El alcalde, su esposa, el colegio y la demanda
por ALEJANDRA CARMONA 24 noviembre 2015
La mayoría de los sueños académicos de Catherine Valenzuela son ahora para su hijo Valentín, que nació hace dos años. Aunque también, alguna vez, los tuvo para sí misma: salir de 4° medio y estudiar Enfermería.
Sin embargo, Catherine fue acumulando más piedras en la mochila cuando estaba en los últimos años de Educación Media. El alcalde de la comuna, Jaime Pavez (PPD), decidió fusionar el Liceo Villa La Pintana, donde ella estudiaba –y donde muchos vecinos estudiaron en los últimos 50 años, incluyendo al alcalde–, con el Liceo Simón Bolívar. Los argumentos de Pavez apuntaban básicamente a la baja de la matrícula del establecimiento municipal.
Según el acta que quedó de la sesión extraordinaria del 12 de noviembre de 2010, que realizó el Concejo Municipal de La Pintana, las razones de Pavez eran potentes: el año 2003 había 902 alumnos versus los 237 del 2010. El jefe comunal apuntó a la muerte de la educación municipal producto del bombardeo de la oferta privada.
Según datos del Ministerio de Educación procesados por la Fundación Sol, La Pintana es una de las 20 comunas de Chile donde queda un menor porcentaje de educación municipal. Hasta hace poco más de un año tenían 19,2% de matrícula, un porcentaje que en 1992 llegaba al 51,4%. En 18 años –entre 1992 y 2010– en esa comuna se levantaron 31 establecimientos particulares subvencionados y solo uno municipal.
Con este panorama y un nuevo cierre en ciernes, lo que no comentó el alcalde Pavez es que él está detrás de dos establecimientos que se levantaron en los últimos años.
Sociedad conyugal
Hasta ahora el alcalde Pavez ha hecho caso omiso de quienes lo acusan de tener conflictos de interés a la hora de votar temas tan importantes como el cierre de un colegio. Los argumentos en su defensa siempre han sido que la sostenedora es su esposa y no él.
Efectivamente, Sonia Zapata Diez figura como sostenedora delColegio Iberoamericano y de la Escuela de Lenguaje Planeta de los Niños. Sin embargo, El Mostrador tuvo acceso a una demanda por “cobro de pesos y mejoras introducidas a los bienes que formaron parte de su patrimonio reservado”, que presentó el alcalde de La Pintana en contra de quien es ahora su ex esposa, con el objetivo de aclarar el rol que le cupo en hacer engordar el patrimonio familiar, hecho en el que él “también participó”, según aclara en la demanda.
En el escrito, presentado en noviembre del año pasado, el alcalde deja claro que el rubro educacional también era parte de sus inversiones: “Es necesario dejar claramente establecido, que la totalidad de los bienes que se señalarán a continuación y la totalidad de las suntuosas mejoras en ellos introducidas, fueron realizadas durante la vigencia de la sociedad conyugal habida entre las partes...”.
“... Efectivamente, al casarnos optamos por el régimen matrimonial de sociedad conyugal, en atención a la fe, respecto (sic) y absoluta confianza que nos teníamos como cónyuges. En dicha razón, es que nunca dude de que la mayoría de los bienes que fuimos adquiriendo durante la vigencia de nuestro matrimonio, quedaran a nombre de mi ex cónyuge, bajo la figura del patrimonio reservado de la mujer casada, pues, ambos entendíamos que aquello era un emprendimiento familiar y que iba en directo beneficio de aquella y no en beneficio particular de la demandada, y menos que los aportes efectuados con mi patrimonio, eran una donación que cedía en su beneficio...”.
En la misma demanda, y por las inversiones en que incurrió, el alcalde Jaime Pavez concluye haciendo sus requerimientos: “Por lo expuesto, es que tengo derecho a que se me reembolsen todos los gastos en que incurrí para la constitución, funcionamiento y explotación de la sociedad antes dicha, pues, sin mis aportes económicos dicho establecimiento educacional no hubiera podido ser posible, correspondiéndome, el 50% del total de tasación actual de dicho colegio, incluidos los terrenos donde éste funciona, el 50% el total de construcciones que forman parte de él y el 50% del total de activos financieros y utilidades reajustados a esta fecha”. La suma total de la demanda es de $1.675.798.650, es decir, cerca de 3 millones de dólares.
“Como se ha señalado, fue decisión como matrimonio dedicarnos a la explotación del giro de la educación para lo cual adquirimos las propiedades mencionadas (...) individualizadas anteriormente, como asimismo, la construcción de dicho establecimiento educacional, hoy de nombre Colegio Iberoamericano, cuyos costos, insisto, compartimos en partes iguales”. “Es así –prosigue párrafos más adelante el escrito– que se constituyó una sociedad bajo la razón social de escuela Especial particular de Trastornos de la Comunicación Limitada, constituida el 22 de marzo de 1996, formando parte de dicha sociedad mi ex cónyuge” con un 50% del haber social y otra persona que –según el escrito– escogieron porque conocía de administración de este tipo de establecimientos.
En el texto, Pavez insiste en la mención al capital que sumó durante todos los años en los colegios de ambos. Según el alcalde, la figura del administrador les “facilitaría la gestión y administración de éste, pues, ni yo ni mi ex cónyuge teníamos experiencia en dicho rubro”. Tal sociedad se inscribió con un “capital inicial total de $6.000.000, suma que aporte (sic) yo personalmente, ya que, como reiteradamente se ha señalado, mi ex cónyuge no tenía los medios económicos para ello. Posteriormente, decidimos con mi ex cónyuge que participará de la sociedad su padre don José Renato Zapata Vega, como asimismo, y en atención al crecimiento que había tenido el colegio, decidimos aumentar su capital de $6.000.000 a $150.000.000, aumento de capital que solventamos íntegramente con mí (sic) ex cónyuge. Dicha modificación consta de escritura pública de fecha 26 de agosto del año 1997, inscrita a fojas 22013 número 17684 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1997. Con fecha 21 de julio del año 1998, se retiró de la sociedad don Carlos Rodríguez Cornejo, quedando como únicos socios doña Sonia Zapata Diez, con un 40% del Haber social y don José Renato Zapata Vega con un 60% del haber social, como asimismo, se modificó la razón social por la de Colegio Iberoamericano Limitada o Planeta de Niños Limitada”.
En la misma demanda, y por las inversiones en que incurrió, el alcalde Jaime Pavez concluye haciendo sus requerimientos: “Por lo expuesto, es que tengo derecho a que se me reembolsen todos los gastos en que incurrí para la constitución, funcionamiento y explotación de la sociedad antes dicha, pues, sin mis aportes económicos dicho establecimiento educacional no hubiera podido ser posible, correspondiéndome, el 50% del total de tasación actual de dicho colegio, incluidos los terrenos donde éste funciona, el 50% el total de construcciones que forman parte de él y el 50% del total de activos financieros y utilidades reajustados a esta fecha”. La suma total de la demanda es de $1.675.798.650, es decir, cerca de 3 millones de dólares.
Este año el Colegio Iberoamericano cumple su aniversario número 18. Jaime Pavez es alcalde de la comuna desde el año 1992.
La respuesta de Contraloría
Después de la discusión por la fusión del Villa La Pintana, la concejala (DC) Claudia Pizarro pidió a la Contraloría que se pronunciara respecto a la votación que había fusionado este emblemático colegio de la comuna –y por la que totalidad del concejo, excepto ella, votó a favor–. Sus reparos apuntaban no solo a Pavez sino también a otros ediles: entre los ocho miembros del Concejo Municipal, está Patricia Pavez Moreno (PPD), hermana del alcalde, y Luis Huneeus Magde (RN). Este último también es dueño de un establecimiento particular subvencionado en la comuna, el Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers.
La concejala apuntaba a que terminar con el único colegio público Científico Humanista de la comuna que llegaba hasta 4° medio, podía incidir en que los menores llenaran las vacantes de los colegios del alcalde y el concejal. El Colegio Iberoamericano tiene un costo mensual de $22.000 y el Jorge Huneeus será gratuito a contar del próximo año.
En la misma acta de la sesión del 12 de noviembre, se señala sobre las palabras de Huneeus: “Personalmente considera que como Sostenedor del Colegio Jorge Huneeus Zeguer de la comuna de La Pintana no se encuentra inhabilitado para emitir opinión y votar como Concejal en materias que afecten la educación comunal, además ha ofrecido a los alumnos que se encuentren afectados por esta decisión, que pueden optar por el Colegio donde él es Sostenedor”.
En abril de 2011, la Contraloría respondió. Y si bien hizo algunos alcances respecto a la votación del proceso, no reparó en la gravedad de los vínculos.
“Acá hay una impudicia de alguien que se supone es un servidor público. No lo digo yo. Lo dice él mismo en su demanda. El alcalde le debe una explicación a la gente porque las cifras no cuadran. Cómo es posible que con su sueldo haya logrado acumular los montos exorbitantes que reclama en su demanda. Es un tema público también, porque una autoridad que tiene intereses en la educación particular subvencionada no puede ser al mismo tiempo el sostenedor de colegios municipales o públicos”, sostiene la concejala de La Pintana Claudia Pizarro.
Consultada por este tema, Sonia Zapata no quiso referirse al tema. El alcalde, en cambio, envió una declaración pública que adjuntamos, donde señala que “afirmaciones relativas a presuntas inhabilidades o conflictos de intereses de mi parte en el proceso de fusión de este establecimiento no corresponden ni tienen ningún asidero para sustentarse y más bien derivan de una campaña política para enlodar mi gestión a la cabeza en la Municipalidad de La Pintana”.
Respecto a la demanda, el alcalde señaló que “aunque no corresponda por tratarse de situaciones de carácter estrictamente privado y personal, mantenemos un juicio civil por los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal habida con mi ex cónyuge, de los cuales he sido usurpado, en su totalidad, sin haber conseguido un peso siquiera por dichos bienes”.
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