Pinochet lideraba red de espionaje que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI y la prensa internacional
Los documentos revelan el
esfuerzo continuo de la dictadura militar por desacreditar a sus
opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece
involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil,
correligionario del presidente Sebastián Piñera.
La policía secreta del
fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y
fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras
latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos
secretos y hasta ahora inéditos a los que tuvo acceso la Agencia Alemana
de Prensa (dpa).
Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman
que los cuerpos represivos chilenos, la DINA primero y la CNI después,
mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades,
para coordinar operaciones en todo el mundo.
El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó
atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso
para investigar a los empleados del Estado como revela la Circular
Reservada 35 F-151 de 1975.
“Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha
ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte
a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el
interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la
época, general Raúl Benavides.
En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados. Podrá
investigar a todos los funcionarios y será la única responsable de
instalar los citófonos presidenciales en la administración pública.
La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados
y torturados según informes oficiales, pasa a tener además un archivo
con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información
envía a cuanto ministerio se la solicite.
La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de
condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela
el Plan de Operaciones Epsilon.
La iniciativa es diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la
visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la
que acuden cientos de denunciantes de la oposición.
El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario
con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a
quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente
por teléfono.
La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y
jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción
psicológica abierta y clandestina”, para neutralizar en el mundo las
denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son
nombrados, para que “festinen” con la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la
II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo.
También son propuestos campañas de ataques a la situación de los
derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la
disputa de un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción.
Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron
incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que
estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en
Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier.
La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa desde ese año
operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas
chilenas que remiten informes periódicos sobre la actividad de los
exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.
Prueba de ello es que el 17 de marzo de 1978, el viceministro de
Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés
Puga, firmó y envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al
entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena.
“De acuerdo a lo conversado con Uds. sobre la necesidad de normalizar
la situación de envío de oficiales de esa CNI como Consejeros
Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de
Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad
posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, escribió Valdés.
El jefe de la policía secreta, como era habitual, contestó el 21 de
febrero directamente al canciller de la época, almirante Patricio
Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque,
León González y Raúl Tejo a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente.
Los archivos secretos revelan además el esfuerzo continuo de la
dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados,
operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de
Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del presidente
Sebastián Piñera.
Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista
como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas
de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en
marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los
derechos humanos, liderada por la Iglesia católica.
“Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días
pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las
personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, redactó
Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953.
Las operaciones detalladas en estos archivos revelan además el
seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como
Pierre Kalfon de “Le Monde” y James Pringle de “NewsWeek”, entre casi un
millar referidos en estos documentos.
También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor
Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de
gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman
“activismo intelectual”.
Los textos desnudan además los diálogos con el Vaticano para
neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a
los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.
Piezas clave en todo este entramado son además los Informes de
Apreciación Sociológica que la Armada prepara para la Junta Militar en
los últimos años del régimen.
En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que
debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares
no cedan “el principio de autoridad”.
“Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios
a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de
los tres primeros capítulos de la Constitución”, propuso el 6 de enero
de 1989 en esos documentos el capitán de navío Rodolfo Camacho.
Los cambios finalmente serán acordados con la oposición de centro
izquierda. La Constitución redactada entonces rige en Chile hasta hoy.
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