Fuente Cambio 21
El
Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima cautelar de
prisión preventiva contra el subinspector de la Policía de
Investigaciones, Flavio Torres Pulgar, como presunto autor de torturas a
un estudiante de 17 años perteneciente al cuarto medio del Liceo Manuel
Barros Borgoño, mientras se desarrollaba una protesta en el centro de
Santiago.Los hechos se registraron en mayo de este 2013, cuando el joven C.R. -ahora de 18 años- denunció que fue subido a un vehículo policial, donde fue trasladado por distintos puntos de la capital. Se le exigió su clave de acceso al Facebook y recibió, además, golpes y apremios por su rol activo en la movilización estudiantil de esa jornada, según informó radio Cooperativa.
Fueron los mismos Tribunales los que ordenaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indagar estos sucesos, que terminaron con el detective de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente con cargos en su contra por apremios ilegítimos y delito informático.
Aunque el Ministerio Público no había pedido la prisión preventiva, sí lo hizo el querellante por la familia, Rodrigo Román, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que fue acogido por el magistrado Daniel Urrutia.
"Y el delito de tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y por lo tanto es uno de los más graves de nuestra legislación, cometido por o eventualmente cometido por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad social", dijo el juez.
El magistrado acusó que "la misma institución está produciendo, evidentemente, un encubrimiento en relación a no dar los nombres de aquellos que participaron".
Mientras que C.R. dijo tener "cierta incredulidad y ciertas dudas respecto a cómo pueda seguir evolucionando el proceso, pero por lo menos ésta es una señal buena que pueda traducirse en una investigación que pudiera determinar la formalización de los otros sujetos que participaron de este delito".
La fiscal Ximena Chong señaló que se siguen indagando a esos otros funcionarios policiales en una investigación que quedó con 120 días de plazo, según lo determinado por el Tribunal.
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