Los pagos secretos de la DINA a Copesa y El Mercurio
Los documentos bancarios, que
llevaban la inconfundible firma de Manuel Contreras, fueron cobrados
desde la cuenta corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones
de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de
“Dirección de Rehabilitación Nacional, DINAR”. Estos constan en un
listado adjunto al expediente del homicidio del ex canciller Orlando
Letelier, en la Corte Suprema.
El diario El Mercurio y algunos de sus medios asociados, así como el Consorcio Periodístico Copesa, recibieron dinero de la DINA en 1975. Los pagos se efectuaron mediante cheques que ambas empresas
cobraron desde una millonaria cuenta encubierta que esta organización
criminal mantenía en un banco nacional, cuyo titular era el jefe de este
organismo, Manuel Contreras.
Los medios que en un informe de la Corte Suprema aparecen cobrando documentos extendidos por el organismo de fachada son, además de El Mercurio y Copesa, los diarios Las Ultimas Noticias, Diario Austral, La Nación, La Prensa, además de El Día y La Discusión de Chillán. También recibieron pagos los semanarios Qué Pasa y Ercilla y
las agencias internacionales de noticias United Press International,
UPI y France Press, como también la agencia nacional Orbe.
Los documentos, que llevaban la
inconfundible firma de Contreras, fueron cobrados desde la cuenta
corriente N° 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la
que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de “Dirección de
Rehabilitación Nacional, DINAR”.
A juicio de organismos de Derechos
Humanos, los pagos efectuados por la DINA a estos órganos de prensa,
explican no sólo el ocultamiento en la información de estos medios
acerca de los crímenes de la dictadura, sino también su complicidad al
informar sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes
de izquierda, cuando judicialmente quedó establecido que sus muertes
fueron asesinatos y desaparecimientos.
Entre estas informaciones de prensa está
la Operación Colombo. Esta fue un montaje de la dictadura sobre 119
detenidos desaparecidos que algunos de esos medios hicieron figurar como
ejecutados por sus propios compañeros en Argentina, producto de
rencillas políticas internas o muertos en inventados enfrentamientos con
las fuerzas policiales argentinas.
También está el crimen de Rinconada de
Maipú, en el que algunos periodistas “cubrieron la espalda” de la DINA
difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros
salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la
investigación judicial sobre el caso.
A ello se suman los múltiples falsos
intentos de fuga de prisioneros informados por estos medios en Santiago y
regiones, cuando los juicios y respectivos protocolos de autopsia
determinaron que fueron crímenes, como aquellos de Pisagua, Temuco, San
Antonio, Copiapó, Calama, Linares y Santiago, entre otros.
La DINA también financió desde esta
cuenta a distintos estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe,
el Comando de Institutos Militares, CIM, el Batallón de
Telecomunicaciones, la Escuela de Infantería de San Bernardo, los
regimientos de Infantería N°4 “Arauco” y N° 9 de Chillán, el Instituto
Geográfico Militar y la Fábrica de Materiales y Armamento, Famae.
La propia Junta de Gobierno, la
Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, también cobraron
cheques desde la cuenta de “DINAR”.
Todos los documentos fueron cobrados en
“escudos” que era la moneda nacional vigente en Chile hasta el 29 de
septiembre de 1975, cuando fue cambiada al actual peso (para calcular
después de esa fecha, 1.000 escudos = 1 peso).
De acuerdo al informe del más alto
tribunal del país, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el
sueldo vital, ingreso mínimo de la época, era de 27 mil escudos.
Desde esta cuenta también fueron pagados
con altas sumas mensuales los principales agentes, entre ellos Marcelo
Moren Brito, Pedro Espinoza, Christoph Willikie, Eduardo Iturriaga
Neumann, Cristián Labeé y Juan Morales Salgado, además de la amante de
Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota
Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica
Santa Lucía.
El referido informe de la Corte Suprema
sobre esta abultada cuenta camuflada, está adscrito al expediente sobre
el crimen del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier,
cometido por agentes DINA en Washington en 1976. En él se revisaron
todos los movimientos bancarios ocurridos en esta cuenta durante 1975,
cuando la DINA reinaba en el país.
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