EFE 7 junio, 2017
La Agrupación de ex presos políticos de la dictadura de Agusto Pinochet, que hoy sumaron ocho días de ocupación forzosa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), exigieron a la Presidenta Michelle Bachelet el pago de reparaciones, entre otras demandas.
Las oficinas del INDH, entidad encargada de asesorar y resguardar los derechos humanos, que se levantan en las ciudades de Santiago, Puerto Montt, Arica y Valparaíso han sido ocupadas pacíficamente, como medida de presión hacia el gobierno para que cumpla con sus peticiones.
Los dirigentes de la agrupación informaron que sus requerimientos contemplan "un aumento en las pensiones, un bono de reparación, mejoras al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais)", según detallaron hoy en un comunicado.
Denunciaron que las víctimas de tortura (cuyas edades fluctúan entre los 65 a 75 años) mueren año tras año ante la falta de una atención de salud adecuada, porque el Prais es un servicio que está en el suelo.
"Todas las víctimas reciben una pensión paupérrima que no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas; y se trata de personas que por años han reclamado verdad y Justicia en sus casos", enfatizaron.
Señalaron en el texto, que "la inacción del Gobierno genera una doble violación de los DD.HH., porque se niega a dar una respuesta adecuada y justa a la víctima de tortura y prisión política de la dictadura".
Además de las compensaciones, la agrupación exigió el "fin del secreto de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech, y verdad y justicia".
El archivo Valech, que contiene información sobre la represión a lo largo de todo Chile, que identifica más de 1.100 recintos de detención, y recogió los testimonios de más de 70.000 personas -de las cuales más de 33.000 fueron calificadas como víctimas- está bajo custodia del INDH, organismo que ha iniciado su digitalización para la preservación de los documentos.
Cuando se difundió el primer Informe Valech fue aprobada una ley de reparación que decretó también que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.
Hasta el momento, el acceso a esta valiosa información no solo estaba vetado a las propias víctimas, sino también a los jueces, que no podían conocer los antecedentes sobre los casos de represión.
Las víctimas de la dictadura de Pinochet hace años que piden que se levante el secreto de la Comisión Valech para poder avanzar en justicia y memoria.
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