En
los últimos años ha habido una virtual campaña sistemática de numerosos
líderes de la Concertación destinada a distorsionar nuestra historia
reciente en el sentido de negar que cualquiera de sus gobiernos hubiese
tenido las mayorías parlamentarias suficientes para transformar las
instituciones económicas, sociales y culturales fundamentales heredadas
de la dictadura.
En
efecto, constituye un hecho evidente que tanto el gobierno de Lagos
como el de Bachelet contaron, en alguna de sus fases, con la mayoría
absoluta en ambas cámaras que les habría permitido sustituir el conjunto
de las instituciones económicas, sociales y culturales impuestas por la
dictadura; con excepción de la LOCE, la Ley de concesiones mineras y la
Ley del Banco Central, por ser éstas leyes orgánica- constitucionales
que requerían de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. El de
Lagos contó con dicha mayoría entre agosto de 2000 y enero de 2002,
debido a los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco
Javier Errázuriz; además de la mayoría de la Cámara de Diputados que
tuvo durante todo su período. Y el de Bachelet, desde el comienzo de su
gobierno, ya que la Concertación –además de obtener la mayoría de los
diputados- logró doblar en senadores en Concepción, quedando con una
mayoría de 20-18; hasta que a fines de 2007 el PDC expulsó de sus filas
al senador Adolfo Zaldívar.
Sin
embargo, particularmente el ex presidente Lagos ha insistido en
reiteradas oportunidades en negar esos hechos, señalando que la
Concertación no tuvo nunca los quórums necesarios para efectuar aquellas
transformaciones. También lo hizo la presidenta electa Bachelet, cuando
en el foro de las primarias señaló que durante su gobierno no había
tenido mayoría parlamentaria para modificar el sistema de AFP, en
circunstancias que éste requiere solo de la mayoría absoluta de los
senadores y diputados en ejercicio, denominado “quórum calificado” de
acuerdo al Artículo 66 de la Constitución. La misma afirmación “errónea”
respecto de las AFP hizo el senador José Antonio Gómez, siendo
precandidato presidencial, en el programa de TV “Tolerancia Cero”.
También el diputado Sergio Aguiló señaló en CNN-Chile que la Ley
antiterrorista no había podido tampoco ser transformada durante el
gobierno de Bachelet, “olvidando” que ésta también es de quórum
calificado.
El
caso de Ricardo Lagos se agrava al considerar el especial engaño de que
se nos hizo víctimas a todos los chilenos con ocasión de su segunda
vuelta frente a Lavín en 1999. En esa ocasión, el gobierno de Frei
Ruiz-Tagle presentó con extrema urgencia un proyecto de reformas
laborales que, si bien no sustituía el “Plan Laboral” tal como lo
planteó el Programa presidencial de la Concertación de 1989, postulaba
significativas transformaciones de aquel (Ver La Nación; 3-12-1999).
Naturalmente, la Alianza impidió su aprobación; pero al costo de recibir
fuertes descalificaciones del liderazgo concertacionista, ad portas de
la elección final de Lagos. Así, el entonces presidente Frei dijo que
“tres millones de trabajadores son los únicos perdedores con la votación
de la derecha” y que “este debate ha mostrado al país quienes están por
mejorar las condiciones laborales y quiénes se oponen a ampliar los
derechos de los trabajadores” (La Nación; 3-12-1999). A su vez, el
entonces presidente del PDC, Gutenberg Martínez, sostuvo que “a partir
de esta votación en el Senado, consideramos que Joaquín Lavín no tiene
ninguna credibilidad y que se comprobó que no es más que un instrumento
de los malos empresarios” (La Nación; 3-12-1999). En efecto, la
generalidad de los analistas políticos consideró que aquel rechazo fue
funesto para las pretensiones presidenciales de Lavín. Pero además, el
senador DC Jorge Pizarro “aseguró que esperan reponer el proyecto el
próximo año, ‘cuando Ricardo Lagos sea Presidente y Eduardo Frei sea
senador y tengamos mayoría para aprobar la iniciativa’ ” (La Nación;
3-12.1999). Efectivamente, Lagos –como vimos- tuvo dicha mayoría desde
agosto de 2000, pero el proyecto nunca se volvió a presentar…
Otro
hecho -¡más grave aún!- que el liderazgo de la Concertación continúa
ocultándonos es el regalo de la mayoría parlamentaria que solapadamente
le hizo a la futura oposición de derecha mediante las reformas
constitucionales de 1989. En efecto, la Constitución original del 80
–pensando, obviamente, en que Pinochet sería ratificado en el plebiscito
de 1988 y en la minoría electoral histórica de los partidos de derecha-
estipulaba que el gobierno “democrático” tendría mayoría parlamentaria
simple con la mayoría absoluta en una cámara y solo un tercio en la
otra. Así, con los senadores designados Pinochet hubiese tenido mayoría
absoluta en el Senado (ilegítima, pero realmente); y con el sistema
binominal se habría asegurado el tercio en la Cámara de Diputados.
Pero
con la derrota de Pinochet el 88, la previsión era con toda seguridad
la opuesta: La Concertación ganaría la Presidencia y la mayoría
parlamentaria simple. Esto, porque obtendría demás los doblajes que le
aportarían la mayoría absoluta en diputados; y porque lograría con toda
seguridad el tercio del Senado. Recordemos que el Senado original se
componía de 35 miembros (2 electos por cada una de las 13 regiones; y 9
designados); y que, en el peor de los casos la Concertación habría
elegido 13 (uno por región), siendo el tercio de 35, 12. Con esta
mayoría, el conglomerado habría tenido los quórums suficientes para
modificar completamente el “Plan Laboral”; el sistema de ISAPRE; la ley
de universidades; los sistemas financiero y tributario; el decreto-ley
de amnistía; etc.
Sin
embargo, en un hecho seguramente inédito en la historia, en el
“paquete” de 54 reformas concordadas entre Pinochet y la Concertación,
ésta aceptó que se elevaran los quórums para modificar las leyes simples
a la mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡manteniendo los senadores
designados! Es decir, lisa y llanamente, regalar la mayoría
parlamentaria. ¿A cambio de qué? De varias reformas positivas menores,
ninguna de las cuales eliminaba los dispositivos autoritarios más graves
de la Constitución del 80. Además, como en el plebiscito de julio de
1989 que las ratificó, los “ciudadanos” votaron desinformadamente por el
“paquete”; y como ni a la derecha ni a la Concertación les convenía
informar de dicho regalo, ¡esta situación permanece hasta hoy
desconocida para la generalidad de la población chilena!
¿Y
cuál sería la explicación del conjunto de lo anterior, que a primera
vista parece demencial? Todo indica, que la razón dada por quién fue
precisamente la “eminencia gris” de la transición, Edgardo Boeninger, en
un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la
Gobernabilidad), parece la más adecuada. Esta es, que el liderazgo de la
Concertación experimentó a fines de los 80 una “convergencia” con el
pensamiento económico de la derecha; “convergencia que políticamente el
conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Edit.
Andrés Bello; p. 369). En otras palabras, que dado el profundo viraje
ideológico de su liderazgo, este prefería no adquirir la mayoría
parlamentaria que la desnudaría frente a sus bases en ese viraje.
Entonces, frente al reclamo futuro de estas por la falta de cumplimiento
del Programa, dicha cúpula podría argüir plausiblemente que no tenía la
mayoría parlamentaria para llevarla a cabo. Esto es, que no podía, no
que no quería hacer los cambios prometidos.
Además,
la explicación de Boeninger calza completamente con otro conjunto de
hechos de la más alta importancia, demostrativos de actitudes y
conductas “capituladoras” de los gobiernos de la Concertación. En primer
lugar en el ámbito comunicacional, con las políticas de
“autodestrucción” de los medios escritos afines a la Concertación
-generados durante la dictadura- consistentes en bloquearles millonarios
aportes financieros del gobierno holandés ofrecidos en 1990;
discriminarles en el avisaje estatal a favor del duopolio; y, en el caso
de Análisis, que personeros concertacionistas la comprasen para luego
cerrarla. Todo esto –que ha sido denunciado reiteradamente, y nunca
desmentido, por sus propietarios y directores- generó la destrucción de
todos ellos en la década de los 90. En segundo lugar, con la
“neutralización” de TVN, incorporando al canal a varios directores de
derecha por una ley de 1992, bloqueando así las posibilidades que el
canal público desarrollara pluralmente un debate sobre la obra de la
dictadura. En tercer lugar, con la privatización del canal de televisión
de la Universidad de Chile a comienzos de los 90, que también podría
haber aportado a un amplio debate democratizador de la sociedad chilena.
Y, por último, con la denodada lucha de los gobiernos de Frei, Lagos y
Bachelet por no devolver los bienes confiscados del diario Clarín a
quien el Consejo de Defensa del Estado (1975) y el Tribunal del Banco
Mundial (2008) definieron –en el primer caso para su confiscación; y en
el segundo para ordenar la devolución de sus bienes- como su legítimo
propietario: Víctor Pey. Esto último ha significado en la práctica,
además, la consagración del duopolio El Mercurio-Copesa, luego de la
autodestrucción de Fortín Mapocho y La Epoca. Como los propietarios y
directores de dichos medios escritos no experimentaron el viraje
ideológico del liderazgo concertacionista; su preservación o reanudación
representaba, a la larga, un “peligro” de que esos medios se
convirtieran en los reales opositores a sus gobiernos neoliberales. En
el caso de los canales, dicha amenaza se eliminaba con su neutralización
o privatización.
Calza
también la explicación de Boeninger con la continuación hecha por los
gobiernos concertacionistas de las políticas de privatizaciones de los
servicios públicos y de las riquezas básicas efectuadas por la
dictadura. Particularmente con el agua, el desarrollo energético, el
sistema portuario, la pesca y, sobre todo, con el cobre, cuya gran
minería ha llegado a desnacionalizarse en más de un 70%. Además, dichos
gobiernos continuaron profundizando el perfil exportador de productos
primarios de nuestra economía; el “adiós a América Latina”; y la
búsqueda frenética de la inserción solitaria de Chile en los mercados
mundiales, expresado en decenas de tratados bilaterales de libre
comercio.
También
es plenamente congruente con las razones de Boeninger la mantención
–hecha por los gobiernos de la Concertación- de la destrucción o
irrelevancia del conjunto de organizaciones sociales de los sectores
medios y populares que hizo la dictadura; y que habían sido un elemento
clave de los procesos de democratización de antes de 1973: sindicatos,
juntas de vecinos, colegios de profesionales y técnicos, organizaciones
de pequeños productores, cooperativas, etc. La fortaleza de éstas
constituye ciertamente un factor destructivo de una economía neoliberal.
Asimismo
–y sin pretender ser exhaustivo- el argumento de Boeninger nos permite
entender también porqué los gobiernos de la Concertación aceptaron ya en
1991 la legitimidad de la Constitución del 80, al señalar que Chile
vivía en una democracia “imperfecta”, pero democracia al fin y al cabo
(Ver El Mercurio; 8-8-1991); y como en 2005 ¡hicieron suya dicha
Constitución, al ser firmada por Lagos y todos sus ministros!, a cambio
de la eliminación de las disposiciones más evidentes de ella que
establecían una autonomía militar. En la medida que la élite
concertacionista ya no estaba interesada en la sustitución de la obra
económica, social y cultural de la dictadura; no necesitaba de
estructuras democráticas que la hicieran posible.
Ha
sido tan notable y eficaz la sistemática distorsión histórica efectuada
por el liderazgo concertacionista que ella ha engañado no solo al
conjunto de la población, sino además a muchos de los más connotados
cientistas sociales y jurídicos de la sociedad chilena. Estos no han
percibido las amplias posibilidades históricas que han habido de
sustituir el modelo heredado de la dictadura. Solo a título muy reciente
tenemos el caso del más famoso experto (y crítico) del sistema de AFP
del país, Manuel Riesco, quien al referirse a un estudio sobre el
nefasto efecto que dicho sistema está teniendo sobre las pensiones de la
gran mayoría de los trabajadores (“La increíble estafa de las AFP
explicada paso a paso”; en El Clarín, 3-11-2013) señaló que el sistema
era casi imposible de cambiar ya que ¡requería quórums de reformas
constitucionales! Asimismo, una de las más conocidas sociólogas del
país, Marta Lagos, dijo recientemente que “el modelo (económico) está
funcionando porque Pinochet dejó leyes que no se pueden reformar, porque
hacerlo requiere quórum calificado” (Punto Final; 6-12-2013). Y el
destacado jurista Fernando Atria manifestó un total desconocimiento del
regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por la Concertación en 1989
en un foro realizado en el VI Congreso de estudiantes de Derecho de la
Universidad de Chile, el 18 de octubre pasado.
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