PAÍSDenuncian hostigamiento por parte del jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso, quien integra el organismo desde 2014. También apuntan a inacción de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán. Piden incluso la destitución de responsables.
En una carta dirigida a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, con copia al Presidente Gabriel Boric, autoridades y legisladores, un grupo de profesionales del área de Evaluación del Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena (MHPAC) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) expuso una serie de preocupaciones sobre el clima laboral y las prácticas de gestión en dicha institución.
En la misiva, los funcionarios parten celebrando la suscripción del Acuerdo de Escazú como un paso importante hacia una mayor participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental. Sin embargo, lamentan que el entusiasmo inicial se haya visto empañado por “una serie de prácticas de la actual administración que han perjudicado severamente la comunicación y el trabajo colaborativo dentro del SEA”.
Una de las principales preocupaciones expuestas en la carta es la denuncia de hostigamiento y maltrato laboral por parte del jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (DEVAPAC) del SEA, Juan Cristóbal Moscoso Farías—quien está en el organismo desde noviembre de 2014—.
Se mencionan denuncias formales tanto dentro de la institución como ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), relacionadas con licencias médicas por problemas de salud mental derivados de las conductas que cuestionan de Moscoso, sobre quien se ha abierto un sumario administrativo.
La carta también señala la falta de acción por parte de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán Medina, quien fue designada por el Presidente Boric, para abordar estas preocupaciones, lo que —aseguran—ha llevado a una profunda crisis laboral en la institución.
Fue la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) la que se dirigió a Durán, expresando una profunda preocupación por la falta de respuesta adecuada frente a las denuncias presentadas contra Moscoso.
Se hace un llamado a la ministra Rojas para intervenir y adoptar medidas correctivas que garanticen un ambiente laboral libre de violencia y hostigamiento. Incluso, piden la destitución de aquellos responsables de estas prácticas.
Los profesionales, especializados en participación ciudadana y consulta indígena, concluyen destacando su compromiso con los principios del Acuerdo de Escazú, pero subrayando que estos no pueden lograrse a expensas del bienestar y la dignidad de los trabajadores del SEA.
Previo a su cargo en la DEVAPAC, Juan Cristóbal Moscoso se desempeñó como director ejecutivo (s) del Servicio de Evaluación Ambiental entre el 2017 y 2018; como jefe de la División Jurídica entre 2014 y 2017, y como encargado de la Unidad Jurídica del SEA de la Región Metropolitana entre el 2010 y el 2014. Está casado con la ministra del Tribunal Constitucional, Catalina Lagos Tschorne, hija de la exministra socialista de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Ricardo Lagos, Sonia Tschorne, quien a su vez ha integrado el directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y directora suplente de Aguas Andinas.
La carta está dirigida a:
- Gabriel Boric Font, Presidente de la República.
- Maximiliano Proaño, Subsecretario del Medio Ambiente.
- Felipe Melo Rivara, Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Ricardo Lagos Weber, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
- Félix González Gatica, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Javier Medina Vásquez, Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL
- Bárbara Iturriaga Zamora, Presidenta de ANFUSEA.
- Álvaro González Vásquez, Presidente de FENATRAMA.
- José Pérez Debelli, Presidente de ANEF.
Desde el SEA indicaron que, “efectivamente, se recibió una denuncia por parte de funcionarios de una división del nivel central, la que está siendo canalizada a través del procedimiento interno previsto en la Resolución N°803 de 2019, regido por los principios de confidencialidad, imparcialidad, probidad administrativa, rapidez, responsabilidad e igualdad de género”.
“El caso está siendo abordado internamente, de tal manera de no afectar la dignidad y derechos de los denunciantes, al revictimizarlos eventualmente, ni de los denunciados y otras personas involucradas, en cuanto no menoscabar su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, añaden desde el servicio gubernamental.
“El compromiso y obligación de la dirección del servicio es cuidar a todos los funcionarios y funcionarias, promoviendo una cultura organizacional de pleno respeto a la dignidad y buen trato de las personas, y cumplir estrictamente los procedimientos que nos regulan para abordar situaciones tan serias y delicadas como ésta”, concluyeron.
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