La muerte de la emblemática
Nicolasa Quintremán en las aguas de la central, reflotan su polémica
instalación, sobre la que pesan diversos incumplimientos del acuerdo
amistoso alcanzado hace 10 años entre el Estado y cuatro mujeres
pehuenches ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre
otros, la aprobación de una nueva hidroeléctrica en la zona o las malas
condiciones de las tierras entregadas. Como en el caso de la hermana de
Nicolasa, Berta, quien recibió un predio que no tiene agua.
Un
cartel con la dirección para llegar a la casa de la ñaña Nicolasa
Quintremán en la entrada del acceso a la comunidad Ralco Lepoy, recibía
el viernes a quienes llegaban a despedirla. Junto al cartel, un
contingente de fuerzas especiales –sin armas a la vista– esperaba por si
las cosas se ponían violentas.
Pero nada pasó. Y el centenar de
personas que caminó al menos una hora acompañando los restos de Nicolasa
hacia el cementerio, vivió una jornada cargada de emociones. Pero
“también de mucha indignación de que ella muriera, porque no fue una
muerte natural”, relata José Araya, del Observatorio Ciudadano.
Los discursos, que en su mayoría fueron
en mapudungún y oficiados por dirigentes mapuches, reflejaban las dudas
que levantó la muerte de la pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco,
la misma central contra la que peleó arduamente, convirtiéndose en todo
un símbolo del movimiento mapuche.
La mujer junto a su hermana Berta,
movieron cielo, mar y tierra para detener el proyecto hidroeléctrico de
Endesa aprobado durante el gobierno de Eduardo Frei tras un intrincado
camino, que incluyó presiones directas del entonces Presidente, y que
entre otras cosas terminó con la remoción de tres directores de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que se oponían a su
realización.
Ralco y Frei
Según detalla el historiador Martín
Correa, “hubo una intervención abierta y descarada del Presidente Frei,
personalmente. Tanto la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama)
como la Conadi, desecharon el proyecto Ralco porque no cumplía con los
requisitos legales, medioambientales y sociales. Ambas fueron
intervenidas por el Gobierno Central, encabezado por Frei. En el caso de
Conadi ‘si no está de acuerdo tiene que irse’, señaló respecto del
entonces director. Y así fue. Y por Lagos en el caso de Conama,
descabezando a sus máximas autoridades y poniendo funcionarios que
aprobaran el proyecto a como diera lugar”.
Los
discursos, que en su mayoría fueron en mapudungún y oficiados por
dirigentes mapuches, reflejaban las dudas que levantó la muerte de la
pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco, la misma central contra la
que peleó arduamente, convirtiéndose en todo un símbolo del movimiento
mapuche.
Según el coautor del libro Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío,
eso se explica “por las vinculaciones directas de funcionarios del
gobierno con las empresas implicadas: el ex ministro del Interior de
Frei, Edmundo Pérez Yoma, era presidente del directorio de Chilectra
Metropolitana, empresa vinculada al grupo Enersis, al igual que Endesa.
El Presidente Frei era accionista importante de la empresa Sigdo
Koppers, cuya bandera flameaba en la Central Pangue en su inauguración
por el propio Presidente. Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en
el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la
CONAMA, y luego sería presidente del directorio de Chilectra
Metropolitana. Ejemplos hay muchos, y todos hablan de vinculación entre
el poder político y el poder económico, y de una abierta intromisión de
uno en otro para construir centrales hidroeléctricas en el territorio
pehuenche”.
Complementando todo aquello, explica
Correa, “así como en el último año de la dictadura se privatizó Endesa,
en el último día de gobierno de Eduardo Frei, el 10 de marzo del 2000,
se despacha el decreto que otorga la concesión eléctrica para la
construcción de la central Ralco –aún existiendo recursos judiciales
pendientes–, último permiso administrativo para seguir adelante con la
obra”.
Pese a la aprobación de Ralco, las
hermanas Quintremán continuaron buscando fórmulas para evitar su
instalación. La vía judicial fue importante, tanto a nivel nacional como
internacional. Fue así como en diciembre de 2002 presentaron una
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
junto a Mercedes Huenteao, Rosario Huenteao y Aurelia Marihuan, por
graves violaciones del Estado de Chile a la Convención Americana de
Derechos Humanos, cometidos a raíz desarrollo del proyecto Ralco. Lo que
terminó en un acuerdo amistoso con el Estado de Chile en octubre de
2003.
Pero cuando se firmó este acuerdo Nicolasa ya no era parte del grupo. Un tiempo antes, negoció directamente con Endesa.
El abogado Álex Quevedo recuerda que
“doña Nicolasa no estaba. En el acuerdo final no aparece porque se bajó.
Al final tiene un drama con su hijo y la pareja de su hijo que la
obligaron a negociar con Endesa”.
Para Martín Correa, “Nicolasa Quintremán
era una mujer de campo, una mujer mapuche, y se convirtió en líder sin
haber sido jamás dirigente, y lo hizo por defender su tierra y la de sus
hermanos. Ella se hizo líder a fuerza de circunstancias, resistiendo a
los embates de Endesa y a las presiones de los gobiernos de Frei y
Lagos. Ella y seis mujeres defendieron la dignidad de un pueblo entero,
el pueblo pehuenche, y si en un momento ella, su hermana Berta, y las
cinco mujeres que resistían se quebraron, fue fruto de la tremenda
presión que sobre ellas se hizo, de Endesa, día a día, del gobierno y
sus agencias, del propio presidente Lagos, que se trasladó en
helicóptero a su ruca a decirle que se tendría que ir sí o sí. A
Nicolasa los funcionarios de Endesa y aquellos pehuenches que la empresa
cooptó le tiraban sus camionetas, la amenazaban, en las noches le
tiraban piedras a su casa… Nicolasa resistió cuanto más pudo”.
Uno de los abogados que llevó el caso,
Roberto Celedón, explica que el acuerdo alcanzado, que contemplaba seis
ejes principales, “permitió levantar el último obstáculo para poner en
ejecución y en marcha a Ralco”.
Y agrega que la negociación con Ralco
“es un caso emblemático internacionalmente, estudiado en las
universidades porque dicen que es la más exitosa que ha tenido un grupo
indígena con ningún Estado”.
Todo, “atendiendo que la voluntad de
ellos era no ser relocalizados, porque eso significó la extinción de dos
comunidades, pero en el contexto en que sólo quedaban pocas familias
resistiéndose fue un buen acuerdo”.
Para Quevedo “como acuerdo es
extraordinario, porque es un verdadero tratado que logran cuatro
personas. Desde el punto de vista económico, las otras familias
recibieron en conjunto menos que las cuatro en cuanto a bienes. Pero
además se logró que el Estado se comprometiera ante la CIDH. Sin
embargo, hasta hoy ha sido muy negligente en el cumplimiento de estos
compromisos”.
La deuda
Según explica Roberto Celedón, los avances del acuerdo “han
sido extraordinariamente lentos y, hasta la fecha, a pesar que ya van a
ser 10 años, aún no se cumple íntegramente todo y en el último tiempo
no ha habido contraparte a nivel gubernamental”.
Y es que si bien hay varios puntos que
sí se han concretado, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT o
la creación de una comuna en el sector Alto Biobío, hay varios
compromisos que están lejos de cumplirse.
Así lo refleja un informe enviado en
octubre de 2012 al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Santiago Canton, por las cuatro demandantes y el
abogado, lo que contrasta bastante con la información que el Estado
chileno entregó al organismo internacional y que se recoge en el informe
Anual de la CIDH relativo a ese año.
Un
problema que persiste se relaciona con la calidad de las tierras
entregadas en permuta por Endesa. El caso más grave afecta a Berta
Quintremán, quien no puede usar su terreno porque no tiene agua.
Entre los compromisos adquiridos por el
Estado aún pendientes se encuentra el reconocimiento institucional de
los pueblos indígenas. Esto, según informaban al CIDH las pehuenches,
pese a que se enviaron proyectos de ley al Congreso durante los
gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero no prosperaron. En
el último caso “por la negativa de parlamentarios de la actual coalición
de Gobierno al empleo de la voz pueblos indígenas”.
Al respecto, en enero de 2012 el
gobierno informaba a la CIDH que estaba “comprometido con las
organizaciones indígenas del país para avanzar en su reconocimiento
constitucional”, para lo cual se requiere realizar un proceso de
consulta.
Un punto muy sensible que no tuvo eco,
fue el relativo al compromiso de impulsar mecanismos que aseguraran la
no instalación de futuros megaproyectos, particularmente
hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Biobío.
“Como ha sido denunciado, existe un
gravísimo incumplimiento de este punto, toda vez que el Estado de Chile,
ha aprobado un megaproyecto de central hidroeléctrica en el sector del
Alto Biobío, denominado Central Angostura”, informaban Quintremán y Marihuan y las dos hermanas Huenteao.
Paradójicamente, el informe del gobierno señala que este compromiso “ha sido cumplido”.
En cuanto a fortalecer la participación
indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío, las
pehuenches relataban en 2012 que “a pesar de diversas iniciativas que
vienen desde enero de 2009 y participación de dirigentes indígenas en
una mesa de diálogo convocada por el Gobierno, hasta la fecha no se ha
constituido el directorio del Área de Desarrollo Indígena, por lo que
estimamos que el Estado de Chile no ha cumplido este compromiso”.
Según el co-director del Observatorio
Ciudadano, José Aylwin, “esa área de desarrollo indígena –declarada en
1997– no funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer
el desarrollo indígena. De hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto
Bío Bío era la comuna más pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la
línea de pobreza”.
Además, explica que “lo que hay es una
agricultura familiar empobrecida”, lo que no mejoró con la llegada de
Endesa, “que contrata a 20 personas. Una de sus promesas era generar
empleo y no hay ningún pehuenche. No genera empleos en la zona, los que
genera son mínimos y no son para ellos”.
La versión estatal es que “para el año
2013 se encuentra programada la reactivación del Área de Desarrollo
Indígena de Alto Bío Bío”.
En cuanto a acordar los mecanismos que
permitieran solucionar los problemas de tierras que afectan a
comunidades indígenas del sector del Alto Bío Bío, el Estado señaló ante
el CIDH que se habían comprado tierras a casi la totalidad de las
comunidades Pehuenche de la comuna, y que durante 2011 la Conadi licitó
el estudio de preinversión para la adquisición de tierras en el sector
Cajón de Queuco.
Aylwin detalla que se han comprado
cuatro predios, “la mayoría en el valle del Queco y uno en el valle del
Biobío. La información que uno conoce es que igual sigue habiendo en el
área un porcentaje significativo, de 30% o 40%, de las tierras que
siguen en manos de particulares y sigue existiendo conflicto, habiendo
reclamaciones de parte de los pehuenches. Diez años después del
acuerdo”.
En cuanto a las medidas tendientes al
desarrollo y preservación ambiental del Alto Bío Bío, que incluyen
mecanismos para asegurar que las comunidades sean informadas, escuchadas
y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones
ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, fortalecer el
desarrollo económico del sector e impulsar fórmulas que faciliten y
mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses, las demandantes
son tajantes en su evaluación, ya que señalan que “han sido incumplidas
en términos absolutos, y no existe hasta hoy un mecanismo que nos
permita conocer cómo y qué se fiscaliza respecto del cumplimiento
ambiental del proyecto Central Ralco”.
Agregando que “esto es de especial
gravedad ya que, como ha sido divulgado en los principales medios de
prensa nacional e internacional, la situación de los desplazados por la
construcción de la Central Ralco, es deplorable y constituye un impacto
que no fue debidamente evaluado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
de este proyecto, existiendo por parte del Estado de Chile la
obligación de imponer a Endesa la obligación de atender y subsanar todo
daño y perjuicio ocasionado a raíz del proyecto. En el mismo orden de
ideas debemos señalar a usted que la operación de los embalses ha
generado graves riesgos a la vida de los usuarios ubicados agua abajo de
las presas, entre los cuales nos encontramos”.
Además, recalcan que “la operación del
embalse Ralco no ha cumplido con su obligación de atenuar las crecidas
generadas por el río Bío Bío, condición ambiental bajo la cual fue
aprobado el proyecto. Con profundo disgusto hemos podido comprobar que,
contrariamente a lo acordado (…) la operación de las centrales ha
generado la destrucción de nuestra identidad cultural y ha coartado el
desarrollo turístico de la zona, causando extrema pobreza en términos
tales que ha convertido a la comuna de Alto Bío Bío en la más pobre de
Chile. Es inaceptable que ante la generación de tanta riqueza exista
tanta pobreza”.
El informe del Estado aseguraba a la
CIDH que “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante el año 2012
había avanzado en el proceso de seguimiento de las obligaciones
ambientales del proyecto”, y solicitaba el pronunciamiento de diversos
organismos sobre varios informes, como la auditoría ambiental
independiente realizada en 2010. En este contexto, se “continúa
trabajando en la reunión de los antecedentes y por ello no dispone aún
de resultados finales que se puedan informar a los municipios y
comunidades interesadas”.
Según
el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, “esa área de
desarrollo indígena –declarada en 1997- no funciona, no existe un
proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo indígena. De
hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto Bío Bío era la comuna más
pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza”.
En cuanto a las medidas para satisfacer demandas particulares de las familias afectadas, hay varios puntos pendientes.
Según explica Roberto Celedón, “lo
importante es que el Estado era el garante del acuerdo” y se comprometió
velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por Endesa
para atender las demandas particulares de las peticionarias.
Un problema que persiste se relaciona
con la calidad de las tierras entregadas en permuta por Endesa. El
informe de las mujeres pehuenches señala que “tampoco el Estado ha
cumplido el rol de garante al cual se obligó”. Principalmente porque
“las tierras tienen graves problemas con la disposición del agua”. Esto,
tanto en el sector Santa Inés, donde se ubican las tierras de Berta
Quintremán, como en La Suerte, donde están las otras mujeres y sus
familias.
“El caso más grave afecta a la señora
Berta Quintremán, quien se encuentra impedida, hasta el día de hoy, del
uso del terreno, por el hecho de no tener agua que es un elemento
esencial para la subsistencia y poder desarrollar actividades agrícolas
en el predio entregado en compensación en Santa Inés”, detalla el
informe.
La hermana de Nicolasa “ha estado varios
años tratando de encontrar una solución a la carencia de agua en su
predio. Ha informado al gobierno y sostenido múltiples reuniones sobre
el tema con sus funcionarios. Hay incluso informes oficiales de
gobierno, de la Comisión Nacional de Riego, que verifican las quejas de
la señora Berta, pero, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni
implementado una solución. La Sra. Quintremán alega además que debe
compensársele por las pérdidas que ha significado no haber podido
ejercer labores agrícolas en su nuevo campo”.
Para Celedón este es uno de los puntos
más graves. “Todo ha sido muy difícil. Con este Gobierno nunca fue
posible reunirse con el ministro de Desarrollo Social. Lavín, Bruno
Baranda, Felipe Kast, ninguno de los tres las recibió nunca, sólo fue a
nivel de encargado de asuntos indígenas”.
Por otra parte, hay un compromiso por
parte de Endesa de la disponibilidad de 1.500 Unidades de Fomento para
asistencia productiva. “Parte de estos recursos fueron entregados a
algunos propietarios de La Suerte, pero de manera inadecuada y en
momentos inapropiados, por lo que se ha pedido que se entreguen en forma
directa los recursos. Sin embargo, Endesa mañosamente trató de entregar
estos recursos en forma notarial siempre y cuando los beneficiarios
renunciaran a cualquier otra demanda, lo que es inaceptable”, detallan
las mujeres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La conclusión de las pehuenches es
tajante: “Los incumplimientos son múltiples, reiterados y a pesar de
haber plena consciencia de la efectividad de los mismos el Estado de
Chile persiste en una actitud a lo menos negligente”.
Vivir en El Barco
De las 93 familias afectadas por la
llegada de Ralco, que inundó 90 de sus predios equivalentes a más de 630
hectáreas –incluido el cementerio Quepuca,
que sin autorización dejó bajo el agua a sus muertos–, 70 fueron
relocalizadas. Varias llegaron al fundo El Barco, ubicado en los
confines de la cordillera de la VIII Región.
El Barco, según explica el historiador
Martín Correa, es un territorio de “veranada, al cual las familias
pehuenches suben entre los meses de octubre y marzo a la recolección de
piñones, buscando el sustento para el resto del año. Al momento de
desalojar a las familias pehuenches de los lugares donde se hizo la
represa, se envió a 38 familias hacia allá, en circunstancias que ese
mismo año don José Rodríguez Marihuan bajó con su familia porque no
cabían las 5 familias que allí vivían. En el fundo El Barco caen 2
metros de nieve en el largo invierno cordillerano, se mueren los
animales, no hay agua, las familias mapuche no tienen cómo sobrevivir,
no hay leña. Todo eso lo sabía Endesa y lo sabía el gobierno, y aun así
enviaron a las familias pehuenches hacia allá, condenándolas a la
pobreza”.
Situación que quedó reflejada en un reportaje publicado en 2011 por la “Revista Sábado” de El Mercurio, titulado “Los Pehuenches después de Ralco”.
Correa destaca el rol de la Fundación
Pehuén de Endesa, “que de acuerdo a lo que se convino, apoyaría con
alimentos y materiales a las familias pehuenches por 10 años. Hoy día
nadie se hace responsable por ellos, y de aquello también existía
conocimiento. En ese momento lo importante, para Endesa y para el
gobierno, era sacar a las familias pehenches del cajón del río Bío Bío, y
construir a como diera lugar la Central Ralco”.
Según el historiador, Pehuén fue “creada
para invisibilizar la voz disidente pehuenche a la construcción de
Centrales Hidroeléctricas en el Alto Bío Bío, entregando migajas a
través de pequeños proyectos y trabajos temporales, legitimando la labor
de Endesa y del Estado chileno a través de los discursos del
historiador Sergio Villalobos, quien niega la presencia mapuche en el
área, y escondiendo la real situación de las familias pehuenches, en
beneficio de un supuesto desarrollo. Recuerdo la imagen de un Lonko
trabajando de banderero, en los caminos que conducían a la entonces
Central Ralco en construcción. Eso es el desarrollo y modernidad que
defendían la fundación Pehuén, Endesa, y que legitimaba Villalobos”.
En su opinión, “lo que es de la mayor
gravedad es que todo lo que está pasando en el Alto Bío Bío se dijo ya
hace muchos años. Que significaba la muerte del pueblo pehuenche, que
era imposible sobrevivir en el fundo El Barco, que terminadas las faenas
los pehuenches que fueron contratados para construir caminos y obra
gruesa quedarían sin tierras y sin trabajo. La muerte de Nicolasa
Quintremán en el lago artificial que se construyó es la imagen más clara
de los resultados para el pueblo pehuenche de la construcción de Ralco.
Nicolasa siempre dijo que hacer Ralco era matar al río, y con ello a su
gente”.
La
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas contra el ex
jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel
Contreras, y contra ex agentes de la policía secreta por los secuestros
calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio
Elizondo Ormaechea, ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.
