OPINIÓN
Es probable que las facturas ideológicamente falsas que habría entregado el diputado al municipio que dirigía su señora abran una arista insospechada, que deje en evidencia una fórmula de financiamiento –o enriquecimiento– ilegal de la política, que podría sumarse al avance del caso Hermosilla.
Joaquín Lavín León lleva diez años como diputado. Es miembro de una camada de “hijos de” fundadores de la UDI, que tienen el mismo nombre de sus padres, junto a Juan Antonio Coloma. Entraron directamente al Parlamento gracias a la fama de sus progenitores y la confusión de los votantes.
Joaquín Jr. está casado con Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú. Ambos conforman una familia ultramediática, por cierto. Antes de ser diputado, fue jefe de campaña y coordinador regional de su padre en sus campañas presidenciales y de senador, y de su madre, Estela León, como concejala por Santiago. También postuló a alcalde por la Municipalidad de Maipú, experimento que resultó fallido. Hasta que en 2013 decidió entrar a la UDI, cambiando radicalmente su suerte. Al año siguiente, resultaba electo diputado. Este es su tercer período en el Congreso.
Joaquín Lavín Junior, pese a ser electo por tres períodos como diputado –completará 12 años como parlamentario en marzo de 2026–, no ha destacado por su rol legislativo, pero sí por sustentar el poco honroso récord de ser el diputado que menos ha intervenido en la Sala –en el periodo anterior, en cuatro años solo prendió el micrófono en siete oportunidades– y que más veces ha llegado atrasado a las sesiones –solo en 2019, llegó tarde al 82% de las sesiones y ahora tiene un promedio de “atraso” de 58 minutos–.
Un reportaje de Chilevisión, en 2023, lo sorprendió llegando a su puesto de trabajo –en la Sala– dos horas después de iniciada la sesión para apenas permanecer 27 segundos, una vez que marcó “presente”. Por algo es el favorito de los memes, bromas y burlas entre los 155 diputados y diputadas que conforman la Cámara.
No se sabe de ningún proyecto de ley patrocinado por Joaquín Jr. en estos diez años, tampoco de iniciativas legislativas, o ideas que podrían transformarse en ley. Todo un récord. Si el Congreso tuviera los estándares de una empresa e hiciera evaluación de desempeño de los parlamentarios, de seguro Jr. ya habría sido despedido de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para suerte de él y muchos de sus colegas, los parámetros del Parlamento tienen un piso bajo. Extremadamente bajo.
La verdad es que con este paupérrimo currículum parlamentario de Jr., su posicionamiento, el conocimiento de la gente, de la opinión pública, de sus electores, se redujo a ser el “hijo de” –Joaquín padre mal que mal fue alcalde, ministro y candidato presidencial– y el marido de la controvertida Cathy Barriga.
Sin duda, este último rol es por el cual ha construido su imagen. Nos acostumbramos a verlo apañando las locuras y trivialidades de su señora cuando era alcaldesa, acompañándola a los tribunales –pese al exabrupto de ella, que lo dejó en vergüenza en directo ante todo el país– y ahora aplaudiendo la extraña performance de Barriga, quien se dedica a vender imágenes para adultos, para paliar el tedio de estar bajo arresto domiciliario total, y compensar los déficits económicos, según la argumentación de Cathy, pese a que su marido recibe un salario equivalente a un alto ejecutivo en Chile, claro que asistiendo a unas pocas sesiones o bien presentándose diariamente una hora más tarde del horario de entrada al trabajo.
La semana pasada, se produjo un doble allanamiento –en su casa y la oficina del Congreso– para incautar facturas falsas, supuestamente, entregadas por Jr. a la Municipalidad de Maipú, en una causa en que su señora es investigada por un fraude de más de 30 mil millones de pesos, sin contar las bodegas del municipio atiborradas de peluches, joyas y otros artículos con que la exalcaldesa mantenía contenta a la gente de la comuna.
Por supuesto, Jr. no se encontraba en la oficina que tiene en el Congreso. Era recién el mediodía. Muy temprano para que el diputado hubiera llegado a la Cámara. Comprensible.
Hay que reconocer que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, actuó rápido. Apenas 48 horas antes habían estado celebrando la votación obtenida por Chile Vamos a costa de los Republicanos y un balde de agua fría amenazaba con arruinar la fiesta, de la mano de la pareja que le ha dado dolores de cabeza a la UDI. Pero para suerte del gremialismo, la cobertura de prensa del hecho, en los medios tradicionales, fue escueta. Curioso. Ramírez anunció que presumían la inocencia de Lavín, pero que, en caso de concretarse una falta, podría ser incluso expulsado del partido. Políticamente correcto el líder gremialista.
Sin embargo, Joaquín Lavín Jr. se adelantó, renunciando al partido de derecha menos de 24 horas después que se conoció del allanamiento. ¿Por qué abandonar la UDI de inmediato? ¿Por qué no esperar la imputación de cargos o al menos conocer de qué se trataba la denuncia de la Fiscalía? A buen entendedor, pocas palabras.
Es muy probable que estas facturas ideológicamente falsas que habría entregado el diputado al municipio que dirigía su señora abran una arista insospechada y que, pese a que la pareja no esté hoy militando en la UDI, deje en evidencia una fórmula de financiamiento –o enriquecimiento– ilegal de la política, lo que podría sumarse al avance de las investigaciones del caso Hermosilla/Chadwick/USS, momentáneamente “olvidado” por la prensa y la opinión pública gracias al escándalo de Monsalve y las torpezas del Gobierno para manejarse en la situación.
Sin embargo, de fondo, el caso Barriga/Lavín es la muestra del agotamiento de un sistema que mezclaba a un grupo de poder con la farándula barata, de portada de medios, de éxito en YouTube, de peluches para comprar conciencias. Ya no basta con ser el hijo de un político conocido –le tengo respeto a Joaquín, su padre– para ocupar un cargo por simple herencia. Y, por supuesto, la época en que se usaban facturas falsas para encubrir el financiamiento ilegal de la política o el enriquecimiento propio –de todos los sectores– está, por suerte, penalizada legal y moralmente.
Capaz que pronto termine la pareja produciendo videos en que participen ambos desde la comodidad del arresto domiciliario, el último de los privilegios que le van quedado a una elite que sigue pensando que el país es el mismo de hace unos pocos años.
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