Por María Kovacz
Se emplearía la medida alemana, donde está penalizada la negación del
Holocausto y homenajear a Hitler. En su Código Penal, se establece que
"quien publicite o en una reunión apruebe, deniegue o plantee como
inofensivo un acto cometido bajo las reglas del Nacional Socialismo de
una forma capaz de alterar la paz social, deberá ser penado con prisión
por hasta 5 años o una multa". 
El
acto de homenaje realizado el pasado fin de semana al dictador Augusto
Pinochet sigue trayendo consecuencias. Una de ellas es la idea del
gobierno de reimpulsar el debate político en el Congreso de un proyecto
de ley que prohibe actos o apologías en materias que generen odio y
divisiones en la sociedad.
Una situación que envolvería los actos realizados al brigadier de Ejército (r), Miguel Krassnoff en noviembre pasado en la comuna de Providencia por el alcalde Cristián Labbé (UDI), y al del último domingo en el Teatro Caupilicán a Pinochet.
Además, entraría a mirar la experiencia alemana, donde está penalizada la negación del Holocausto. En el Código Penal de Alemania, se establece que "quien publicite o en una reunión apruebe, deniegue o plantee como inofensivo un acto cometido bajo las reglas del Nacional Socialismo de una forma capaz de alterar la paz social, deberá ser penado con prisión por hasta 5 años o una multa".
Aunque desde la vereda del frente tambien quieren prohibir las funas, al menos así lo planteó la diputada UDI, Maria Angélica Cristi, quien aseguró que este tipo de actos "incitan a la violencia"
No todo es color de rosas
Si bien la iniciativa es tomada como una idea necesaria de entrar al debate, algunos la ven con otros ojos. Es el caso del diputado Patricio Hales (PPD) quien argumentó que "el gobierno esta siendo reactivo para tratar de buscar una manera de posicionarse políticamente conveniente ante la sociedad por el acto público que se hizo a Pinochet".
En conversación con Cambio21 el parlamentario agregó que "sin embargo la idea de la ley, probablemente tiene como sentido destapar el debate político y lograr descomprimir la presión que existe y la carga de culpa que la derecha tiene por no haber sido capaces de declararse arrepentidos y avergonzados como lo hizo el ministro Chadwick".
En esa línea el legislador agregó que "producto de las reacciones del sector más reaccionario de la derecha, para el gobierno es lo mas sencillo. En vez de entregar su opinión por las responsabilidades históricas, es mucho mas fácil decir 'mire vamos a buscar una manera de descomprimir la crisis y lancemos una ley para tirar este problema al Parlamento' cuando en realidad tuvo que haber entregado una opinión".
Hales también destacó que "se han hecho los lesos (el gobierno) y
esta ley podría ser la forma de eludir el debate y su culpa. Lo más
grave de todo es que aquí se confirma que la derecha no solo no quiere
pedir perdón por lo que ha hecho y por haber formado parte de la
Historia, sino que ademas quiere ser homenajeada, y nos enrostra a las
victimas de derechos humanos declarándose orgullosa. Francamente esto se
aleja de cualquier formula de reconciliación. La derecha lo único que
ha hecho es exacerbar la odiosidad del pasado".
Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), quien fuera uno de los precursores del proyecto de ley presentado en noviembre pasado tras el homenaje a Krassnoff, indicó que "es sumamente valorable que se haga, porque si esta moción hubiese sido ley, hoy nos hubiésemos evitado todo lo que ocurrió", refiriéndose específicamente al acto del pasado domingo en el Caupolicán.
A ello, el legislador agregó que "la libertad de expresión tiene un límite y ese limite es cuando se ofende a la gente".
En diálogo con Cambio21 agregó que "en Europa se paga con cárcel este tipo de incitación a homenajear a este tipo de sujetos y eso es lo que queremos hacer acá. El domingo vimos como personas negaban toda la historia, incluso algunos se atrevían a decir que debieron haber más muertos".
Otros países que sancionan
En Francia existe la llamada "Ley Gayssot", que castiga a quienes nieguen la existencia de uno o varios crímenes contra la humanidad, definidos en 1945.
En Suiza se considera ofensa criminal y se impone una pena de hasta
un año de prisión o el pago de una multa de 40 francos suizos a quien
"desprecie o discrimine de un modo que afecte la dignidad humana de una
persona o un grupo de personas debido a su raza, su pertinencia étnica, a
su religión o quien, por la misma razón, niega, minimiza extremadamente
o trata de justificar un genocidio u otro crimen contra la humanidad".
Incluso la Unión Europea, acordó el año 2007 penar con cárcel a quiénes públicamente "condonen, nieguen o trivialicen genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra definidos por la justicia internacional" y obliga a sus países miembros, a adecuar sus marcos jurídicos en este sentido.
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