Parlamentario
presentó la reclamación a la Corte Suprema luego que el fiscal nacional
Sabas Chahuán le negara el acceso al expediente de la investigación
sumaria contra el ex fiscal Alejandro Peña en un proceso que el mismo
diputado solicitó.
Acompañado
por el abogado Boris Paredes, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) llegó
hasta la Corte de Apelaciones para interponer el recurso de reclamación
por impedírsele el acceso a esta información pública, argumentando el
Fiscal Nacional que tanto Marcos Emilfork Konow, Pablo Sabaj Diez,
Francisco Rojas Rubilar como Víctor Núñez Escalona se habrían opuesto a
la entrega de estos datos argumentando afectación a la esfera de su vida
privada, todos involucrados en la investigación sumaria solicitada por
Gutiérrez.
“Hace
un tiempo solicité que se instruyera en la fiscalía un sumario contra
el ex fiscal Peña y otros fiscales por estimar que habían actuado de
manera inadecuada en el ejercicio de sus facultades; el sumario ya
concluyó, se me hizo llegar la resolución final, pero he pedido el
acceso al sumario porque se me ha señalado que hay antecedentes vitales
en la investigación, pero esto se me negó”, criticó el diputado.
“Me
negó este acceso por estimar que los interesados en esta causa -y que
son los mismos contra quienes presenté la denuncia- se habrían negado a
que accediera a ese sumario como sí me lo permite la ley vigente”,
sostuvo Hugo Gutiérrez, mostrándose contrario a esta determinación
judicial.
“Me
parece que esas razones son completamente inadecuadas e impertinentes y
como no puedo solicitarle a través del Consejo de la Transparencia y de
la Ley de la información pública, entonces, ésta sí contempla la
reclamación de ilegalidad ante la Corte respectiva”, agregando que la
medida es “completamente abusiva e ilegal”.
Tal
como lo expresa el recurso de reclamación presentado por el abogado
Paredes, la determinación es “contraria al espíritu del principio de
transparencia en la administración pública, toda vez que la información
requerida, se da dentro de las funciones regulares de dicha institución y
se refiere, precisamente, al actuar de la función pública de sus
integrantes en el ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales”.
Finalmente,
el documento precisa que las personas que se opusieron argumentando que
afectaría a su esfera privada cometen un error, pues “la información
requerida no dice ni guarda relación alguna con la vida privada, sino
que se relaciona con el actuar de funcionarios de la administración
pública en el ejercicio de sus funciones; es más, si se aceptara el
fundamento de la negativa del Ministerio Público llegaríamos al absurdo
y, por ende, a la ineficacia de las normas constitucionales y legales
referentes al principio de transparencia en la Administración Pública y
de sus actos y procedimientos”.
Macarena Benítez Espinoza
Periodista- Asesora Comunicacional
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