PAÍSICEEl exagente de la DINA, detenido por el ICE en Florida, enfrentará este jueves su primera audiencia ante la justicia migratoria. En Chile pesan cinco solicitudes de extradición, mientras agrupaciones de derechos humanos cuestionan la pasividad de Cancillería.
El exagente de la DINA Armando Fernández Larios deberá comparecer este jueves ante el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Fort Myers, Florida.
Fernández Larios, radicado en EE.UU. desde fines de los años 80 y quien reconoció su participación en el asesinato del excanciller Orlando Letelier, permanece recluido en el Centro de Procesamiento Krome, bajo la categoría de persona en situación migratoria irregular. Hasta ahora no existe claridad pública sobre su estatus legal previo, ni si contaba con algún tipo de asilo.
La audiencia marcará el inicio formal de un proceso que, según fuentes conocedoras del sistema migratorio estadounidense, podría extenderse incluso por más de un año, según consignó La Tercera. Cualquier resolución del tribunal es apelable ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y posteriormente ante cortes federales, lo que podría trasladar el caso desde la justicia migratoria a la ordinaria.
Desde el Gobierno chileno señalan que el proceso actual corresponde a una causa interna de EE.UU. contra un ciudadano chileno, por lo que Cancillería no intervendría mientras no se dicte una eventual orden de expulsión o deportación. En ese escenario, el Estado chileno debería coordinar su ejecución.
En Chile, la ministra en visita Paola Plaza mantiene abiertas cinco causas contra Fernández Larios, incluidas investigaciones vinculadas a la Caravana de la Muerte, Pisagua y el propio caso Letelier. Existen al menos cinco solicitudes de extradición dictadas por la Corte Suprema.
Agrupaciones de derechos humanos siguen el proceso con atención y han cuestionado la falta de un rol más activo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Abogados querellantes sostienen que la detención abre una ventana judicial relevante, pero advierten que la prolongación del trámite podría dilatar aún más el retorno del exagente a Chile.
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