El
prontuario oculto de Odlanier Mena incluye al menos 6 secuestros y
muertes con desaparición en Arica (Chaca Sur y Chaca Norte; Putre); y
múltiples falsos enfrentamientos (ejecuciones ) en Santiago y
Concepción, mientras estuvo al mando de la Central Nacional de
Informaciones CNI, entre diciembre de 1977 y julio de 1980.
A
ello se suma el encubrimiento en la Operación Retiro de Televisores,
donde uniformados hicieron desaparecer por segunda vez, lanzándolos al
mar, los cuerpos de detenidos entre 1973 y 1978, para impedir hallazgos
similares al de Lonquén. La primera demanda contra los responsables de
la operación Retiro de Televisores ordenada por Pinochet fue presentada
por Gladys Marín, ex secretaria General del Partido Comunista, en 2004.
El ministro Cornelio Villarroel aplicó de inmediato la amnistía, pero
ello fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, cuando la
justicia investigó uno de estos hallazgos de restos, en Peldehue,
Odlanier Mena no estuvo entre los sentenciados con irrisorias penas por
esos atroces crímenes.
Es
lógico que el historial criminal de Odlanier Mena no sea revelado por
sus cómplices, pero sorprende que luego del suicidio del ex director de
la CNI, periodistas autores de premiadas obras sobre los años de la
dictadura se hayan unido al coro que intentó canonizar –como señalara
Alvaro Ramis en la revista Punto Final – a “San Odlanier Mena mártir”
(1).
El
ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas justificó en La Segunda, a
fines del 2000 la Operación Retiro de Televisores: "El hallazgo de
cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país
estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina…Se podía
inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a
dañar”. (2)
Un ex subalterno de Mena en la CNI, Enrique Sandoval Arancibia, ex mayor de ejército declaró en el proceso por los restos ubicados en Cuesta Barriga, investigado por el ministro Héctor Carreño y retomado por el juez Cristián Carvajal. Sandoval dijo que en 1978 el subdirector de la CNI, Jerónimo Pantoja, lo envió a chequear el lugar donde se rumoreaba que había restos de detenidos desaparecidos y le ordenó no dinamitar la mina sino usar ácido para demoler los cuerpos. Los restos, agregó, eran cerca de 20, y fueron puestos en 50 sacos de papas. Sandoval -hasta 2007 encargado de seguridad de la Municipalidad de Providencia, contratado por el ex alcalde Cristián Labbé – testimonió que pidió instrucciones a Mena sobre cómo proceder con el ácido. Mena suspendió sus vacaciones en Mehuin, llegando al día siguiente al aeródromo de Tobalaba en el helicóptero de la CNI y ordenando a Sandoval sacar los cuerpos y limpiar la mina. Detalló Sandoval que bajo las órdenes “del general Mena” llevaron los restos a la parcela expropiada al MIR en Malloco, donde pasaron la noche para luego partir al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde subieron los sacos a un helicóptero y los arrojaron al mar, atados a rieles. (3)
La
Operación Retiro de Televisores se hizo en todo el territorio nacional,
y la CNI no pudo estar ajena a su desarrollo. En 2009 sin embargo,
respecto de los hallazgos en otro lugar, Peldehue, la Corte Suprema
confirmó condenas sólo para quienes participaron directamente en las
exhumaciones de los héroes de La Moneda, y lanzaron al mar los restos de
los desaparecidos enterrados en el recinto militar. Pese a que el hecho
fue tipificado como delito de lesa humanidad, los 3 oficiales y 6
suboficiales culpables,no fueron a la cárcel. Sólo firmaron en libertad
condicional por la pena de 270 días.
Crímenes en Arica
Mónica Cristina Benaroyo Pencu
fue descuartizada viva en 1973, mientras Odlanier Mena era jefe de
zona en Arica, en Estado de Sitio. Profesora uruguaya y traductora,
Mónica (43 años) trabajaba en el departamento de cultura de la
Municipalidad de Arica, cuya alcaldesa era María Elena Díaz, de
militancia comunista. En entrevista al diario La Segunda, el 22 de
septiembre de 2010, Mena señalaba que el 11 de septiembre, “preocupado
de un eventual guerra con Perú”, la noticia del golpe “me llevó a tomar
detenidos a todos los dirigentes comunistas, para que no me agitaran el
problema interno”. El cuerpo decapitado de la joven profesional fue
hallado casualmente en 2008 por un soldado al interior de la Cuesta
Chaca, un recinto del Ejército, 22 km al sur de Arica. Una bala de 9 mm
completaba el hallazgo. Junto a los restos momificados, había un billete
de un escudo (la moneda de la época), vestigios de un jean, un poncho,
y una cajetilla de cigarrillos Hilton. Mónica era rumana nacionalizada
uruguaya, y en Chile sus datos estaban en el registro de extranjeros, lo
cual permitió su identificación.
Figuraba
como desaparecida en el Informe de la Comisión para la Paz de Uruguay,
por denuncia de un familiar cercano. Para encubrir el crimen, se
fabricó en septiembre de 1973 un decreto de expulsión de la ciudadana
uruguaya. La traductora, además del rumano materno, hablaba inglés,
italiano, francés, alemán y español. Su padre había sido embajador de
Irán (Persia) en la capital rumana, antes de la segunda guerra mundial.
Su identificación se logró ese mismo año, a través de un inédito
procedimiento de rehidratación de los dedos de su piel momificada,
realizado por la PDI (Policía de Investigaciones) pero sólo fue
confirmada por el Instituto Médico Legal el año 2010, por comparación
con el ADN de su hermana Fernanda. Tras ello sus restos –menos la
cabeza, que nunca apareció- fueron entregados en agosto de ese año a
la secretaria de la Comisión para la Paz de Uruguay, Soledad Cibils
Braga.
Sus
amigos uruguayos la llamaban Monique. A su regreso de una beca en la
Universidad de La Habana, que premió su monografía sobre la vida del
Ché Guevara, Monique se había afiliado al Partido Comunista de Uruguay.
Soñaba con regresar a Cuba. Fue vista con vida por última vez el 11 de
septiembre de 1973, detenida por militares y trasladada a un recinto
militar. (4)
Un testigo sobreviviente y una condena
La
justicia chilena condenó sólo una vez, en 2009 al primer director de
la CNI, como autor de tres homicidios que tuvieron lugar en Arica
mientras él era la máxima autoridad del Regimiento Rancagua. Los
ejecutados iban a ser cuatro, pero uno, Waldo Sankan se salvó. Oscar
Ripoll Codoceo (38 años) era ingeniero metalúrgico, funcionario del
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Julio Valenzuela Bastías (28
años) era radiooperador del ferrocarril Arica La Paz, y Manuel Donoso
Dañobeitia (26 años) sociólogo, y profesor de la Universidad del Norte.
Fueron lanzados en un vehículo a la bajada de la Cuesta Chaca Norte y fusilados el 20 de octubre de 1973, a más o menos 35 Km. de Arica.
La prensa local sindicó de inmediato a los jóvenes militantes
socialistas, como autores del Plan Zeta a ser ejecutado en Arica “por
una organización para militar del ex Partido Socialista denominada AGP,
Agitación y Propaganda”. El Plan Zeta fue un burdo montaje publicado en
Chile a días del golpe para justificar la represión y convencer a la
población que la izquierda planeaba el asesinato de miles de chilenos.
Con el testimonio –entre muchos otros - del ex preso sobreviviente, la Corte Suprema, en
un fallo de mayoría emitido por los ministros Jaime Rodríguez, Hugo
Dolmestch y Carlos Künsemüller (con los votos en contra de Nibaldo
Segura, y Rubén Ballesteros), confirmó en 2009 la condena a Odlanier Mena como autor de los homicidios de los citados militantes socialistas. La investigación la inició el juez Juan Guzmán el año 2004 como un episodio de la Caravana de la Muerte ocurrido al fin de la
estadía del criminal General ® Arellano Stark en el norte. Mena fue
amnistiado en primera instancia por el fallecido juez Víctor Montiglio,
en 2006. Pero los ministros de la Corte de Apelaciones, Dobra Lusic y
Raúl Rocha, y el abogado integrante Benito Mauritz, establecieron
posteriormente que los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarse
ni prescriben. Curiosamente, Sergio Arellano Stark fue absuelto en la causa, porque no se pudo probar su paso por Arica en esa fecha.
La
pena de 10 años impuesta por la Corte de Apelaciones a Mena fue
rebajada por la Corte Suprema a 6 años, que también recibieron los
suboficiales René Bravo Llanos y Luis Carrera Bravo, integrantes
del Departamento II de Inteligencia, autores materiales del crimen. En
el proceso, Mena se negó a confesar afirmando que
otros mandos dieron las órdenes, y él sólo conoció del “accidente”
ocurrido en el camino Arica-Pisagua, en el que se habría desbarrancado
un vehículo y muerto tanto prisioneros como personal del ejército. En
realidad nunca hubo uniformados muertos. El
certificado de defunción del radio operador Julio Valenzuela indica como
causa de muerte "herida a bala con estallido pulmonar". Ripoll tenía la
columna quebrada por las torturas infligidas en el regimiento, según
declaró el testigo Benjamín Arriagada en el proceso, y todos presentaron
heridas a bala.
Según
el informe Rettig, el 9 de octubre de 1973 los tres fueron llevados al
Regimiento "Rancagua" de la ciudad de Arica, uno de los centros de
detención y tortura en dictadura, detenidos e incomunicados hasta el 18
de octubre. De allí fueron trasladados al cuartel de Investigaciones, y
sacados en la madrugada del 20 de octubre por personal militar en
tenida de combate –según un testigo - para ser trasladados a Pisagua. El
informe Rettig estableció que fueron llevados con la vista vendada y
las manos amarradas. El vehículo recorrió 40 kilómetros hasta un punto
–Cuesta Chacra- en que los conductores descendieron y empujaron al
rodado a un barranco.
Waldo
Sankan sobrevivió porque una puerta del vehículo se abrió expulsándolo.
Llegó a pie a Arica y temiendo por su vida, se presentó ante Mena
acompañado del capellán militar Mario Ruiz, quien ratificó estos dichos
en el proceso. Declaró inculpando a Mena y el personal a su cargo.
Sankan fue relegado a Codpa en 1973 bajo la condición de seguir
manteniendo la versión oficial sobre el crimen.
“Mena incumple su deber”
El
juez Montiglio sostuvo en su fallo (5) que “el propósito permanente de
ocultar la verdad de lo ocurrido que se advierte en el proceder del
Comandante Mena constituye un fuerte indicio del obrar doloso de éste,
con la gravedad de que traslada su responsabilidad a sus subordinados,
incumpliendo de ese modo el deber de todo comandante de jamás hacer
recaer sobre ellos la responsabilidad de una resolución que a él ha
correspondido. Se tiene presente además el hecho que el coronel Mena no
dispuso medida alguna en contra de los supuestos insubordinados, lo que
reafirma la convicción del tribunal en cuanto a que no es efectivo que
los miembros del Departamento II de Inteligencia que intervinieron en
los hechos hayan actuado de propia iniciativa, descolgándose de la línea
de mando y que, por el contrario, el actuar de dichos subordinados fue
en cumplimiento de una orden suya.”
En el proceso, el entonces mayor Mario
Carrasco González, entonces fiscal militar en Arica, había declarado
que en su regimiento “era el comandante Mena quien ordenaba todas las
misiones secretas, reservadas y ordinarias que se realizaban, por tanto
debía tener conocimiento de los hechos”.
Dos conscriptos desaparecidos
Entre
los crímenes por los que Mena jamás fue enjuiciado está el secuestro y
desaparición en octubre de 1974 de dos conscriptos del regimiento
Rancagua de Arica, del cual él era su comandante. El juez Daniel Calvo
entregó los restos de los soldados Juan Francisco Peña Fuenzalida 21
años, y Sergio Amador Pantoja Rivera (19 años) a su familia en 2002.
Ambas osamentas, plenamente identificadas por el Instituto Médico Legal,
fueron encontradas en 1999 por el juez Juan Guzmán luego de remover
terrenos en la localidad de Putre. El juez constató que la mayor parte
de los restos ya habían sido removidos previamente.
El 27 de mayo de 1975 Odlanier Mena firmó la siguiente orden del día reservada que consideraba desertores
a los desaparecidos: "Conforme lo dispone el Art.314 del Código de
Justicia militar, dése de baja con fecha 31 de octubre de 1974, a los SL
(C) Juan Peña Fuenzalida y Sergio Pantoja Rivera, de la 2a. Compañía de
Cazadores, por haberse cumplido el delito de deserción". Sin embargo en
1978, la Dirección General de Reclutamiento y Movilización de las
Fuerzas Armadas, extendió un certificado señalando que "Pantoja Rivera,
Sergio Amador tiene su situación militar al día con valer militar".
La
verdad, relatada por un ex conscripto del mismo regimiento, es que el
24 de octubre de 1974, luego de ser interrogados por el Servicio de
Inteligencia Militar de Arica, Juan Peña Fuenzalida –recapturado luego
de un intento de fuga del campamento militar- y Sergio Pantoja Rivera,
fueron sacados con las manos atadas y vendados desde el campamento de
Putre al que habían sido trasladados, y subidos en un jeep que
emprendió la marcha por el camino hacia Arica.(6)
Juan
Peña y Sergio Pantoja, no fueron vistos nunca más y sus familias, de
Rancagua, iniciaron la larga búsqueda meses después, recibiendo
contradictorias versiones. En diciembre de 2012, la Corte Suprema
condenó a 3 años y un día (prisión remitida) a los dos oficiales que
estaban a cargo del cuartel en Putre, como culpables del secuestro y
desaparición de los dos conscriptos del regimiento comandado por
Odlanier Mena, quien una vez más –oh justicia! – no fue encausado en el
proceso, investigado por el ministro Mario Carroza. Muy poco después de
estos crímenes, desempeñándose en la DINE (Dirección de Inteligencia del
Ejército) fue ascendido a general.
CNI: Debut con asesinato
Odlanier
Mena, posteriormente acogido a retiro, permaneció en el exterior,
cumpliendo funciones diplomáticas en Panamá y Uruguay. Regresó a Chile
en 1977 a pedido de Pinochet, para encabezar la Central Nacional de
Inteligencia, CNI que sucedió a la DINA de Manuel Contreras. Su primer
acto de servicio –venía llegando de Montevideo- fue el asesinato del
periodista Augusto Carmona Acevedo (33 años) el 7 de diciembre de 1977.
Lo encubrió como un “enfrentamiento” instaurando un libreto que la CNI
repetiría por décadas. La línea de los montajes ya le era familiar y los
impuso en la institución que buscaba mejorar la imagen de la dictadura,
en su peor momento tras el asesinato del ex canciller Orlando Letelier
en Washington.
La
principal “innovación” introducida por Mena consistió en no desaparecer
los cuerpos de sus víctimas. El llevó a cabo una selectiva labor de
aniquilamiento de miembros de la dirección del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria MIR, que intentaba retomar la iniciativa de resistencia
activa contra la dictadura. El trabajo de inteligencia desplegado por la
CNI descansaba fundamentalmente en el uso de la tortura, tanto en el
Cuartel Borgoño como en decenas de instalaciones clandestinas a lo
largo del país, en la huella de la DINA.
El
ministro Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago,
procesó el 4 de abril 2013 a Mena como autor de este crimen de lesa
humanidad. El procedimiento de la CNI incluyó montar una “ratonera” en
el barrio, copando la zona y el domicilio del dirigente mirista. Vecinos
del lugar, entre ellos el escritor Reinaldo Marchant, atestiguaron que
Carmona fue acribillado al ingresar a su casa y arrastrado hacia el
interior. Esa noche el director de la CNI, llegó al lugar de los
hechos, calle Barcelona en la comuna de San Miguel, en un automóvil
Volvo del año, según declaró en el proceso Juan Arancibia López, uno de
sus choferes.
Carmona
en 1977 había dejado atrás el periodismo tradicional, y desde la
dirección máxima del MIR impulsaba la lucha de resistencia y la prensa
clandestina. Por sus amplios vínculos con la izquierda e incluso con
sectores progresistas de la democracia cristiana, desarrollaba
conversaciones orientadas a la unidad antidictatorial. El periodista,
en democracia fue redactor político del tele-noticiero “NueveDiario” en
el entonces Canal 9 de TV de la U de Chile, presidente del sindicato
de trabajadores de ese Canal, y redactor de la revista Punto Final desde
su fundación en 1965. En 1970, con la estación ocupada por sus
trabajadores en apoyo al proceso que se vivía en el país, Augusto
Carmona había sido elegido jefe de prensa de esa estación televisiva,
hoy Canal 11, Chilevisión, del grupo Time Warner-CNN.
En
abril de 2013, al conocerse los procesamientos por el homicidio del
periodista, la querellante Lucía Sepúlveda, que junto a su hija Eva
María Carmona interpuso la demanda, había hecho notar que algunos de los
procesados en prisión por crímenes similares, disfrutaban de beneficios
carcelarios como salidas de fin de semana y otros se paseaban
libremente, “condenados” sólo a firmar mensualmente. Mena a esa fecha
hacía uso de salida semanal de viernes a domingo. Pero el nuevo
procesamiento no alteró su beneficio ya que el juez le concedió la
libertad bajo fianza.
En
1993 se había aplicado la amnistía por este homicidio, y la causa sólo
se logró reabrir el año 2003. “La encargatoria de reo es apenas el
primer paso hacia una sentencia que marque el fin de la impunidad”, dijo
entonces Lucía Sepúlveda quien hoy considera que Odlanier Mena eludió
la justicia mediante el suicidio, siguiendo el modelo de Pinochet que
se declaró loco.
“Valoramos
que la investigación califique el crimen como de lesa humanidad e
incluya al máximo responsable de la CNI, Odlanier MENA, como autor del
delito, junto a los miembros de la Brigada Azul, encargada de la
represión al MIR”, manifestó entonces la abogada Alejandra Arriaza. Los
agentes que declararon en el proceso llevado adelante inicialmente por
el ministro de fuero Alejandro Solís, sostuvieron que desde el reemplazo
de la DINA por la CNI, todos los operativos de exterminio debían tener
su autorización previa.
Procesados de la Brigada Azul
Mena
reorganizó los antiguos grupos Halcón de la DINA denominando “Brigada
Azul” a una de las nuevas bandas, con casi los mismos secuaces, lo que
muestra que sus discrepancias con Contreras eran parte de las luchas de
poder. La ejecución de Augusto Carmona fue supervisada por Miguel
Krassnoff bajo el probable mando operativo del ex mayor de ejército
Manuel Provis Carrasco. Krassnoff, procesado como autor de este
homicidio, cumple condenas efectivas de cárcel por 103 años por decenas
de crímenes, sin beneficios hasta ahora. Encabezó la represión al MIR,
mediante la tortura, desaparición forzada y técnicas de guerra
sicológica y gozó hasta octubre de una cárcel dorada en el Penal
Cordillera, con toda clase de privilegios, no demasiado diferentes de
los que tiene ahora en Punta Peuco.
En
diciembre de 2012 la Corte Suprema confirmó la pena impuesta en otra
causa al procesado Sandoval Arancibia, cuyas declaraciones sobre Cuesta
Barriga ya citamos en esta investigación. El criminal fue condenado a
10 años y 1 día como autor de la muerte de Luis Pantaleón Pincheira
Llanos, Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, Luis Nelson Araneda Loayza, todos
ellos militantes del MIR, y Juan Ramón Soto Cerda, socialista, en Las
Vizcachas (1981). Cumplió en libertad la pena de 5 años por el crimen
del niño Carlos Fariña Oyarce, de 13 años, y está procesado además como
autor del asesinato de Germán Cortés (1978).
Un
cuarto procesado por el asesinato del periodista Augusto Carmona,
Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del
Ejército, fue condenado en segunda instancia a 5 años y un día por los
delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en
Uruguay (1995) del químico Eugenio Berríos, ex agente de la DINA. Cumple
una “condena” en libertad vigilada, a 4 años por homicidio y cuatro
por asociación ilícita, por el asesinato del mayor Gerardo Huber (en
1992).
El
quinto reo, José Fuentes Torres, “El cara de santo” o “Marco Cruzat”
también cumplía en libertad condena a tres años como autor del secuestro
de Mireya Pérez Vargas y está procesado por su participación en la
Operación Colombo (caso de Los 119 desaparecidos).
El
sexto reo Luis René Torres Méndez alias “Negro Mario”, estaba en
libertad condicional, procesado por su participación en secuestros en la
Operación Colombo, Operación Cóndor y las detenciones de dirigentes
comunistas en calle Conferencia.
El
séptimo reo, Basclay Zapata Reyes, “El Troglo”, cumple condena en Punta
Peuco por once secuestros y el homicidio de Lumi Videla. Procesado por
Operación Colombo.
La
octava encargatoria de reo como autora del asesinato de Augusto Carmona
fue para Teresa Osorio Navarro, “Chica Tere”, quien está acusada por
Operación Colombo y por calle Conferencia. Libre al momento del
procesamiento.
La
causa judicial continúa respecto de estos criminales. El ministro
Llanos prepara la acusación contra ellos, ya que los procesamientos
fueron ratificados por la Corte de Apelaciones.
Odlanier Mena continuó en el camino de los falsos enfrentamientos, cuando el 18 de enero de 1978, la CNI asesinó a Germán Cortés Rodríguez
(29 años), también dirigente del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), detenido dos días antes. El montaje publicado por
la prensa sostenía que luego de su detención fue conducido a su
domicilio para entregar documentación y “estando allí en un momento
trató de sorprender a los funcionarios de seguridad, disparándoles un
arma que extrajo debajo de una cama, no logrando herirlos y siendo
muerto por ellos,” lo que es refutado por ex detenidos. Germán Cortés
fue conducido al lugar en muy mal estado debido a las torturas recibidas
y abatido allí por la CNI.
En
agosto de 2013 el ministro de fuero Jorge Zepeda encargó reos por el
asesinato de Germán Cortés, a tres miembros de la citada Brigada Azul:
Krassnoff , Sandoval Arancibia y Basclay Zapata. No alcanzó a dictarse
el procesamiento contra Odlanier Mena aunque dos testigos
sobrevivientes, ex detenidas políticas junto a Germán Cortés lo
inculpaban: Haydée Palma y Bernarda Santelices.
El mismo día de la ejecución de Germán Cortés (18 de enero) fue asesinado por la CNI Gabriel Octavio Riveros Ravelo
(29 años) ingeniero y militante del MIR. Agentes del organismo dirigido
por Mena irrumpieron violentamente en su domicilio disparando. Se dijo
que Gabriel había muerto de un disparo suicida. El ingeniero formaba
parte del apoyo logístico del dirigente Germán Cortés. En su
departamento se reunía la dirección del MIR, encabezada entonces por
Hernán Aguiló. (7)
Otros
crímenes perpetrados por la CNI bajo el mando de Mena fueron incluidos
en una querella interpuesta ante el entonces juez Juan Guzmán, por
genocidio contra el MIR(8). José Avilés Miranda (72 años),
contratista, de 72 años fue asesinado el 28 de abril de 1979. El
cadáver del simpatizante del MIR, padre de un exiliado político que
había estado preso en la isla Dawson, fue encontrado en Fundo El
Montijo de Renca. Había salido el día anterior de su domicilio en la
comuna de Pudahuel a hacer algunas diligencias. La CNI informó a la
prensa que el MIR había ajusticiado a Avilés, versión refutada en el
informe Rettig. El montaje tuvo una segunda fase. La CNI informó que el
17 de mayo de 1979, Arturo Ricardo Nuñez Muñoz (24 años), obrero
de la construcción, militante del MIR, había sido ajusticiado por esa
organización. En realidad Núñez fue detenido un día antes apareciendo
su cuerpo al día siguiente en el sector de Quilicura, con dos impactos
de bala en la cabeza.
El 21 de junio 1979, Juan Carlos Gómez Iturra,
“Loquillo”, 27 años, dirigente del MIR y ex preso político (hijo del
fallecido periodista José Gómez López) murió luego de ser detenido y
baleado en las cercanías de Lo Valledor, tras un control policial que
intentó eludir junto a otro resistente. Juan Carlos Gómez fue uno de los
participantes en la huelga de hambre que en 1975 los prisioneros
políticos del campo de concentración de Puchuncavi, realizaron en
protesta contra el montaje periodístico de la Lista de los 119
(Operación Colombo). Gómez, amnistiado en 1978, decidió permanecer en
Chile. Capturado y herido, fue torturado por un carabinero en un
vehículo e ingresó muerto al Hospital Barros Luco, a causa de
heridas a bala torácico abdominales con salida de proyectil, según el
certificado de defunción. Su acompañante fue condenado a 10 años de
cárcel por la muerte de uno de los policías. En 2011, su hermano, el
senador Juan Antonio Gómez presentó una querella por su muerte, que
lleva adelante el ministro Carroza.
El 23 de junio de 1979 fueron ejecutados en Concepción Alberto Eugenio Salazar Briceño, ex marino de Talcahuano e Iris Yolanda Vega Bizama,
miembro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
AFDD. Ambos eran militantes del MIR y murieron al explosionar un
artefacto explosivo en calle Maipú. La CNI los acusó de intentar colocar
una bomba en el local de Radio Nacional. Otras diez personas fueron
detenidas y acusadas de planificar la operación. Todos los imputados
fueron absueltos en 1980 y por el homicidio de Alberto Salazar e Iris
Vega, reconocido por el Informe Rettig no hay procesados.
El 4 de agosto de 1979 murió Antonio Apolonio Lagos Rodriguez (33
años), técnico en minas y militante del MIR que cumplía tareas de
resguardo de Andrés Pascal, secretario general de ese partido. Su casa
ubicada en El Arrayán, fue atacada por efectivos de la CNI. La policía
secreta buscaba a Pascal, que había retornado a Chile ese año y vivía
allí pero no llegó esa noche. A consecuencia de los disparos se
produjo un incendio en el inmueble y una explosión. Antonio Lagos murió
carbonizado.
El 21 de agosto de 1979 en el centro de Santiago, fue detenido por un carabinero el profesor secundario Federico Alvarez Santibáñez,
por lanzar panfletos del MIR. Desde la 9ª Comisaría la CNI lo llevó al
cuartel secreto de Borgoño 1470, donde fue torturado durante seis días
por cuatro agentes, entre ellos Jorge Andrade Gómez y Jorge Vargas
Bories. Sin poder sostenerse en pie y sangrando profusamente, se le
condujo ante un fiscal militar quien lo envió incomunicado a la
Penitenciaría. Al día siguiente los gendarmes lo trasladaron a la Posta
Central donde falleció víctima de contusiones múltiples, fractura de
cráneo y aspiración de sangre y vómitos. El sumario llevado a cabo por
el Colegio Médico en contra de los miembros de la orden que participaron
en los hechos, indica que la causa de la muerte no fue un golpe en la
cabeza, mencionado en la versión dada a conocer por la CNI y el
gobierno (7).
El 27 de noviembre de 1979 muere el profesor Ricardo Ruz Zañartu
(36 años) dirigente del MIR, ex preso político liberado en 1978. La
versión del informe Rettig indica que intentó evitar un control
vehicular de Carabineros en calle Pedro de Valdivia esquina Las Encinas,
en Santiago. El se percató de esta situación y trató de huir en el
taxi en que se movilizaba, produciéndose en ese momento “un
enfrentamiento con los policías que le causó la muerte”, el conocido
libreto propalado por la CNI.
También ese día de 27 noviembre, es abatido Andrés Fernando Fuenzalida Zurita
(33 años). La versión oficial indica que fue muerto en Pedro de
Valdivia con Las Encinas, Santiago, por Carabineros, en un
enfrentamiento, como indicaban todos los comunicados oficiales de la
época. Tres días antes, un comando miliciano de la resistencia había
asaltado un camión recaudador del Banco Concepción, en el supermercado
Agas ubicado en Manquehue Sur, Las Condes. La CNI sindicó a Andrés
Fuenzalida como culpable de la muerte del cabo carabinero Bruno
Burdiles Vargas durante esa acción.
Al año siguiente, el 28 de abril de 1980 muere “en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad”, según la versión oficial, Oscar Salazar Jahnsen,
profesor, quien salió de su casa, no regresando al mediodía como se
había comprometido. Había sido objeto de seguimientos previos, razón por
la cual había interpuesto un recurso de amparo preventivo en su favor.
Ese mismo día, un comando de la Resistencia había accionado frente a la
llama de la Libertad en el cerro Santa Lucía, resultando muerto un
carabinero. A las 20:00 horas fue allanado su domicilio por personal de
la CNI. Al día siguiente los familiares leyeron en los diarios que Oscar
Salazar había fallecido en un enfrentamiento.
A
fines de 1980 Odlanier Mena dejó la CNI, cuestionado porque pese al
aumento de detenciones, el uso de la tortura y el montaje de falsos
enfrentamientos, el MIR continuaba operando con audaces acciones
armadas. El 15 de julio de 1980 un comando de la resistencia ajustició a
Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército.
Pinochet pidió la renuncia a Odlanier Mena el 24 de julio, asumiendo el
mando de la policía secreta el ex miembro de la Junta militar, general
® Humberto Gordon Rubio hasta entonces jefe de zona en Estado de
emergencia. Pinochet ordenó a Gordon coordinar desde un denominado
Comando Antisubversivo (CAS) a los servicios que investigaban el
ajusticiamiento del coronel Roger Vergara.
Gordon
había conformado un comando Antisubversivo integrado por la Brigada de
Homicidios (BH), la recién creada Brigada de Inteligencia Policial
(BIP), el Departamento OS-7 de Carabineros y la Brigada Metropolitana de
la CNI, que también empezó su gestión con un crimen. El 2 de agosto de
1980 murió a consecuencias de la tortura el estudiante de Periodismo Eduardo Jara Aravena
(29 años) militante del MIR, secuestrado el día 23 de julio, en la
esquina de las calles Eleodoro Yáñez con Los Leones junto a Cecilia
Alzamora, quien sobrevivió. Nunca hubo condenas por el asesinato de
Eduardo Jara, aunque cayó la plana mayor de Investigaciones encabezada
por Ernesto Baeza, debido a las repercusiones de ese y otros casos
(9). De ahí en adelante, en la CNI la historia vuelve a repetirse con
nuevos asesinatos y montajes, detenciones y uso permanente de la
tortura como método principal de investigación, en la huella de su
fundador, Odlanier Mena.
La
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que preside Alicia
Lira, entregó a los tribunales de justicia 311 nuevas querellas por
ejecutados políticos, hombres y mujeres entre los cuales están varios
de los casos aquí reseñados (10). Ello forma parte de la campaña que ha
mantenido la agrupación: “Impunidad Jamás”. Un total de 1350 víctimas
fueron ejecutadas por agentes del Estado en dictadura. Gran parte de
esos crímenes fueron perpetrados por la CNI, moldeada por su primer
director Odlanier Mena quien ni siquiera cumplió los 6 años de prisión
dorada a la que fue condenado por la justicia chilena, y fue enterrado
en medio de vítores de uniformados activos y retirados de su generación.
Pero el pueblo de Chile y las nuevas generaciones ya no aguantan más
mentira y más impunidad y no desean que más criminales puedan eludir la
justicia.
Fuentes:
1) Alvaro Ramis, “En la Piel del Verdugo”, Punto Final, edición 791.
2)
“Ex Director de la CNI advierte”, en La Segunda, 15 noviembre 2000,
citado por Elizabeth Lira y Brian Loveman en “El espejismo de la
reconciliación Política en Chile: 1990-2000”
3)
Operación Retiro de Televisores, en “Los Crímenes que estremecieron a
Chile, Jorge Escalante, Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega”
(Ceibo 2013), págs. 357-373.
5) Fallo Cuaderno Arica del Proceso Caravana de la Muerte, dictado por Víctor Montiglio el 12 de abril de 2006.
7) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=25613 E. Cortés, Cronología del Terror, Punto Final.
8) Querella Víctimas MIR http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/QMir03.html
