Por Alfredo Peña R.

Complejas horas vive el ministerio de Seguridad. Este jueves, el diario de la empresa El Mercurio, La Segunda reveló que la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, mantiene una sociedad con su exesposo, quien defendió en 2010 a una persona condenada por delitos de droga.

Steinert, exfiscal de Iquique, salió a responder en un punto de prensa en la misma calle Teatinos, donde está el ministerio de Seguridad, que rechazaba “tajantemente la insinuación que hace el titular” de La Segunda, pues según dijo era una sociedad que no tenía movimiento hace 25 años, pese a que se mantiene vigente.

Subsecretaria Quintana defendió a banda que se dedicaba a los asaltos y portonazos hace dos años

El canal Mega desclasificó que otra autoridad del ministerio de Seguridad tiene un complejo y polémico pasado en su vida profesional: la subsecretaria de Prevención del Delito, la abogada Ana Victoria Quintana Olguín, quien era militante hasta febrero de este año del Partido de Johannes Kaiser, el Nacional Libertario.

En su práctica como abogada, la autoridad de Gobierno asumió la defensa de una banda dedicada a portonazos, asaltos y encerronas en Santiago, conocida como “Los Emprendedores”, desbaratada recién el año pasado por la PDI.

Se trata de sujetos con innumerables delitos y procesados por lavado de activos, asociación criminal, robo con intimidación, receptación, extorsión, falsificación de documentos públicos, tenencia de armas y delitos tributarios, entre otros.

La subsecretaria Quintana asumió la representación de dos miembros un clan familiar delictual, que eran hijos del líder de la organización. Quintana presentó patrocinio en su formalización.

El Clan Chago se dedicaba al robo de maquinaria pesada, para luego revender en el mercado dichos vehículos a compradores que conocían su origen ilícito, según explicó la fiscalía Occidente.

La subsecretaria Quintana hizo sus primeras armas como abogada en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

La autoridad se desempeñó como fiscal adjunta hasta 2023, año en que renunció al Ministerio Público para dedicarse al ejercicio privado de la profesión.

Las causas que complican a Quintana: “Los Emprendedores”

En 2023, la PDI en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente asestó un duro golpe al crimen organizado, en el marco de un operativo llamado “Los Emprendedores”, donde se logró desbaratar a clanes familiares del sector poniente de Santiago que se dedicaban al robo de vehículos y camiones.

La organización criminal estaba compuesta por tres clanes familiares: el clan Luna, liderado por Hernán Luna; el clan Chago a cargo de Santiago Castro Inostroza y el clan Leon, de Gino León Mella consigna el canal Mega.

Utilizaban para hacerse de los camiones y vehículos el método de robo en lugares no habitados, pero también a través del mecanismo de portonazos y encerronas.

Según la investigación, la organización operaba en distintas comunas y regiones del país. “Las maquinarias que son sustraídas, y luego llevadas a lugares de acopio, desmantelamiento, modificación y adulteración de estos y en contacto con distintos compradores que adquieren estos bienes con conocimiento de su origen ilícito, haciendo de esto un negocio altamente lucrativo”, se lee en el acta de formalización.

La actual subsecretaria Ana Quintana representó a dos miembros de la organización. Se trata de Javier Castro y Valentina Castro, ambos miembros del Clan Chago e hijos de Santiago Castro, su líder.

“Javier Castro creó una empresa de nombre comercial “Multitruck Spa”, con el objeto de obtener facturas para poder transportar las maquinarias de origen ilícito, las cuales son comercializadas en distintas ciudades del país”, se señaló en la formalización.

La banda alcanzó relevancia mediática pues la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda estaba entre los 28 detenidos en el operativo.

Mega contactó al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quienes confirmaron la participación de la autoridad de Seguridad en la causa. Sin embargo, acotaron que su rol en dicho proceso judicial fue “circunstancial”.

“Mi participación en esa causa fue exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional. A solicitud de un colega abogado, quien enfrentaba el fallecimiento de su padre, acudí únicamente en su representación para solicitar la postergación de una audiencia a la que él no podía asistir”, le señaló a Mega.

Y agregó que “no mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio, sus partes o sus antecedentes”.

Una causa por Ley de Armas

Pero esas defensas como abogada de Quintana no se quedan en los delincuentes de los asaltos y portonazos. La subsecretaria del gobierno de Kast también asumió la defensa de un imputado extranjero por infracciones a la Ley de Armas.

El hecho ocurrió el 27 de abril de 2023, cuando personal de la PDI concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Aldunate en Santiago. Allí sorprendieron al imputado Benites Santillán, quien portaba una pistola marca Blow, modelo F92, que fue adaptada para el uso de munición.

Cuando iba a ser controlado, el imputado lanzó el arma hacia una ventana. El Ministerio Público decidió acusarlo por porte de arma de fuego y porte ilegal de munición, por lo que pidió un total de 8 años.

El 17 de abril de 2024, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado. En esa jornada, Quintana, en su calidad de defensora, cuestionó los argumentos de la fiscalía y señaló que el operativo policial “adolece de ilegalidad, dado que fue realizado con vulneración de garantías respecto de los dos acusados. En subsidio, el tribunal debería absolver a su representado por falta de participación en los hechos que se le imputan”.

Finalmente, el Cuarto Tribunal de Santiago acogió los argumentos de Quintana y zanjó absolver al imputado extranjero representado por la actual subsecretaria.

Polémicas declaraciones sobre como prevenir el delito: tenemos que auto cuidarnos

La subsecretaria Ana Victoria Quintana, realizó polémicas declaraciones sobre las medidas que puede tomar la ciudadanía ante diferentes tipos de delitos. En ese sentido, hizo referencia a “medidas de resguardo personal”.

Al ser consultada por cuáles medidas podrían ser, Quintana contestó: “La ciudadanía puede tomar las medidas que dentro de su libertad estimen convenientes. Yo no sé por qué se trata de establecer como que el Estado tuviera que dirigir la vida de las personas (…) las municipalidades, por ejemplo, pueden cambiar los lugares de control de una esquina a otra”.

“Entonces, si usted me pregunta qué más medidas, medidas de resguardo personal. La gente sabe dónde está el problema, por ejemplo en su barrio, y probablemente va a evitar pasar por ahí. Yo no lo puedo decir cuáles son las medidas que tiene que tomar”, dijo la encargada de prevenir el delito.

Concluyó que: “Cada persona, dentro de la madurez que tiene, la responsabilidad que tiene y las capacidades de autocuidado, las tiene que tomar. En lo demás, el Estado lo que tiene que hacer es responder con políticas públicas; yo no le puedo decir a cada persona qué es lo que tiene que hacer con su vida”.