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jueves, 4 de diciembre de 2025

Carmen Frei encabeza rechazo a dichos de Kast sobre liberar a violadores de DD.HH.

 

Carmen Frei encabeza rechazo a dichos de Kast sobre liberar a violadores de DD.HH.PAÍSAgencia UNO


Carmen Frei, Alicia Lira, Nelson Caucoto y otros referentes emitieron una dura declaración pública tras las afirmaciones del candidato José Antonio Kast sobre una eventual liberación de violadores de DD.HH. Advirtieron un “retroceso doloroso” y llamaron a defender la memoria histórica.


Resumen

Una fuerte advertencia surgió desde el mundo de los derechos humanos luego de que el candidato presidencial José Antonio Kast instalara la posibilidad de revisar la situación penitenciaria de condenados por crímenes de lesa humanidad. En una declaración pública, un grupo de figuras históricas —entre ellas Carmen Frei, Alicia Lira, Nelson Caucoto y Luciano Fouillioux— acusó que tales planteamientos representan “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad” incompatible con los compromisos internacionales de Chile.

“El respeto irrestricto a la dignidad humana” y la adhesión del país a tratados vinculantes en materia de derechos humanos fueron el punto de partida del texto, que subraya que estas obligaciones “deben ser reconocidas, respetadas, protegidas y promovidas” por cualquier gobierno, sin distinción política. En ese marco, los firmantes afirmaron que liberar, indultar o alterar las condenas de violadores de DD.HH. supone “una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país” y una afrenta directa a las víctimas y sus familias.



Aseguran se intenta instrumentalizar DD.HH. como “botín político”

El documento fue particularmente severo frente a lo que denominan un intento de instrumentalizar las violaciones de derechos humanos con fines electorales. “Los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”, señalaron, advirtiendo contra “interpretaciones antojadizas” que relativicen el terrorismo de Estado durante la dictadura.

Los firmantes insistieron en que la justicia debe operar “en igualdad de condiciones”, recordando que los crímenes de asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas ya fueron acreditados judicialmente. “Tensionar a nuestra sociedad con la posibilidad de que se libere a delincuentes de delitos de lesa humanidad jamás traerá la paz”, agregaron.

El texto también reivindica los pilares de los procesos de justicia transicional. “La Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición son deberes del Estado”, sostuvieron, asegurando que cualquier intento por revertir fallos judiciales “solo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile”.



Finalmente, la declaración concluye con un llamado explícito a la ciudadanía: “Reiteramos el llamado a todas y todos nuestros compatriotas a ser consecuentes con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de otorgar impunidad”.

El documento está firmado por Carmen Frei Ruiz-Tagle, Nelson Caucoto Pereira, Alicia Lira Matus, Luciano Fouillioux Fernández, Francisco Ugás Tapia, María Paz Ortega Frei y Alonso Ignacio Salinas García.

Revisa la declaración en el siguiente link:

Declaración DDHH (FINAL)

Jeannette Jara: la defensa de la democracia y de nuestra sociedad

 

COLUMNISTAS


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La reivindicación de la memoria, pensando en el futuro próximo.

“Cuando en el transcurso del proceso el juez Guzmán le preguntó al funcionario del registro civil cuántos eran los cuerpos y en qué estado estaban, éste entregó detalles del espectáculo dantesco que vio: ‘en realidad fue terrible la identificación de esos cadáveres, considerando que conocía a muchos de ellos. Lo que más me impresionó, entre otros, fue ver el cuerpo de Alfonso Gamboa, a quien le faltaba casi toda la mandíbula y su cuerpo – piernas, brazos y manos – presentaban muchos balazos. Todos los cuerpos presentaban este tipo de heridas (…) algunos cuerpos estaban degollados y con heridas cortantes. Todos los cuerpos estaban acribillados y con múltiples heridas a bala. Por ejemplo, a Jaime Sierra le faltaba un ojo”. Caravana de la muerte. Pruebas a la vista.

Tuve oportunidad en el contexto de los 50 años del golpe de coordinar una investigación sobre las víctimas del campo de aquel holocausto donde se pudo comprobar con mucha mayor fuerza la brutalidad, la venganza, la criminalidad y la falta de normas que caracterizaron, en particular en el mundo rural, el actuar de civiles, y fuerzas armadas y de orden luego del golpe y cuyo paroxismo se pudo ratificar en lugares como Paine, Lonquén, La quebrada de los Arrayanes en Litueche-Las Cabras en O’Higgins, Mulchén o el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli o, en el mundo urbano con el paso de la caravana de la muerte.

De ese drama algunas de las situaciones que más me impresionaron fueron los relatos que están contenidos en los informes Rettig, comisión Valech o en los procesos judiciales a los que pude tener acceso, de muchas personas que habiendo sido firmes partidarios del golpe estaban arrepentidos a las pocas semanas luego de conocer de primera fuente las barbaridades que se estaban consumando en el nombre de la patria y la libertad. Testimonios como los de Paine, la caravana de la muerte o situaciones mucho más cercanas como las delaciones por envidia, por venganza o por simple placer, que concluían en ajusticiamientos sin normas y sin ley, incluso sin tribunales militares hacen, para mí, que la defensa de la democracia sea sin peros. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que los chilenos comprendieran la magnitud del horror cometido en dictadura por militares y civiles.


Por eso me sorprendió, luego de todo el drama vivido y que se prolonga hasta hoy con cientos de familias que siguen sin saber el paradero de sus víctimas, que en esta elección hubo un candidato que estaba de acuerdo en un nuevo golpe y otro que afirmó que estaba dispuesto a saltarse el parlamento y “gobernar por decreto” y quien corre con la primera opción en segunda vuelta. Es que los chilenos y chilenas no aprendemos nunca.

 Volviendo al presente: El liderazgo democrático e inclusivo de Jeannette Jara

Jeannette Jara ganó en buena lid la primaria presidencial del oficialismo imponiéndose con un indiscutible 60,31% frente al 28% de Carolina Tohá, del socialismo democrático, al 9,02% del candidato frenteamplista Gonzalo Winter y al 2,74% de Jaime Mulet del FREVS en un universo de 1.420.435 votantes.

Las primeras semanas posteriores a su triunfo lideró las encuestas, pero dificultades en su propio colectivo – la pugna Carmona-Jadue frente al círculo de recambio – y al interior del oficialismo – cuya evidencia empírica más importante fue no presentar una sola lista a las elecciones parlamentarias y luego el que la mayoría de sus aspirantes decidieran salvar su propio pellejo como lo evidenciaron sus afiches en solitario  – no le facilitaron las cosas y éstas se empezaron a enredar más de la cuenta en el contexto de un giro conservador del electorado chileno  que se viene observando desde 2022, fenómeno también global; de la irrupción de tres candidaturas de derecha, dos de ellas muy autoritarias y regresivas como las de José Kast y ese fenómeno psicopático de apellido Kaiser con mucha resonancia mediática en medios de comunicación que en su inmensa mayoría son abiertamente proclives a esos mismos liderazgos; del empleo masivo de noticias falsas a través de mercenarios digitales pagados incluso con plata nuestra a través de la asociación de AFP’S.

Huelga decir, además, de una candidatura que heredó una pésima gestión del gobierno en ejercicio como se pudo observar desde el día uno y se manifiesta hasta hoy y como lo han demostrado el plebiscito de salida de 2022, las elecciones de alcaldes y concejales de 2024 y el resultado de la primera vuelta presidencial. Una candidatura cuyo equipo programático jamás se atrevió a salir del discurso neoliberal y correr el cerco ideológico en el que estamos atrapados desde inicios de los años 80’. Un equipo con vocerías más propias de los años 90 y 2000 que intérpretes de un Chile del siglo XXI cuyos habitantes, tal como lo recogió la demanda del estallido social clamaban por una educación de calidad, una vivienda digna y un Chile sin privilegiados.

Todo aquello teniendo como contexto de fondo el derrumbe institucional del país que se viene agudizando desde 2010, que tuvo ayer como protagonistas a actores políticos y empresariales y que hoy tiene en el ojo del huracán nuevamente a protagonistas públicos, pero también, como lo reconoció el propio es fiscal Carlos Gajardo, a jueces y fiscales, así como a las fuerzas armadas y de orden y a las policías.

Con ese escenario de fondo, Jeannette Jara ha impulsado con mucha fuerza su candidatura no estando exenta de ripios como siempre suele suceder en estos casos pero, qué duda cabe,  entregando lo mejor de sí misma para mantener en alto los más nobles valores humanos que están vigentes desde la revolución francesa como la libertad, la igualdad, la fraternidad que hoy, comienzan a ser cuestionados por autoritarismos de nuevo cuño que siempre concluyen siendo peor de lo que aspiraban a reemplazar y dejando tras de sí solo abandono, pobreza, heridas que costará sanar y naciones divididas entre patriotas trasnochados y el resto de los chilenos y chilenas como lo hemos podido comprobar una y otra vez en nuestra historia.

Por todo lo anterior mi voto, mi respaldo, mi compromiso son para Jeannette Jara que, como mujer valiente y progresista de verdad, ha conducido de la mejor manera posible una campaña y una candidatura que no ha sido fácil y que ha sabido representar lo mejor de la centro izquierda chilena: el respeto y valoración por nuestra democracia, los valores solidarios de la sociedad chilena, por todos quienes habitan esta larga y angosta faja de tierra que se llama Chile sin exclusiones, mirando con optimismo nuestro futuro, pese a las dificultades, y proponiendo medidas concretas para ello.

Huelga decirlo hoy y dejar constancia de ello cuando nuestra tierra puede caer víctima nuevamente del clasismo, el racismo, la intolerancia y, sobre todo, la incompetencia a vista y paciencia de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas.

 

Edison Ortiz

Magistrados y jueces corruptos

 

COLUMNISTAS


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En las imperfectas democracias del mundo existen diversas formas para la administración de la justicia y el nombramiento de magistrados y jueces. Hay regímenes en que la judicatura depende de los otros poderes del estado, así como otros en que sus integrantes son elegidos por los ciudadanos. En el caso chileno, lo que tenemos es un híbrido en que sus presupuestos y recursos son determinados por el Ejecutivo y el Legislativo y en que sus máximas autoridades se autogeneran, pero en algunos casos son determinadas finalmente por los gobiernos y legisladores de turno.

De esta forma, y como se comprueba fehacientemente, la llamada carrera judicial está altamente intervenida por la política, lo que ha favorecido desde siempre el tráfico de influencias, así como la inhibición de los tribunales para dictar sentencias contra los altos funcionarios públicos que se corrompen en el poder. En la actualidad ha quedado de manifiesto la lenidad de varios integrantes de la propia Corte Suprema cuyas resoluciones han favorecido, incluso, a empresas extranjeras en desmedro del interés nacional. Tal como ocurrió recientemente en una resolución judicial en favor de una empresa bielorrusa en desmedro de nuestra cuprífera estatal.

En efecto, el soborno a algunos magistrados ha develado las siniestras relaciones de estos con los abogados de dichos intereses foráneos, por lo que arriesgan su destitución del Poder Judicial, pero debiendo también ser condenados por traición a la patria. Ello explica las altas sumas de dinero rescatadas de los domicilios de estos, así como la comprobación de cruceros de lujo por Europa de estos prevaricadores con los abogados que se favorecieron con sus sentencias.

Aunque la Reforma al Código de Procedimiento Penal impulsó algunas mejoras en la administración de la justicia chilena es poco o insuficiente lo que se avanzó en materia de renovación de nuestros jueces y la celeridad de su trabajo. Es público y notorio lo lentas que son las investigaciones de la justicia y el desmedido tiempo que trascurre entre una denuncia y su eventual dictamen. Lo que ciertamente favorece la impunidad en variadas causas, pero especialmente en aquellas que involucran a la clase política, como a los más poderosos empresarios.


El país se manifiesta pasmado respecto del mal comportamiento de jueces y magistrados, pero muy poco o nada ha merecido el comentario de los candidatos presidenciales que en dos semanas más enfrentarán una segunda ronda electoral. Algo difícil de explicar cuando es un hecho que el pueblo chileno desconfía de la Justicia, concluyendo que ésta es clasista y perjudica muy especialmente a los pobres.

Poco se sabe todavía cuánta penetración ha tenido el narcotráfico en nuestros tribunales, aunque la sospecha existe respecto de resoluciones que en poco tiempo dejan libre a sus cabecillas y operadores, mientras que en las cárceles reina el imperio de las mafias de la droga, al tiempo que se descubren con frecuencia candidatos y políticos que reciben sus aportes, especialmente a nivel municipal. De ello hablan, varios procesos que comprometen actualmente a algunos ediles, pero que habitualmente demoran sus resoluciones y hasta logran bochornosos sobreseimientos. Mucho se comenta que nuestras policías, gendarmes e, incluso militares, han sido sobrepasados por las bandas delictuales o francamente cooptados por estas. Existiendo decenas de efectivos comprometidos con el tráfico de estupefacientes y en la permeabilidad de aduanas y controles fronterizos para el ingreso y salida de las drogas y contrabando de armas.

Mucho explica este actual estado de descomposición judicial la misma impunidad que favorecieron los gobiernos de la posdictadura a aquellos magistrados que fueron cómplices de las graves violaciones contra los Derechos Humanos. Al renunciar, por ejemplo, a la posibilidad de destituir a numerosos jueces y magistrados involucrados como cómplices pasivos y hasta activos del horror que significara las ejecuciones, torturas y ese sinnúmero de despropósitos cometidos por Pinochet y sus secuaces. Cuyo régimen hoy merece, increíblemente, la nostalgia de millones de ciudadanos. Es claro que en la cárcel que hoy tiene encerrado a los más tenebrosos criminales de la Dictadura debiera haber sitio, también, para tantos jueces que denigraron su misión.

La responsabilidad penal, se dice, es siempre personal, pero también existe una negligencia política que compromete a los actores que se han sucedido en el poder, al grado que la administración de justicia es otro de los ámbitos en crisis y que hace preciso que las próximas autoridades manifiesten claramente su voluntad de intervenir con leyes que otorguen verdadera autonomía a este poder del estado. Para impedir que la corrupción siga propagándose, aunque mucho se teme que sea ya demasiado tarde.

Al menos es necesario materializar luego la condena de los integrantes de esa red de abogados, jueces y políticos coludidos para favorecerse mutuamente, como es el bullado “Caso Hermosilla”, cuyas figuras más comprometidas en el cohecho y tráfico de influencias probablemente confíen en la ascensión de un nuevo gobierno para lograr la prescripción de sus causas o conseguir la más tenue de las sanciones. Ojalá que los nuevos moradores de La Moneda y el Parlamento acometan, por fin, las reformas necesarias para que la Judicatura se constituya realmente en un poder del Estado independiente y deje de ser la caja pagadora de los favores otorgados por la política y el crimen organizado.

Condición fundamental para la profundización de la democracia y la equidad social.

 

Juan Pablo Cárdenas S.

miércoles, 3 de diciembre de 2025

Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por retraso en expropiación de ex Colonia Dignidad

 

CHILE AL DÍA


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Diversas organizaciones vinculadas a la memoria, verdad y justicia manifestaron su “profunda preocupación” ante el retraso en el proceso de expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, compromiso anunciado por el Presidente de la República y considerado un paso histórico para convertir el enclave en un sitio de memoria. En una declaración pública emitida el 2 de diciembre de 2025, los colectivos denunciaron falta de información, opacidad institucional y posibles maniobras dilatorias por parte de ex colonos alemanes.

Preocupación por falta de avances concretos

Las organizaciones afirman que, pese a las reuniones informativas sostenidas de manera individual con autoridades encargadas del proceso, no han recibido información sustantiva sobre el avance real de la expropiación. Señalan que, tras el anuncio presidencial, no se ha realizado ninguna reunión formal con la totalidad de los colectivos involucrados ni se ha entregado claridad respecto de los pasos ejecutados por el gobierno.

“Las autoridades no han entregado información clara y oportuna”, sostienen, advirtiendo que esta falta de transparencia dificulta el seguimiento ciudadano de la medida y genera incertidumbre respecto del cumplimiento del mandato presidencial.

Críticas al SERVIU del Maule y cuestionamientos al proceso de tasación

Uno de los puntos más sensibles es la ausencia de avances en la tasación de los terrenos. Según la declaración, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) del Maule reconoció, a través de Transparencia, que al 12 de noviembre no había designado la comisión de peritos tasadores encargados de evaluar los seis polígonos, equivalentes a 117,27 hectáreas, que deben ser expropiados.




Además, el organismo habría negado entregar información básica sobre el mandato a los tasadores o los criterios de evaluación, impidiendo conocer qué terrenos, edificaciones e infraestructuras forman parte del proceso. Esta falta de información es considerada “inaceptable” por las organizaciones firmantes.

Temor a nuevas maniobras de obstrucción

Los colectivos expresan también su preocupación por lo que describen como “mecanismos obstruccionistas” utilizados históricamente por los administradores de la ex Colonia Dignidad. Señalan que, según un reciente comunicado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), se han registrado dificultades para realizar las tasaciones debido a acciones de miembros de la Colonia que estarían impidiendo el acceso de funcionarios, lo que podría retrasar aún más el proceso.

En su declaración, recuerdan que los empresarios ex colonos han lucrado “durante décadas” con bienes construidos en el marco de un sistema criminal que incluyó esclavitud moderna, abuso sexual infantil y colaboración con organismos represivos de la dictadura civil-militar. Temen que el actual hermetismo estatal termine favoreciendo nuevamente a estos grupos.

¿Se expropiará la totalidad del terreno comprometido?

Ante la falta de avances concretos, las organizaciones plantean dudas sobre el alcance real del proceso. Preguntan si efectivamente se expropiarán las 117,27 hectáreas comprometidas por el gobierno o si finalmente solo se adquirirá aquello que los colonos estén dispuestos a vender, lo que —advierten— podría dejar fuera áreas esenciales para el trabajo de memoria, verdad y justicia.

Para los firmantes, cualquier exclusión afectaría directamente a las víctimas y a los procesos de reparación histórica.

Exigen transparencia y participación de la sociedad civil

La declaración concluye con una demanda explícita al gobierno para que cumpla de inmediato sus compromisos, transparente la información relativa al proceso y convoque formalmente a las organizaciones de la sociedad civil a trabajar en conjunto en el proyecto del futuro Sitio de Memoria.

Asimismo, insisten en que la expropiación debe regirse por estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y no por los intereses económicos de empresarios alemanes vinculados a la ex Colonia Dignidad.

“Seguiremos exigiendo la expropiación y apertura de Colonia Dignidad”, afirman, asegurando que no permitirán que vuelva a instalarse un “manto de impunidad” sobre los crímenes cometidos en el enclave.

Organizaciones firmantes

Entre las entidades que suscriben la declaración se encuentran:

  • Centro Cultural 119 Esperanzas

  • Colectivo 119 de Familiares y Compañeros

  • Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca

  • Agrupación de Familias Campesinas Víctimas de Colonia Dignidad

  • Centro de Formación Memoria y Futuro

  • Asociación por los Derechos Humanos Parral

  • Fundación Ciudadana de Derechos Humanos

  • Agrupación de ex Presos Políticos de Talca

  • Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Plan Nacional de Búsqueda: Ministro Mesa realizó diligencias por inhumaciones ilegales en antiguos terrenos del Complejo Forestal Maderero de Panguipulli



 Trabajo en terreno contó con la presencia de familiares de las víctimas de la "Masacre de Chihuío", ocurrida en octubre de 1973 cuando 17 obreros pertenecientes al Complejo Forestal Maderero de Panguipulli fueron fusilados por militares golpistas y enterrados en fosas comunes, desde fueron sacados posteriormente, entre 1978 y 1979, en el marco de la macabra operación de la dictadura conocida como "retiro de televisores". 

Absalón Opazo


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, se constituyó en el fundo Arquilhue, comuna de Futrono, con el objetivo de desarrollar diligencias enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda, relacionadas con inhumaciones ilegales.

En este caso, se trata de los cuerpos de obreros pertenecientes al Complejo Forestal Maderero de Panguipulli, quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 por efectivos del Ejército.

El mismo ministro Mesa explicó la diligencia realizada: «Estamos en un sector del fundo Arquilhue, nos hemos constituido junto a diferentes organismos: el Servicio Médico Legal, Sernageomin, PDI, Laboratorio de Criminalística y el Plan Nacional de Búsqueda y Familiares de víctimas».

«Lo que estamos haciendo -por antecedentes que tenemos en la causa- es identificar algunos sitios de interés. Se ha detectado que eran fosas según los testigos y entonces, con los peritos estamos haciendo es un examen preliminar, para ver dónde se puede ubicar con exactitud (la fosa) y junto con eso, estamos evaluando cuál es la mejor tecnología para a futuro venir -y si es posible- hacer en las exhumaciones», detalló el ministro Mesa. 

Por su parte, Lidia Rebolledo Vergara, presidenta de la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos, en el caso de Chihuio, contó que «soy hija de Rosendo Rebolledo Méndez, en esta causa también tengo mi tío Daniel Méndez Méndez, mi tío Sebastián Moras Oses y a mi primo Fernando Moras Gutiérrez. Para nosotros el Plan de Búsqueda es muy importante por el apoyo que hemos sentido… nos han escuchado cuando hicimos las denuncias y cuando nos informaron de la búsqueda de estas tumbas también».

«Fue importante para mí llegar hasta acá hoy día, que estamos con el ministro y todos los servicios que acompañan la diligencia. Me siento agradecida, contenta y apoyada en esta búsqueda que ha sido tan inmensa de todos estos años… han pasado 52 años desde lo que pasó en Arquilhue, pero aún tenemos cuatro familiares que aún no han sido identificados, que son: Juan Walter González Delgado, Carlos Vicente Salinas Flores, Neftalí Rubén Durán Zúñiga y Sigifredo Freires Caamaño”, añadió Lidia Rebolledo. 

«Retiro de televisores»

De acuerdo al reporte del Poder Judicial, en esta causa (rol 114.129-Ñ) se investiga el delito de inhumaciones ilegales.

«Un testigo señala haber tomado conocimiento en los 90, que en el Fundo Arquilhue, ubicado en comuna de Futrono, que perteneció al Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, COFOMAP, personal militar habría realizado inhumaciones ilegales por personal militar, que corresponderían a personas ejecutadas posterior al 11 de septiembre de 1973», se lee en el documento.

Estos hechos, consignados también en el Museo de la Memoria, formaron parte de la macabra operación ordenada por Pinochet conocida como «retiro de televisores», consistente en el desentierro de cadáveres de personas asesinadas por los golpistas, los cuales fueron echados en sacos y arrojados al mar. La medida fue tomada luego del hallazgo de los restos de 15 campesinos asesinados por carabineros en los hornos de Lonquén, en 1978.

En el caso puntual de los 17 obreros del Complejo Maderero de Panguipulli que fueron fusilados por los militares, sus cadáveres «permanecieron en el lugar de su ejecución durante varios días, cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos quince días después de la ejecución, fueron enterrados por los efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones». 

Pero, luego, «en una fecha que no es posible precisar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios de 1979, en horas de la noche, personas de civil llegaron hasta la casa patronal del Fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Estos civiles, asociados de otros que les acompañaban, excavaron durante toda la noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar», añade el archivo del Museo sobre este caso.

Posteriormente, en 2021, la ministra Paola Plaza sometió a proceso al general en retiro del Ejército, exmiembro de la Junta Militar y exsenador designado, Santiago Sinclair Oyanedel, en calidad de autor del delito homicidio calificado de los 17 obreros del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli.

Caso Hermosilla: dos jueces admiten vínculos con exfiscal Manuel Guerra

 

Caso Hermosilla: dos jueces admiten vínculos con exfiscal Manuel GuerraPAÍSFoto: AgenciaUNO


Tomás Gray y José Pablo Rodríguez reconocieron haber solicitado favores para su inclusión en ternas judiciales. La revelación surge el mismo día del aplazamiento, en la sala que integran los mencionados jueces, de la revisión de la querella contra Guerra por filtraciones a Luis Hermosilla.


Resumen

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió este miércoles la revisión de la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, investigado por su participación en filtraciones de información reservada a favor del abogado Luis Hermosilla.

La acción judicial, presentada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, busca establecer la responsabilidad penal de Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, tras haber facilitado antecedentes de causas de alto perfil, como Penta y Dominga, en beneficio de las defensas.



La revisión se suspendió luego de que la defensa de Guerra, a cargo del abogado Felipe Polanco, ejerciera el derecho de recusar a la abogada integrante de la sala, Magaly Correa, dejando al tribunal sin el número de ministros suficiente para continuar. Según explicó Polanco a la prensa, la ley permite esta recusación sin expresión de causa exclusivamente respecto de un abogado integrante.

Jueces pidieron favores a Manuel Guerra

El caso tomó un giro sorprendente cuando se hizo público que dos de los ministros integrantes de la Séptima Sala que revisaba la querella contra Guerra —Tomás Guillermo Gray Gariazzo y José Pablo Rodríguez Moreno— admitieron haber solicitado favores al exfiscal mientras este estaba en ejercicio.

Según un documento de la Corte de Apelaciones consignado por Radio Biobío, Gray reconoció que en agosto de 2017 contactó a Guerra para solicitar su apoyo en el proceso de ternas para su nombramiento como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por su parte, Rodríguez admitió que en 2022 recurrió al exfiscal en dos ocasiones para gestionar su inclusión en ternas para ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, señaló que “todas y cada una de las investigaciones son de carácter dinámico” y que, ante la aparición de nuevos hechos que puedan constituir delitos, la persecución penal puede ampliarse o reactivarse. En este contexto, la revisión de la querella contra Manuel Guerra podría retomarse el próximo miércoles 10 de diciembre, en paralelo con la de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reanudando así la agenda inicialmente prevista.

Cabe mencionar que, en paralelo, también se aplazó la revisión de la querella contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, defendida por el mismo estudio jurídico que Guerra. Esto generó críticas de la abogada querellante María Inés Horvitz, quien señaló que resulta “llamativo” que se haya pedido la suspensión de ambas causas el mismo día.

La admisión de que ministros de la Corte recurrieron a un exfiscal cuestionado por delitos abre un nuevo capítulo en una trama judicial que ya enfrenta al Ministerio Público, a la defensa de Guerra y a actores clave del sistema de justicia chileno, dejando en evidencia los vínculos personales y profesionales que complejizan la transparencia de procesos de alta sensibilidad.

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