Por Pilar González
“Me parece una vergüenza que se utilicen instalaciones públicas para
realizar una celebración con ingesta de alcohol. No me parece correcto
que en ningún tipo de dependencia pública ni del gobierno, ni el Poder
Judicial ni menos aun los persecutores, me parece de extrema gravedad lo
que revela el relativismo con que el jefe ejercía sus funciones",
señala en diputado Felipe Harboe.
El
caso Bombas es sin duda uno de los más llamativos del último tiempo.
Tras seis meses de indagatoria, donde han declarado hasta el ministro
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, nos hemos ido enterando de diversas
aristas.
Así es como en el informe realizado por el jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, se detalla una serie de faltas en las que habría incurrido el líder del equipo: el ex fiscal Alejandro Peña.
En dicho documento, al que accedió en exclusiva La Segunda, indica que en marzo de 2011 Alejandro Peña recibió el ofrecimiento del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para dirigir la División de Estudios que se crearía en esa repartición.
Según Montes, el ex jefe de la fiscalía sur renunció el 6 de abril de 2011, lo que se hizo efectivo a partir del 9 del mismo mes. Por tanto, mientras sostenía conversaciones con la cartera que encabeza Hinzpeter aun mantenía a su cargo la investigación por el caso Bombas.
Recuerda además que el sumario que el 4 de abril de 2011 el ex persecutor presentó la acusación contra varios imputados. Esa situación, señala el fiscal Montes, podría plantear razonablemente, sobre todo para los abogados defensores, que Alejandro Peña tomó importantes decisiones en la causa -tales como presentar esa acusación y definir las penas solicitadas- mientras mantenía conversaciones con el subsecretario del Interior para pasar a formar parte de ese ministerio.
Por ello queda claro que la objetividad del investigador estaba comprometida, afirma el jefe de la Fiscalía Centro Norte.
Así es como a juicio de Montes, los hechos descritos constituyen una infracción al deber previsto en el artículo 37 N°13 del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público. De ahí que en sus conclusiones decidiera recomendarle al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, que se normen reglamentariamente las inhabilidades éticas que existen al momento de presentar la renuncia al cargo de fiscal regional o fiscal adjunto.
Celebraciones con whisky en la Fiscalía
Otra de las peticiones de Montes fue solicitar una modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Respecto al consumo de alcohol en oficinas públicas, frente a lo cual, señaló que se debe prohibir expresamente.
Ello, porque -dice el sumario- después de la formalización de los imputados por el caso Bombas -que se realizó el 17 de agosto de 2010 y que terminó en la madrugada del día siguiente- todo el grupo que participó en la audiencia se dirigió a las oficinas del sexto piso de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Allí y tras un lapso de entre 15 y 25 minutos, el fiscal Alejandro Peña sacó una botella de whisky y le sirvió a quienes todavía estaban presentes. Para Montes, más allá de que hubiera o no consumo del alcohol, no corresponde llevar a cabo ese tipo de actividades en dependencias públicas porque se compromete la imagen institucional.
Respecto a los reproches de tipo administrativo, recalca el sumario, no es posible perseguir la eventual responsabilidad en ese ámbito de Alejandro Peña, pues él se encontraba fuera de la institución cuando comenzó la indagatoria.
Frente a este tema, el fiscal nacional, Sabas Chahuán señaló que la resolución del sumario no formula reparos al ministro del Interior. "Con respecto del ex fiscal Peña el informe deja constancia que hay actitudes que se podrían reprochar y eventualmente si hubiera formado parte de la fiscalía podrían ser sancionadas, pero como él ya no forma parte de la fiscalía, la ley nos impide hacerlo", dijo.
Al respecto, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) quien solicitó el sumario, indicó que el cuestionamiento que se le hace a Peña es correcto, por cuanto "comprometió la objetividad e imparcialidad con que debe actuar el órgano persecutor". Añadió que "las tratativas laborales que tenía con el Ministerio del Interior mucho tiempo antes que dejara su cargo, demuestra que el caso Bombas fue contaminado políticamente".
Sobre estos bochornosos acontecimientos, Cambio21 conversó con el diputado Felipe Harboe (PPD), quien señaló que "me parece una vergüenza que se utilicen instalaciones públicas para realizar una celebración con ingesta de alcohol. No me parece correcto que en ningún tipo de dependencia pública ni del gobierno, ni el Poder Judicial ni menos aun los persecutores, me parece de extrema gravedad lo que revela el relativismo con que el jefe ejercía sus funciones, no me parece que haya sido correcto una acción como esa".
"Menos aun cuando después de la formalización cuando propio persecutor estaba ya en conversaciones de sueldo con la parte querellante, eso es muy delicado. Creo que el informe del sumario lo que conocimos a través de un medio de comunicación es de extrema gravedad y va a ser materia de investigación en la comisión investigadora y obviamente vamos a pedir que comparezca el ex fiscal Peña, para que explique esta situación y otras más que han puesto en tela de juicio, incluso el actuar de la fiscalía"
Por último, el parlamentario ejemplifica "para que la gente lo entienda, esto es exactamente lo mismo que un fiscal esté metiendo preso a unos delincuentes por asaltar un supermercado y negociando su sueldo con el supermercado, ese es el mismo cuadro. Aquí lo que ocurrió es que hay un fiscal que estaba persiguiendo delitos y mientras perseguía esos delitos negociaba el sueldo con una de las partes del juicio, eso es extremadamente delicado".
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