Hace unos días, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley en que se busca la creación de una asignatura dedicada a Derechos Humanos y Memoria. Si bien pareciera ser una buena forma de promover la defensa de estos, así como recordar los actos brutales del Estado chileno, creo que flaco favor hacen, y podrían imposibilitar reconocer el pasado y la responsabilidad de nuestro país.
Sé que es un caso trillado, pero en ocasiones es mejor recurrir a ejemplos foráneos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se veía enfrentada a una situación compleja, con un pasado reciente con el que era difícil conciliarse. Un grupo importante de historiadores alemanes –en su mayoría conservadores que habían contado con la venia de Hitler– comenzaron a construir una narrativa en que el ascenso del nazismo se trataba de un accidente en el curso de la historia de Alemania, un pequeño desvío, responsabilidad de un grupo de dirigentes. Incluso, algunos propusieron que los germanos habían sido el pueblo más pacífico de Europa, el cual había sido engañado y llevado al totalitarismo por Hitler. Esto tuvo una importante respuesta por parte de historiadores jóvenes, los que exponían el largo trayecto que llevaban las ideas autoritarias y antisemitas en Alemania, en lo que se conoció como el “camino especial”.
¿Por qué este antecedente tan lejano? La razón es simple: la nueva asignatura propuesta genera esa disociación entre historia y memoria. Sonará a una defensa gremial, pero creo que estos temas deben ser fomentados en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales.
Si no reconocemos nuestra historia, no podremos conciliarnos con ella, y menos aún, aprender de ella, algo especialmente importante en tiempos en que hay un ataque abierto a los derechos humanos. Si queremos defenderlos, debemos aprender sobre ellos.
En Chile, hasta el día de hoy existe una idea de excepcionalidad institucional respecto de otros países del continente. Muchos lo consideran un oasis de estabilidad en el mar de caos que es América Latina (recomiendo leer la excelente columna de Daniel Matamala al respecto). Sin embargo, hay otra tradición, tan consolidada que la encontramos en nuestro lema patrio: “Por la razón o la fuerza”. El uso de violencia por parte del Estado Chileno no es una invención posterior a 1973. Desde el siglo XIX, diferentes políticas han forjado a nuestro país a través de medios violentos. Por mencionar algunos ejemplos, podemos contar la “pacificación” de la Wallmapu, el genocidio selk’nam, la represión obrera durante los siglos XIX y XX (por ejemplo, la Matanza de Santa María y la Huelga de la Carne). La hemos exportado, como fue en el caso de la ocupación de Lima durante la Guerra del Pacífico. Incluso en la actualidad podemos ver esto en los casos de los asesinatos de los comuneros Matías Catrileo y Camilo Catrillanca, o en los miles de niños cuyos derechos fueron violados mientras se encontraban en diferentes centros del SENAME. Surge entonces la pregunta: ¿podemos separar la violación de derechos humanos de la historia de Chile?
Al separar las asignaturas, pareciera ser que las violaciones de derechos humanos durante la Dictadura se tratarían de un accidente, un desvío. Algo que no pertenece a nuestra historia, sino más bien algo externo, liderada por un grupo específico de personas. Sin embargo –y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados arriba– resulta difícil no hacer responsable a Chile, en su totalidad histórica, de esto. No podemos separar la violencia de su historia, pues está inserta en ella, y debiera estar presente cada vez que los niños y niñas de nuestro país aprendan acerca de este. Debemos construir una historia y memoria que nos pertenezca, y eso implica a veces llamarnos la atención sobre los errores de nuestro pasado. Y no solo de nuestro pasado reciente, sino de todo el desarrollo del estado chileno.
Algunos podrán decir que el ramo puede incluir casos que no solo van desde 1973, reconociendo los mencionados anteriormente. Pero, nuevamente, sería considerarlos separados de nuestra historia, eventos cuasi paralelos. Sin embargo, el desarrollo de nuestro país no puede ser separado de los casos anteriormente mencionados. La pacificación de la Araucanía y el genocidio selk’nam no son simplemente hechos particulares, sino que se enmarcan en el proceso de expansión y construcción nacional. La represión obrera de finales del siglo XIX y principios del XX no son actos arbitrarios, sino que están íntimamente vinculados con el proceso de crecimiento urbano y la entrada de Chile a la modernidad económica. La construcción del Estado-nación moderno tiene, por naturaleza, un importante componente de violencia, en especial hacia aquellos sujetos que han de ser sometidos a su regla o que parezcan ser una amenaza el statu quo.
No quiero ni pretendo decir aquí que toda nuestra historia sea solo una larga secuencia de actos de violencia, insertos en una estructura violenta, reflejo de una sociedad violenta. Aún creo que Chile tiene mucho que ofrecer, cientos de historias y actores que buscan aparecer –aquellos que parecen invisibles a historias secretas–. Tampoco quiero dar a entender que la excepcionalidad chilena sea esta violencia: si hay algo que es lamentablemente compartido por la gran mayoría de los Estados-nación –especialmente en nuestro continente– es el uso de esta para construirse y llevar adelante proyectos nacionales. Es la base de la dominación que ejerce, pues suele ser un grupo el que somete a otro.
En nuestro país conviven muchas tradiciones y continuidades que han de enorgullecernos. Otras, no tanto. Aquí solo pretendo hacer un llamado de atención respecto de una en particular. Si no reconocemos nuestra historia, no podremos conciliarnos con ella y menos aún aprender de ella, algo especialmente importante en tiempos en que hay un ataque abierto a los derechos humanos. Si queremos defenderlos, debemos aprender sobre ellos.
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