Sus cuestionamientos apuntan a que no existió voluntad de los magistrados para investigar a los civiles involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura empresario-militar que encabezó Augusto Pinochet.
Declaraciones las realizó en el conversatorio “Justicia transicional Argentina-Chile. A 30 años de los juicios a las Juntas Militares en Argentina. Avances y obstáculos en nuestros países”, organizado por el Area Museo de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Por Paula Correa
“Hubo una tentativa mínima de procesar a cómplices y encubridores civiles de la Dictadura. Y allí se probó hasta dónde podíamos llegar”. Con esas palabras, el ex juez Juan Guzmán Tapia consideró el proceso vivido por el país como “un fracaso de nuestra Justicia”.
Mirando hacia atrás, recordó su intento de llevar a la Justicia al general en retiro César Benavides, ex ministro del Interior y Defensa de la dictadura, además de integrante de la Junta Militar. Asimismo, al ex subsecretario del Interior de ese periodo, Enrique Montero Max, y de desaforar al también ex titular de Interior, el ex senador Sergio Fernández.
“De los tres civiles que procesé, dos habían sido ex ministros del Interior y otro tenía fuero como senador, pero solicité su desafuero. Tanto el desafuero como los dos autos de reos que dicté en relación a civiles fueron revocados. Allí me di cuenta que el criterio de la Corte era, lamentablemente, no procesar a los civiles, que a mi juicio eran cómplices de los delitos que estaba investigando”.
Para Guzmán, ellos colaboraron o proporcionaron los medios para que se llevaran a cabo los crímenes de desaparición forzada u homicidio. En ese sentido, apuntó al rol de los ministros de la Corte de Apelaciones y del Máximo Tribunal, durante la transición. “Yo fui relator en ese entonces y escuché los razonamientos de los magistrados, que no eran cien por ciento jurídicos, sino que de complicidad”.
Según el ex magistrado, uno de los principales desafíos en materia de Derechos Humanos sigue siendo el cambio constitucional. “Aún tenemos la cárcel de la Constitución de 1980, que no permite el desarrollo pleno de los Derechos Humanos”, sostuvo Guzmán, para quien mientras no se reforme el texto fundamental no es posible decir que ha finalizado la transición a la democracia.
Parte de estas declaraciones las realizó durante un encuentro en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, donde se comparó la llamada “justicia transicional” en Chile y Argentina.
En esa línea, el abogado Nelson Caucoto, reconocido jurista en materia de Derechos Humanos, concordó con las reflexiones de Guzmán sobre la falta de juicios a civiles, aunque dio una mirada más optimista sobre el desarrollo del proceso chileno, al destacar la transversalidad que se ha impuesto en Chile.
“Ya no se habla de ‘presuntos desaparecidos’, sino que de ‘desaparecidos’ a secas. Hay una verdad instalada. Eso ha sido logro del transcurso del tiempo y de la perseverancia”.
En ese sentido, Caucoto centró su exposición en cómo en Chile se ha ido reconociendo la irrefutabilidad del derecho internacional y cómo incluso se han ido creando cárceles especiales para violadores de Derechos Humanos que, si salieran del país, serían rápidamente extraditados y juzgados.
Sin embargo, reconoció la distancia que existe con el proceso que se desarrolló en el vecino país: “Creo que Argentina nos fija una pauta. Allí están tratando de enjuiciar a los jueces, a los empresarios que financiaron la represión. Estamos lejos de ello”.
Por otro lado, el abogado argentino Mariano Ferrer se refirió a los 30 años que está cumpliendo el juicio y la condena que realizó el país trasandino a las juntas militares que condujeron su dictadura.
“Probablemente este juicio es el elemento de mayor simbolismo político respecto de la Justicia, por la cercanía con la salida de la Dictadura, y es de un carácter casi único a nivel mundial. De hecho, en América Latina no existe otro parangón y a nivel internacional, hasta donde tengo entendido, sólo en el caos griego se hizo un juicio el año 74 pero en un contexto bastante distinto”.
El abogado afirmó que no es un elemento que se haya visto en otros procesos de justicia transicional, por lo que aseguró que tuvo un impacto simbólico y psicosocial muy importante a nivel nacional.
Por ello, los juristas chilenos manifestaron su admiración hacia imágenes como la del ex presidente Néstor Kirchner, sacando de los cuarteles militares las fotografías y homenajes a los líderes del Golpe de Estado, lo que, aseguraron, debiera repetirse en Chile, donde, en muchos casos, aún ronda la impunidad.
Esto, advirtieron, cuando los protagonistas de los crímenes, las víctimas y los testigos, están muriendo, lo que hace mucho más complicado avanzar en conseguir la verdad, las sanciones y la reparación que se requieren para poder hablar de real Justicia.
Fuente: Diario electrónico de radio Universidad de Chile.
De izquierda a derecha, Omar Sagredo moderador, abogado Mariano Ferrero de Argentina, ex juez Juan Guzmán, Nelson Caucoto y el Presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Higinio Espergue, saludando a los panelistas y al público.
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