Causa SQM sería reasignada a fiscal cuestionada por caso Maremoto
Aún no es oficial. Pero es un secreto a voces que la decisión de reasignar las causas por platas políticas de Penta, SQM y Corpesca, ya estaría tomada y sería anunciada el próximo lunes, durante la reunión del equipo de platas políticas de la Fiscalía con el nuevo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que asume el cargo el miércoles 2 de diciembre.
Es así como los emblemáticos casos que han tenido en vilo al mundo político y empresarial, serían repartidos en las tres fiscalías metropolitanas regionales: Oriente, Centro Norte y Occidente.
De esta forma Penta, que ya estaría llegando a su fin, aterrizaría en la Fiscalía Oriente, liderada por Manuel Guerra. Corpesca, que es una investigación más acotada, lo haría en la Fiscalía Centro Norte, por lo que quedaría a cargo de Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes. En tanto, la causa más grande de todas, SQM –que triplica el volumen de antecedentes e involucrados de las otras dos causas juntas–, sería absorbida por la Fiscalía Occidente, liderada por Solange Huerta.
El nuevo mapeo de las causas generará importantes consecuencias. La primera, que como resultado de dejar de liderar las causas Sabas Chahuán, se disuelve su equipo de platas políticas conformado por los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Carmen Gloria Segura, Ximena Chong y Emiliano Arias.
Lo más complejo es el cambio de la causa SQM a la Fiscalía Occidente, ya que en los dos meses que le restan a Huerta al mando –el 22 de enero asume el fiscal José Luis Pérez Calaf– hay muchas decisiones que tomar: salidas alternativas, juicios abreviados, citaciones, acusaciones, por nombrar algunas, que “quedarían en el aire”, de acuerdo a fuentes ligadas al Ministerio Público.
Teniendo eso presente, las mismas fuentes aseguran que “resulta incomprensible que manden SQM a la Occidente: la Fiscalía con menos recursos de la Región Metropolitana, la única que no tiene Fiscalía de Alta Complejidad, que no tiene edificio propio, ya que el suyo se cayó con el terremoto y actualmente están hacinados en unas dependencias arrendadas en Santiago Centro. Y además a una Fiscal que no tiene idea de la causa y que en diciembre reactiva el caso Tsunami”.
Justamente su desempeño a cargo de dicho caso, que puso en la mira el rol político del primer Gobierno de Michelle Bachelet durante el terremoto del 27F de 2010, le valió diversas críticas a Huerta por parte del entonces oficialismo. Incluso, desde la UDI se solicitó su inhabilitación del caso por negarse a citar como imputada a Michelle Bachelet, petición que fue rechazada por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, destacando su labor en la investigación.
Una de las principales críticas ha estribado en la tremenda dilación que ha tenido la causa –que inició su arista penal en marzo de 2010– y que ha batido todos los récords en cuanto a la cantidad de años que lleva tramitándose bajo la reforma procesal penal: 5 años y 9 meses. A ello se suma el gasto en que se traducirá el juicio, que podría durar al menos un año y cuya audiencia preparatoria está programada para mediados de diciembre.
Sobre la inminente designación de Huerta, el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, opina que “sería una muy mala señal. Solange Huerta ha hecho un lamentable trabajo en las causas que ha llevado, como la formalización en el caso Basura y el trámite del 27F. Entonces, quitarle la causa a Emiliano Arias y dejársela a ella sería dispararse en los pies. Arias realizó un trabajo muy destacable en la causa SQM. No habría ningún argumento razonable para sacársela y entregársela a otro equipo cuando se ha avanzado firmemente en definir los hechos”.
Daza agrega que “más inexplicable aún sería que se entregara a Solange Huerta, a pesar de que ya tiene a su cargo causas complejas. No se podría entender el cambio. En su caso se han dado graves traspiés en las causas complejas que ha llevado adelante. Es cosa de ver la solicitud de cautelares en el caso Basura, donde ha quedado al debe”.
El abogado recalca que “empezar a desmantelar el equipo involucra desmantelar los casos propiamente tales. Esperamos que se mantenga a los equipos que han estado a cargo de estas investigaciones. Y que se garantice que podrán seguir realizando su labor de forma independiente”.
Sobre la inminente designación de Huerta, el abogado Mauricio Daza opina que “sería una muy mala señal. Solange Huerta ha hecho un lamentable trabajo en las causas que ha llevado, como la formalización en el caso Basura y el trámite del 27F”.
Fuentes que conocen la interna señalan que los fiscales regionales podrían optar por delegar las causas a los fiscales de sus jurisdicciones que llevan actualmente algunos de los casos, cuestión que no provocaría grandes alteraciones, al menos en los casos Penta y Corpesca; sin embargo, en SQM la situación es completamente distinta, ya que, por su magnitud, no podría ser asumida por un solo fiscal sino, por el contrario, se necesitaría de un equipo completo. En ese caso, opinan, la Fiscalía Occidente debería crear una Fiscalía de Alta Complejidad.
El golpe blanco
A comienzos de este año, la investigación de platas políticas se centraba solo en el grupo Penta. Pero el fiscal Carlos Gajardo había logrado recopilar nuevos antecedentes que apuntaban a SQM, la minera controlada indirectamente por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. Entonces no se preveía el terremoto que significaría para el mundo político, ya que fue la puerta que abrió el caso para que alcanzara a varios de los personeros del Gobierno de Bachelet.
Los antecedentes eran una lista con 19 personas que habían emitido boletas a SQM en julio de 2009. Las alarmas se encendieron rápidamente en el oficialismo, especialmente en el entorno del entonces ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo.
La primera señal de esto fue el golpe blanco contra Gajardo, que se efectuó el 17 de febrero pasado y que intentó limitar la conducción del persecutor, a la vez que entregaba mayores atribuciones al entonces jefe de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, sobre el Caso Penta.
Por otra parte, los antecedentes sobre SQM recayeron en el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes. Una designación que generó suspicacias, toda vez que el fiscal es hijo del senador Carlos Montes, del Partido Socialista, y dentro de la investigación estaban involucrados algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría, incluyendo Fulvio Rossi, también militante de la mencionada colectividad.
Ambos cambios fueron ejecutados por Solange Huerta, que se encontraba subrogando al Fiscal Nacional. En todo caso, la jugada –según trascendió en su momento– fue visada por Sabas Chahuán. Y al menos los altos cargos del Ministerio Público habrían sido informados.
Pero finalmente el jaque mate al fiscal no funcionó, debido a que Gajardo habría presionado poniendo su renuncia sobre la mesa. Por lo mismo, fue Chahuán quien asumió la conducción de ambas indagatorias, en una decisión inédita que hoy, al redistribuir las causas, quedaría sin efecto.
Más tarde, salió a la luz que Alberto Ayala había jugado un papel dentro de las supuestas filtraciones que hubo desde la Fiscalía hacia el Ministerio de Interior sobre el caso SQM. Operaciones que dejaron huellas en el Servicio de Impuestos Internos y en el Ministerio Público, y que evidenciaban la desesperación del ex ministro del Interior por el cauce que tomaría la investigación de SQM, entonces una arista dentro del Caso Penta. Chahuán designó al fiscal Manuel Guerra –actualmente nombrado como nuevo Fiscal Regional Oriente– para que investigara a Ayala, al que finalmente sobreseyó.
A casi un año de aquel golpe blanco, pareciera ser que finalmente la Fiscalía Nacional se ha decidido por dividir las causas y desarmar el equipo de fiscales que más avances logró en el último tiempo.
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