Desde el Grupo Iniciativas por los derechos humanos, manifestaron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno "respecto a lograr justicia y reparación para las víctimas de las graves vulneraciones cometidas durante el estallido social, quienes hoy se encuentran en el más total abandono y olvido".
El Ministerio Público decidió “no perseverar” en la investigación de 1.509 casos de denuncias por violencia ejercida por agentes del Estado contra ciudadanas y ciudadanos chilenos en el contexto del estallido social de 2019.
Esta medida fue repudiada por el Grupo Iniciativas por los derechos humanos, conformado por distintas organizaciones sociales, sindicales y de víctimas, ya que pone nuevamente de manifiesto el incumplimiento del Estado de Chile respecto a sus obligaciones en esta materia.
A través de un comunicado, plantearon que la medida tomada por la Fiscalía es una «cruda evidencia de como la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición del pasado permiten que la historia se repita, profundizando el trauma social al imponer nuevamente la impunidad a las víctimas, sus familias y la sociedad».
Desde la agrupación indicaron que la decisión de no perseverar en los más de 1.500 casos denunciandos «argumentando un mecanismo administrativo para destrabar el sistema penal», puede percibirse como un velado sobreseimiento,» estableciendo un cuestionamiento imposible de omitir relacionado con el impacto y consecuencias en las victimas, en su entorno así como en toda la sociedad, profundizando la percepción de injusticia, indefensión e impunidad».
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