El Presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió de manera telemática con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, de España, Pedro Sánchez, de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, para abordar temas relacionados a los “extremismos, la desigualdad y la desinformación”.
Desde el gobierno informaron que la cita de trabajo busca dar continuidad al encuentro que sostuvieron los líderes tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acordaron definir lineamientos y acciones conjuntas para el fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y la gobernanza global.
El 24 de septiembre pasado, en Nueva York, Estados Unidos, estos líderes celebraron un encuentro denominado ”En defensa de la democracia. Luchando contra el extremismo”, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En esta ocasión, los mandatarios delinearon acciones conjuntas para hacer frente a la desigualdad, la desinformación y el uso malintencionado de las redes socialesy otras tecnologías digitales que alimentan el extremismo y la polarización de las sociedades.
En esa misma línea, desde La Moneda dijeron que los líderes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación multilateral para enfrentar estos desafíos y fortalecer las democracias. Para ello, acordaron sostener una reunión presencial durante los próximos meses en Chile.
El exsubsecretario de Defensa y de Guerra indica que es necesario asumir que el gran consumo energético que tiene hoy el país obliga a entender que es necesario tener planificaciones específicas ante eventos como el megacorte de luz u otros semejantes que puedan producirse a futuro.
Resumen
En medio del prolongado apagón que se produjo la tarde y noche del martes en casi todo Chile –que en algunas zonas incluso se extendió hasta la mañana del miércoles–, muchas personas hicieron hincapié por medio de las redes sociales en lo vulnerable que ello dejaba al país en materia de defensa.
Sin embargo, el exsubsecretario de Defensa y de Guerra Gabriel Gaspar dice que para nadie es un misterio la forma en que opera el sistema eléctrico chileno y, en el mismo sentido, señala que lo más importante es “averiguar cuáles son las causas que provocaron este apagón”, agregando que frente a una hipótesis dominante, en orden a que obedeció a un problema de software, es necesario destacar que los incidentes más graves que se produjeron fueron pocos en términos de la extensión del blackout.
Ello, en parte, lo atribuye “a la disciplina de la población y a su responsabilidad y, por supuesto, a todos los actores que participaron en aquello, desde las empresas privadas que dieron el permiso para el retiro temprano, lo mismo en la administración pública, a lo que se suma la oportuna declaración de Estado de Emergencia”.
Sin embargo, agrega, “aquí hay temas de largo plazo y temas inmediatos”. Entre los primeros, haciendo presente que no es experto en el tema técnico, indica que “en gran parte esto se debió a la estructura geográfica del país, que es muy delgado y muy largo, y, por tanto, tenemos una sola gran carretera de energía y lo que correspondería tener serían, quizás, bloques o áreas más autónomas, de manera que la caída de una de ellas no signifique la caída de todo el sistema”.
Asimismo, dice que es necesario preguntarse por qué este tipo de problemas no se producían antes, indicando que –a juicio de los expertos en el área– “el consumo de energía en Chile ha crecido en los últimos años notoriamente después de la pandemia. Algunos dicen que fue porque Chile dio un salto y se digitalizó en buena parte de su producción y de sus servicios, dado que hoy día se hacen muchas cosas por internet y hay más teléfonos móviles que habitantes en el país”.
Ello redunda “en una recarga del sistema”, por lo cual estima que se requerirán sistemas más robustos, pues ello “es inevitable, si queremos tener una sociedad moderna”.
En ese sentido, argumenta que a futuro “ya no basta con estar preparados frente a terremotos y tsunamis, también vamos a tener que estar preparados para los nuevos desafíos que nos plantea el avance tecnológico”, junto con añadir que estos temas no pueden politizarse, pues “afectan a cualquier Gobierno y lo importante, por tanto, es cómo enfrentarlos con un espíritu nacional, que es el mismo espíritu nacional esforzado, disciplinado, que nosotros vimos ayer en las calles de muchas ciudades del país”.
Infraestructura crítica
En ese aspecto, como es obvio, es fundamental la seguridad de la infraestructura crítica, sobre la cual detalla que “son las instalaciones de los servicios básicos como la luz, el agua, la energía. Esa es la infraestructura crítica que, en caso de conflicto, y la experiencia lo demuestra en las guerras, son productos de bombardeo o de sabotaje”.
Por ello es que “una de las misiones de la Defensa es la protección de la infraestructura crítica, aunque en muchas ocasiones eso no es necesariamente exclusivo de la Fuerza Armada, puede ser también de la policía y puede ser también de la comunidad organizada”.
Según explica, “en las guerras mundiales estuvo en gran parte el origen y misión principal de las llamadas defensas civiles, que era colocar personal mayor, generalmente ya jubilado, que no estaba en condiciones de ir al frente, pero sí que podía hacer protección frente a saboteadores, ver paracaidistas furtivos que caían para dinamitar instalaciones o envenenar depósitos de agua, etc.”.
A ese respecto, critica el “enredo conceptual” que se ha creado en torno al concepto de “infraestructura crítica”, en medio del cual se declaró como tal a las fronteras del país. “La frontera hay que resguardarla, obviamente, pero eso no es infraestructura crítica, eso es geografía. Una línea de metro es infraestructura crítica, lo mismo que una estación de energía o una represa”.
Finalmente, puntualiza que “el país tiene que tener planificación de cómo enfrentar esta emergencia. Yo no puedo prever si mañana me va a fallar algo de nuevo, o si va a haber terremoto o tsunami. Lo que tengo que tener preparada es la respuesta frente a ello si ocurre y esa es una responsabilidad del Estado y también, por supuesto, de los actores privados y de la población”.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Por : Javiera Barrera MartínezDirectora del Doctorado en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Tuvimos suerte. Si este apagón hubiese ocurrido el 25 de junio, por ejemplo, al lento regreso a casa que vimos el pasado martes se sumarían estudiantes y muchos otros problemas.
“Necesitamos redes más resilientes”. Esta frase se ha escuchado constantemente desde ayer en los medios. Es que el apagón del 25 de febrero, que afectó a ocho millones de hogares por más de seis horas, significó que varias comunas quedaran además sin poder usar la telefonía fija y móvil. Sin internet no podíamos saber si nuestros cercanos estaban a salvo y ni pensar en hacer trabajo remoto.
La resiliencia es la capacidad de un sistema de recuperarse ante una falla y adaptarse a un nuevo escenario. ¿Cómo obtenemos una red resiliente? Conceptos como sistemas de respaldo, robustez o redundancia se nos vienen rápidamente a la mente.
Sin embargo, es necesario cuantificar el impacto de la interrupción en los servicios y, como un sistema que no falle es económicamente imposible, hay que decidir cuánto estamos dispuesto aceptar que falle y, cuando lo haga, cómo vamos a garantizar un cierto nivel de servicio básico. Cuando las fallas se concentran en algunas comunas, podemos apoyarnos, por ejemplo, derivando pacientes a otros centros hospitalarios o, a nivel más individual, recibiendo a familiares para que puedan cargar su teléfono o cenar. De algún modo, podemos compensar el riesgo.
El impacto de la interrupción de servicios es mucho mayor cuando no tenemos a quién recurrir. En este caso, la falla de la red eléctrica afectó el nivel de servicio de la red de transporte y luego llevó a la falla de la red de telecomunicaciones. Esto aumenta el impacto de la interrupción eléctrica, pues la red de transporte público recibió una mayor demanda (debido a la falta de suministro eléctrico), pero esta red estaba funcionando con menor capacidad.
Por otro lado, para coordinarnos y lidiar con la falla eléctrica necesitábamos llamar por teléfono o usar internet para sacar un salvoconducto, pero la misma falla en el sistema eléctrico nos lo impidió. Es decir, la falla eléctrica provoca un aumento en los requerimientos de otras infraestructuras críticas y a la vez merma su funcionamiento.
Quizás algunos consideran que es muy difícil volver a tener tanta mala suerte para sufrir una nueva falla generalizada como esta. Están equivocados. Al ser Chile un país expuesto a desastres naturales y al aumento de los eventos climáticos extremos, es seguro que grandes zonas serán afectadas, como consecuencia de un terremoto o un sistema frontal.
No solo eso, hoy dependemos de la red de telecomunicaciones para muchas tareas críticas y hemos electrificado nuestro consumo, por lo que una interrupción de este tipo hoy en día nos deja sin poder comprar con tarjeta, sin poder cocinar, sin acceso a agua potable y sin información, entre muchos otros problemas.
¿Cuánto y dónde invertir para obtener una red eléctrica resiliente? En la evaluación de la resiliencia y confiabilidad de la infraestructura debe considerarse la dependencia entre sistemas tanto en cómo gatillan demanda adicional, como respecto de la forma en que las fallas simultáneas aumentan los tiempos de reparación y entorpecen las medidas de resguardo.
En un país propenso a desastres naturales como Chile, es necesario investigar los compromisos entre la magnitud de las interrupciones en estos eventos y su frecuencia, permitiendo generar estrategias de inversión en infraestructuras críticas.
Hoy necesitamos contar con modelos de resiliencia en redes que consideren fallas simultáneas en múltiples componentes situados en zonas geográficas cercanas. Debemos desarrollar modelos que reflejen las dependencias entre infraestructura crítica.
Este es un problema generalizado presente en China, California, México y Japón. Hoy día, la comunidad científica avanza para proponer métodos para asistir en la toma de decisiones y políticas públicas. Se necesitan equipos de investigación transdisciplinarios para combinar aspectos técnicos, modelar riesgos y levantar las necesidades de la población para definir planes de acción.
Los estudios han demostrado que el uso de los modelos clásicos nos va a llevar a sobreestimar la resiliencia y a decisiones de inversión subóptimas. Chile cuenta con una comunidad científica de vanguardia para desarrollar modelos de decisión para situaciones como esta. Debemos aprovechar que contamos con este capital humano.
Tuvimos suerte. Si este apagón hubiese ocurrido el 25 de junio, por ejemplo, al lento regreso a casa que vimos el pasado martes se sumarían estudiantes y muchos otros problemas. Ojalá que las reflexiones que estamos efectuando consideren a la comunidad científica y juntos nos preparemos para los próximos eventos que ocurrirán.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Por Tatiana Scorciapino, TiempoAR, Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2025.
Caído el nombramiento en el Congreso por falta de avales, el Ejecutivo firmará el decreto este martes. El trasfondo de las negociaciones con el peronismo y las trabas en el máximo tribunal.
Después de meses de negociaciones que no llegaron a buen puerto, el gobierno publicará esta noche el decreto con el que nombrará a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión se dio ante la imposibilidad del oficialismo de reunir las voluntades necesarias en el Congreso y ahora ambos magistrados accederán al máximo cargo judicial en comisión por un año.
La confirmación llegó en la tarde del martes a través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente. La definición oficial, según reza el mismo texto, descansa en «el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuara con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos.»
La resolución, que saldrá publicada a la medianoche en el Boletín Oficial, se concretará a partir un único decreto para ambos jueces. El mismo tendrá una extensión de 32 páginas, donde el Ejecutivo incluirá los considerandos jurídicos que utilizaron para adoptar esta medida, al tiempo que habrá un racconto de jurisprudencia que ayude a engrosar la decisión presidencial.
Según pudo reconstruir este medio, la redacción del decreto se concretó horas antes del viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos para participar de la cumbre ultraderechista de la CPAC en Washington. El mismo contó con la estricta supervisión del asesor todoterreno, Santiago Caputo, y el viceministro de justicia, Sebastián Amerio, que oficia en los hechos como el titular de la cartera que todavía coordina Mariano Cúneo Libarona.
Con estas designaciones, el gobierno se entusiasma con la posibilidad de obtener una Corte más dinámica que la actual y, por sobre todo, más afín. Incluso están confiados en que esta nueva composición dejará al gobierno en una posición más que holgada para futuros casos que pueda enfrentar ante el máximo tribunal, puesto que contarán con, al menos, 2/5 de los magistrados y la siempre vigente simpatía de Ricardo Lorenzetti, quien supo ser uno de los auspiciantes de Lijo, en contramano de los deseos de sus compañeros de banca, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Pese a seguirla de cerca, en Casa Rosada la interna entre los máximos magistrados es poco trascendental, puesto que entienden que la llegada de dos nuevos jueces hará que se rompa la inercia que durante años mantuvieron Rosatti y Rosenkrantz con saliente Juan Carlos Maqueda, instancia de la que esperan salir beneficiados.
Con esa esperanza a cuestas, el oficialismo extenderá una invitación formal a los todavía no designados jueces para que participen de la apertura de sesiones ordinarias que el presidente encabezará este sábado en el Congreso. Si bien no podrán sentarse en el lugar establecido para los ministros de la Corte, puesto que para el momento todavía no habrán prestado juramento ante el presidente del cuerpo, se espera que ambos magistrados estén presentes en los palcos de la Cámara baja, toda una demostración de fuerza ante los antiguos miembros del tribunal.
Ariel Lijo: entre la Corte y Comodoro Py
Pese a contar con la voluntad política para avanzar en este sentido, lo cierto es que el oficialismo todavía debe derribar una traba aún más importante. Es que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 no quiere dejar su cargo en Comodoro Py para ser designado por este método.
Al no contar con la aprobación del Senado, la forma legalmente establecida para el nombramiento de jueces, la designación mediante decreto del presidente es a condición de ser evaluados por el cuerpo legislativo durante el período ordinario. Pese haber juntado las voluntades necesarias dentro del peronismo para impulsar su pliego, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, adelantó meses atrás que el espacio impugnaría cualquier nombramiento por decreto, lo que dejaría fuera de juego a Lijo y Mansilla, un escenario para nada tentador para un juez del calibre del penalista.
Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio.
Foto: @MinJusticia_Ar
Con este escenario, en las últimas horas se especuló con la posibilidad de que Lijo pudiese tomarse una licencia en su juzgado, para así poder cumplir con el pedido del presidente de quererlo en la Corte, pero sin arriesgar sus competencias en los tribunales con sede en Retiro. Sin embargo, existen versiones que indican que, de tomar este camino, Rosatti y Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte, no estarían dispuestos a tomarle juramento, lo que obliga al gobierno a nuevamente repensar la estrategia.
Pese a hacer lo necesario para sentar en el máximo tribunal al juez, la mesa política del gobierno no tiene intenciones de meterse en el barro. «Es algo que tendrá que solucionar él», dijo ante este medio una fuente al tanto de las negociaciones judiciales respecto a la encrucijada en la que se encuentra por estas horas el magistrado.
Las negociaciones fallidas con el peronismo
Aquella alerta del jefe de bloque cayó como una bomba en Casa Rosada, puesto que desde el inicio se tendieron puentes con el peronismo para intentar sentar a ambos jueces en el máximo tribunal. Durante las negociaciones, que sentaban en una misma mesa a Amerio y a las terminales bendecidas por el Instituto Patria, el peronismo mostró disposición para acompañar los pliegos, con la condición de que el oficialismo luego garantice el tratamiento de la ampliación de la Corte, una asignatura pendiente que el espacio quiere concretar desde la conformación del ex Frente de Todos.
Pese a que todo se encaminaba a cerrarse entre el jueves y viernes pasado, el escándalo del LIBRA gate rompió los esquemas de la agenda. La participación del presidente en la difusión de un token -que resultó en una de las estafas cripto más grandes de la historia- impulsó a UxP a presentar un pedido de juicio político contra el primer mandatario. Esta inesquivable postura quebró los pactos subterráneos y la sesión en la que el gobierno pretendía completar una por ahora tripartita Corte se cayó.
Por Simón Antonio Ramón. Resumen Latinoamericano, 25 de febrero de 2025.
Milton Polanco Orellana desapareció el 7 de febrero en su vivienda en la colonia Santa Bárbara, Barrio Latino, Jutiapa. Organizaciones que se dedican a la protección de periodistas demandan a las autoridades dar con el paradero de Polanco quien preside la Asociación de Periodistas de Jutiapa.
Han pasado 13 días desde que se denunció la desaparición del periodista Milton René Polanco Orellana en la colonia Santa Bárbara, Jutiapa donde está su residencia y hasta la fecha se desconoce sobre su paradero. Periodistas y organizaciones exigen realizar acciones para localizarlo.
El día de su desaparición Polanco vestía pantalón caqui, camisa negra y chaleco azul con la leyenda “Asociación de Periodistas de Jutiapa”, informó esta organización en sus redes sociales el 7 de febrero.
Polanco Orellana se desempeña como periodista desde hace 37 años y en los últimos cuatro años trabajó en Noticias RDS de la radio La Peligrosa, en Jutiapa.
También es presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, organización que expresó su apoyo a la familia de Polanco y agradeció las muestras de solidaridad ante este hecho.
El Ministerio Público (MP) informó el 10 de febrero de un allanamiento por la desaparición del periodista, a partir de una denuncia que promovieron sus familiares. El expediente fue declarado bajo reserva según informó la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en un comunicado publicado el 18 de febrero.
La organización Comité de Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) demandó a las autoridades guatemaltecas acciones urgentes para dar con el paradero del periodista. “Exigimos una investigación diligente y transparente para esclarecer su paradero”, planteó el 19 de febrero en una publicación en la red social X.
Ficha de información sobre la desaparición del periodista. Créditos: Cortesía
“Según informes, Polanco se encontraba en su vivienda cuando presuntamente fue llevado por la fuerza por desconocidos. Hasta la fecha, no se ha recibido información oficial sobre su paradero”, señaló CPJ.
Por su parte, la APG demandó una investigación y la pronta aparición con vida de Polanco. “Ante la desaparición del periodista Milton Polanco Orellana, ocurrida el 7 de febrero de 2025, en la colonia Santa Bárbara, Barrio Latino, Jutiapa, solicita a las autoridades competentes de Guatemala la inmediata investigación de este lamentable hecho”, señaló.
En este mismo sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió a las autoridades desplegar los máximos esfuerzos para dar con su paradero.
“La RELE está dando seguimiento a reportes públicos que denuncian la desaparición del periodista Milton Polanco Orellana, desde el 7 de febrero” señaló en una publicación en redes sociales.
Desde Guatemala, organizaciones de periodistas como No Nos Callarán y la Red Rompe el Miedo, pidieron desde el 8 de febrero a las autoridades dar con el paradero del periodista. Prensa Comunitaria informó el 10 de febrero que familiares reportaron que al buscarlo en su casa “encontraron el interior de su vivienda destruida”.
El exministro y excandidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín acusó un “ensañamiento” contra su nuera, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien deberá volver a la cárcel, en el marco de la investigación en su contra por fraude al fisco.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del Noveno Juzgado de Garantía, que había modificado la medida cautelar de prisión preventiva de Barriga a la de arresto domiciliario total hace ocho días.
Joaquín Lavín aseguró que el retorno a la cárcel de Barriga “tiene un efecto devastador” para su familia, y acusó un “ensañamiento” contra su nuera.
“Para mi nieto, con la condición que tiene, esto es un acto de crueldad. Imagínense que de repente la mamá se va, pasa un mes y medio presa, la mamá vuelve. Pasan ocho días, la mamá se va otro mes y medio. La mamá vuelve, pasan ocho días y otra vez ahora, hoy, la mamá se va. Es un niño que necesita a la mamá”, expresó Lavín.
“Y más allá del aspecto humano, aquí hay una persona que lleva más de un año entre estar en su casa en arresto domiciliario y ya más de tres meses en la cárcel sin que haya empezado el juicio siquiera. Y más aún, todo tiene origen en un déficit supuesto que se calcula con un instructivo que ya está derogado”, agregó.
“Realmente creo que aquí hay un ensañamiento”, sentenció.
La exalcaldesa de Maipú es apuntada por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco, de momento, por un monto cercano a los 31 mil millones de pesos, y de falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso.
El Ministerio Público agrupó en cinco hechos los delitos que le imputa a la exalcaldesa. Por ejemplo, fraude al fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria, que se materializaban en la generación de una disponibilidad presupuestaria artificial mediante la subestimación de gastos o sobreestimación de ingresos a través de los certificados de disponibilidad presupuestaria.
Otro delito consiste en la falsificación de informes de ejecución presupuestaria. Cathy Barriga habría informado falsamente el estado financiero del municipio, al menos, en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.
Otro hecho considerado por la fiscalía es la adquisición de mil collares de marca Swarovski, entre otros elementos, por un monto cercano a los 18 millones de pesos.
La exalcaldesa de Maipú también habría pagado remuneraciones a Andrea Monsalve, quien presentó un título falso de periodista pero nunca ejerció en el municipio, sino que como asistente de Barriga en el cuidado de su hijo. A Monsalve se le pagó cerca de 110 millones de pesos durante cuatro años, pese a que estuvo todo ese tiempo con licencia médica.
Otra arista está relacionada con el dinero destinado al financiamiento de los colegios municipales que se utilizó en otras cosas, por ejemplo, la compra de peluches.
0 COMMENTS