En
el marco de los 40 años del golpe de Estado cívico-militar, Londres 38,
ex centro de detención, tortura y exterminio, busca relevar la
importancia del derecho al libre acceso a la información y a los
archivos, para la plena vigencia de los derechos humanos y de los
derechos civiles en general.
El
secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de Verdad y
Justicia, perpetuando la impunidad de los culpables. Por ello, en casos
de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la
obligación de entregar toda la información disponible, y no puede
ampararse en la sola afirmación de la inexistencia de los documentos
solicitados, o en restricciones de acceso, como son la privacidad de las
personas o la seguridad nacional, causales habituales de reserva para
negar el acceso.
A
fin de hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información en
poder de los órganos de la administración del Estado, para alcanzar la
Verdad y la Justicia, hasta ahora negadas, desde Londres 38, espacio de
memorias, exigimos la desclasificación y apertura de los siguientes
archivos:
Archivos
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las
dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech), que reúnen
declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los
cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto, a pesar de ser
información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y
castigar a los culpables.
Archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en 2005, que podrían ser claves para develar casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura. Se trata de miles de documentos y fichas producidas por esta organización criminal y que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido calificadas como “secreto de Estado”, por el juez Jorge Zepeda.
Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan.
Una
democracia se mide por la posibilidad que las personas tienen de
participar efectivamente en la toma de decisiones; pero, su
participación depende, en buena medida, de la información con la que
cuentan. Es por ello que el libre acceso a la información es un
principio democrático fundamental, inherente al Derecho a la Información
y a la Libertad de Expresión.
La cultura del secreto en los poderes de Estado es una herencia de la Dictadura, que debe erradicarse.
Firma la petición diciendo NO MÁS ARCHIVOS SECRETOS.
Haremos llegar nuestras firmas a los órganos de la administración del
Estado y, con ellas, exigiremos la desclasificación y apertura de
archivos.
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