DEFENSA DEL PARLAMENTARIO ASEGURA QUE PAGOS SÍ SE REALIZARON

 

Fiscalía acusa que diputado Lavín no transfirió a proveedor $34 millones que le fueron reembolsados por el Congreso y el Servel

30.09.2025

Por Diego Ortiz

CIPER CHILE.

En la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín, el Ministerio Público lo acusa de ser dueño “de forma subrepticia” de Modo74 SpA, su principal proveedor en el Congreso. Si bien el diputado no tiene participación formal en esa sociedad, la fiscalía afirma que fue el principal financista de la empresa –creada por un asesor de su confianza–, que consiguió la totalidad de sus clientes y que mantenía un registro de sus ingresos y egresos en su computador y teléfono. Dos facturas rendidas por Lavín al Servel y otras 44 entregadas como gastos parlamentarios al Congreso, fueron reembolsadas al diputado y, según la fiscalía, el dinero nunca fue transferido a esta empresa. Su abogado, Cristóbal Bonacic, lo niega: “La diferencia advertida por el Ministerio Público es fruto de una selección arbitraria del total de pagos”.

La solicitud de desafuero que interpuso el Ministerio Público en contra del diputado Joaquín Lavín León (exUDI) detalla un aspecto hasta ahora desconocido del caso. Según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, entre el Congreso y el Servicio Electoral (Servel) le reembolsaron a Lavín un total de $34 millones por servicios que le habría prestado la empresa Modo74. El Congreso restituyó una parte de ese dinero como gastos de asignaciones parlamentarias. El resto, lo entregó el Servel por trabajos de campaña. La fiscalía señala que, tras revisar los movimientos bancarios del diputado, se pudo constatar que estos fondos efectivamente llegaron a las cuentas de Lavín, pero que no fueron traspasados a la empresa.

La sociedad Modo74 está siendo investigada en esta causa porque fue creada por un estrecho colaborador de Lavín León y porque sus únicos clientes se vinculan al diputado y a la UDI. La fiscalía señala en su petición de desafuero que esta empresa en realidad es de Lavín.  

La Corte de Apelaciones de Santiago todavía no fija fecha para revisar la solicitud de desafuero que la fiscal Constanza Encina presentó el 30 de junio pasado. Con esta acción penal el Ministerio Público pretende despojar a Lavín León de sus privilegios parlamentarios, con el fin de aplicarle medidas cautelares en una eventual formalización. 

En el documento de 150 páginas que pide el desafuero, el Ministerio Público cifra un total de $22 millones que fueron rendidos por Lavín a la Cámara de Diputados como gastos parlamentarios, dinero registrado en 44 facturas emitidas por Modo74, el que fue reembolsado íntegramente con fondos públicos y consignados en las cuentas del legislador. Del mismo modo, de acuerdo con las pericias de la fiscalía, Lavín rindió como gastos de campaña ante el Servel otras dos facturas de Modo74 por un total de $12 millones cuando fue reelecto en 2021. Esos servicios también fueron reembolsados y constan en su cuenta electoral.

Tras hacer seguimiento bancario, la fiscalía acusa en su solicitud de desafuero que esos fondos no llegaron finalmente a las cuentas de Modo74. Algo que la defensa de Lavín León, niega. Cristóbal Bonacic, abogado del parlamentario, señaló a CIPER que la fiscalía hizo una selección arbitraria de los pagos: “La diferencia advertida por la solicitud de desafuero realizada por el Ministerio Público es fruto de una selección arbitraria del total de pagos realizados por el H. Diputado Lavín al proveedor mencionado, de suerte que no existe ninguna diferencia, tal como esta defensa lo explicó en detalle en la presentación efectuada ante el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”.

En ese documento –al que tuvo acceso CIPER y donde la defensa de Lavín contesta la solicitud de desafuero– Bonacic critica la metodología con la que se realizó el análisis de los pagos registrados en las cuentas del diputado. Según ese escrito, para el análisis de la fiscalía “no se consideraron transferencias desde Joaquín Lavín León a la cuenta corriente de la empresa Modo74 o a Felipe Vázquez Diéguez [asesor de Lavín que figura como dueño de la empresa] como persona natural, que en su mensaje de transferencia no se hiciera alguna alusión a pagos de facturas, o que, del mensaje del asunto, resulte evidente que no se corresponda con un pago de las mismas”.

En la contestación a la solicitud de desafuero, Bonacic señala que el Ministerio Público descartó “arbitrariamente ciertos pagos del Sr. Lavín”, los cuales, de ser considerados, dejarían “meridianamente claro que las respectivas facturas fueron pagadas”.

En la solicitud de la fiscalía también se consigna otro detalle que surgió del análisis de las cuentas del diputado: que este recibió $56,7 millones a través de 26 depósitos en efectivo de origen desconocido entre 2018 y 2024. De estos, en nueve comprobantes se registró el nombre del propio Lavín como “depositante”, los que suman $15,4 millones. Y en cuatro papeletas de depósito, no se logra identificar a la persona que realiza ese ingreso, sumando $5,3 millones, mientras que en otras 13, que ascienden a $36 millones, no se individualizó quiénes los hicieron. Esto último motivó la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en virtud del “alto flujo en su cuenta corriente producto de depósitos en efectivo y transferencias recibidas sin respaldos formales”, dice ese reporte de la UAF.

Bonacic aseguró a CIPER que el diputado Lavín entregó las explicaciones correspondientes a la UAF, instancia que habría concluido su revisión “sin reparo alguno”. Y agregó: “No está demás decir que este tema es levantado por el Ministerio Público para generar dudas donde no las hay, para con ello pretender respaldar una solicitud de desafuero caracterizada por su parcialidad”.

EL SOFTWARE FAVORITO DE LA UDI

El escrito que argumenta la solicitud de desafuero fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la fiscal regional oriente, Lorena Parra, y la fiscal adjunta, Constanza Encina, el pasado 30 de junio. Con esto el Ministerio Público busca despojar de su inmunidad parlamentaria al diputado Lavín para así formalizarlo por potenciales delitos de fraude al fisco reiterados, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. La fiscalía cifra en $104,2 millones el monto presuntamente defraudado.

Son tres las aristas que sostienen la petición de desafuero. Una se relaciona con el actuar de Lavín en la Municipalidad de Maipú, cuando su cónyuge, Cathy Barriga, era su alcaldesa. Esto, porque la fiscalía asegura que el diputado ordenó una serie de gestiones que serían constitutivas de tráfico de influencias, entre ellas contrataciones, despidos y ascensos de funcionarios en los que no le correspondía intervenir. Además, afirma que Lavín se benefició políticamente al acceder a bases de datos con información de contribuyentes de Maipú.

En segundo lugar, las investigadoras apuntan a la eventual rendición de facturas falsas por parte de Lavín ante el Congreso, emitidas por la imprenta MMG, las que el parlamentario, según los antecedentes expuestos por la fiscalía, habría hecho pasar como gastos propios de su labor legislativa, cuando en realidad se trataba de deudas por trabajos realizados para su campaña a diputado (vea el artículo de CIPER donde se detallan esas rendiciones).

La tercera arista se vincula a Modo74, empresa que, según el Ministerio Público, tendría a Lavín como uno de sus dueños en las sombras, la que fue financiada con fondos del Congreso para desarrollar el software SocialTazk, un aplicación que almacena bases de datos y permite el envío masivo de mensajes a todos esos contactos en forma simultánea. La fiscalía sostiene que esta plataforma se creó con fines electorales ajenos al trabajo parlamentario. Así lo describe en su solicitud de desafuero:

“El imputado Joaquín Lavín León, en colaboración con los demás coimputados, defraudaron al fisco través de la rendición fraudulenta de facturas de la empresa Modo74, y la plataforma SocialTazk creada al efecto, simulando gastos operacionales asociados a su función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta destinada al beneficio político y electoral suyo, y de otros miembros de su partido”.

Entre 2018 y 2024, Lavín rindió ante el Congreso 153 facturas emitidas por Modo74 SpA. La sociedad fue constituida en enero de 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, quien se desempeñó como asesor parlamentario del diputado entre julio de 2018 y agosto de 2019. Si bien Joaquín Lavín León no es parte de la estructura societaria de la empresa, la fiscalía sustenta su presunción de que él tiene intereses en esa sociedad en varios hechos, entre los que destacan dos: 1) en el teléfono y computador personal del legislador había registros de ingresos y egresos de esa empresa, además de listados actualizados de usuarios de la plataforma o programa SocialTazk, y 2) según correos, mensajes, presentaciones y declaraciones de testigos, el diputado capacitaba a clientes de Modo 74 para el uso de ese software.

“[Lavín] se preocupaba de cobrar personalmente o a través de su asesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, a quienes adeudaban montos a la referida empresa”, afirma la solicitud de desafuero.

La revisión contable de la sociedad que hizo el Ministerio Público arrojó que Lavín era el principal cliente de Modo74. En el desafuero se señala que el parlamentario recibió “el 56% de las facturas emitidas” por esa empresa. Asimismo, el 44% restante también estaba ligado a Lavín: todos eran clientes vinculados a la UDI que el diputado habría reclutado.

De acuerdo con la solicitud de desafuero, sólo entre 2020 y 2021, año en que se desarrollaron elecciones municipales, de constituyentes, de gobernadores regionales y presidencial, Joaquín Lavín ofreció la plataforma SocialTazk a 70 candidatos UDI a nivel nacional. La fiscalía sustenta su afirmación de que fue Lavín el que gestionó los servicios para esos candidatos en que “les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita”.

Las investigadoras además señalan que el diputado no cobró por esas tareas, sino que lo hizo con otro propósito: “Únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas”.

Las otras personas a las que facturó Modo74 fueron dos. Una es la esposa del diputado, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga –imputada por esta misma fiscalía por fraude al fisco por su gestión en la comuna entre 2016 y 2021–, quien rindió facturas por $10 millones de esa empresa como gastos de su campaña a la reelección en 2021. El segundo es el padre del parlamentario, Joaquín Lavín Infante, quien también rindió al Servel $3 millones por su campaña para la primaria presidencial de Chile Vamos en 2021.

En el Congreso, Lavín no fue el único parlamentario que contrató servicios de Modo74 SpA para que fueran pagados con asignaciones parlamentarias. CIPER accedió vía Ley de Transparencia al listado de todos los diputados y senadores que contrataron esta empresa y rindieron esos gastos con cargo al fisco. En total son $17,4 millones entre 2019 y 2023. Todos están ligados a la UDI.

1)      Sergio Gahona (UDI): $2.100.000.

2)      Enrique van Rysselberghe: $1.400.000.

3)      Osvaldo Urrutia (UDI): $7.000.000.

4)      Juan Manuel Fuenzalida (UDI): $5.300.000.

5)      Felipe Donoso (UDI): $1.000.000.

6)      Juan Antonio Coloma (UDI): $350.000

7)      Marlene Pérez (Independiente, bancada UDI):  $236.000.

La fiscalía asegura que “el imputado Lavín era dueño del proyecto en forma subrepticia y cliente de manera formal, conociendo la incompatibilidad que existe de contratar como proveedor del Congreso Nacional a una empresa con quien mantiene vínculos societarios formales”.

CIPER consultó al abogado José Pedro Silva, representante de la Municipalidad de Maipú –entidad que se sumó a la solicitud de desafuero del Ministerio Público– sobre los reembolsos solicitados por Lavín al Congreso y al Servel. Silva señaló lo siguiente: “Es importante distinguir que lo que se imputa al diputado Lavín es el delito de fraude al fisco por todas las rendiciones que él hizo vinculadas a esta aplicación que tenía fines electorales”.

“Perpetuación de la corrupción”: trabajadores judiciales fustigan fallo que salvó a ministro Ulloa

 

PAÍSFoto: AgenciaUNO

30 septiembre, 2025

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tras el rechazo de la Corte Suprema a la expulsión de Antonio Ulloa por el caso Hermosilla, la OTJ denunció una “doble justicia” que protege a jueces y ministros mientras sanciona a funcionarios de menor rango, advirtiendo que esta práctica erosiona la credibilidad del Poder Judicial.

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La Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) cuestionó la decisión de la Corte Suprema de mantener en el cargo al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, vinculado al caso Hermosilla.

En un comunicado emitido este martes, la organización afirmó que el fallo evidencia “el problema profundo que existe en nuestro Poder Judicial, relativo al manto de protección que tienen algunos funcionarios de este poder del Estado, en especial aquellos que pertenecen al escalafón primario, esto es, jueces y ministros”.

Según la OTJ, mientras funcionarios de escalafones menores son sancionados con la remoción o con las penas más altas por conductas similares, los ministros y jueces enfrentan “un comportamiento laxo para sancionar”. La organización advirtió que esta situación afecta la credibilidad institucional y la percepción pública de la justicia, además de perjudicar directamente a los trabajadores del Poder Judicial, quienes serían testigos de “una doble justicia interna”.

“Perpetuación de la corrupción al interior de este poder del Estado”

El comunicado sostiene que la decisión de mantener a Ulloa en su cargo constituye “una perpetuación de la corrupción al interior de este poder del Estado”, aludiendo a su participación en lo que la organización describe como “tráfico de influencias en el sistema de nombramientos” en distintos niveles del Poder Judicial. La OTJ aseguró que continuará denunciando estos hechos con el objetivo de promover un Poder Judicial más democrático y justo, tanto para la ciudadanía como para los funcionarios.

La resolución de la Suprema se produjo luego de un pleno extraordinario en el que se discutió el cuaderno de remoción de Ulloa. La votación estuvo dividida y no alcanzó el quórum exigido por el artículo 80 de la Constitución, que establece que se requiere mayoría del total de los miembros del pleno (11 de 21) para remover a un ministro. Votaron a favor de la remoción ocho ministros y siete en contra. La ministra vocera, María Soledad Melo, indicó que, por ello, Ulloa “no queda removido de su cargo”.

El proceso disciplinario contra Ulloa se originó por cuatro cargos: violación al deber de reserva al filtrar información al expoderoso abogado Luis Hermosilla; vulneración del deber de imparcialidad; falta de probidad en concursos de nombramientos; y eventual conducta impropia al utilizar su vínculo con Hermosilla en designaciones. Su abogado defensor, Domingo Hernández, valoró la decisión y aseguró que “se hizo justicia”.

El costo ético en la complicidad de crímenes de lesa humanidad

 

OPINIÓNArchivo

30 septiembre, 2025

Por : Samuel ToroLicenciado en Arte. Doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, UV.

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La autoridad cultural es un bien público y designarla sin escrutinio es permitir que la memoria sea refinada por intereses políticos que, si no se les pone límite, buscan rehabilitar relatos que desdicen la verdad de las víctimas.

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La cultura es parte de la trama de las memorias y sentidos base de la vida pública y privada. Es por esto que resulta vacuo y peligroso que, en la recta final sobre las supuestas definiciones políticas del país, en la disputa presidencial, la cultura vuelva a tener un rol de última importancia y solo utilizada como un accesorio decorativo de campaña (cuando lo amerita forzosamente), como un trámite administrativo. Las propuestas culturales de candidatos y candidatas son breves párrafos, con programas generalizados de “lugares comunes”, lo cual nos muestra, una vez más (no es sorpresa), un “desprecio político” (o ignorancia, derechamente) por aquello que constituye la construcción simbólica de un país. Esa vacuidad discursiva desfinancia prácticas y desactiva resistencias.

La precarización de las humanidades y de las prácticas culturales no solo empobrece la vida creativa: debilita la capacidad social para recordar, para problematizar y para resistir, muchas veces, versiones oficiales del pasado. Cuando la cultura se considera un “ítem administrativo”, pierde su fuerza crítica y se amolda –sin perjuicio de buena voluntad– para funcionar como “adorno” de legitimación política. Eso explicita el hecho de cómo la ausencia de políticas culturales robustas facilita que determinados relatos sobre la historia ocupen, sin fricciones, los lugares públicos.

El problema se vuelve dramático cuando agentes culturales reconocidos deciden prestar su autoridad a fuerzas políticas que han relativizado violaciones graves a los derechos humanos. No hablo de conflictos interpretativos menores, sino de afirmaciones públicas que, de una manera u otra, ubican la violencia estatal en la categoría de “accidente histórico” o la convierten en un precio inevitable de la estabilidad. En estos casos la decisión de apoyar, asesorar o legitimar a determinadas posiciones, ya no es una preferencia u opción técnica, para convertirse en una cuestión ética de primer orden.

La autoridad cultural es un bien público y designarla sin escrutinio es permitir que la memoria sea refinada por intereses políticos que, si no se les pone límite, buscan rehabilitar relatos que desdicen la verdad de las víctimas. En estos casos, la convivencia simbólica –el gesto de “trabajar con”, sin examinar la matriz ética del proyecto político– funciona como un mecanismo de blanqueo que erosiona la confianza pública en el campo cultural. No es prudencia académica reservar una postura crítica por temor a la politización, sino que es una obligación mínima de quienes trabajan con memoria y ficción colectiva.

Defender la pluralidad no puede confundirse con tolerar la relativización de los crímenes. El principio del diálogo plural supone que todas las posiciones que respetan la dignidad humana participan en el debate público, y esto no puede ser excusa para normalizar discursos que justifican o minimizan desapariciones, torturas y asesinatos. La neutralidad que algunos invocan en nombre de la “convivencia” termina siendo, de hecho, una forma de complicidad con la impunidad simbólica.

Frente a esa concatenación de riesgos, propongo medidas de base que no coartan la libertad creativa ni limitan el debate público, pero sí colaboran sobre los estándares de responsabilidad:

1. Realizar un registro público de incompatibilidades éticas para cargos de representación cultural estatal. Esto no sería una lista inquisitorial, sino una norma profesional, donde quien aspire a representar a una institución pública debe declarar antecedentes que comprometan su capacidad para proteger la memoria y los derechos humanos.

2. Instalar obligaciones de transparencia para museos y centros culturales públicos, en los que se declaren vínculos políticos, asesorías y apoyos de sus directores(as) y curadores(as). La sociedad tiene derecho a saber quién dirige los relatos que se exhiben en espacios financiados con recursos comunes.

3. Establecer líneas de financiamiento estables y adelantadas para proyectos de memoria y derechos humanos (como el caso del Museo de la Memoria o la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, entro otros), administradas por comités plurales que incorporen víctimas, académicos y agentes territoriales. La memoria no puede depender del calendario electoral ni de fondos contingentes.

4. Instaurar criterios éticos de selección para cargos de representación cultural en el extranjero, revisando antecedentes públicos en relación con declaraciones que relativicen violaciones a los derechos humanos como un estándar de dignidad institucional.

5. Y fortalecer programas de formación y protección laboral para trabajadores culturales que garanticen independencia profesional frente a presiones políticas o mercantiles.

Estas propuestas no son censuras, sino instrumentos de integridad institucional. Exigir transparencia enmarca el debate plural en principios que resguardan a las instituciones culturales de maniobras de “rehabilitación moral”.

La práctica curatorial y crítica no puede limitarse a la eficiencia técnica o estética (tradicionalmente hablando), pues esta implica responsabilidad pública. Seleccionar qué narrativas se exhiben, qué archivos se ponen a disposición y cómo se cuentan los hechos exige modelos éticos. Quienes ocupan esos puestos no representan solamente un currículum, sino también la confianza colectiva sobre las memorias. Usar esa confianza para la realización de proyectos que relativizan el sufrimiento de las víctimas es un “delito profesional”, tan grave como la falta de rigor y manipulación académica.

Todo esto no se trata sobre excluir la discusión acerca de la complejidad histórica, sino de impedir que los discursos que niegan o minimizan el daño humano ingresen, sin reparos, al circuito de legitimación cultural. La memoria es también un deber pedagógico, donde recordar no es revictimizar, es reconocer la deuda que la democracia tiene con su pasado, con sus víctimas y con las próximas generaciones.

Acá la gran importancia en la reivindicación del papel de la cultura como factor de verdad y justicia, sin plantear una “herejía política” sino coherencia ética, donde la legitimidad cultural se logre con integridad y no con complicidades.

Es tiempo de que los artistas, gestores, curadores, críticos y académicos impongan estándares mínimos que resguarden la memoria y la dignidad de las víctimas, no para que la cultura sea un  dispositivo partidario, sino porque es la última frontera civilizatoria frente al olvido y la banalización del horror. Si la comunidad cultural acepta la lógica de la conveniencia, perderemos la capacidad de imaginar, colectivamente, un país distinto. Y eso no debe ser tolerable.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Declaración de Mutual van Schouwen por negligencias gubernamentales en Sitio de Memoria El Morro

 

CHILE AL DÍA

EL CLARIN CHILE

By Corporación Mutual Bautista Van Schouwen Vasey  29 Septiembre, 2025  

En un acto que conmemoraba los 50 años de la ejecución del ex militante del MIR Oscar Arros Yáñez, la Corporación Mutual Bautista van Schouwen dio a conocer una declaración pública en la que denuncia una serie de irregularidades cometidas por las autoridades de gobierno, tanto regionales como nacionales, en relación a la situación legal y administrativa del Monumento Histórico y Sito de Memoria El Morro de Talcahuano.

El mencionado acto tuvo lugar el día de ayer en la ciudad de Lota, en el mismo lugar donde el ex trabajador de Enacar y estudiante universitario, fue asesinado por agentes del CIRE el día 28 de septiembre de 1975 y en donde hoy se levanta un memorial en su homenaje. Oscar Arros fue detenido días antes de esa fecha por agentes de aparatos de inteligencia de la dictadura y trasladado al recinto de detención y tortura clandestino El Morro donde permaneció en condiciones de secuestro y fue sometido a crueles torturas y vejámenes por los agentes represores. Desde allí fue llevado por los agentes, amarrado y a bordo de un vehículo, hasta su domicilio en Lota y en las proximidades de éste fue ejecutado. Luego abandonaron su cadáver en las afueras del Hospital de Lota desde sus restos fueron recuperados por familiares.

En el acto por los 50 años de este crimen, la Mutual van Schouwen, junto con rendir homenaje al joven lotino, dio a conocer la declaración que aquí reproducimos.

 Declaración sobre situación de negligencia y negación gubernamental en Sitio de Memoria El Morro de Talcahuano

Concepción, 27 de septiembre de 2025

La Corporación de Socorros Mutuos Bautista van Schouwen Vasey, de Concepción, se ve en la necesidad de denunciar la negligencia gubernamental con que nos hemos enfrentado en nuestros propósitos de gestionar el Monumento Histórico y Sitio de Memoria El Morro de Talcahuano, recinto que fue un ignominioso centro clandestino de detención y tortura utilizado por las hordas represivas durante la dictadura militar.
A continuación presentaremos una línea de tiempo que menciona hitos relevantes entre los años 2016 a 2025, periodo en que hemos trabajado en la búsqueda permanente del resguardo de la Memoria en El Sitio de Memoria El Morro.

1.- El 23 de noviembre de 2016 el Consejo de Monumentos Nacionales resuelve otorgar la categoría de «Monumento Histórico y Sitio de Memoria al ex Fuerte El Morro de Talcahuano», a solicitud de nuestra organización, la Mutual Bautista van Schouwen, quienes entregamos el expediente con la información necesaria para tal efecto administrativo. Dicha declaración fue ratificada el 15 de julio de 2017 a través de una resolución emitida por el Ministerio de Educación.

2.- Entre los años 2014 a 2019, una parte del referido recinto fiscal estaba entregado en concesión a la Municipalidad de Talcahuano. Con fecha junio de 2021 (durante la última gestión del gobierno de Piñera), dicha concesión les fue renovada y ampliada inclusive (incluyendo toda la extensión del espacio declarado).

3.- Desde diciembre de 2016 la Mutual Bautista van Schouwen comenzó a realizar trámites y gestiones ante el propietario legal del recinto fiscal, la Seremía de Bienes Nacionales del Bio Bío y también ante diversas otras instancias oficiales, con el fin de lograr una concesión formal del Monumento y Sitio declarado de manera de convertirlo en un efectivo espacio de memoria. Las gestiones y trámites realizados por nuestra Mutual para lograr la concesión resultaron infructuosos. A pesar de ello, en junio de 2022 ingresamos ante el Ministerio de Bienes Nacionales (autoridad máxima del recinto fiscal) una solicitud de concesión de largo plazo para la administración del monumento y sitio.

4.- En abril de 2022 una parte del recinto fiscal correspondiente al Sitio de Memoria fue objeto de una ocupación ilegal por un grupo de personas, que rápidamente lograron consolidar la ocupación con viviendas e instalaciones, además de ampliar progresivamente el número de viviendas instaladas y el espacio invadido. Conviene resaltar que, en ese período, el recinto estaba concesionado al municipio de Talcahuano y bajo su supuesta administración ocurren estos hechos.

5.- Frente a los hechos mencionados anteriormente, de inmediato desde la Mutual Bautista van Schouwen comenzamos gestiones y trámites para exigir la reubicación de los ocupantes y la recuperación del espacio ocupado (que a la época estaba bajo concesión de la municipalidad de Talcahuano). Con ese propósito se constituyó una Mesa Intersectorial integrada por diversas seremías, departamentos y oficinas regionales, además de la Mutual, que comenzó a funcionar con cierta regularidad.

6.- En julio de 2023, a proposición del Seremi de Bienes Nacionales, se acuerda otorgar una concesión de corto plazo (5 años) a la Mutual van Schouwen. Para hacer posible dicha concesión de corto plazo, previamente se modificó la concesión otorgada a la municipalidad de Talcahuano restándole los espacios declarados y, por tanto, el terreno invadido por los ocupantes ilegales.

7.- El espacio y terreno invadido se acordó que quedase temporalmente en poder de Bienes Nacionales para lograr su restitución administrativa, con el compromiso de que, lograda ésta, el terreno recuperado sería reintegrado al Sitio de Memoria.

8.- Con esa condición de base, la proposición de concesión fue aceptada por la Mutual van Schouwen con el compromiso de que los terrenos ocupados, una vez recuperados por la autoridad, fuesen integrados al espacio concesionado, además de otra serie de condicionantes a cumplir por la autoridad. Dicho compromiso fue suscrito por el Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de la Cultura las artes y el patrimonio, Seremi de Justicia y Derechos Humanos y la representación de la Delegación Presidencial del Bio Bio. (todos integrantes de la Mesa Intersectorial).

9.- En agosto de 2023 se nos entregó la concesión temporal por 5 años. Durante todo el resto de ese año y del año 2024 no se logró ningún avance de solución en la reubicación de los ocupantes y recuperación del terreno usurpado y, por tanto, tampoco se pudo avanzar en pasos técnicos y trámites administrativos tendientes a conseguir el financiamiento para la restauración del Sitio de Memoria.

10.- En abril de 2025 se comenzó a concretar la reubicación de los ocupantes, concluyendo ésta a comienzos de mayo de 2025. Sin embargo, aún antes de concretar la recuperación del terreno, el Seremi de Bienes Nacionales comenzó a manifestar la intención de reintegrar los terrenos recuperados a la municipalidad de Talcahuano. Esta cuestión queda de manifiesto una vez que se concluye la evacuación de ocupantes y no se respeta los compromisos suscritos por autoridades regionales con la Mutual Bautista van Schouwen en julio de 2023.

11.- Ante esta grave situación de incumplimiento, presentamos ante el Seremi de Bienes Nacionales nuestra exigencia de que se cumplieran los compromisos suscritos con la Mutual van Schouwen y que se nos entregara la concesión de largo plazo por todo el recinto declarado (solicitud ingresada hace ya 3 años); exigencia que hicimos extensiva ante la Delegación Presidencial y ante el ministro de Bienes Nacionales. No se nos dio respuesta alguna.

12.- En el curso del mes de mayo del presente año, enviamos cartas al ministro y le solicitamos entrevista (por ley de lobby) pero no fuimos atendidos. El 19 de junio el Ministro de Bienes Nacionales envía a una funcionaria subalterna a sostener una reunión con nosotros para tratar de imponernos la decisión adoptada por las autoridades políticas de entregar el recinto recuperado a la municipalidad de Talcahuano. En esa reunión, con la participación del Seremi de Bienes Nacionales, se comprometen a entregarnos una respuesta oficial sobre su decisión a la brevedad.

13.- El 12 de agosto el Seremi de Bienes Nacionales envía por correo postal a la Mutual van Schouwen una carta alusiva que en ningún caso contiene soluciones ni puede aceptarse como respuesta. En razón de ello, a fines de agosto, la Mutual envió una contra respuesta a esa carta del Seremi y una carta insistencia al ministro de Bienes Nacionales. Transcurridos ya más de un mes de ese hecho, no hemos obtenido ninguna respuesta.

14.- El incumplimiento de los compromisos adquiridos, así como la nula respuesta a nuestras demandas por parte de las autoridades, tanto regionales como nacionales, se ha transformado en un continuo acto de violencia administrativa hacia nuestra Mutual Bautista van Schouwen. Violencia administrativa que se suma a los constantes actos de negacionismo respecto del único espacio declarado Sitio de Memoria en la provincia de Concepción y en toda la región del Bío Bío.

15.- Nuestra Mutual van Schouwen, desde el momento mismo de la declaratoria, ha ejercido una gestión de hecho del recinto, aún en las precarias condiciones en que se encuentra, realizando durante ya 9 años decenas de actividades de memoria y difusión de los derechos humanos, así como cientos de visitas guiadas a estudiantes y organizaciones sociales de diversos orígenes. Por su parte, las autoridades gubernamentales no sólo desconocen nuestro constante accionar, sino que han dado muestras de desconocer la importancia y significado del Sitio de Memoria El Morro para la comprensión de la historia reciente del país y del aprendizaje necesario a partir de ella.

16.- En ese contexto, el mencionado Sitio y Monumento Histórico, pese a nuestros esfuerzos y actividades, se ve sometido a un continuo deterioro y abandono. Las mencionadas autoridades políticas, en una muestra de su ignorancia histórica y desinterés moral, prefieren dar preponderancia a sus componendas y contubernios políticos tendientes a reinstalar en el espacio de memoria a una entidad municipal que se ha caracterizado por su negligencia y negacionismo. Nuestra Mutual van Schouwen no está disponible para permitir que esta sucia maniobra prospere y, menos aún, para compartir un espacio de Memoria con una entidad municipal, de por sí, inestable.

17.- Nuestra Corporación Mutual Bautista van Schouwen no está dispuesta a dejarse avasallar por los turbios manejos y manifiesta inoperancia de las autoridades gubernamentales y seguiremos insistiendo por todos los medios a nuestro alcance por preservar el Sitio de Memoria en su significado histórico, por impedir que turbios manejos politiqueros ensucien la valoración social y moral de un recinto que fue centro de detención y tortura clandestino durante la nefasta dictadura militar. Exigimos una pronta solución a nuestras demandas, antes de consumarse el próximo proceso electoral y sus consecuencias.

Corporación Mutual Bautista van Schouwen Vasey

Gobierno y caso de DDDD encontrada viva en Argentina: fue detectado por el Plan Nacional de Búsqueda

 

PAÍS

29 septiembre, 2025

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El ministro Luis Cordero explicó que las inconsistencias en la historia de Bernarda Vera, considerada desaparecida desde 1973, fueron detectadas por el Plan Nacional de Búsqueda. El Gobierno recibió antecedentes desde Suecia en mayo y analiza presentar una querella.

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El Gobierno destacó este lunes que el hallazgo de la profesora y militante del MIR, Bernarda Vera Contardo —quien figuraba como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig— fue posible gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Vera, alias “Anita”, desapareció en octubre de 1973 tras ser detenida a los 27 años. Sin embargo, un reportaje emitido por Chilevisión reveló la existencia de una mujer en Argentina que sería ella.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que las inconsistencias del caso fueron identificadas por la periodista y académica Pascale Bonnefoy, en el marco del plan impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric.

Cordero relató que, durante su paso por el Ministerio de Justicia en 2024, conoció los primeros antecedentes y que el proceso de chequeo incluyó gestiones con Suecia, país al que Vera habría viajado tras escapar de Chile. “El equipo del Plan Nacional de Búsqueda (…) tomó la decisión de comunicarle a la única hija que se encuentra en el país de las indagaciones que estaba haciendo en el contexto del Plan”, señaló. Según dijo, los antecedentes oficiales desde Suecia llegaron recién en mayo de este año y fueron entregados al juez que investiga el caso.

El ministro subrayó que el Ejecutivo estudia presentar una querella, aunque recalcó que la familia en Chile “ha actuado de buena fe y con total desconocimiento” de la situación. También descartó que Sandro Gaete, exfuncionario del Plan de Búsqueda, lo hubiera informado directamente.

Agregó que “el Gobierno está estudiando una querella” respecto a este caso, pero puntualizó que “la hija de Bernarda Vera y su familia (en Chile) han actuado de buena fe y con total desconocicimiento” de la irregularidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia y al respeto en las opiniones.

El ministro de Seguridad también señaló que es “falso” que Sandro Gaete, exfuncionario del Plan de Búsqueda, le hubiera informado a él directamente sobre la situación de Bernarda Vera.