Informe devela falta de datos y transparencia en uso de fuerza letal por las policías

 Por: El Desconcierto | Publicado: 27.01.2022

Carabineros (referencial) | Agencia Uno

El informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019. Así también, entrega una serie de recomendaciones, siendo una de ellas excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público.

Incluyendo a Chile por primera vez, el miércoles se presentó el informe internacional Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, reporte que da cuenta del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en servicio, entendida como la fuerza aplicada con armas de fuego de munición metálica.

El capítulo de Chile, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, evidencia la falta de registros oficiales en esta materia en nuestro país: mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) no entregó cifras sobre civiles muertos o heridos por agentes en servicio con armas de fuego, Carabineros proporcionó cifras agregadas.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas (cuya información se requirió para el Estado de Excepción Constitucional de 2019 comprendido en el período estudiado) denegaron el acceso a la información, según indica el reporte.

La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor, planteó que uno de los desafíos que emana de este reporte es que se les exija a las policías “llevar un registro detallado de las letalidades asociadas a armas de fuego ocasionadas por la actuación de sus funcionarios”, incluyendo descripciones de los hechos, caracterizaciones sociodemográficas de los intervinientes, lugar y fecha, entre otros elementos.

[Te puede interesar] Chile creció en desigualdad: América Latina retrocedió 27 años en extrema pobreza

“Un registro cabal del uso de la fuerza letal permitiría generar recomendaciones que permitan que ésta sea efectivamente excepcional. Es necesario recordar que la vida –de civiles y agentes– es el bien jurídico más importante de proteger. Esa es la mayor tarea del Estado”, agregó Mohor.

El informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019. Al desglosar por policías, se puede observar que en 2018 Carabineros y la PDI fueron responsables de nueve casos de civiles muertos cada una. En tanto, en 2019, Carabineros generó 14 víctimas, la PDI cuatro y las Fuerzas Armadas, en contexto del Estado de Excepción (EEC), generaron tres muertes.

En detalle, un 95 por ciento de las personas que perdieron la vida eran hombres, y el promedio de edad fue de 23,5 años. La mayor parte de los casos se concentran en la comisión de delitos flagrantes.

El documento también entrega una serie de recomendaciones. Una de ellas es excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público, en línea con la evidencia internacional, pues, según indica el reporte, los funcionarios de Fuerzas Armadas asignados a estas tareas durante el EEC “tienen asociada la mayor tasa de letalidad por institución”, que alcanza 2,5 civiles muertos cada 1.000 agentes, mientras que en el caso de la PDI esta tasa alcanza el 0,6 y en el de Carabineros, 0,3.

Peligro por ‘armas menos letales’

En la presentación del informe, la especialista Catalina Fernández, master en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge y autora del libro “Los límites de la fuerza. Mitos y verdades sobre los derechos humanos”, llamó la atención sobre la necesidad de considerar en el futuro las muertes y lesiones ocurridas por otro tipo de armas, como las escopetas antidisturbios, como ocurrió durante las manifestaciones de octubre de 2019.

“Sabemos que la letalidad no se limita a las armas con munición letal (metálica). Las herramientas que usa la policía para la mantención del orden público incluye otras armas, llamadas ‘armas menos letales’, que tienen letalidad menor a la munición metálica pero que igual generan un riesgo de afectación de la vida o la integridad física grave”, explicó.

El reporte también recalca la necesidad de que exista en Chile “un mecanismo de registro público de uso de la fuerza que, además, permita a la ciudadanía acceder a micro datos sobre los eventos en que se haya usado armas letales y menos letales”.