por Cristian Miranda 16 noviembre, 2021
Crédito: ATON (Contexto)
Vitacura ha estado en el centro de la polémica desde hace algunos meses por los hechos que involucran al exalcalde Raúl Torrealba, tras la solicitud de la actual alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), de investigar las subvenciones a los programas municipales, en los que se revelaron irregularidades que apuntan a la antigua administración en el traspaso de recursos a organizaciones funcionales, como VitaDeportes, VitaSalud y VitaEmprende. A Torrealba se le investiga por presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales.
De hecho, la misma alcaldesa Merino ha querido desligarse del pasado de Vitacura. Por eso, en su administración, 26 funcionarios dejaron de prestar servicios entre el 30 de junio y el 1 de octubre de este año, convirtiéndose en la mayor renovación interna que experimenta la corporación edilicia en más de 20 años y que derivó en una serie de salidas y también ingresos.
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Además, hay otros que están a la "deriva": es decir, que desde que se destapó el escándalo de Torrealba y estas organizaciones funcionales, quedaron en la nada en sus puestos de trabajo. Si bien siguen contratados, no han recibido sueldo ni han ejercido labores. Al menos cuatro de ellos ya presentaron acciones legales contra la Municipalidad de Vitacura y algunas de las organizaciones en las que ejercieron labores. En concreto, el Consejo Local de Deportes y la Organización Comunitaria Funcional VitaDeportes, cuyo representante legal era su exdirector, Domingo Prieto, hoy investigado por el Ministerio Público por la arista Vitacura, solicitando la retención de los dineros en las cuentas bancarias que estén a su nombre.
En la demanda, piden que se acoja el despido indirecto, pues se "produce por causa de haber incurrido el empleador en los hechos imputados en la carta de despido indirecto", y que se declare la nulidad del despido, debido al no pago de cotizaciones previsionales, además del pago de otras indemnizaciones.
"Todas las demandas hasta ahora presentadas tienen un objetivo común, que es declarar que la Municipalidad de Vitacura creó todo un modelo de sociedades para eludir y evadir compromisos en materia de derechos laborales de los trabajadores. Se busca establecer que tanto los programas 'Vita' como el Consejo Local de Deportes funcionaban como un empleador único para todos los elementos legales. Esta declaración es de suma importancia, porque genera efectos no solo para los trabajadores sino también para todos los que se sientan afectados o tengan obligaciones pendientes con los programas Vita o el Consejo Local", señaló el abogado Francisco Yáñez, quien representa a los demandantes, en conversación con El Mostrador.
Además, agrega Yáñez, "se busca que se les paguen a los trabajadores las remuneraciones de los meses adeudados, las cotizaciones y sus correspondientes finiquitos". Precisamente, el señalado Domingo Prieto –según detalla el abogado– "se contactó con unos trabajadores para decirles que él les firmaba el finiquito, pero que los mismos trabajadores tenían que redactarlo".
Cabe señalar que la Municipalidad no se ha contactado con los funcionarios, salvo para decirles "que serán reemplazados por funcionarios públicos".
Lea la demanda en el siguiente link.
La versión de la municipalidad
El Mostrador se contactó con la Municipalidad de Vitacura para conocer su impresión por esta demanda, desde donde señalaron que "las denuncias de graves irregularidades ocurridas durante la gestión municipal anterior y que hoy son materia de una investigación por parte del Ministerio Público por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales, entre otros delitos, obligaron a esta nueva administración a suspender las subvenciones que entregaba a algunas organizaciones funcionales conocidas como Vita –entidades privadas autónomas e independientes de la municipalidad– y a modificar otros organismos para garantizar el buen uso y el mayor control de los fondos municipales. Dichas medidas fueron aprobadas unánimemente por el Concejo Municipal".
"Asimismo, esta administración decidió entregar directamente a los vecinos, varios de los programas que dichas organizaciones prestaban. De esta forma se garantiza la continuidad de los servicios a los vecinos y, a la vez, se aumenta el estándar de control y rendición de dichos fondos públicos", añaden.
"El deber de esta administración es velar por el adecuado desarrollo de la comuna y sus vecinos, así como resguardar un correcto gasto de los recursos municipales, que en gran parte son financiados por los propios vecinos a través del pago de patentes comerciales, permisos de circulación y contribuciones”, cierran desde el señalado municipio.
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