13/08/2016 |
Por Mario López M.
Avances como los casos Cheyre o Víctor Jara se contraponen a proyectos de leyes que buscan amnistiar a violadores de DDHH o que intentan excluirlos de responsabilidad penal por razones de edad o salud.
En el ámbito judicial también se produce el claroscuro con jueces empeñados en obtener verdad y justicia y un poder judicial que aún mantiene entre sus miembros a quienes ampararon delitos de lesa humanidad.
Han pasado cuarenta y tres años desde el golpe de Estado que interrumpió la vida democrática en el país y veintiséis desde que se volvió -al menos en lo formal-, al cauce institucional. Sin embargo seguimos arrastrando una pesada mochila que no solo carga las espaldas de miles de familias de víctimas de la represión de agentes del Estado, sino también las de familiares de violadores de DDHH que han tenido que asumir lo que hicieron sus progenitores o parientes y, lo peor para ellos, ver cómo se consumen privados de libertad.
Las tres llaves que no han funcionado
¿Dónde está la llave de la "verdad" para destrabar el libre tránsito de la historia con verdad, justicia, castigo y reparación?
Pareciera que los que poseen el original son los que se encuentran en Punta Peuco y que conocen al detalle qué pasó con los miles de chilenos que fueron víctimas de las políticas de exterminio desarrolladas por la dictadura. La misma que esconden los cómplices activos y pasivos que deambulan por las calles sin haber recibido castigo alguno por sus atrocidades. Ellos callan, niegan, ocultan información que podría devolver a miles el derecho de saber la verdad, conocer el destino de los suyos, ver responder a los que los torturaron, violaron, mancillaron.
También está y estuvo la llave de la "justicia", depositada en los tribunales del país, que por años se negaron a usarla y causaron tanto dolor a miles de chilenos.Cientos de recursos de amparo fueron rechazados sin siquiera tramitarse. Cada uno era una vida en juego y el poder judicial se negó a salvaguardarlo. Hoy, jueces individualmente considerados se la han jugado por establecer justicia, pero falta mucho, faltó un compromiso institucional que haga efectivo el castigo a los culpables.
Quien ha imposibilitado el uso de la llave de la "reparación" es el Consejo de Defensa del Estado, el que ha sido un escollo no menor que ha objetado cada indemnización declarada judicialmente a favor de los sobrevivientes y de las víctimas que perdieron a uno o más de los suyos. Los recursos oponiéndose a las cifras -muchas veces exiguas-, ha generado que muchos hayan muerto antes de ser desagraviados por esta vía, mecanismo apenas simbólico, pues nada puede devolverles las vidas de los suyos o su propia integridad física o sicológica.
El simbolismo del caso Cheyre
El solo hecho de la detención y procesamiento (equivalente a formalizar) del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, donde el magistrado estableció que "sin perjuicio de las circunstancias que rodean sus acciones, el elemento esencial es su conocimiento de lo que se estaba realizando en esas tres horas que estuvo la comitiva (Caravana de la Muerte) en La Serena", donde se desempeñaba como segundo tras el comandante del regimiento y donde se ejecutó, sin juicio alguno, a más de una decena de personas.
Un procesamiento no implica culpabilidad y no es la prensa la que debe dictar culpabilidades, por cierto, pero resulta incuestionable que los hechos contenidos en el procesamiento se atienen al mérito del proceso que lleva el juez Mario Carroza. Así lo asegura el diputado (PC) Hugo Gutiérrez, para quien "romper la impunidad de Cheyre es un gran paso para la justicia chilena (...) más allá de los privilegios y cargos que se dio, él no está más allá de ésta y tiene que responder también por los crímenes que cometió", afirmó el parlamentario a Cambio21.
También destaca el simbolismo la abogada Carmen Hertz, para quien con este procesamiento se "terminan 43 años de impunidad". La profesional de DDHH, quien además es viuda de Carlos Berger -una de las víctimas de la Caravana de la Muerte-, aseguró a nuestro medio que "la decisión del ministro Carroza es algo extremadamente importante. Las evidencias y una cuota de coraje culminan en el procesamiento de Cheyre después de 43 años de impunidad. (Ello) tiene un simbolismo no menor, porque de alguna manera se resquebrajan estos blindajes que han tenido ciertas instituciones y personajes que no se pueden cuestionar y hoy, en una resolución judicial, un ministro lo hace".
"Encarna la impunidad"
Más allá de resultar condenado o no, el caso Cheyrerepresenta un elemento transversal en materia de derechos humanos en estas más de cuatro décadas, pero sobre todo en los años de democracia. Ello pone de manifiesto la deuda que el país todo, sus instituciones y autoridades y aún los simples ciudadanos, tenemos pendientes en verdad, justicia y reparación respecto de la violación de los DDHH bajo la dictadura.
También la evidente falta de voluntad política de avanzar a paso firme tras dichos objetivos por parte de las diversas instituciones del Estado. El solo hecho que en muchas de ellas -como ha denunciado Cambio21- se encuentren aún enquistados personajes que fueron parte del aparataje de represión, denota esta suerte de "complicidad activa" que subyace en el país e inhibe la reconciliación.
El objetivo, más o menos encubierto por dar vuelta la página rápido, dilata cada decisión de los órganos del Estado. No se cierra Punta Peuco con excusas de falta de espacio carcelario, cuando en realidad existe todo un módulo en Colina que espera por esos criminales. Legisladores promueven leyes que permiten que condenados salgan de las cárceles, los jueces de DDHH no cuentan con recursos suficientes para actuar de manera más expedita (peritos, policías dedicados, acceso a laboratorios internacionales, etcétera).
Ley de punto final
Altas autoridades militares que, si bien no tuvieron directa participación en los hechos ocurridos a partir de 1973, han amparado entre sus filas a elementos vinculados a los servicios de seguridad que operaron ilegalmente en dictadura, a torturadores y criminales provenientes de la DINA y la CNI, como lo ha reconocido su propio comandante en jefe ante el Congreso.
La reciente ley promovida por parlamentarios de la "bancada militar" y quienes aparecen identificados con el régimen de la dictadura -Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN)-, y que busca reducir las penas para autores, encubridores y cómplices ya condenados por crímenes de lesa humanidad, deja de manifiesto que las banderas de la impunidad flamean al interior del Congreso. El texto fue declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, pero sigue su trámite legislativo y pasará a la mesa de la corporación que volverá a discutir su admisibilidad.
Para el diputado Sergio Aguiló (IC), el proyecto es una "amnistía completa para todos los violadores de Derechos Humanos. Nunca vamos a aceptar que los violadores a los DDHH gocen de impunidad en una sociedad donde la convivencia civilizada debe basarse en la verdad, en la justicia, y en que nunca más se cometan estos crímenes. En el evento que un proyecto así se apruebe, sería un acicate para que violaciones tan atroces vuelvan a cometerse", indicó a nuestro medio.
Por su parte Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, afirmó que la iniciativa atenta contra la "verdad, justicia y reparación".
Comisión Valech: ¿Debida reserva?
En los primeros años post dictadura los tribunales se abrieron a revisar las causas de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. Muy recientemente el abanico se abrió a la de torturados y aún más actual es la apertura a conocer y sancionar los abusos sexuales cometidos en presas y presos políticos, aunque muchos de ellos por vergüenza callen tan cruda realidad. Sin duda esto representa un avance. Sin embargo, tal apertura sería tal si se abriera la caja de Pandora que se mantiene cerrada por disposición legal: los testimonios contenidos en el "Informe Valech".
La justificación legal para mantener su reserva radica en que muchas personas contaron su verdad bajo tal condición de privacidad y darlos a conocer antes de los 50 años que rigen como restricción, sería violar ese compromiso.
Para otros, desde el lado de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, no se trata sino de impunidad, pues allí están los nombres de los miles que fueron parte del aparato represor. Dicen que no es posible que tras 43 años solo existan -de acuerdo con el último informe anual del Programa de DDHH del Ministerio del Interior-, 1.373 exagentes procesados, acusados y condenados. De ellos, 344 están condenados por sentencia ejecutoriada, 163 recibieron presidio efectivo, de los cuales solo 117 a fines del año pasado lo cumplían.
El diputado PPD Tucapel Jiménez, quién personalmente es víctima en su condición de hijo homónimo del dirigente de la CUT asesinado en dictadura, señaló que "hay muchos que creemos que hay que terminar con el secreto de cincuenta años que estableció la Comisión Valech.La gran duda recae en la condición en la que las personas prestaron testimonio y a nosotros nos queda claro que esta no fue bajo secreto, sino que este se estableció después por el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. En ese sentido, nosotros creemos que la verdad debe estar siempre por delante de todo y que los secretos en un país le hacen daño a cualquier sociedad", aseguró a nuestro medio.
Recuadro 2
La impunidad 2.0
El claroscuro de la corrupción denunciada al interior de la clase política ha representado un evidente avance en materia de transparencia y evitado que se siguiera consumando una verdadera cooptación de la clase política por la clase empresarial en perjuicio del país.
Impactante ha sido -parte medio llena del vaso- ver a influyentes empresarios, parlamentarios y hombres públicos desfilar en las pasarelas de la justicia, incluso algunos ingresando a unidades penitenciarias. La parte medio vacía la representa el ver tanto truhán enquistado en cargos públicos (parlamento, municipios y otras entidades) que, a pesar de formalizaciones e imputaciones, sigue gozando de libertad y prebendas propias de sus cargos.
El reciente instructivo del fiscal nacional, Jorge Abbott, a todos los fiscales frente al tema de la corrupción y las platas políticas, bajo la excusa de la inacción del SII, instruyó que en las causas de delitos tributarios el Ministerio Público no perseverará en la acción judicial si no hay querella por parte de Impuestos Internos. En otras palabras,se archivan los antecedentes que solo podrán -mientras no prescriban- reactivarse con nuevos antecedentes y la querella correspondiente del servicio.
Bajo este concepto, los parlamentarios, facilitadores y boleteros truchos que están involucrados en el financiamiento ilegal de campañas políticas y que no han sido formalizados aún, no serán objeto de investigación y, como consecuencia, campeará la impunidad.
Felices todos aquellos tránsfugas transversales de la política que por fin descansarán tras el instructivo que rige desde esta semana, pues solo los fiscales podrán investigar los documentos falsos tributarios y a todas las personas que emitieron, facilitaron o incorporaron a su contabilidad o se hayan beneficiado de este ilícito, perono podrán perseverar si no hay querella nominativa del SII o si no aparecen delitos conexos.
¿Y qué harán frente a un delito evidente y cuyos antecedentes disponen? Solo oficiar cada tres meses al SII para que se pronuncie y, si no lo hace en un año, desistirse. En Chile la impunidad se toma el país.
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