativos, en una mesa de discusión más amplia” que hasta el momento no existe. Y sostuvo que prueba de ello es que las iniciativas para terminar con el lucro, la selección y el financiamiento compartido ya están en el Congreso con “cambios que apuntan a una dirección contraria a la que los movimientos sociales han planteado”.
Se quejó de que “no ha existido participación, no ha existido incidencia en esos contenidos y no están las visiones de los actores de la educación”.
Naschla Aburman puso énfasis en que la solución para esto “no pasa sólo por un anuncio del gobierno, sino que por un profundo compromiso que se vea reflejado en los hechos tanto como en el discurso. Y eso hasta el momento no ha pasado”.
Melissa Sepúlveda, por su parte, dijo que los cambios se han hecho “de espalda a la gran mayoría del país y sin poder contribuir”.
Consultada por las aprensiones frente a los cambios por parte de  padres y apoderados, cuyos representantes se reunieron durante la presente jornada con Eyzaguirre, manifestó que “desde el movimiento social entendemos las preocupaciones que se generan por padres y apoderados cuando hoy día el gobierno prefiere dejar en libertad a los sostenedores que tener mecanismos claros para fortalecer la educación pública en nuestro país y que sea no solamente una alternativa, sino que la mejor alternativa para todas esas familias que hoy día, lamentablemente, tienen que optar por sistemas particulares subvencionados o porque no encuentran una alternativa real o la mejor alternativa en el sistema público”.
En ese sentido, afirmó que “la medida más potente contra la segregación es el fortalecimiento de la educación pública, es mejorar las condiciones laborales de los profesores, mejorar las condiciones en el aula, es abordar también el tema de la infraestructura”. Sin embargo, considera que “hoy día se ha preferido seguir permitiendo el lucro y la selección en un sector”.
Y apuntando directamente al hecho de que la reforma no toca al 7,0% de colegios particulares pagados, manifestó que es signo de que en el país “se mantiene la lógica del apartheid educativo, donde algunos tienen la mejor educación y otros tienen la educación para pobres, que es la de mala calidad. Entonces, si el gobierno no quiere abordar el problema de una manera tansversal, de una mirada amplia donde el eje central apunta a acabar con la segregación, que es el mejoramiento de la educación pública, entonces creemos que es una reforma que en ningún caso es la gran reforma de los últimos 50 años, que en ningún caso hoy día va a a atacar los pilares de la educación de mercado”.

lunes, 2 de junio de 2014

Los grupos políticos que lideran al Instituto Nacional, en toma contra la reforma de Bachelet

Ricardo Ahumada

Con un petitorio hecho público este fin de semana, los estudiantes institutanos llevan dos semanas intentando ponerse de acuerdo en sus debates internos, aunque existe consenso con el rechazo a la reforma y a la manera de movilizarse. Oponiéndose por segundo año consecutivo al ranking de notas, exigiendo participar de la elección del próximo rector y criticando duramente los proyectos que integran la reforma educacional impulsada por el Gobierno, el primer foco de luz trata de integrar las visiones de sus distintos colectivos políticos internos y darle contenido a una protesta incomprendida por entendidos y ciudadanos a pie.


“Consideramos que la reforma no apunta a cambiar el paradigma principal de la educación, entendida en la lógica del mercado y el consumo, desligada de su rol público y protagonista del desarrollo social del país”.
Así comienza el análisis sobre al reforma educacional que los alumnos del Instituto Nacional construyeron en su petitorio 2014, por el que se han movilizados desde hace dos semanas y por el que se encuentran en toma desde el jueves pasado.
Un petitorio hecho público este sábado y que defiende una toma incomprendida por el ciudadano de a pie, que no entiende cómo el primer “Foco de Luz” se opone a los proyectos que ha presentado el gobierno y que prometen acabar con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos educacionales.
Movilización que ha tenido duras críticas desde el municipio y el parlamento y que ha marcado un fuerte debate interno sobre el rol de los institutanos en el movimiento estudiantil. Este, aunque aúna un consenso en las demandas principales de la movilización, ha revelado las diferencias entre los grupos políticos más tradicionales y los colectivos que han aflorado en los últimos años, que han tomado un protagonismo hasta ahora impensado.
Política institutana
Xavier Opazo, alumno del cuarto medio y militante de la Juventud Socialista, es el presidente del Centro de Alumnos del establecimiento (CAIN) 2014. Aunque su partido tomó el mando de la representación estudiantil del establecimiento ganando las respectivas elecciones, los estudiantes más radicales los ven con desconfianza, tomando en cuenta el nexo con el gobierno de la Nueva Mayoría.
Sin embargo, Opazo ha tenido varias apariciones públicas junto al vocero de la Cones y simpatizante de las Juventudes Comunistas, Ricardo Paredes, en las que han criticado públicamente la reforma y la posición del gobierno frente al movimiento estudiantil.

Aún así, algunos estudiantes dicen no creer en la verdadera postura de Opazo. “En el Instituto y el Darío Salas se fueron a toma en la misma fecha y los dos colegios, que siempre ‘la llevan’ al momento de comenzar las tomas, ahora tienen centros de alumnos de la Nueva Mayoría. Da como para desconfiar”, dice un estudiante opositor al CAIN.
Opazo dice que esas críticas son infundadas y que las demandas del IN son de carácter nacional, aún cuando el petitorio será entregado al municipio. “Esperamos que esto llegue directamente a la legislación, a los parlamentarios y hacia el Gobierno de Chile porque son ellos los que tienen que responder a estas demandas”, dice.
Este fin de semana, el concejal Ismael Calderón, de su mismo partido, acusó a los estudiantes de ese establecimiento de tener ideas anarquistas y fascistas, lo que claramente no ayuda a pensar en la separación entre el partido y el centro de alumnos actual.
Desde el 2011, año del estallido estudiantil, el CAIN estuvo dirigido por izquierda independiente y los dos últimos por el colectivo interno Fuerza de Izquierda (FI). Eso sí, aunque el presidente en aquella época -José Soto- era independiente, este año comenzó a militar formalmente en el movimiento Revolución Democráctica, de Giorgio Jackson y compañía.
El 2012, con Gabriel González, y el año pasado con Rodrigo Jaeschke, el FI mantuvo la presidencia. El colectivo, que es considerado como “moderado” y de una izquierda progresista, es hoy uno de los actores relevantes en el debate político al interior del liceo.
Pero junto a ellos, es otro el grupo que ha generado más ruido en el último tiempo, sobre todo este año. Se trata del CAL, Colectivo de Acción Libertaria, colectivo de izquierda revolucionaria (rojinegra), muy similar a la línea del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), que hoy tiene presencia en varias federaciones estudiantiles y lidera la más importante de ellas, la Fech, con Melissa Sepúlveda a la cabeza.
Un grupo sindicado como el responsable de la toma de estas últimas semanas, que ha logrado imponer su visión con los otros alumnos a pesar de tener menos participantes y que en las asambleas se ha visto defendiendo con fuerza las críticas al gobierno y a la reforma prometida por la segunda administración Bachelet.
Todo este panorama, es sin tomar en cuenta la división entre Cones y Aces, las dos organizaciones estudiantiles más grandes. A pesar de que los CAIN siempre han sido ligados a la Cones y su participación en ellos es preponderante, el establecimiento no ha definido el ingreso de su centro de alumnos de manera formal a la Confederación de Estudiantes Secundarios. La Aces, por su parte, tiene presencia de la misma manera que en otros establecimientos: con estudiantes de base trabajando con la izquierda más radical del colegio, como el CAL, o directamente con la Asamblea.
Desmovilación y mensaje mal entregado
Con todo el revuelo de la toma, retoma, cortes de tránsito y el incendio que los afectó la semana pasada mientras se encontraban al interior del liceo, los estudiantes reclaman estar en presencia de intentos por desmovilizar y estigmatizar al movimiento estudiantil.
Uno de los alumnos que se encontraba haciendo seguridad el día del incendio señala que en apenas cinco minutos el foco se prendió “y subió inesperadamente” y que extraoficialmente los efectivos de Bomberos, que llegaron en masa esa madrugada, les señaló que el motivo del incendio había sido por una falla eléctrica, aunque en ese lugar no existían artefactos ni cables que pudieran provocar algo así. Además, los estudiantes dicen que justo ese día la manguera que podría llegar a apagar el incendio “se cortó” y no existían extintores llenos disponibles.
Además, el viernes pasado la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, señaló que muchos actores políticos habían intentado minimizar el hecho e incluso algunos de ellos cambiar la versión de los hechos. “Esa noche, cuando llegamos, Bomberos nos dijo que rompieron el portón de entrada porque sentían gritos y temían que hubiese alumnos atrapados en el incendio”, dijo.
Eso sí, el fin de semana matizó sus dichos e incluso los defendió, diciendo que en el debate parlamentario “se perfiló al Instituto Nacional como ‘el malo de la película’. Se distorsionó el debate de la selección y se generó sensibilidad en el colegio y los grupos radicales que siempre quieren la toma”.
Sin embargo, los estudiantes dudan de que esos hayan sido los verdaderos motivos. Todos los consultados por The Clinic Online señalan que tanto los casos de Bryan Seguel -acusado de golpear a un carabinero en la marcha del 1º de mayo- y de Camilo Díaz -estudiante detenido en la pasada marcha por la educación que acusa que su mochila fue rociada con parafina e inculpado de portar una bomba molotov-, son muestras de la criminalización del movimiento estudiantil, por lo que pidieron anonimato.
Con todo, señalan que las movilizaciones no claudicarán. Ante la próxima partida del Mundial de Fútbol de Brasil, los estudiantes esperan ocupar esos días para generar debate interno, realizar actividades alusivas al mismo y luego retomar la agenda de movilización y de rechazo a la reforma del gobierno.
El petitorio recién entregado así lo afirma. En él, proponen que la selección por mérito académico se acabe a largo plazo y sea una consecuencia del fortalecimiento de la educación pública; piden la incidencia de la comunidad educativa en la elección del rector “por elección y no por concursos públicos”; que el Estado se garante de la educación, eliminando la participación de privados y financiando mediante aportes basales; y construir una nueva Carrera Docente y revisar las mallas curriculares a nivel nacional.
De esta forma buscan dar una mejor explicación de lo que están haciendo, ya que algunos reconocen que el mensaje no se ha transmitido bien y que por eso la gente no ha comprendido la intención de la toma. “No se ha explicado la magnitud del problema y efectivamente es entendible que la gente crea que estamos en contra de la selección, cuando lo que queremos es que se termine en términos concretos y no superficiales”, dicen en el liceo.
Por esta razón, las críticas no han cesado. Este fin de semana fue la ex presidenta de la Fech y diputada integrante de la comisión de Educación, Camila Vallejo, quien los criticó y dijo no entender las razones de la toma.
Los estudiantes, por su parte, dicen que los proyectos del Gobierno no persiguen verdadera y profundamente estos temas y por eso se mantienen movilizados. Ya el año pasado se opusieron al sistema de Ranking de Notas, que según sus declaraciones los afectaba directamente y que les valió los primeros reproches al interior del movimiento estudiantil escolar.
Con todo, el escenario próximo se ve mucho más compleja. Sobre todo en este último ítem. Recién el pasado jueves -mismo día que votaron la toma y acordaron con el municipio la presencia de profesores y apoderados pernoctando en el establecimiento- Bachelet presentó el PACE, Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo para la educación superior.
Este nuevo programa, una especie de Propedéutico que permitirá que el 15% de los alumnos de mejor rendimiento tendrán asegurado un número de vacantes en todas las carreras de las universidades, inicialmente en cinco planteles, emanado del ministerio por un equipo que encabeza Francisco Javier Gil, uno de los cerebros detrás del Ranking de Notas.

Establecimientos concentran al 7% con mayor poder económico

El nicho intocable de la reforma de Eyzaguirre: los colegios particulares pagados

Como extremadamente grave que se deje un sector intocable, que seguirá lucrando, seleccionando y educando a una elite que terminará tomando las decisiones del país, califican desde la academia y el movimiento estudiantil que no haya cambios al modelo de educación particular pagada.
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Desde el movimiento estudiantil y académico se levantan voces cuestionando que los colegios particulares pagados, que representan el 7% de la matrícula escolar, no sean tocados en el proyecto de ley que pone fin al financiamiento compartido, a la selección y al lucro en establecimientos que usan recursos públicos.
Felipe Salazar, investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, sostiene que sería mucho mejor para la sociedad tener un sistema totalmente integrado en la medida de lo posible. “El problema no es que mantenga un ghetto de gente rica, sino que ese mismo grupo es el que se traspasa la administración de empresas y puede destinar recursos para influir en los políticos o financiar su participación en la vida pública y, por esa esa vía, termina tomando decisiones de una realidad que no necesariamente conoce”.
Cree que si bien se los pudo incluir en la reforma pensar en un cambio “de la noche a la mañana” es carecer de sentido de la realidad. Plantea que los cambios llegarán en un futuro por la presión de la sociedad, de los apoderados que tendrán a sus hijos en colegios a los que entrarán en forma aleatoria, sin diferencias por copago, y verán en los establecimientos privados un nicho de alumnos que obtiene mejores resultados. “Van a querer irse a esos colegios y no van a poder. ¿Cómo un gobierno va a poder justificar un 7% de educación diferenciada?”

La vocera de la Confech y presidenta de la FEUC, Naschla Aburman, quien ha sido una de las más activas en este punto, sostiene “nos parece extremadamente grave que esta reforma deje un sector intocable, porque la elite de nuestro país va a seguir reproduciéndose en la burbuja de los colegios pagados”.
Dice que las reglas del juego debieran ser iguales para todos. “¿De qué reforma hablamos si vamos a mantener un sector blindado de esos cambios? No son solamente los particulares pagados, también los liceos emblemáticos que van a seleccionar (a partir del 20% de los mejores alumnos de las escuelas)”. Alega que el movimiento estudiantil que propició los cambios no ha sido parte de su construcción “y como no tuvimos un espacio no sabemos por qué se hizo lo que se hizo”.
La estudiante de Arquitectura y Pedagogía de la UC afirma que no se puede hablar de una reforma realmente estructural que modifique el paradigma de la educación “si los cambios van a ser para unos y no para todos”.
El coordinador de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Tomás Leighton, alumno de Cuarto Medio de La Girouette, sostiene que al no incorporar a los colegios privados el gobierno está perpetuando una lógica de segregación y de desigualdad en el país. “Allí estudia la elite económica del país y pareciera haber un resguardo para que esa elite no pierda ese poder. Desde la Cones creemos debiera haber una regulación sobre los colegios privados para que diversifiquen sus aulas, porque entendemos que las escuelas deben ser para todos; no deben reducirse a representar quintiles económicos”.
La propuesta de la Cones es que los particulares pagados sea vean obligados a contar con un porcentaje de matrícula -un piso de 20 o 30%- para aquellos no pueden pagar y así lograr una “democracia real” en las salas de clases.
“Que no se toque a los particulares pagados expresa que hay un resguardo a la elite económica del país. Son grupos minoritarios en Chile que están intentando imponerse a la mayoría y no tenemos claros dónde terminan. Esperamos ver señales claras del gobierno que nos indiquen que no son parte de esa minoría”.

Para Melissa Sepúlveda, presidenta de la Fech, “es gravísimo que existan colegios que son burbujas de elite, nos afecta a todos, porque se reproduce el mismo sistema de apartheid donde los ricos se educan con los ricos y los pobres con los pobres”.
La alumna de Medicina plantea que si la educación es un derecho social no puede haber espacio para el negocio. “El gobierno no lo erradica, sólo lo regula y permite el lucro para un 7%; que un pequeño grupo se eduque como quiera y pueda seguir con un modelo de enseñanza que no es de inclusión profundiza la brecha de los estudiantes según sus capacidades económicas”. Por eso, plantea que debe existir una buena alternativa de colegio público donde se puedan encontrar estudiantes de distintas realidades, “porque la educación no puede restringirse a contenidos, sino a entender la realidad, a tener un sentido crítico”.
Los ghettos -dice- son una realidad que se reproduce desde el colegio hasta la universidad. “Son alumnos que pasan de colegios de elite a carreras de elite como Medicina, Ingeniería Civil y Comercial en las universidades públicas como la Chile”.

“Paternalismo hipócrita”

Para el doctor en Ciencias Políticas y académico del Instituto de Filosofía de la U. de Los Andes, Daniel Mansuy, el proyecto no hará más que aumentar la segregación, porque habrá colegios subvencionados que no querrán convertirse en fundaciones sin fines de lucro y optarán por transformarse en particulares pagados. “Lo paradójico –o irritante, según se prefiera– es que los colegios donde estudian los hijos de quienes han pensado esta reforma pueden lucrar, seleccionar, cobrar y, por cierto, tienen plena libertad para desarrollar sus proyectos educativos. Este paternalismo hipócrita y desatado nos acerca a la peor versión de la izquierda, que proclama e impone a los otros una moral que no está dispuesta a practicar: la ingeniería social siempre es fácil de realizar cuando los niños son ajenos, nivelar hacia abajo nunca es complicado si los hijos son de otros”, escribió en una columna publicada este miércoles en La Tercera.
Sin embargo, Claudia Sanhueza, quien integró la comisión de educación en el comando de Michelle Bachelet, aseguró a El Mostrador que en un principio existía una propuesta para tener programas de integración para niños con capacidades diferentes en los establecimientos privados. “Inclusión en todo el sistema educativo. Esa era la lógica, y ese es el pilar del fin de la segregación”, dijo en una entrevista publicada en abril, antes del envío del proyecto al Congreso. Planteaba que el fin del financiamiento compartido con recursos públicos apunta a esa dirección; “entonces debería ir avanzando en ir incorporando a toda esa elite privilegiada para que esos colegios estén disponibles para cualquier niño”. La propuesta, finalmente, no fue incluida.
La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Lorenza Soto, plantea que “ningún gobierno quiere a meterse con el empresariado, el dinero mueve más que muchas cosas, está moviendo a todo el sistema, en especial a la educación; el proyecto habla de remunerar de manera justa a los sostenedores y no de condonar los créditos a los estudiantes endeudados”.
Alumna del Manuel de Salas, el único liceo fiscal de Chile, que depende a la U. de Chile y cuesta unos $200 mil mensuales, afirma que la petición principal de la Aces es que todos los establecimientos –privados y subvencionados– pasen al Estado. “Cuando hablamos del fin al lucro dejamos de lado a los colegios particulares pagados, que siguen reproduciendo las desigualdades del país. Si no hay un modelo real de inclusión que plantee una buena alternativa de educación pública, donde se puedan encontrar estudiantes de distintas realidades, se mantiene un sistema en el que los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres”.

domingo, 1 de junio de 2014

PULSO SINDICAL Nº 238 DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014

Confederación General de Trabajadres

Hay muchas cosas sobre las que opinar. Multirut, reforma tributaria, aborto, alza del pasaje diario de locomoción y el pan, el ingreso mínimo. Son decenas los temas que requieren nuestra atención y sobre algunos de ellos hemos entregado opinión.
No obstante nuestro Pulso tiene como primer y gran objetivo dar una opinión base sobre lo que va preocupando a los trabajadores y sus dirigentes. No buscamos dar línea ni incidir sobre nadie, solo mostrar que si se puede tener opinión y que esta se debe expresar siempre.
Es lento el despertar de la clase pero perseveraremos en esta tarea.

Toda esta apatía que se visualiza no es la culpa de los trabajadores tan pobremente organizados. La primera y gran responsabilidad es de quienes desde la superestructura guardan silencio y se han limitado a aplaudir las medidas de gobierno (vinculadas al drama de los trabajadores), sin mencionar una, solo una de las demandas mas urgentes (un ingreso mínimo digno por ejemplo).
Su buena cuota de responsabilidad también tenemos quienes todos los que, estando concientes de que las cosas no mejoran, seguimos arrinconados y sin opinión.

Sin embargo hay un hecho que exploto el miércoles 29 y que no puede si no ser el centro de este Pulso, pues el Pulso nace producto de tantas omisiones a cada lucha que dan los trabajadores.
Por eso este sitial lo han ganado en buena lid los compañeros del Sindicato de la empresa de curtiembre Juan Batarse.
20 valientes, 20 obreros del cuero cuyo principal objetivo al constituir su sindicato fue demandar mayor respeto a su condición de trabajadores.
Dignidad fue la gran demanda de todos y por eso soportaron el ninguneo de la empresa que jamás respondió a sus peticiones durante la “negociación colectiva.

Tuve el honor de participar en la ultima asamblea previa al inicio de la huelga. Me pidieron hacer una intervención motivadora, para afirmar la decisión tomada.
Me encontré con un grupo donde varios superan los 50 años e incluso algunos ya pasan los 60. Son trabajadores de manos duras marcadas por años de trabajar el cuero, rostros serios sin mucha expresividad pero que entienden muy bien lo que se les plantea.
Aunque nerviosos porque nunca antes estuvieron en una huelga, sonríen cuando se les relatan anécdotas vividas por otros como ellos.
Son hombres que expresan claramente, con dolor y decisión a la vez, que se cansaron del maltrato que por años debieron soportar en silencio.
Claro que queremos cuidar la fuente de trabajo que nos permite el pan para las familias, dicen, pero nunca más como para poner la rodilla en tierra.
Jamás se presentó la dueña de la empresa a tratar las peticiones de sus trabajadores. Nunca se dignó escuchar a aquellos que le permitieron hacerse de millones y millones para vivir, como viven todos los que explotan a quienes les generan las riquezas.

Ellos hablaron, los trabajadores se dieron todas las razones del porque hay que hacer la huelga, no importa si nada se obtiene, lo primero es la dignidad, mierda, y con eso resuelto se pusieron a planificar su movimiento que está, desde el miércoles 28, en el paradero 8 de Santa Rosa en Santiago.

 
Salí de esa reunión absolutamente convencido de que lo que hemos hecho todos estos años es lo correcto. Convencido mas que nunca de que fue correcto privilegiar la clase por sobre toda otra opción. Decidido a superar los bajones que a veces nos atacan, pues si ellos, los 20 compañeros de Batarse están dispuestos a luchar por su dignidad contra todo,¿como no vamos a poder nosotros contra cuestiones menos complejas que estas?.
Motivarlos?. Agradezco mucho haber estado en esa reunión, me han remecido como hace mucho tiempo no lo hacia un grupo de trabajadores, motivado como cuando marchamos por primera vez con miles de trabajadoras de INTEGRA, como cuando estuvimos enfrentando al frío y el calor, además de la pasividad de hermanos de clase, en Calama y Chuquicamata con los hombres y mujeres valerosos del Chilex Club.
Imposible es aventurar el resultado de una huelga, mas aún cuando debiendo haber sido sacados los rompehuelgas desde el primer día aún siguen hasta el cierre de esta columna tranquilitos, trabajando mientras nadie hace nada por aplicar la ley.

Es una semana importante ésta que se vivió en nuestro trabajo.
Después de mucho tiempo pudimos participar en un encuentro en el que se dio el espacio para exponer diversas visiones vinculadas al momento que vive la clase.
Temas como el Multirut, negociación, colectiva, huelga y la emotiva y clara exposición del secretario del Sindicato de trabajadores de planta y eventuales del puerto de Mejillones, fueron parte de este encuentro.
Jóvenes abogados y futuros profesionales del derecho del Centro de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado y los miembros de la Escuela Sindical Clotario Blest, así como gran presencia de mujeres y dirigentes sindicales de diversas áreas, dieron forma y contenido a la I Gran Jornada Laboral.

Tuvimos el gran honor de ser invitados a exponer. Pudimos explicar porque sostenemos con tanta vehemencia que el movimiento sindical está en crisis, crisis que no es culpa de los trabajadores sino de una mala dirigencia, entreguista, limitada en el diagnostico, descarada colaboradora del gobierno.
Pero también fuimos claro en dar cuenta de que la comodidad y la desidia nos ha permitido tolerar algo que en otras condiciones debimos haber dado vuelta.
Pudimos explicar porque el problema no se resulte cambiando la CUT desde adentro. No se resuelve por qué la  CUT está al margen de los problemas reales del trabajador.

Hay que construir un nuevo movimiento, cuya dirección sea electa en votación universal, organización donde todos los socios paguen su cuota mensualmente. Hay que levantar una propuesta clara, con demandas básicas que devuelvan a los trabajadores la confianza de que se está pensando en ellos al demandar cambios.
No solo se nos escuchó con atención y se nos permitió complementar con un par de preguntas de cierre.
También pudimos conversar con dirigentes y dirigentas, exponer el trabajo de nuestra CGT e invitarles a conocernos. A todos les dijimos que no somos una Central de trabajadores, somos una Confederación y apostamos a la construcción de una central única, independiente y autónoma, generadora de sus ingresos, sus demandas y sus luchas. Que se relacione con todos los partidos movimientos y grupos que estén por apoyar las luchas de los trabajadores, pero sin compromiso alguno mas que no sea aquel de mantener en alto las banderas de la clase y sus reivindicaciones, hasta obtenerlas.
Si que fue una buena semana.

MANUEL AHUMADA LILLO
Presidente C.G.T. CHILE 

 

El gobierno de facto fue tan brutal como las dictaduras de Argentina y Chile

Cómo Reino Unido enseñó a los militares brasileños a torturar

Una de las torturadas, una guerrillera izquierdista, es hoy presidenta de la nación, Dilma Rousseff, quien estableció una Comisión de la Verdad para desenterrar hechos del pasado y a medida que las víctimas y unos pocos militares presentan evidencia, ha emergido el papel secreto que tuvo Gran Bretaña.
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En vísperas de su inauguración, el Mundial de Fútbol acapara la atención de muchos. Pero en su sede hay brasileños que viven bajo la sombra de un pasado, con descubrimientos que han ido delineando más claramente cuál fue la situación durante el régimen militar que rigió desde 1964 hasta 1985. La BBC encontró evidencia de que Reino Unido colaboró activamente con los generales y los entrenó en sofisticadas técnicas de interrogatorio.
El gobierno de facto que duró 21 años en Brasil es menos conocido en el extranjero que la de Argentina o Chile, pero también fue brutal. Cientos murieron y miles fueron encarcelados y torturados.
Una de las torturadas, una guerrillera izquierdista, es hoy presidenta de la nación, Dilma Rousseff, quien estableció una Comisión de la Verdad para desenterrar hechos del pasado.
A medida que las víctimas y unos pocos militares presentan evidencia, ha emergido el papel secreto de Reino Unido.

Primero golpes, luego sensaciones

Para principios de la década de 1970, los gobernantes brasileños estaban envueltos en una amarga lucha contra guerrilleros izquierdistas. Se reprimió a dirigentes sindicales, estudiantes, periodistas y casi cualquiera que expresara alguna opinión opuesta.
Alvaro Caldas formaba parte de un grupo comunista cuando fue arrestado en 1970. Lo encerraron en un cuartel de la policía militar en Río de Janeiro durante dos años.
Fue sujeto a golpizas severas, choques eléctricos y la notorio “percha del loro”, en la que se amarra a la persona a un poste horizontal y se la deja colgada durante horas.
Cuando lo liberaron, abandonó la política y se dedicó a trabajar como periodista deportivo. Sin embargo, en 1973 lo volvieron a arrestar. Lo llevaron al mismo cuartel pero el interior estaba completamente transformado.
“En esta ocasión, la celda estaba limpia y estéril, con un hedor nauseabundo, enfermizo. El aire acondicionado estaba muy frío. La luz estaba prendida permanentemente, así que yo no tenía idea de si era de día o de noche. Y había sonidos que alternaban entre muy fuertes y muy suaves… no podía dormir nunca”.
Caldas dice que la emoción dominante era el miedo. Periódicamente le cubrían la cabeza y lo sacaban para interrogarlo.
Sentía que el objetivo era desestabilizar su personalidad para que confesara algo que no había hecho.
No era tortura física, sino presión psicológica intensa.
“Por suerte, sólo estuve ahí una semana. Si hubieran sido dos o un mes, me habría enloquecido”, dijo a la BBC.
“El sistema inglés”
Este nuevo método de interrogatorio llegó a conocerse como “el sistema inglés”.
Evidencia recopilada por la Comisión de la Verdad aclara por qué.
Uno de los más temidos torturadores, el coronel Paulo Malhaes, dio 20 horas de testimonio. Llegó en una silla de ruedas, con aspecto frágil. Confesó haber matado y mutilado a sus víctimas. Además expresó gran admiración por la tortura psicológica que, a él le parecía, era más efectiva que la fuerza bruta, especialmente cuando se trataba de convertir a un militante de izquierda en infiltrado.
“En esas cárceles con puertas cerradas, uno puede modificar el calor, la luz, todo adentro de la prisión… la idea vino de Inglaterra”.
Malhaes admitió en privado a la fiscal que él mismo había ido a Inglaterra para aprender técnicas de interrogatorio que no dejaran marca física.
La fiscal, Nadine Borges, reveló la conversación que tuvo con él.
“Para él lo mejor era la tortura física. Cuando una persona estaba en un lugar secreto, era más rápido obtener información. Él había estudiado también en otras partes pero dijo que Inglaterra era el mejor lugar para aprender”.
Malhaes fue asesinado en un asalto en su casa, poco después de dar ese testimonio.

Los maestros

El profesor Glaucio Soares entrevistó a más de una docena de generales de los altos mandos militares en Brasil en la década de 1990. Muchos de ellos le dijeron que enviaban a oficiales a Alemania, Francia, Panamá y Estados Unidos a aprender métodos de interrogatorio, pero alababan a los británicos por tener el mejor.
“Los estadounidenses enseñan, pero los ingleses son los maestros para arrancar confesiones bajo presión, por medio de la tortura, de todas las maneras”, comentó el general Ivan de Souza Mendes, en una entrevista que aparece en su libro “Años de plomo”, que coescribió con otros dos académicos brasileños.
“Inglaterra es el modelo de la democracia. Ellos dan cursos a sus amigos”, agregó De Souza Mendes.
El general Aoyr Fiuza de Castro, por su parte, expresó que los británicos recomendaban interrogar al prisionero cuando estaba desnudo, pues lo hacía sentir angustiado y deprimido, “un estado favorable para el interrogador”.

Cinco puntos

Aparentemente, se consideraba que Reino Unido sabía de prácticas efectivas, pues había enfrentado a una insurgencia muy seria en Malasia hasta 1960 y luego había refinado sus técnicas en Irlanda del Norte.
El método, que utiliza privación sensorial junto con alto estrés, se conoce como las “Cinco técnicas”:
Parar al sujeto contra una pared durante horas;
-          Encapucharlo;
-          Someterlo al ruido;
-          No dejarlo dormir;
-          Darle muy poca comida y bebida
Muchos argumentaron que estas técnicas equivalían a tortura y fueron oficialmente prohibidas por el gobierno británico en 1972, después de desatarse un escándalo porque se practicaban con prisioneros del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Pero en Brasil, esos métodos psicológicos para interrogar satisfacían una necesidad de los militares.
El pésimo historial de derechos humanos del gobierno estaba empezando a atraer publicidad adversa en el mundo y las viejas formas de tortura estaban matando a demasiadas víctimas.
Un método que no dejara marcas y que fuera efectivo para extraer información de los prisioneros era exactamente lo que querían los generales. Podían combinar esas técnicas con los conocimientos que habían conseguido en otras partes.

En ambos países

Al parecer, no sólo hubo oficiales del ejército brasileño que fueron a Reino Unido a tomar cursos, sino que agentes británicos fueron a Brasil a enseñar.
Un expolicía, Claudio Guerra, contó a la BBC que dictaban clases en los cuarteles de la policía militar de Río sobre cómo perseguir a una persona, cómo pinchar teléfonos y cómo usar las celdas de aislamientos.
Él vio a esos agentes cuando iba a recoger los cadáveres de quienes habían sido torturados a muerte por interrogadores que usaban el antiguo sistema de aplicar presión física.
Ninguno de los militares o policías que jugaron un papel en el régimen ha sido llevado ante la justicia.
Manteniendo los estándares
Hay más pistas sobre la cercana relación entre los militares británicos y brasileños en el Archivo Nacional en Kew, Londres.
En agosto de 1972, el entonces embajador británico, David Hunt, escribió una carta secreta a un oficial en la que, refiriéndose al hecho de que que los brasileños estaban adoptando métodos de interrogatorio más sofisticados, decía:
“Como usted sabe, creo, en el pasado han sido influenciados por nuestros consejos y sugerencias, pero esta conexión ya no existe… es importante que el conocimiento de este hecho sea restringido”.
Luego, en vísperas de que el presidente Ernesto Geisel visitara Reino Unido en 1976, hay unas referencias algo más indirectas a la reforma de la tortura. Una carta habla de “estándares aceptables de interrogatorio (ej: del tipo permitido en Irlanda del Norte)”.
En un documento titulado “Tortura en Brasil” y marcado “confidencial” se habla de la mala prensa que el Ejército estaba recibiendo y cómo había introducido nuevas técnicas basadas en métodos psicológicos.
“El Primer Ejército en Río está usando ahora las nuevas técnicas, siguiendo el ejemplo de los británicos, según dijo el Comandante del Ejército”.
Revisando la correspondencia de la cancillería británica, queda claro que en esa época los intereses comerciales eran primordiales y el historial miserable de Brasil respecto del respeto a los derechos humanos se minimizaba.
Alan Munro, cónsul general en Río a mediados de la década de 1970, sostiene que no estaba personalmente enterado de la colaboración en temas de interrogatorio.
“Si los brasileños estaban buscando técnicas de interrogatorio usadas por las autoridades británicas, el ejemplo habría sido los primeros años en Irlanda del Norte”, opina. “Eso tendría que haber sido una iniciativa brasileña y, en el sentido de que pudiera reducir los métodos más brutales, habría sido un paso en la dirección correcta”.
No obstante, poner poderosos métodos de interrogatorio en manos de hombres para quienes la tortura era una rutina, no es algo considerado como “un paso en la dirección correcta” en Brasil.
El jefe de la Comisión de la Verdad en Río, Wadih Damous, sabía desde hace mucho del apoyo y entrenamiento que EE.UU. daba al régimen, pero le indigna la idea de que los británicos estuvieran involucrados con la tortura psicológica.
“Siempre es chocante enterarse de que una democracia tan importante, tan antigua, colaboró con un régimen militar”, lamenta.
Le pedí una respuesta oficial a la cancillería británica. Un vocero dijo que no podía comentar sobre el trabajo de gobiernos previos, pero que la política gubernamental actual asegura que cualquier solicitud de asistencia de seguridad y justicia en el extranjero se ajuste a las obligaciones del país en lo que respecta a los derechos humanos.

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