OPINIÓN
En tiempos en los que el negacionismo gana terreno, el Plan Nacional de Búsqueda tiene que convertirse en una política pública permanente para enfrentarlo.
Más de 50 años ha tardado el Estado de Chile en reconocer jurídicamente la figura de la persona Ausente por Desaparición Forzada. Nuestras madres y abuelas, que dieron vida a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), siempre hablaron de más de 3.000 desaparecidos a manos de agentes civiles, militares y policías de la dictadura. La cifra de 1.469 personas desaparecidas es la que el Estado de Chile reconoce en Informes de Verdad, pero son muchos más quienes sufrieron la desaparición forzada y que por diversas razones no se interpuso un recurso de amparo en su ayuda.
Nosotras, luego de más de 50 años transcurridos, continuamos con nuestra lucha por encontrarlos a todos y a todas, por su memoria y su reconocimiento. Es por esto que se vuelve cada día más urgente avanzar con la ley de Ausencia por Desaparición Forzada y llevar adelante con mayor determinación el Plan Nacional de Búsqueda (PNB).
La ley de Ausencia por Desaparición Forzada es un importantísimo proyecto de ley, el cual significa un enorme paso para el reconocimiento del Estado de todas las víctimas. Esta ley también crea el Registro Único de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, convirtiéndose en un instrumento vital para el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda.
Por su parte, este 30 de agosto, en el Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, se cumplirá un año de vigencia del PNB impulsado por el Gobierno. Esta política pública es única en nuestra historia. No obstante, consideramos que se deben redoblar los esfuerzos. Debe haber mayor transparencia y mejor comunicación de la toma de decisiones dentro del plan. Y aún se está en deuda con integrar más a las y los familiares de las víctimas al PNB, quienes hemos dedicado toda nuestra vida a visibilizar la memoria de todas y todos los Detenidos Desaparecidos.
Es urgente que se puedan agilizar las investigaciones de las trayectorias de los Detenidos Desaparecidos para saber qué les ocurrió y quiénes planificaron, ejecutaron y encubrieron los crímenes que sufrieron nuestros familiares, y llevarlos a la justicia. No es posible continuar en una democracia que de manera cómplice mantenga el secreto de silencio de 50 años del Informe Valech I. Queremos toda la verdad y toda la justicia.
En tiempos en los que el negacionismo gana terreno, el Plan Nacional de Búsqueda tiene que convertirse en una política pública permanente para enfrentarlo. Si no, ¿qué nos asegura que el plan de búsqueda logre mantenerse en pie a futuro? Esta lucha histórica no puede ser afectada por los vaivenes de la política que amenazan con desarticular nuestro trabajo de toda una vida. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Argentina, con la disolución de la unidad de búsqueda de niños desaparecidos de la dictadura.
Son tiempos en los que la Memoria, la Verdad y la Justicia pueden convertirse en un pilar de nuestra democracia o de, nuevamente, expresar sus falencias. Hoy es cuando debemos ser eficaces, no mañana.
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