El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dos meses antes de cumplir su primer año de mandato, tiene que enfrentarse a la derecha liderada por Álvaro Uribe Vélez, quien posee el monopolio de los medios de comunicación, incluyendo la Revista Semana y el Diario El Tiempo, del imperio de la Cadena Caracol. La periodista Vicky Dávila, jefa del ataque mediático en la Revista Semana, es famosa por su carencia de escrúpulos al transmitir noticias falsas con el fin de desprestigiar permanentemente al presidente Petro y a su gobierno.
La mencionada periodista difundió un audio en el cual se acusaba al presidente de utilizar fondos ilícitos destinados a su campaña presidencial. Sin ética alguna, atribuyó la transmisión del audio a una fuente anónima que amenazaba a Laura Sarabia, encargada del Gabinete presidencial, con revelar hechos delictivos que supuestamente hundirían a Petro, Sarabia y Benedetti.
El escándalo comenzó con el robo de maletines desde la casa de Laura Sarabia, quien además de ser jefa del Gabinete, se había convertido en la persona de confianza del presidente de la República, acompañándolo en todos sus viajes oficiales y teniendo acceso a las oficinas presidenciales. Inicialmente, se informó que el monto del robo era de 4 mil dólares, luego aumentó a siete mil dólares y posteriormente se mencionó una suma de tres mil millones de pesos (moneda nacional).
Por su parte, Armando Benedetti afirma haber aportado quince mil millones de pesos a la campaña presidencial de Petro en la Costa Norte de Colombia.
Laura Sarabia atribuye el robo del dinero a la niñera de sus hijos, Marelbys Meza, quien recientemente fue sometida al polígrafo, revelando contradicciones en su declaración. Además, los teléfonos de la niñera y de la empleada Fabiola Pereda fueron intervenidos por oficiales de seguridad del presidente, los coroneles Juan Carlos Ferias y Óscar Darío Dávila. Este último apareció muerto cerca de su casa frente a su chofer, a quien había enviado a comprar una botella de agua mineral.
Ante la gravedad de la situación, el presidente Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, atribuyen la muerte del coronel Dávila al suicidio. Sin embargo, hasta ahora, el Instituto Médico Legal de ese país ha demorado sospechosamente los resultados de la necropsia, generando diversas conjeturas, especialmente por parte de la prensa de derecha.
El fiscal general, Francisco Barbosa, es un ferviente uribista que utiliza su alto cargo para atacar, incluso con saña, al presidente Gustavo Petro. Amparándose en la separación de poderes y en la independencia de la Judicatura, se ha convertido en uno de los principales enemigos del Gobierno del Cambio.
La enigmática muerte del coronel Dávila deja algunas pistas importantes: el abogado Miguel del Río fue una de las últimas personas que se entrevistó con el coronel, quien le había solicitado que se hiciera cargo de su defensa frente a las acusaciones de la Fiscalía. En un principio, el abogado había fijado sus honorarios en trescientos millones de pesos, pero Dávila confesó que no tenía ese dinero, por lo tanto, acordaron la suma de cincuenta millones de pesos.
La otra persona que se comunicó con el coronel antes de su muerte fue la periodista Silvia Chary, quien intentó entrevistarlo, pero él se negó a responder sus preguntas.
En otro orden de cosas, el presidente Petro está decidido a imponer sus reformas estructurales: la Paz Total, la Reforma Agraria, la Reforma de Pensiones y la Reforma de la Salud. Sin embargo, encuentra resistencia en ambas ramas del Congreso, ya que la alianza que anteriormente había logrado con los partidos de derecha (Conservador, Liberales y la U) se disolvió por decisión del propio presidente Petro, dejándolo en minoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Esta situación dificulta aún más la aprobación de las reformas propuestas.
La derecha mediática, en su mayoría compuesta por medios de comunicación pertenecientes a las familias más adineradas de Colombia, está decidida a llevar a cabo un «golpe blando», consistente en desprestigiar al presidente y al gobierno en general para lograr la intervención de los militares y del Poder Judicial en un derrocamiento que prescinde del uso de las armas y se centra en calumnias e injurias transmitidas por el poder mediático.
Es importante tener en cuenta que el mandato del actual fiscal general, Francisco Barbosa, se extiende hasta febrero de 2024, y se espera que utilice su cargo para atacar al presidente y a su gobierno. Esta situación, junto con otros factores mencionados anteriormente, jugará en contra del desempeño del presidente Gustavo Petro.
Por Rafael Luis Gumucio Rivas
20/06/2023
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