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La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, considera que se debería cerrar la fundación Cema Chile, hasta hace poco dirigida por Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet, quien está siendo investigada por delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
“Desde mi punto de vista, se debería poner término a la personalidad jurídica de la fundación”, dijo Palma en entrevista con Efe.
“Lo que deberíamos esperar de la acción de la justicia es que haya una indemnización al Estado por la enorme cantidad de inmuebles que fueron excluidos de la órbita fiscal (uso público)”, enfatizó la ministra Palma, quien asumió este cargo el pasado 19 de octubre.
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Guillermo de la Barra, nombrado ministro en visita (juez con dedicación exclusiva), ha embargado la sede de la fundación e investiga el destino de 134 inmuebles pertenecientes al Estado que fueron entregados gratuitamente a Cema Chile durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Según el Ministerio de Bienes Nacionales, el valor de los inmuebles cedidos a esta asociación ronda los 80.000 millones de pesos (unos 120 millones de dólares).
“Estos inmuebles no fueron utilizados para fines no lucrativos, sino para negocios”, sostiene la ministra. Por estos hechos, Lucía Hiriart, de 93 años, tendrá que prestar declaración el próximo 14 de diciembre en calidad de inculpada.
“Con los 134 inmuebles que hemos identificado la fundación no hizo ningún bien común, sino que se lucró. Algunos incluso los enajenó y pasaron a terceros”, explicó a Efe la responsable de Bienes Nacionales, de profesión abogada.
“Hay otra cantidad bien grande de inmuebles que todavía están en poder de la fundación y que son arrendados, o sea, se están lucrando con ellos, lo que supone una distorsión del propósito inicial”, agregó.
La ministra Palma confía en que el juez De la Barra revise las cuentas y el patrimonio de la viuda del dictador Pinochet y de toda su familia.
En medio de este escándalo, Lucía Hiriart renunció el pasado mes de agosto a la presidencia de Cema Chile, cargo que ostentaba de manera vitalicia.
Esta fundación fue creada en 1954 con el propósito de “proporcionar bienestar espiritual y material a la mujer chilena”, pero durante el régimen militar, la presidencia fue otorgada a la entonces primera dama.
En 2005, a raíz de las revelaciones del denominado “caso Riggs”, que involucró a la familia Pinochet, la justicia empezó a investigar la cuantía, el origen y el destino comercial de los inmuebles que el Estado cedió gratuitamente a esta fundación durante la dictadura.
“En todos los actos que hizo Cema Chile, la señora Lucía era la responsable jurídica”, recalcó la ministra, quien añadió que lo que corresponde ahora es que la Justicia investigue a todas las personas que han participado en la administración de la fundación y revise sus patrimonios.
“Lo único deducible es que esos inmuebles, que fueron adquiridos por la fundación por una acción del Ministerio de Bienes Nacionales durante la dictadura, fueron a engrosar los patrimonios de la señora Lucía y su familia y de quienes trabajaron en la administración de Cema Chile”, añadió.
“Ellos deben devolverle al fisco lo que el fisco, que son todos los ciudadanos de Chile, nunca debió perder”, recalcó Nivia Palma.
“Se trata -sostuvo la ministra- de más de 80.000 millones de pesos que fueron a engrosar el patrimonio de la fundación”.
“Uno debe deducir, como persona mínimamente inteligente, que fueron a mejorar el patrimonio de la familia Pinochet y de la gente cercana a ellos que estaba en la fundación”, afirmó.
El pasado martes, la titular de Bienes Nacionales acudió a la sede del Consejo del Defensa del Estado para darle las gracias a su presidente, Juan Ignacio Piña, por las gestiones que está realizando, especialmente las relacionadas con este caso.
“El Consejo del Defensa del Estado está muy comprometido con la tarea. Somos conscientes de que la ciudadanía está muy preocupada de que haya habido tantos inmuebles vinculados a la fundación que no cumplían una tarea pública”, dijo la ministra a la salida de la reunión.
Los responsables de ambas instituciones se comprometieron a “mantener un intercambio muy fluido de información y seguir trabajando juntos para que el patrimonio fiscal sea recuperado en beneficio del conjunto de la sociedad”.