El 1 de junio pasado, los jueces absolvieron a
los seis acusados de colocar bombas en Santiago por falta de evidencias y
vicios en las declaraciones de uno de los imputados.
La
Fiscalía Sur y el ministerio del Interior deberán pagar un total de
$2.400.000 a los abogados defensores en el denominado "Caso Bombas", por
haber intentado inhabilitar a los jueces orales antes del veredicto que
se conoció en junio.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en
$400.000 pesos las costas para cada uno de los seis juristas que
participaron en el proceso en que el Ministerio Público y los abogados
del ministerio del Interior recusaron a los tres jueces que
posteriormente absolvieron a los imputados.
El 15 de mayo pasado, la Corte rechazó en forma unánime la recusación
en contra de los magistrados del Tercer Tribunal Oral en lo Penal,
Marcela Sandoval Durán, Carlos Carrillo y Blanca Rojas. Según la
Fiscalía y el ministerio, existía una "duda razonable respecto de la
imparcialidad en la actuación de los jueces".
El 1 de junio pasado, los jueces absolvieron a los seis acusados de
colocar bombas en Santiago por falta de evidencias y vicios en las
declaraciones de uno de los imputados.
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