/ Agencia UnoLa falta de transparencia en la gestión de los recursos de la Defensa Nacional y los escasos avances en Derechos Humanos encabezan los compromisos incumplidos del gobierno de Bachelet en relación a las Fuerzas Armadas.
Por Antonia Orellana / 01.06.2017
Fiel a la trayectoria de los gobiernos democráticos desde el ‘90 en adelante, el programa de gobierno de la Nueva Mayoría con la presidenta Bachelet a la cabeza fue muy discreto en lo que a Fuerzas Armadas y del Orden respecta. Contrariamente a los capítulos enteros referentes a “las reformas de fondo” (tributaria, educacional y constitucional), las páginas dedicadas a Defensa y Derechos Humanos, las dos áreas implicadas, muestran lo evidente: nunca fue una prioridad.
En líneas gruesas, el programa presentado en 2013 planteaba como espacio prioritario para Chile el Consejo de Defensa de Unasur y como política para el Cono Sur la “cooperación regional”. También se menciona la actualización de la figura del Estado Mayor Conjunto y la modernización de la Defensa Nacional. En ese ítem, la promesa más importante fue que la Ley de Presupuestos de cada año comenzaría a incorporar la anualidad correspondiente de la planificación presupuestaria cuatrienal.
Según Mladen Yopo, miembro de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (asociada al Ministerio de Defensa) y parte de la Fundación Chile 21, en este aspecto se registran grandes avances. Para el experto, estos son la noción de conductor conjunto, el fortalecimiento de las capacidades civiles en la cartera del Ministerio de Defensa y el sistema de fortalecimiento de ciertas auditorías internas.
“No significa que no quede camino por recorrer, sobre todo relacionado con la necesidad de fortalecer el Estado Mayor Conjunto, la profesionalización de la carrera civil en Defensa, entre otros. Pero en términos de transparencia, de auditoría y de lo que es la Ley Reservada del Cobre han habido avances”, concluye Yopo.
Esto, ya que el 23 de noviembre pasado se aprobó que la ley que destina el 15% de los impuestos de la minería directamente al financiamiento de las FF.AA. ya no será secreta. Por 99 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones la Cámara dio luz verde a esta última etapa, quedando en condiciones de ser despachada al Ejecutivo para su correspondiente promulgación. En adelante, su contenido podrá ser conocido por la ciudadanía.
Billetera y ética en la lupa
Pese a su poca relevancia en el programa de gobierno y el bajo perfil por el que optó José Antonio Gómez (PR) al reemplazar a Jorge Burgos en mayo de 2015 como ministro, el mismo desarrollo de los hechos obligó a mirar a Defensa.
El estallido del Milicogate el mismo año forzó la instrucción de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que, entre otras cosas, destacó la falta de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Fuerzas Armadas, el escaso control legislativo que puede ejercer el Ministerio de Defensa y la responsabilidad de mando del ex comandante Fuente-Alba en el monitoreo de gastos. El informe final también estableció la responsabilidad de los generales que ejercieron el mando de la Contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza por su negligencia.
Desatado el escándalo y con fuertes cuestionamientos a las Fuerzas Armadas y del Orden, la presidenta respondió en su penúltima cuenta pública, el 21 de mayo del 2016. “He instruido a los ministros correspondientes para que trabajen con las Fuerzas Armadas, para la incorporación de nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos de la Defensa Nacional. Porque los chilenos piden transparencia en todos los ámbitos de la vida nacional”, señaló en su discurso a la nación desde el Congreso en Valparaíso”, dijo.
Sin embargo, de acuerdo al informe “Del dicho al hecho” de la ONG Ciudadano Inteligente, esta última promesa presenta un 0% de avance, ya que hasta el momento no se conocen proyectos de ley desde el Ejecutivo que estén asociados a este compromiso.
A esto se sumó el llamado “Pacogate” o megafraude en Carabineros de Chile. Desde que en marzo se reveló que entre el 2009 y el 2015 se manipularon las cuentes corrientes institucionales de Carabineros para desviar dineros a cuentas privadas, la pregunta que ronda es cómo nadie lo notó. Desde que se estalló el escándalo, la valoración de la imagen de Carabineros de Chile ha caído al menos un 16%.
Un último hecho afectó fuertemente la imagen de la rama más tradicional, elitista y conservadora de las Fuerzas Armadas. La revelación de la red de espionaje íntimo a las escasas mujeres cadetes del buque escuela Esmeralda, en la Armada, puso en el centro de las críticas la promesa de modernizar la carrera militar, fortaleciendo “la inclusión de género y de la diversidad sexual”.
Derechos Humanos no pasa el test
En lo relativo a Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, el programa de la Nueva Mayoría se puede dividir en dos ítems. El primero tiene que ver con la promesa de impulsar medidas legislativas que facilitaran los juicios a los crímenes de lesa humanidad en dictadura y el fin de la Justicia Militar. El segundo eje es el fortalecimiento de la institucionalidad estatal en cuanto a Derechos Humanos respecta.
El principal avance del gobierno fue la aprobación de la ley que tipificó la tortura en noviembre de 2016. Allí, casi desapercibidamente, se aprobó que “en ningún caso, los civiles y los menores de edad, que revistan la calidad de víctimas o de imputados, estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal”.
Pese a eso, la promulgación de la ley 20.968 dejó como pendiente que los delitos comunes cometidos por militares o carabineros en servicio podrían ser vistos en justicia militar, lo que genera estándares diferentes. Incluso, cabe la posibilidad de que el Milicogate termine allí.
En cuanto a la institucionalidad estatal, la Subsecretaría de Derecho ya está operativa y con la ex directora del INDH, Lorena Fries, a cargo. Entre sus metas para el fin del gobierno está la entrega del Plan Nacional de Derechos Humanos.
El mayor obstáculo, sin embargo, ha sido una vez más la coyuntura. La persistencia de los condenados por violaciones a los Derechos Humanos en solicitar beneficios carcelarios dado que la ley se los permite ha generado un foco de conflicto permanente con las agrupaciones de familiares de víctimas y sobrevivientes.
La mala relación entre las agrupaciones de DD.HH y La Moneda, según alegan desde las primeras, es producto del incumplimiento del gobierno de la presidenta Bachelet. En mayo de 2014, a poco de iniciado su período, la presidenta y sobreviviente misma recibió a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), reunión de la que salió una agenda de compromisos.
Según explica Alicia Lira, presidenta de la Afep, ninguna de aquellas promesas se ha cumplido. Aún no se avanza en la nulidad del decreto Ley de Amnistía, no se ha aprobado la interpretación de los artículos 93 y 103 del Código Penal, textos que permiten a los reos de Punta Peuco postular a beneficios, ya que ambos proyectos de ley se encuentran aún en primer trámite constitucional y no figuran dentro de las prioridades legislativas del oficialismo.
“Estamos completamente en desacuerdo con lo que ha hecho la Nueva Mayoría en cuanto a verdad y justicia”, señala Alicia Lira. “Hoy día queda al descubierto que además de ser un problema político es una cuestión ética y moral cuando hay criminales prófugos, otros presos que no han sido degradados y reciben pensiones, o cuando vemos que los familiares e hijos de criminales amenazan impunemente a dirigentes”, concluye.
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