Por Teresa Frías K.

Tras el rechazo al nombramiento de José Morales como Fiscal Nacional, el gobierno optó por el nombre de Marta Herrera, sin embargo tampoco ha traído buenos resultados.

La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público se declaró en “alerta nacional” ante el eventual nombramiento Herrera, asegurando que “avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismos, endogamia y falta de transparencia y accountability”. A esto se suma la negativa de la derecha de querer apoyar el nombramiento.

Mauricio  Daza, abogado y exconstituyente en conversación con Cambio21 abordó la problemática para Boric, y para él Marta Herrera es un mal nombre. “Herrera no se ha desempeñado como una fiscal que tenga a su cargo investigaciones y que deba llevarlas adelante ante tribunales, sino que ha estado más bien en cargos burocráticos al interior de la fiscalía nacional donde también ha tenido un desempeño altamente cuestionable”, puntualizó.

Daza se presentó a las elecciones como constituyente como candidato por el 28° distrito (Región de Magallanes y Antártica Chilena) en calidad de independiente y como parte de la lista denominada «Regionalismo Ciudadano Independiente».

El Gobierno nombró a Marta Herrera como candidata para Fiscal Nacional ¿Qué le parece este nombre el cual ya está recibiendo algunas críticas de parte de funcionarios del ministerio público?

Creo que es un muy mal nombre. Ella es una persona que no cuenta con las competencias que se requieren para asumir de forma adecuada los desafíos que debe enfrentar de forma urgente el Ministerio Público, para levantar una gestión que permita mostrar efectividad en la persecución penal de los delitos de mayor incidencia social sumado a los nuevos fenómenos de delincuencia que se están desarrollando de forma creciente en nuestro país, vinculados especialmente al crimen organizado y el narcotráfico.

En este contexto se debe considerar que Marta Herrera no se ha desempeñado como una fiscal que tenga a su cargo investigaciones y que deba llevarlas adelante ante tribunales, sino que ha estado más bien en cargos burocráticos al interior de la fiscalía nacional donde también ha tenido un desempeño altamente cuestionable, con una participación decisiva en el desmantelamiento de las causas sobre corrupción y financiamiento ilegal de la política que se llevó a cabo en la administración de Jorge Abbott, de quien fue su principal colaboradora. También avaló actuaciones altamente cuestionables, como la suscripción de un acuerdo con la iglesia católica en casos de abusos sexuales contra menores de edad, en un contexto donde se estaban investigando a sus altas autoridades en su participación en tales delitos.

A todo esto se debe sumar que a partir del vacío de poder que dejó  Abbott durante gran parte de su gestión a partir de su falta de liderazgo, fue precisamente Herrera quien en los hechos tomaba gran parte de las decisiones en la Fiscalía Nacional, lo que sumado a su mal manejo interno, generó y profundizó graves conflictos internos, lo que explica que las asociaciones de funcionarios del Ministerio se hayan pronunciado expresamente en contra de su nominación.

¿Usted cree que al final, el Senado votará por Herrera como Fiscal Nacional?

Creo que tener a Marta Herrera como fiscal nacional por los próximos 8 años significaría tirar al despeñadero al ministerio público y a la persecución penal, causando un grave daño al interés público en un ámbito donde ya estamos enfrentando una situación muy crítica.

Sobre el acuerdo para una nueva constitución.  Como exconstituyente ¿Qué le parece a usted que después de tres meses desde el plebiscito de salida se haya llegado a un nuevo acuerdo?

El acuerdo para un nuevo proceso constituyente se debe analizar y valorar en el contexto en que se produce, marcado por un plebiscito de salida donde la ciudadanía rechazó de manera clara y contundente la propuesta de nueva constitución presentada por la Convención Constitucional. Más allá de las muchas razones que se puedan entregar para explicar tal resultado, o lo injusto que se pueda considerar, constituye un hecho que no se debe ignorar.

En ese escenario, el que se haya llegado a un acuerdo para un segundo proceso es positivo, especialmente considerando  que para concretarlo se dependía de la voluntad de la derecha, la cual históricamente se ha parapetado en la defensa de los pilares de la constitución del 80. Todo esto, incluso considerando que los términos del acuerdo dejan pocos espacios para que puedan existir cambios sustantivos en la forma cómo se gestiona el poder en nuestra sociedad, pero aun así se abre una pequeña ventana que podría generar algún avance para obtener más justicia social y mejores estándares democráticos que los existentes en la actualidad.

El mecanismo será 50 constituyentes elegidos democráticamente y un comité de expertos elegidos por el congreso ¿Quién cree usted que debería integrar el consejo de expertos?

En el diseño del acuerdo el "comité de expertos" tendrá un papel clave, ya que va a elaborar un anteproyecto de nueva constitución completo, lo que va a definir de manera determinante el debate y las decisiones que se realizará  el órgano electo, especialmente considerando que se podría llegar en ciertos casos a una comisión mixta en caso de determinadas diferencias entre el órgano elegido y el comité designado.

El problema de los "expertos" en Chile es que en general trabajan o han trabajado para los grandes grupos que concentran el poder económico en Chile y que manejan una parte importante del poder político a través del financiamiento de campañas y actividades de muchos importantes dirigentes de partidos con representación parlamentaria y en el gobierno.

De esta forma, la noción de "experto" como una persona neutral que sólo toma decisiones a partir de un conocimiento técnico especializado es derechamente falsa, ya que aun prescindiendo de eventuales vínculos con grupos de poder cuyos intereses se pueden ver afectados por una nueva constitución, se tratan de personas que van a participar en la redacción de una  carta fundamental que es por esencia política. Es por esto que en materia constitucional no existe una verdad única, sino que algunos consensos mayoritarios y muchas posiciones variadas que dependen de un criterio político, las que a lo más se pueden expresar con mayores o menores grados de asertividad. Creo que en ese escenario, la forma de designación de los denominados "expertos" debe tener un alto grado de transparencia, colocando a disposición de la comunidad información suficiente y de fácil acceso que permita realizar un escrutinio ciudadano acerca de los intereses que tenga cada uno de ellos y sus vínculos con sectores que se puedan ver afectados de alguna forma con sus decisiones.

En cuanto al perfil de las personas que lo integren deberían ser académicos de excelencia con conocimiento en derecho comparado y además personas con una comprobada experiencia y competencias en aquellas materias que van a ser objeto de regulación en la nueva constitución.

¿Qué le parece que exconstituyentes no puedan ser candidatos para esta nueva elección?

Primero se debe aclarar que la imposibilidad de ser elegidos a cualquier cargo de elección popular durante el periodo de un año después de cesada la convención se encuentra establecida dentro de las reglas que se definieron en el primer proceso, por se trata de una norma que todos conocíamos antes de presentarnos como candidatos a la Convención Constitucional. Lo novedoso es que ahora además se nos impide integrar la denominada "comisión de expertos".

 En cuanto al fondo, si bien en principio no me parece una buena idea dejar al margen de la posibilidad de instancias de participación popular a una determinada categoría de personas, como tampoco excluirlos de un comité que se supone debería ser designado a partir de las competencias y trayectoria de sus integrantes, creo que  por la forma como finalmente se dio el proceso anterior, quizás lo mejor para el interés público es que sean otras personas las que protagonicen este nuevo proceso, para que exista una clara delimitación entre ambos ante la opinión pública. Sin perjuicio de esto,  me parecen completamente reprochables las razones que muchos actores políticos han tenido para excluirnos, y que en varios casos se  justifica en una suerte de "castigo" por el sólo hecho de haber intervenido  en la Convención Constitucional, lo que es absurdo ya que mete en un mismo saco a quienes, lejos de las polémicas absurdas y conductas cuestionables, trabajamos incansablemente en jornadas maratónicas de lunes a domingo para presentar una propuesta dentro del acotado tiempo que se nos asignó.

Si es por eso, el congreso debería a  lo menos inhabilitar para ser parlamentario a todas las personas que eran diputados y senadores cuando se aprobó la corrupta ley de pesca, cosa que obviamente ni se plantea. Todo esto, más allá que uno de los elementos que subyace a estas iniciativas es el temor electoral que varios parlamentarios sienten respecto de quienes fuimos electos como convencionales, en muchos casos, por una contundente mayoría.

Bajo las nuevas reglas, el Congreso tendrá mayor poder en el desarrollo del proceso constitucional ¿Cómo toma esta decisión?

Reitero que resulta imprescindible entender este segundo acuerdo a partir de lo que ocurrió en el primero, donde existió una convención en que hubo un número determinante de convencionales electos que representaban a sectores que habían sido históricamente excluidos de espacios institucionales de poder, y que finalmente fracasó. Con esto no sólo se restituyó el poder de decisión sobre las reglas a partir de las cuales se define el ejercicio del poder en nuestra sociedad a la elite política y económica de nuestro país, sino que también reforzó la lógica subyacente de muchos de quienes pertenecen a ese grupo en cuanto a que solo ellos pueden darle gobernabilidad a nuestro país, ya que el resto de la sociedad no cuenta con el conocimiento ni las competencias para hacerlo.

Es por esto que frente a este nuevo proceso han rayado bien claramente la cancha, para contar con una constitución mínima que se parezca mucho a la vigente, pero que supere el problema de legitimidad democrática que no se ha podido dejar atrás a pesar de las innumerables reformas que se le han hecho, pero que no han tocado las bases de la institucionalidad diseñada por Jaime Guzmán y validada durante los gobiernos de la transición. Por esto es que se definieron "bordes" , cuyo contenido es una Constitución en sí misma, fijando que una "Comisión de Expertos" designados por el mismo congreso los aterrice en un "anteproyecto",  el cual constituye en la práctica el marco dentro del cual los miembros del "Consejo Constitucional" electo van a actuar. Si esto no fuera poco, el órgano electo se va a conformar a partir de miembros elegidos en las urnas a partir de listas que solo podrán ser levantadas por los propios partidos políticos.

 Además, cualquier iniciativa que los "consejeros" electos presenten sobre contenidos nuevos para el proyecto de constitución va a tener que pasar previamente por un "comité técnico de admisibilidad" integrado por personas que también serán designadas por el congreso, y que deberán velar que no se vulneren los "bordes" que, como se dijo, ya fueron definidos por el parlamento. En definitiva, se buscó una formula donde gran parte del contenido sustantivo ya está definido por el congreso, y con múltiples amarres para que no existan "sorpresas" que puedan afectar las lógicas de poder que existen actualmente y que se reflejan en la dinámica política actual.  El riesgo es que la ciudadanía cuestione el proceso por una insuficiente legitimidad democrática y nula participación ciudadana incidente durante la deliberación de los contenidos, y sea finalmente rechazada como un repudio a la clase política y su "cocina". En este contexto, creo que lo mejor es contar con una constitución que no sea extensa, la cual mejore el diseño institucional del Estado, profundizando la deliberación democrática y representatividad en el proceso legislativo , además de establecer un catálogo acotado, pero robusto de derechos sociales, consagrando un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto como un punto de partida para que en el debate normal propio de una democracia moderna en forma, se pueda ir avanzado paulatinamente en mayores grados de justicia social.

Creo al final este sería un avance muy importante, y sobre todo posible, ya que debemos reconocer y asumir que Chile hoy no está para transformaciones profundas a partir de un proceso constituyente, como se demostró a partir de lo que ocurrió con la Convención Constitucional y el contundente rechazo en el plebiscito de salida.