Chile será visitado, este 10 de diciembre, por dos padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México. La opinión pública tendrá la oportunidad de escuchar sus testimonios y las autoridades políticas podrán mostrar su coherencia en la preocupación por la defensa de los derechos humanos y la democracia en otros países de la región.
Hace 47 años fueron masacrados más de 300 estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, de Ciudad de México. Tropas del ejército y con apoyo policial desataron una masacre contra una manifestación pacífica. Hasta hoy reina la impunidad: no se sabe la verdad, no hay perpetradores, nadie ha ido a la cárcel.
En septiembre del año pasado fuerzas policiales, con conocimiento del Ejército, desataron otra matanza, esta vez en Iguala: dispararon contra los buses en que se trasladaban decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, matando a 2 de ellos y a miembros de un club de fútbol local, arrestaron y entregaron sin orden judicial alguna a 43 jóvenes a una supuesta banda de narcotraficantes, los que los hicieron desaparecer.
Son estudiantes normalistas, de no más de 20 años, hijos de campesinos en su mayoría del Estado de Guerrero, uno de los estados más pobres de México. Son de aquellos jóvenes que ven, en el estudio y la profesión docente, una forma de servir a su país y a su pueblo y se les devuelve ese deseo con violencia, demencia y crueldad.
¿Cuál ha sido la reacción Estado y gobierno mexicano? Primero intentaron cerrar rápidamente el caso afirmando que fue uno de los tantos crímenes entre narcos de bandas rivales. Luego, se reconoció que había policías involucrados, pero que eran del municipio y que sancionados estos y encontrados los detenidos o sus cuerpos se cerraba el caso. Días después el Fiscal General elaboró la interpretación de que los estudiantes habían sido muertos y luego quemados en un basurero, para luego sus huesos ser arrojados a un caudaloso río.
Como se observa, la democracia mexicana está completamente debilitada. La red de corrupción que ha instalado la narcopolítica, ha comenzado a operar también en la limpieza de territorios indígenas y campesinos, para facilitar las inversiones de grupos económicos extractivistas, sea de minerales, agroindustria o de petróleo, mediante el fraking. Estas bandas controlan no solo las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos sino también puertos y rutas comerciales como financieras.
Los involucrados comenzaban a conocerse poco a poco: policías, militares, bandas narcos, políticos locales y estaduales, jueces y toda la gama del entramado institucional del Estado. Claro, no son todos los políticos, todos los policías, todos los militares, ni todos los jueces, pero el que hasta hoy no se conozca la verdad y no haya justicia, refleja que esas redes de complicidad entre política y dinero son espesas y conviven en el Estado.
En octubre pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que en México existen 151.233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015 y, en los últimos 8 años, hay 270 desaparecidos por mes, o sea, 9 desaparecidos diarios. “Muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.
Como se observa, la democracia mexicana está completamente debilitada. La red de corrupción que ha instalado la narcopolítica, ha comenzado a operar también en la limpieza de territorios indígenas y campesinos, para facilitar las inversiones de grupos económicos extractivistas, sea de minerales, agroindustria o de petróleo, mediante el fraking. Estas bandas controlan no solo las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos sino también puertos y rutas comerciales como financieras.
¿Cuál ha sido el efecto de todo esto? La inversión y el crecimiento económico no se han visto muy afectados si consideramos que en los años 2011 y 2012 el PIB fue del 4,0 mientras se sucedían los crímenes relatados. El resultado concreto ha sido, por una parte, la destrucción del tejido social, el debilitamiento del movimiento social, mediante el asesinato de sus líderes locales y la instalación del miedo y, por otra, la desconfianza evidente en la democracia mexicana.
El Latinbarómetro 2015 señala que México tiene a los ciudadanos que menos confían en la democracia. Si el promedio en la región latinoamericana es de solo el 37%, para México es del 19%. Para los procesos electorales la confianza uruguaya es del 82%, en tanto, en México, la más baja de la región, es del 26% –un mexicano de cada cuatro confía en el resultado electoral–. Y en otros indicadores, como confianza en el Parlamento y los partidos políticos, México se ubica por debajo del promedio regional.
De lo anterior surgen decenas de preguntas. ¿La impunidad permanente ante los crímenes políticos que vienen de antes de Tlatelolco del 68 no será el fenómeno estructural que explica en gran parte la crisis democrática? ¿La narcopolítica y la corrupción de las instituciones estatales no serán parte integrante de un modo de “gobernanza” institucionalizada, que conviene a grupos poderosos? ¿Los de muertos y muertas y desaparecidos no estarán saturando la capacidad de procesar, en la consciencia colectiva, la magnitud de estos crímenes, naturalizándolos para poder responder a las obligaciones de la vida cotidiana? ¿No será que las autoridades políticas –de todos los partidos y sus congresistas– apuestan al olvido, por saturación de información de los crímenes intolerables, con el objetivo de no fortalecer la democracia mexicana?
Es de esperar que con la visita de los padres de Ayotzinapa se pueda marcar una fuerte solidaridad con la verdad y justicia en México, en reciprocidad con la forma en que ellos abrieron sus casas, universidades y fuentes laborales para con los chilenos que fueron forzados al exilio y la emigración producto de las violaciones a los derechos humanos que vivimos en el pasado.
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