Frente a la principal oficina de las Naciones Unidas dedicada a asuntos económicos en América Latina en Santiago (la CEPAL), organizaciones y comunidades del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) denunciaron que en Chile se vulneran los Derechos Humanos y de la Naturaleza, liderando los rankings de Latinoamérica en materia de estrés hídrico, muertes por contaminación y sobregiro ecológico.
Al momento de la manifestación, en el interior de la sede de la ONU comenzaba la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que protege a las defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Para el MAT, «el autodenominado gobierno ecologista delPpresidente Gabriel Boric en alianza con los grupos políticos-empresariales y compañías transnacionales, intentan darle un maquillaje ‘verde y azul’ al extractivismo minero, forestal, semillero, pesquero-acuícola y energético, impulsando políticas de mitigación y adaptación, donde predominan las falsas soluciones».
Estas últimas, plantearon, son iniciativas «que afirman avanzar en enfrentar el cambio climático, pero que mediante engaños, falencias técnicas y supuesta innovación tecnológica sólo profundizan la inequidad y el ecocida proceder de las destructivas industrias exportadoras».
Camila Zarate, exconvencional constituyente del MAT, aseguró que «el rumbo que ha tomado el gobierno en materia económica y ambiental, impulsando políticas antiecológicas, como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca acelerar en un 30% promedio la aprobación de proyectos extractivistas desde el perjudicial discurso de la ‘Permisología’, significa una pésima señal para el país sede de la COP3 de Escazú, porque en los territorios de Chile se vulneran los Derechos Humanos y de la Naturaleza».
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), durante los últimos años, los gobiernos y empresas -tanto nacionales como transnacionales- se han centrado en ampliar la explotación en los territorios.
«Hoy, bajo proyectos que tildan como ‘verdes’ pretenden no solo sostener, sino también profundizar sus ganancias a costa de la explotación de la Naturaleza y comunidades, todo esto a vista y paciencia de la complacencia del gobierno. Sin embargo, el rol de las comunidades y organizaciones ha sido fundamental en estas luchas, no sólo para frenar cuestionados proyectos extractivos, sino también en postular y construir alternativas que nacen de la justa defensa de los territorios», indicó Cuenca.
Por su parte, Silvana Ceballos, de la Red por la Superación del Modelo Forestal, aseguró que el ‘Greenwashing’ de empresas como CMPC, Arauco o Mininco, se ha venido instalando y promoviendo como operaciones ‘amigables con el medio ambiente’, no obstante, enmascara décadas de contaminación, exterminios ecosistémicos, criminalización de la vida campesina y de pueblos originarios, y severos impactos sobre la diversidad económica y cultural.
«El extractivismo forestal es el responsable del deterioro de grandes extensiones de suelo, así como de la calidad y cantidad de agua disponibles para la vida, la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria; la contaminación por las fuertes emisiones de gases de efecto invernadero como resultado de los incendios, y la provocada por industrias de celulosa y biomasa; y la pérdida de diversidad cultural y económica al invadir y provocar la migración forzada por las catástrofes de las últimas décadas», señaló Ceballos.
Cuestionamiento a la soberanía alimentaria
La declaración del MAT apunta que la inconsulta Resolución N°162 (9/04/2024) del gobierno cuestiona la soberanía alimentaria al generar un listado de carácter público que expone a guardadores de semilla tradicional, sus variedades y sitios de cultivo bajo el disfraz de la «protección».
La medida limita la práctica ancestral del libre intercambio de semillas, cumpliendo con las empresas semilleras (ANPROS) y del INIA para avanzar en el registro y certificación de la semilla antigua, despojando a los territorios de su patrimonio genético.
«Los gremios empresariales, convertidos en ‘poderes fácticos’, co-legislan en el Parlamento mediante el empleo del lobby, implementando campañas políticas y comunicacionales para debilitar, bloquear o condicionar proyectos de ley que protegen la Naturaleza, los animales, la salud pública y la biodiversidad, acompañado de acciones en los tribunales para debilitar los controles gubernamentales, la participación y el control ciudadano y de las comunidades, junto a campañas de amedrentamiento contra defensores y defensoras de la Naturaleza y los derechos humanos», afirma la declaración.
Para Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, «la actual crisis ambiental asociada al neoliberal modelo extractivista-exportador amenaza la democratización de la sociedad chilena, nuestra biodiversidad y los derechos humanos y sociales de las comunidades locales y pueblos originarios, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones».
Por ello, hizo un llamado al gobierno de Gabriel Boric a implementar las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd, y a la ciudadanía y movimientos socioambientales a incrementar la resistencia frente a la destructiva expansión minera, forestal, de energía y de la salmonicultura industrial.
«En el ámbito de aguas marítimas, se hace necesaria la protección de los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y acuática, la moratoria a la expansión de la mega acuicultura industrial exportadora en la Patagonia y defender los territorios, bienes comunes, y Espacios marino Costeros de los Pueblos Originarios», dice la declaración del MAT.
Para Danay Espinosa Laborie, de Fundación Chile Sin Ecocidio, hoy se hace más urgente que nunca arribar a estrategias efectivas de protección, preservación y conservación ante una triple crisis planetaria que nos pone en jaque como humanidad: cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación.
En este sentido, dijo, «se vuelve más apremiante el robustecimiento de la legislación ambiental, en unión a un reconocimiento de la participación ciudadana vinculante en asuntos ambientales y una mejor articulación de las instituciones para lograr ese anhelado desarrollo sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)».
«Los esfuerzos actuales no han sido suficientes, y acciones como la tipificación del crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma, y de los delitos ambientales en Chile a través de la Ley N°21.595, contribuyen a la protección de la Naturaleza y de los derechos humanos, permitiendo un acceso a la justicia en situaciones de afectación ambiental. Éste es uno de los pilares centrales del Acuerdo de Escazú, por lo que, generar una mejor legislación ambiental unifica herramientas y complementa al Acuerdo», añadió Espinosa.
Finalmente, Leyla Noriega, del Pueblo Aymara, reconoció la lucha de las mujeres aymaras, quechuas, licanantay, diaguitas, coya, changa, que están defendiendo el territorio en el norte grande de Chile, desde el desierto, desde la costa y desde las alturas contra el extractivismo.
«Hemos vivido históricamente el extractivismo de la gran minería del cobre y ahora se apronta la minería del litio, que nos va a dejar sin agua para el consumo humano, de los animales, la agricultura, para los ecosistemas. También nos deja sin espacios de vida donde nos desarrollamos como culturas vivas: en el desierto, en la costa, en las alturas», criticó Noriega.
Por ello, hizo un llamado «a estar alertas y a defender los territorios, las aguas, el planeta, la pachamama. Es tarea de todas y todos, pero principalmente debemos reconocer a las mujeres del norte que están colocando la cuerpa, la vida, el corazón, el alma, sus hijos, sus hijas, su trabajo en esos lugares tan agrestes, tan lejanos del centro, donde nuestros territorios siguen siendo espacios para el extractivismo».
Para el MAT, proteger la Naturaleza exige denunciar las políticas antiecológicas de las autoridades y continuar luchando de manera coordinada desde los territorios, para la construcción de un nuevo paradigma de sociedad no antropocéntrica, que reconozca los Derechos de la Naturaleza y transite hacia una economía post-desarrollista, post-extractivista y ecológica, que proteja y gestione de manera comunitaria y sustentable los elementos de la Naturaleza y declare al Agua como un Bien Común Inapropiable.
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